El Nuevo Día
El gas de los bolivianos
Justo el día en que Lula brota pecho porque Brasil ha dejado de depender del gas boliviano, porque no sólo ha aumentado su producción interna, sino que acaba de llegarle el primer embarque de Gas Natural Líquido (GNL) de Trinidad y Tobago; justo ese día, las filas de los ciudadanos para comprar gas licuado comienzan a aparecer nuevamente en las ciudades bolivianas, sobre todo en Santa Cruz, una de las regiones de mayor producción de este combustible.
Algunos creen que lo de Lula es una pose para darle confianza a su país y para terminar de librarse de la humillación que causó en Brasil el maltrato hacia Petrobras, acusada por Evo Morales de robar en Bolivia. Si bien es cierto que el contrato de venta de gas estará vigente hasta el 2019 y que podría extenderse más allá de ese año, el hecho que está ocurriendo hoy es que la demanda brasileña se ha estancado en los 20 millones de metros cúbicos diarios y que no pasará de los 24 millones fijados por el convenio, es decir, seis o siete millones menos de lo que ha estado comprando el país vecino. ¿Por qué? Sencillamente porque “Brasil no necesita más”, han dicho en Brasilia, aunque existen también otros factores resumidos en la declaración de Lula, quien hace poco dijo que no quiere depender del humor de nadie. La agresividad del presidente brasileño se reforzó con eso de que “le vamos a seguir comprando a Bolivia porque no queremos estar rodeados de pobres”.
En resumen, Brasil ha dado las señales suficientes como para que Bolivia se convenza de que tiene que buscárselas por otro lado si pretende seguir siendo un distribuidor consistente de gas en América del Sur, ya que las rogativas, las presiones y las palmaditas en la espalda no van a solucionar nada. Para Bolivia, la caída de las exportaciones de gas no sólo representan una reducción en los ingresos, lo peor de todo es que, a la fuerza, se tiene que producir menos hidrocarburos para el mercado interno.
El Presidente está enarbolado con el litio y por supuesto que hay razones para entusiasmarse, dadas las enormes reservas bolivianas de este combustible que producirá, sin duda alguna, el más significativo giro en la industria energética de los últimos tiempos. Para eso falta mucho todavía, sobre todo, si lo que se busca es darle una solución inmediata y sostenible a esos ciudadanos que hacen fila todos los días para conseguir una garrafa de gas.
Si Bolivia profundiza su aislamiento, si continúa cerrando mercados, como lo hizo en Cuiabá, Chile y Argentina, en muy poco tiempo, las amas de casa tendrán que resignarse a volver a sus cocinas a leña y muchos bolivianos, a usar la bicicleta, como ya lo anticipó el propio presidente Morales.
Hoy resulta insulso que el Presidente y los ministros sigan presionando a las petroleras para que aumenten sus inversiones en el país, cuando lo que se están esfumando son los mercados por culpa de las políticas gubernamentales. Sin demanda internacional para el gas boliviano, los primeros perjudicados son y lo serán aún en mayor medida los propios bolivianos, a quienes se les prometió recuperar el gas para el beneficio de ellos. Nadie sospechó en aquel momento, que esa recuperación significaba dejar el gas bajo tierra, para que se empache la Pachamama.
Brasil acaba de anunciar que ya no depende de Bolivia en el abastecimiento de gas. Cae la demanda y también la producción.
AsÍ nos ven 25 – 03 – 09
La ex guerrilla entra en los palacios de gobierno. El triunfo del FMLN en El Salvador consolida el ascenso de políticos que antes fueron milicianos. El extremismo ideológico perdió terreno o se adaptó a las exigencias electorales con formatos de conveniencia. Un grupo de ex insurgentes integra las Administraciones de Brasil o Argentina, y otros dos son vicepresidentes en Bolivia y El Salvador: Álvaro García Linera, ex miembro del Ejército Guerrillero Tupac Katari, y Salvador Sánchez, del FMLN. La ex milicia urbana Tupamaros se mantiene y prospera en la coalición de Uruguay.
