Evo Morales tendrá que encontrar una buena explicación para el pueblo boliviano acerca de su decisión de nacionalizar los hidrocarburos porque, hasta ahora, esa medida parece haber beneficiado más a los bolsillos de algunas de sus autoridades que a la población en general.
Editorial La Razón.
Pocos días después de que el presidente Evo Morales admitiera que uno de los mayores problemas de su gobierno es la corrupción, y confirmando que ésta se encuentra enquistada en las estructuras de la administración estatal, se produjo la tragedia de la avenida Tejada Sorzano de La Paz.
El hecho fue relacionado con la corrupción, en vista de que la víctima era un empresario que había firmado con YPFB un contrato por un monto superior a los 86 millones de dólares para instalar una planta separadora de hidrocarburos en Río Grande.
El empresario Jorge O’Connor acababa de recibir un pago por $us 4,5 millones de YPFB y fue asesinado portando $us 450 mil, es decir, precisamente el 10 por ciento de aquella suma.
Todo ocurrió en la puerta del que sería el domicilio de la familia Navia Doria Medina; hasta allí llegó O’Connor, el 27 de enero, con dos maletines llenos de dólares. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar habitarían parientes de la esposa de Santos Ramírez, el poderoso dirigente del partido de gobierno y, hasta el sábado, presidente de YPFB.
Los Navia Doria Medina, así como los hermanos Córdova Santibáñez, son del pueblo potosino Caiza D, donde precisamente nació Ramírez, a quien el cerco se le fue cerrando hasta que el presidente Morales no tuvo más remedio que destituirlo de su cargo. Importante decisión, aunque algo tardía y luego de que un día antes el Mandatario defendiera al mismo Ramírez aludiendo a un supuesto interés en perjudicar su gestión. El sábado, al parecer, cambió de opinión.
El Primer Mandatario no mostró esa firmeza con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, involucrado en el escandaloso caso de los 33 camiones de contrabando.
La viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, recibió la instrucción de Morales de que investigue hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”. Ella, aunque el Presidente no se lo dijo públicamente, lleva la carga de lavar la pésima imagen con la que el Gobierno ha iniciado este año electoral.
Entre otras muchas preguntas que surgen en torno al enigmático caso O’Connor, surge una realmente inquietante: ¿Cuántos maletines con montos similares llegarán a su destino en el país, sin que se produzcan asesinatos que estropean la operación?
La población necesita certezas y al Gobierno le conviene darlas, antes de que su credibilidad caiga en un deterioro imposible de revertir. El Presidente aguantó hasta donde pudo la presión de tener que defender a Ramírez; juntos, vienen recorriendo el camino de la política por dos décadas y su vínculo personal se selló hace poco con Morales como padrino en la boda de Ramírez.
Es de esperar que Suxo y el nuevo presidente de YPFB, Carlos Villegas, transparenten las operaciones de la estatal petrolera. Mientras, Evo Morales tendrá que encontrar una buena explicación para el pueblo boliviano acerca de su decisión de nacionalizar los hidrocarburos porque, hasta ahora, esa medida parece haber beneficiado más a los bolsillos de algunas de sus autoridades que a la población en general.
¿Éste era el cambio que proponía el MAS? Llegó la hora de que Morales cuide su actual blindaje político, separe de su gobierno a los deshonestos que manchan su gestión y no ponga en duda su original determinación de combatir la corrupción.