Corrupción: Plan de Vivienda Social

- Economía

La fiscalía aprehende a Camacho y cita a Carmona.

En Vallecito no existió el Comité de Control Social que prevé la ley.

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Audiencia. Herman Camacho (centro) es conducido a las instalaciones de la Felcc acompañado de sus abogados

Demolición. El empresario fue acusado de coparticipar en el derrumbe de las casas de Vallecito I. Es propietario del terreno colindante. El alcalde de Warnes tendrá que acudir mañana al Ministerio Público

Aideé Rojas C. | El Deber

Herman Camacho Cuéllar, el propietario del terreno colindante a la urbanización Vallecito I, donde fueron demolidas más de 100 casas populares, fue aprehendido ayer acusado de coparticipar en el derrumbe de las viviendas, y hoy será remitido ante el juez cautelar para que defina su situación jurídica.

Asimismo, el Ministerio Público emitió una citación para que el alcalde de Warnes, Nyls Carmona, los ejecutivos y concejales de ese municipio se presenten a declarar sobre la aprobación del plan de viviendas en los límites con Santa Cruz de la Sierra, y ratificó la orden de apremio contra el dueño de la cooperativa Sudamérica, Miguel Ángel Linares, y de su empleado Ronald Choque, un supuesto testaferro.

Camacho llegó a la Fiscalía, a las 8:30, acompañado de su abogado Otto Ritter y del director de Seguridad Ciudadana de la Prefectura, Jorge Aldunate. Después de casi seis horas de declaración, los fiscales de la Comisión Anticorrupción del Ministerio Público, Jorge Antonio Abella y Alexander Osinaga, enviaron al empresario a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, acusado de participar en la demolición. 

Según Abella, durante la declaración se encontraron elementos que hacen presumir la coparticipación de Camacho en la demolición de las casas financiadas por el Gobierno y por rehusarse a acatar la primera citación que hizo el Ministerio Público. 

En un documento elaborado el pasado 31 de octubre, Camacho reconoció que el 20 de diciembre del año pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía por el inicio de obras en los predios de equipamiento de la urbanización La Comarca. Posteriormente, acudió al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra para hacer conocer el caso.

“De denunciante pasé a ser un acusado”, señaló el empresario, que negó haber contratado las máquinas para derrumbar las casas populares.

Tras la decisión de la junta de fiscales, el abogado Otto Ritter dijo que la determinación de los fiscales es una muestra clara de que no hay interés en el Ministerio Público por esclarecer el hecho de corrupción en la construcción de casas, sino que busca un ‘chivo expiatorio’ por la demolición. El asesor jurídico del Viceministerio de Vivienda, Humberto Quispe, respaldó la resolución de la Fiscalía y anunció que en la audiencia cautelar de hoy pedirá la detención preventiva para Camacho.

Sesión de ediles de Warnes será en Cataluña

Para hoy, a las 9:00, los concejales de Warnes programaron una sesión en la zona de Cataluña como una forma de reivindicación territorial, pues esa zona es considerada por ellos como el límite con el municipio de Santa Cruz de la Sierra y entre las provincias Warnes y Andrés Ibáñez.

El presidente del Concejo, Dorveo Alcántara, reiteró el apoyo al burgomaestre por las acciones de defensa territorial que lleva adelante, ratificando que la línea divisoria con Andrés Ibáñez comienza en Puerto Toledo, sobre el Río Grande, pasa por Cataluña y llega hasta la comunidad de Clara Poronguito para seguir hasta el río Piraí. Sobre las acusaciones que les hizo el municipio capitalino de que en 48 horas se aprobó la urbanización Vallecito I, Alcántara indicó que tardaron 36 días luego de las revisiones de ley.

Por su parte, el edil Nyls Carmona afirmó que la urbanización Viru Viru, que está más pegada a la jurisdicción cruceña, nunca fue reclamada por ésta y Warnes la aprobó hace 10 años. “Los bulones están en Cataluña y son los signos demarcatorios”, reiteró. /IR

   Los acusados por el derrumbe de las casas    

Álvaro Mier

Ex oficial mayor de Planificación

Está acusado de abuso de autoridad y se defiende en libertad condicional. En enero de este año, la Oficialía que estuvo bajo su cargo emitió la resolución de demolición que quedó en suspenso por un acuerdo con las autoridades de Warnes, que se comprometieron a paralizar la construcción de las viviendas. En septiembre se reinició la obra y la Alcaldía actuó.