Pasen el dato – bajo el penoco
El presidente escuchó decir a alguien que algunos cambas han estado haciendo lobby en Chile para que no le devuelvan el mar a Bolivia justo cuando “el Evo” está en el trono “porque no lo bajan más”. Esto, más que cualquier otra cosa, quiere decir que el jefazo estaba convencido que los chilenos estaban alistando las playas de Antofagasta para que se bañen Evo y Chávez, tal como alguna vez lo auguró el líder venezolano. Se ve que no era el único enarbolado, porque el prefecto de Potosí gritó “Viva Chile” justo en los actos de conmemoración de la Guerra del Pacífico el pasado lunes. Alguien tiene que hacer correr la bola en el Gobierno de que las cosas con Santiago han vuelto a lo de antes, así no metemos la pata. Total, la culpa la tienen los empresarios de Santa Cruz, tal como lo ha mencionado el presidente.
El Diario
Amenaza de cercos
En Bolivia está por demás el debate, la concertación y la libre expresión de ideas, porque los que tienen el control coyuntural de la mayoría de algunos departamentos creen tener derecho a hacer lo que mejor les plazca, sin respetar la norma ni a las personas. Los dirigentes del gobernante Movimiento Al Socialismo para imponer sus criterios recurren a la violencia y medidas de presión propias de la barbarie, utilizando y obligando a los pobladores del campo a cumplir con las convocatorias políticas que realizan. A quienes no acaten esos llamados los someten a castigos que van desde agresiones físicas, quitarles sus derechos dentro de la comunidad, expulsarlos o arrebatarles su patrimonio, como ocurrió con el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, quien hizo uso de su derecho a disentir por algo que no considera correcto. A los masistas no les gusta explicar y defender sus propuestas, lo que sí buscan es imponer sus ideas sin respetar las posiciones ajenas. Por ello están empeñados en descabezar el Legislativo y el Judicial, como también a los sectores sociales contestatarios al actual régimen, como son periodistas, cívicos, empresarios, Iglesia católica, uniformados, a los que para devaluarlos se les hace sindicaciones antojadizas, como decir que son miembros de agencias de inteligencia o que están vendiendo información sobre asuntos de estado al exterior.
Un objetivo masista es lograr la sanción congresal de la Ley Transitoria de Régimen Electoral, elaborada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados, en la que el partido de gobierno tiene mayoría absoluta. Ese proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde la oposición tiene mayoría. Por ese motivo el Gobierno no tiene la seguridad de que el referido proyecto sea aprobado con el contenido elaborado por el MAS. Ante esa situación, los llamados movimientos sociales que responden al MAS han empezado a presionar a los legisladores que no son afines a los gobernantes, para que aprueben el proyecto sin modificaciones importantes, para hacer más fácil su consideración y aprobación en el Senado. El estudio de la ley aprobada por Diputados, según los legisladores opositores, tiene que ser objeto de cambios para enriquecerlo.
Como el plazo para la promulgación de la ley que los masistas piensan utilizar en los comicios de diciembre se vence en abril, tienen apuro por contar con este instrumento. Ante el temor de que los opositores no aprueben el documento requerido, recurren a las amenazas. Un dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ha convocado a un ampliado donde se aprobó una resolución por la que se declaran en estado de emergencia y amenazan con cercar el edificio del Congreso Nacional si hasta 31 del presente la Comisión del Senado no aprueba el proyecto aprobado por diputados. Ese cerco se iniciará el 1 de abril, lo que es un exceso, como lo fueron en su momento el bloqueo de carreteras y caminos realizado por los pobladores del campo por iniciativa de sus dirigentes, uno de ellos el actual Jefe de Estado, el que bebió de su propia medicina al ocupar la Presidencia de la República. Esas medidas de presión provocan el repudio de la población, de los propios campesinos que resultan perjudicados. Esa forma de actuar tiene vía libre del Gobierno, y no son evitadas, por ejemplo, las agresiones violentas a parlamentarias de la oposición y todo aquel que se ponga al frente.
Pero lo que se hace por la fuerza a nada bueno conduce. Ahí está el ejemplo de la Constitución Política del Estado en actual vigencia, la que trae consigo contradicciones a lo que propone el partido de gobierno. Paradójicamente, a diario violan la Ley de Leyes quienes la elaboraron. Algunos dirigentes del MAS por protagonismo asumen posiciones antidemocráticas, como organizar el cerco del Congreso, de la Corte Suprema, de la Alcaldía de Cochabamba, de la sede de la Asamblea Constituyente, para imponer sus criterios, oponerse a las autoridades contrarias al gobierno, copar todas las instituciones del Estado y una vez controladas hacer lo que les convenga. Recordemos que el primer cerco al Palacio Legislativo fue el 6 de marzo de 2006, para aprobar la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El 29 de noviembre del mismo año militantes masistas rodearon el Congreso e impidieron el ingreso de los opositores para aprobar la Ley INRA, habilitando para ello a dos senadores suplentes de la oposición. El 27 de noviembre de 2007 gente afín al partido de gobierno cercó el edificio del Congreso para aprobar la reducción de los fondos del IDH a las regiones, luego vinieron los cercos del 28 de febrero y 21 de octubre de 2008. Ahora dan un plazo hasta el próximo martes para la aprobación de la norma electoral, en caso contrario el cerco al Legislativo comenzaría al día siguiente. Recurrir a medidas de fuerza es propio de gobiernos totalitarios, para imponer medidas antipopulares que únicamente benefician a quienes gobiernan. Esto está ocurriendo en Bolivia a vista y paciencia de la población que no reacciona.
Opinión
El Gobierno debe entender y aceptar la función de la prensa
El Gobierno debe entender que la función de la prensa es parte de un proceso evolutivo profundo, la comprensión de esa realidad le permitirá lograr una participación consciente y deliberada de la gente en el desarrollo del país.
Uno de los fenómenos más importantes de este tiempo, es el desarrollo de los medios de comunicación. En todo el mundo, la prensa, la radio, la televisión y recientemente el internet influyen mucho más que cualquier estructura o corriente política en el comportamiento de la gente. Algo digno de una investigación profunda es la polarización contemporánea entre los medios de comunicación y las estructuras tradicionales de poder. La contradicción de este tiempo ya no es tanto de clases ni de partidos políticos, sino de periodistas versus gobernantes.
Decir que lo que no aparece en los medios de comunicación no existe, es una exageración pero, tiene mucho de verdad. Tanto en los países ricos como en los pobres y dependientes hay radios, canales de televisión o diarios escritos que tienen tanto o más poder que ciertas estructuras gubernamentales en el marco del orden estatal establecido. La importancia de estas entidades de intermediación, deriva de la influencia que tienen en el comportamiento de la población y de la tecnología tan avanzada que poseen.
Otro antecedente que ha convertido a la radio, a la prensa y a la televisión en entidades competidoras del poder establecido, es su capacidad para develar todo lo que sucede al interior de los poderes públicos. A través de ese descubrimiento las personas conocen que el Estado no había sido sino el conjunto de personas que toman el poder y actúan de acuerdo con sus ideas e intereses exclusivos y excluyentes. Así las estructuras tradicionales se debilitan y en ese vacío surge el conocimiento como la fuente contemporánea del poder.
Esto es lo que tiene que entender el Gobierno, lo que hacen los medios de comunicación no es una actitud deliberadamente opuesta al régimen. El papel de contrapeso y equilibrio que juegan estas novísimas instituciones, es consecuencia de acontecimientos más profundos que se dan en la historia de la humanidad. El poder fundado sólo en la fuerza o en las luchas políticas simplificadas se está transformando dando lugar a otras formas de organización social.
La estrategia del Gobierno está clara, quiere controlar todo y lo está haciendo utilizando ciertos instrumentos aparentemente legales al servicio de esa tendencia totalitaria. Es posible que logre dominar, por algún tiempo, alcaldías, ciertas prefecturas, incluso el Parlamento. No ha de ser fácil tomar el Poder Judicial y obviamente será imposible acallar las voces indagadoras de los medios de comunicación. Lo que tiene que hacer es aceptar que no hay democracia sin libertad de prensa. No sólo eso, no hay sociedad, es decir, ser humano pleno sin libertad de pensar y de expresar, sin restricción artificial, ese pensamiento.
La Patria
Consejo autonómico
Todavía no ha pasado la reacción de molestia por el cambio que se presenta en las actitudes de las autoridades oficiales queriendo convertirse en líderes del movimiento autonomista que hasta hace poco criticaban y rechazaban, inclusive amedrentando a quienes lo proponían como parte de la eliminación del modelo centralista que de manera muy particular sigue perjudicando el progreso de nuestro departamento.