María E. Costas

Ex directora de Regulación Urbana

Fue destituida de su cargo, aprehendida y posteriormente liberada con pago de fianza. En su declaración en la Fiscalía, informó de que la orden de demolición de las casas fue comunicada al asesor jurídico de la Alcaldía. Afirmó que un equipo de abogados de la comuna recomendó demoler las casas que ya estaban terminadas. Es acusada de abuso de autoridad.

Isabel Vera

Ex jefa de Control de Edificaciones

Presenció el derrumbe de más de 100 casas en la urbanización Vallecito I. Fue la que recibió la orden de Percy Vargas. Una semana antes de la demolición, había recibido un memorándum de despido, que después fue eliminado. Ratificó que los terrenos donde se construyeron las casas son para área de equipamiento. La acusan de abuso de autoridad.

Percy Vargas

Ex director de Ordenamiento Territorial

Fue el que ordenó la ejecución de la demolición de las casas, previa consulta con el equipo de abogados del municipio cruceño. Fue removido de su cargo y enfrenta un proceso interno en la municipalidad. En su declaración dijo que ordenó que se redacten cinco notas para comunicar a los alcaldes de Warnes y de Santa Cruz de la Sierra, pero no las hicieron.

Herman Camacho

Dueño del terreno vecino a Vallecito I

En diciembre de 2007 denunció ante el Ministerio Público que se estaba construyendo una urbanización de manera ilegal en la zona de La Comarca.

También denunció que el municipio de Warnes aprobó, de manera ilegal, el cambio de uso de suelo de los terrenos, que en Santa Cruz de la Sierra eran área de equipamiento. Ayer fue detenido por orden fiscal.

 

En Vallecito no existió el Comité de Control Social que prevé la ley

Demolición. El viceministro de Transporte y ex titular de Obras Públicas, José Kinn, no descarta que hayan ‘corrido’ coimas. El Comité se conformó dos años después de aprobada la norma

Igor Ruiz | iruiz@eldeber.com.bo

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Manifestación. Los beneficiarios de la urbanización destruida pidieron una solución a la Cooperativa Sudamérica

La corrupción y el atraso del Gobierno en conformar el Comité de Participación y Control Social, como lo establece el decreto supremo 28794 que crea el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), son apuntados como las posibles causas de las irregularidades detectadas en la construcción de casas en la urbanización  Vallecito I, que el martes 28 de octubre fueron derrumbadas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

El viceministro de Transporte y ex titular de la cartera de Obras Públicas, José Kinn, no descarta que los hechos de corrupción hayan permitido la ejecución de programas de viviendas populares sin que hubiesen cumplido los requisitos de ley.

“Dos instancias de corrupción pudieron darse dentro del Ministerio: la primera, pudo haber sido a través de algún funcionario que recibió dinero para hacer pasar proyectos a los que les faltaba documentación; la otra forma es que se haya corrompido a un empleado público para que haga aprobar la carpeta con todo el paquete, que incluye el terreno, la empresa constructora, etc.”, agregó Kinn.

De acuerdo al artículo 11 del mencionado decreto, el PVS debía contar con un Comité de Participación y Control Social en el que debía participar un representante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), ligado a la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), otro de la Central Obrera Boliviana  (COB) y un tercero del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, voceros del Gobierno, de la COB y de los empresarios afirmaron que a pesar de que el Decreto Supremo fue aprobado el 12 de julio de 2006, el control social se conformó dos años después a instancia de los obreros y del sector patronal debido a las innumerables denuncias de irregularidades en varios planes de viviendas que se construían en el interior del país.

El presidente de la Caboco, Iván Castillo, dijo que desde la conformación del Comité han solicitado informes al Viceministerio de Vivienda sobre los proyectos aprobados, de los concluidos, los que están en ejecución, en supervisión y del dinero invertido en cada uno de ellos.

“Sobre lo ocurrido en Vallecito I, en Santa Cruz, hemos solicitado toda la documentación para analizarla, a fin de pedir que se hagan auditorías interna y externa para conocer los manejos de los recursos económicos y técnicos”, agregó Bustillos.