Se avanzó a través de instituciones locales, un movimiento universitario e inclusive las entidades cívicas que fuera del organismo supra institucional se preocuparon porque Oruro se encamine hacia la liberación del sistema que todavía lo mantiene a la zaga de otros departamentos que ya decidieron su suerte apostando por la autonomía y la libertad de elegir las mejores condiciones de avanzar, lamentablemente se cruzaron los políticos obcecados que prefirieron quedar bien con sus jefes partidarios sin que les importe el futuro regional.
Pero en poco tiempo tuvieron que reconocer que la alternativa nacional por esa corriente es imparable y por tanto se convirtió en bandera de la mayoría de distritos que están buscando afanosa y ansiosamente dejar libre el camino de la independencia, que no es otro que rechazar las políticas centralistas que se desean mantener bajo un modelo que surge ahora como parte del programa de Gobierno, para apoyar las autonomías.
En los pocos distritos donde todavía se boicotearon los movimientos civiles a favor de la corriente autonómica que en realidad son minoría, caso de La Paz, Oruro y Potosí porque en Cochabamba ya se decidió el cambio, ahora se habla de la creación de los “consejos autonómicos” que además tendrán la misión de redactar el proyecto del estatuto departamental autonómico que entre otras cosas y como lo reconocen sus promotores, deberá encuadrar tal documento a la normativa de la nueva Constitución.
Por supuesto que el cuidado mayor será no contradecir las normativas vigentes porque de lo contrario simple y llanamente se invalidaría cualquier otro proyecto que además será sencillamente rechazado por una mayoría de representantes de organizaciones afines al Gobierno frente a unos cuantos del resto de organizaciones que en ningún caso alcanzarán mínimamente equilibrar la fuerza representativa de la orureñidad.
En este caso y con la propuesta oficial en la mesa, la pregunta es simple. ¿De qué autonomía se hablará? si propiamente los lineamientos ya están definidos en una agenda que sólo falta ponerla a consideración de los movimientos afines a la línea de las corrientes que impulsa el Gobierno y que no son precisamente las que desea la mayoría ciudadana para generar ese cambio que todos quisiéramos para alcanzar una Bolivia unida y al mismo tiempo participativa, justa, democrática y respetuosa de los derechos ciudadanos.
Lo menos que se espera es que se conozcan los planteamientos regionales a través de documentos institucionales o individuales y que merezcan un tratamiento mínimo de respeto a su intencionalidad de buscar mejores condiciones de vida para los orureños cansados de seguir dependiendo del poder central, que casi siempre ha postergado los anhelos departamentales para avanzar y aprovechar de manera directa el beneficio que produce el uso de nuestras riquezas naturales.
La democracia vigente, reconocida por la nueva Constitución, debe ser la forma más clara para respetar los planteamientos del pueblo, acogiendo ideales de todos los sectores, sin mayores manipulaciones. Comencemos por respetar nuestros derechos.
La Prensa y El Deber
Falta de mesura en la política exterior
Si algo debe cuidar Bolivia es su relación con la periferia inmediata. Sin embargo, con uno de nuestros principales vecinos —el Perú— se ha declarado una especie de “ofensiva verbal”…
La mesura en política exterior es vital, sobre todo en estas épocas de globalización, cuando lo dicho en cualquier rincón del planeta es divulgado por poderosas redes informáticas. Lamentablemente, la discreción en asuntos internacionales no siempre fue en Bolivia bien entendida en el pasado y parece ser menos comprendida aún en el presente.
La diplomacia, brazo ejecutor de la política exterior de un Estado, tiene canales ya establecidos para hacer conocer inquietudes, informar y negociar, siempre en procura de la mejor defensa de los intereses nacionales. Las declaraciones presidenciales de naturaleza pública, aunque en ocasiones de utilidad, muchas veces enturbian aguas y perjudican sutiles hilos de comunicación, haciendo que procesos normales concluyan con resultados contrarios a lo esperado.
En el caso boliviano, vemos que el presidente Evo Morales hace declaraciones de toda naturaleza con respecto a cuestiones internacionales que van desde acusaciones hasta simples expresiones, pero lo vemos y escuchamos casi todos los días. Con los Estados Unidos los ejemplos son abundantes y ahora, con el vecino Perú, la seguidilla prosigue su curso.