Simón Quellca, representante de la COB ante el Comité, anunció que solicitó una reunión urgente para conocer los antecedentes de la urbanización Vallecito I, que se estaba construyendo con autorización del municipio de Warnes, después de que el proyecto fuera rechazado en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte el ex ejecutivo de la Central Obrera Departamental y diputado por Podemos, Gabriel Helbing, aseguró que la representación obrero-patronal está presente en este tipo de programas desde que eran conocidos como Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis). “Vemos que existe la misma corrupción de antes, tanto en la compra de terrenos como en la calidad de las casas. Antes se denunciaba y todo quedaba en nada porque la cadena de corrupción iba desde abajo hasta las altas esferas”, agregó.

A su turno el ex presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Santa Cruz, Pitter Subirana, expresó que todos los planes deben tener supervisión técnica, legal, económica y social, pero no le dan importancia. “Debe haber un arquitecto que vea la parte morfológica de las casas, y un ingeniero que revise la estabilidad y la seguridad de las mismas”, anotó.

Su colega y concejal del municipio capitalino, Wilmar Stelzer, recordó que desde que se aprueba una obra, la Alcaldía es responsable de las características, desde el plano hasta el hormigón y las instaciones.

Manifiestan contra Percy y la Cooperativa Sudamérica

Un grupo de supuestos adjudicatarios de los tres planes de vivienda de Vallecito I, en el kilómetro 9 al norte, salió ayer por la tarde a protestar desde el mercado Abasto hasta la plaza principal contra el alcalde Percy Fernández, por la destrucción de más de 100 casas el pasado 28 de octubre. Luego se fueron hasta la oficina central de la Cooperativa Sudamérica, en la calle René Moreno, para exigir la cabeza del ‘desaparecido’ presidente de la entidad, Miguel Ángel Linares, porque consideran que los estafó con los lotes.

Los manifestantes obligaron al cierre de las puertas de la cooperativa. “Pido justicia y que las autoridades se preocupen por devolvernos las casas y si no lo hacen iniciaremos una huelga de hambre. Queremos mejorar nuestra calidad de vida y no puede ser que nos engañen de esta manera”, expresó Vicente Alave, uno de los dirigentes.

El recién designado gerente de la Cooperativa Sudamérica, Berthy Guthrie, cerró las puertas del edificio, pero le pidió a Alave sostener reuniones para buscar un acercamiento para dar solución al problema.

  El decreto  

- El capítulo II del decreto supremo 28794 que creó el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) habla de la constitución de dos comités, uno para administrar el plan y el otro para fiscalizar o controlar los recursos.

- El artículo 10 indica que el Comité de Administración estará conformado por un representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, otro del Ministerio de Planificación y Desarrollo y del Ministerio de la Presidencia.

- El artículo 11 se refiere al Comité de Participación y Control Social que estará conformado por un representante del Ministerio de Justicia, otro de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el último de la Central Obrera Boliviana.

- El artículo 13 contempla las atribuciones para el Comité de Participación. a) Fiscalizar los subprogramas y los beneficios prestados a los sectores sociales. b) Revisar de manera periódica los objetivos, metas, actividades y resultados de los subprogramas y recomendar ajustes que consideren pertinentes. c) Solicitar informes de gestión y auditorías técnicas y financieras independientes. d) Otros que se establezcan en el reglamento.

Piden que declare el ex ministro Kinn

El diputado Mario Cronenbold, de Podemos, presentó ante el fiscal de distrito, Jaime Soliz, que la investigación de los sobreprecios de los lotes de la urbanización Vallecito I se amplíe hasta el ex ministro de Obras Públicas José Kinn y el ex viceministro de Vivienda Marcelo Zurita.

“Este Gobierno no cumple ni sus propias leyes, por ello deben llamar a declarar a los que conformaban el Comité de Administración. También envié un pedido de información al ministro Óscar Coca sobre los planes en ejecución y los que fueron entregados para ampliar la información del tema”, indicó Cronenbold.

Por su lado el viceministro de Transporte, José Kinn, aclaró que el proyecto Vallecito I fue aprobado el 22 de agosto de 2007 y él ingresó al Ministerio el 7 de septiembre de ese año. “De todas maneras, si me citan acudiré para aclarar las cosas”, expresó vía telefónica.




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