Si algo debe cuidar Bolivia es su relación con la periferia inmediata. Sin embargo, con uno de nuestros principales vecinos —el Perú— se ha declarado una especie de “ofensiva verbal” que a nada positivo puede conducir. Últimamente, nuevos juicios de valor —ventilados con motivo del aniversario de la inmolación de Eduardo Avaroa— vuelven a enrarecer el ambiente. Lamentable todo esto, ya que con el Perú tiene Bolivia lazos históricos profundos, que van desde la época colonial hasta los momentos estelares de la Confederación y la desgracia común de la Guerra del Pacífico. El departamento de La Paz (y de alguna manera Pando en su contexto) tiene con Perú una fuerte corriente de tráfico fronterizo de diversa naturaleza y el condominio del lago Titicaca. Asimismo, grandes poblaciones aymaras coexisten (de tiempos inmemoriales) a lo largo del límite internacional entre las dos naciones. Perú también es un importante comprador de productos bolivianos. Además, de Perú depende la posibilidad de que Chile alguna vez vuelva a ofrecer un corredor con salida al mar soberana por territorios otrora peruanos, ya que, previamente a cualquier eventual entendimiento final boliviano-chileno, La Moneda debe procurar el acuerdo con Perú en función del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929.
Por estas y otras razones, cabe la prudencia en el trato con el Perú, una prudencia que debe extremarse y sin necesidad de coincidir en aspectos propios de la coyuntura, ideológica o partidaria, que cada país ostente en la actualidad. Esa prudencia que sugerimos, a ojos vista, no se la conduce debidamente. Sugerimos con urgencia que se retome la cautela. El interés nacional exige cuidado y buen trato en las relaciones con el Perú.
La Razón
El Poder Judicial incomoda al MAS
Lo que desde las esferas oficiales se buscó es la renuncia de Eddy Fernández, la que no prosperó porque esta autoridad está resuelta a cumplir los 10 años de mandato que recibió del Congreso, ahora la Comisión de Constitución de Diputados pide que se lo investigue.
Por las últimas acciones del oficialismo, es posible advertir que el Poder judicial le es incómodo al MAS, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, por eso es que se proponen eliminar su accionar e incluso su existencia. Puede decirse esto por lo que ocurrió hace dos años con el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, imprescindibles para la vigencia de la institucionalidad de cualquier país.
Desde un punto de vista relacionado con la convivencia pacífica de una sociedad, la intolerancia se asemeja en mucho o es casi similar a la soberbia, en torno a la cual se ha escrito que no se trata precisamente del orgullo que se tiene, sino del menosprecio a los demás, lo que implicaría que poco menos no se quiere reconocer la existencia de sus similares y hasta quizás de sus semejantes. Este puede ser el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, a quien se pretende someter a un juicio de responsabilidades porque supuestamente incurrió en retardación de justicia en tres casos judiciales. Sin embargo, ocurre que Fernández asumió la función que ocupa actualmente hace algo más de un año, tiempo limitado por el que no se le puede sustentar tal sindicación.
Las retardaciones de justicia que se le atribuyen son los casos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del ex prefecto Luis Alberto Valle —caso sobre el que ayer se emitió un mandamiento de aprehensión— y del ex ministro de Salud Tonchy Marinkovic. Si se quiere hallar a los que fueron culpables de esas responsabilidades habría que remontarse a muchos años atrás y no buscar que el chivo expiatorio sea el relativamente nuevo presidente de la Corte Suprema.
Inicialmente, lo que desde las esferas oficiales se buscó es la renuncia de Fernández, la que no prosperó, porque esta autoridad judicial está resuelta a cumplir los 10 años de mandato que recibió del Congreso Nacional, a partir del 2 de enero del 2005. Luego, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, dominada por el partido oficial (MAS), aprobó el último jueves, irregularmente, un informe que autoriza la investigación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, con la que se procura que derive en un juicio de responsabilidades.
Por último, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, invadiendo las funciones del Ministerio de Justicia, no sólo que apoyó el juicio de responsabilidades, sino que a la máxima autoridad de la justicia boliviana la condenó virtualmente, diciendo que debe ser recluida en la cárcel.
El caso, aparte de las implicaciones personales y legales antes anotadas, puede tener otras derivaciones que incluso conduzcan al colapso total del Poder Judicial, condición que parece ser el objetivo del Gobierno y del MAS.
Esta posibilidad se debe a que ayer cumplieron su mandato tres de los ministros de la Corte, con lo que ésta se reduciría a contar con el quórum mínimo reglamentario, pero con una eventual acefalía adicional —por el enjuiciamiento de su Presidente— quedaría con sólo ocho de sus 12 miembros y, por tanto, sumida en la inoperancia por falta de dicho quórum.
Algo similar ocurrió ya con el Tribunal Constitucional, que al presente cuenta con una sola componente, e igualmente con el Consejo de la Judicatura, que también está reducido a un miembro.
Subeditorial – Respeto y aplicación plena de la Ley de Imprenta
El Ministerio de la Presidencia ha decidido enjuiciar al periódico La Prensa por una información publicada el 9 de diciembre que involucra al presidente Evo Morales con contrabandistas: “Evo negoció ‘luz verde’ con contrabandistas dos meses antes”, reza el titular de portada de esa fecha.
Hace dos semanas, el despacho que está a cargo del ministro Juan Ramón Quintana presentó la querella ante la Fiscalía y el proceso está en plena etapa de investigación. Sin embargo, el lunes el vocero presidencial, Iván Canelas, anunció que el caso se ventilaría en un tribunal de imprenta.
Está claro que el Gobierno se sintió afectado por una publicación de prensa que compromete nada menos que al Presidente de la República, y en consecuencia quiere actuar pero ese malestar no debe dejar de lado las leyes vigentes y el respeto al derecho a la información que tiene la población a través de los medios de comunicación, en este caso del diario La Prensa.
La Ley de Imprenta determina el fuero para los periodistas y la conformación de tribunales de imprenta para procesar cualquier denuncia que emerge de su actividad, pero en este caso valieron más las reacciones que las reflexiones para “sancionar” lo que el vocero ya anunció, el mismo lunes, “como un proceso contra el medio que manipuló o tergiversó una información”.
Es derecho de toda persona o institución que se sienta afectada iniciar un proceso legal en contra del presunto infractor pero también lo debe hacer donde corresponda y en apego a la ley, es así que en el caso de los medios de comunicación, y no sólo de La Prensa, los asesores legales del Ministerio de la Presidencia deberían considerar el respeto y la aplicación plena de la Ley de Imprenta, tal como establece la Constitución Política del Estado, para investigar y sancionar, si fuera el caso, el hecho referido.
En ningún caso el Ministerio Público debería prestarse a secundar la querella porque no hace otra cosa que poner el marco legal a un proceso que el propio Poder Ejecutivo, a través del vocero Canelas, sabe que tiene otra ruta y otra vía de solución que no es la justicia ordinaria en sus salas penales, todo lo demás no hace otra cosa que mostrar prepotencia.
Nota del Día – La Puerta del Sol
La Puerta del Sol del complejo de Tiwanaku es la mayor reliquia arqueológica que tiene el país, más importante incluso que el Monolito Bennett, porque algunos investigadores del área sostienen que en su friso superior tiene figuras que pueden ser descifradas como uno o más mensajes.
De corroborarse esta hipótesis, podrían ser entendidos los enigmas que existen hasta hoy sobre el origen y otros detalles centrales de la cultura tiwanacota, que se considera que es la más antigua que existe en América Latina, pues data del 1.500 antes de Jesucristo y 1.600 después, de acuerdo con las revelaciones de la aplicación del Carbono 14.
Al presente, existen opiniones coincidentes entre la Unidad Nacional de Arqueología (Unar) y el pueblo de Tiwanaku, en sentido de que los líquenes, las condiciones climáticas hostiles en la región y la contaminación atmosférica, originada en el cambio climático, están deteriorando el singular monumento.
El director de Unar, Javier Escalante, dijo que de no detenerse el deterioro que está sufriendo la Puerta del Sol, toda su simbología puede desaparecer en 20 años. Por esta razón, informó que tiene concluido un proyecto para el traslado de la pieza al Museo Lítico, que es cerrado y donde está el monolito Bennett.
La iniciativa, sin embargo, es rechazada por los vecinos y el municipio de Tiwanaku, quienes estiman que el monumento debe ser conservado en el lugar donde se halla actualmente. Esta posición podría ser la más razonable, para no dañar la pieza, teniendo en cuenta que sufrió ya una ruptura en su friso superior.
Entonces, de lo que se trataría es de cubrir la Puerta con la construcción de un moderno museo, para lo que incluso, como dice la alcaldesa Eulogia Quispe, se podría conseguir la tecnología y la cooperación internacional.
Altímetro – Poesía a patadas
No se trata de maltratar la poesía, es el nombre de un libro en el que los amantes de la literatura y del balompié juntaron aficiones para que la afición disfrute minuto a minuto, palabra a palabra las incidencias de un poema escrito en clave de fútbol.
Si el fanático del fútbol vio goles de antología en la cancha en esos 90 minutos de pasión, ahora podrá leer una antología en 90 poemas futboleros.
La idea es del Premio Nacional de Traducción 1995 español, Francisco J. Uriz, y participaron los poetas de la misma nacionalidad Pablo García Casado, Mario Cuenca Sandoval, Antonio Agredano y Nacho Montoto en su “doble condición de amantes de la poesía y del fútbol”.
La primera edición presentada en Córdoba, España; y los 20.000 ejemplares de la primera edición de bolsillo serán distribuidos de manera gratuita en esa ciudad.
Los Tiempos
La libertad de prensa en peligro
El juicio contra La Prensa obliga al vocero presidencial a elegir entre la lealtad a sus principios y la complicidad servil
Como ya es habitual desde hace tres años, la élite burocrática que gobierna nuestro país se reunió hace unos días para evaluar el avance de su proyecto político y definir un plan de acción para el futuro inmediato. Desencadenar la ofensiva final contra el Poder Judicial, organizar un nuevo cerco contra el Congreso Nacional y someter a los medios de comunicación a una nueva ola de ataques, son tres de las principales decisiones adoptadas.
Como parte de ese plan, el matutino paceño La Prensa, miembro del Grupo Líder del que también forma parte Los Tiempos, ha sido elegido como el blanco principal. Para ello, el Gobierno ha presentado una demanda judicial por una información publicada hace ya más de tres meses, sobre el caso de los 33 camiones con mercadería de contrabando detectado en Pando.
Pocos días antes, a tiempo de presentar su renuncia al cargo de Superintendente de Empresas, el gerente de un lenocinio paceño anunció su intención de iniciar un proceso legal contra Los Tiempos por haber denunciado sus vínculos con el negocio de la prostitución. Es verdad que hasta ahora no pasó de la amenaza, pero se puede temer que pronto este matutino también tendrá que afrontar las consecuencias de haber incurrido en el “delito” de decir la verdad.
Esta nueva ofensiva contra la libertad de prensa tiene una doble dimensión: la de fondo y la de forma. En lo que al fondo del asunto se refiere, se trata de destruir lo que hasta ahora ha sido el principal obstáculo que el Gobierno ha encontrado en su camino hacia la instauración de un régimen totalitario. Es que en Bolivia, como en todo el mundo, la libertad de prensa es incompatible con un régimen que con urgencia requiere que sus actos se realicen lejos de la mirada de la sociedad.
En cuanto a la forma, muy relacionada con el desprecio por la legalidad del que a diario hace gala el régimen actual, se pretende desconocer los procedimientos que para casos como éste tiene previsto nuestro ordenamiento legal. Ha decidido recurrir a la justicia ordinaria y no seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Imprenta.
Felizmente, en una actitud que lo dignifica como ex periodista que es, el vocero presidencial ha salido al paso de las intenciones del gobierno del que forma parte al reconocer que el juicio instaurado contra La Prensa vulnera principios básicos. Se ha opuesto a que la Ley de Imprenta sea pisoteada, pero su opinión ha sido pasada por alto lo que lo pone, como a muchos otros seguidores del MAS, en una difícil disyuntiva. Debe elegir entre ser leal a sus principios éticos u optar por la complicidad servil. Es de esperar que opte por lo primero, pues es todavía mucha la gente del gremio que cree en su honestidad intelectual y en su integridad moral.
El Mundo
Si muero mañana
Fue la pregunta que se apoderó de mi ésta madrugada, pero ello tiene antecedentes. Esta madrugada recibí la información de que una persona conocida acababa de morir, mientras manejaba decía, si voy este momento me desvelaré, mejor iré mañana, pero finalmente decidí llamar al supuesto muerto; me enteré que fue un error y respiré profundo, me sentí aliviado no por la muerte, sinó que me dejaba el día sin preocupación ni remordimiento. Seguí manejando hasta que pronto me asaltó una pregunta: ¿Y si en vez del amigo muerto, el fallecido fuera yo?, de pronto la insensibilidad que se había apoderado de mi se convirtió en una pregunta, que me rondó el resto del día, por lo tanto decidí escribir sobre el artículo que debía salir al día siguiente de mi muerte, articulo que por lo general jamás sale.
Leí una carta: Si muero, atribuida a García Márquez, el la negó señalando: algo tan cursi no saldría de mi; tiempo más tarde reconoció que si bien él no la hizo, la carta ésta tenía un profundo contenido que identificaba a cientos de miles de mail que llegaron, entonces me pregunté qué escribiría yo al día siguiente de mi muerte, y sin lugar a dudas empezaría diciendo algo así.
Agradezco a la vida poder escribir sobre mi muerte estando vivo, ya eso es un privilegio enorme si empezaría a hacer una remembranza de lo que no haría o dejaría de hacer, si tuviera que subir las escaleras de la vida de mi vida, con errores y aciertos los cuales los repetiría en cada uno de sus peldaños, sin entrar en especificaciones que resultan odiosas, puedo señalar que tuve el privilegio de que cada una de mis pisadas fueron iluminadas con amor, la oscuridad del odio de la venganza no existió. El gran patrimonio monetario de mi existencia es el no contar con él, me marcharía de la misma forma que llegué al planeta, nadie se disputará nada, mis libros serán para el primero que los reclame, el amor de ellas se evaporará como cuando llegaron, el de mi madre y de mis hijas tiene un espacio especial en los recuerdos, de mis amigos -los verdaderos y pocos-, seré motivo de recuerdos y de más de un sinsabor cuando deban defender mi honor de los infaltables denigradores que disputan el usufructo de la difamación que ronda entre la corrupción y la infamia, de eso ni Cristo pudo librarse.
Si realmente muriera mañana, estaríamos tranquilos de partir, dejaríamos un pasivo de promesas de juicio, de amores inconclusos, de artículos sin escribir, de libros sin leer, de películas sin ver, de una botella de vino sin tomar, de un tabaco sin fumar, un viaje inconcluso, y sobre todo un abrazo al amigo aquel con el que contamos siempre, el que aparece cuando lo requerimos, por todo lo que hace cuando lo buscamos sin llamar.
Si muero hoy, de lo único que me arrepiento es de haber sabido perder la sensibilidad de asustarme, de temer, de prejuzgar, de no mirar hacia atrás, de no saber perdonar, pero si volviera a vivir seguro que repetiría esas fallas, de lo contrario dejara de ser humano. Lo más importante de esta carta es que espero que nunca llegue en la noche, la muerte la espero viendo la luz cuando llegue, seguro que ésta no será la última carta antes de morir, pero si llega la hora ya saben que recién estábamos aprendiendo a vivir.
El Nacional
Inseguridad poblacional, grave problema
La anterior y la actual Constitución Política del Estado indican claramente que la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, se encuentran a cargo de la Policía Boliviana, principio que por lógica, debería tranquilizar a la ciudadanía, para poder sentirse segura, tanto de su vida como de su propiedad.
Sin embargo, no sucede así. Al parecer, la institución verde-olivo solamente da cumplimiento al segundo precepto de la Carta Magna, el de conservar el orden público, pero no en su integridad el primero, por cuanto a lo largo y ancho del país, la sociedad se encuentra amenazada día y noche por la delincuencia.
Asaltos e incluso asesinatos, en el interior de vehículos, aparentemente de servicio público, es una constante. Una persona aborda uno de esos motorizados y a las pocas cuadras, en complicidad con otros sujetos, es atracada, golpeada y despojada de sus pertenecías, para ser abandonada en las zonas periféricas, con mucha suerte, con vida.
Tanto en las zonas centrales como en las periurbanas, los robos, atracos y abuso contra las personas, son una norma. Los delincuentes ingresan a vista y paciencia de transeúntes, a viviendas y oficinas privadas, apoderándose de todo lo que encuentran en ellas, amenazando a las víctimas, si están dentro de ellas, con armas de fuego, las que llegan, incluso, a disparar.
Los cuentos del tío, violaciones y asesinatos a menores y mayores, es la noticia de primera plana en los periódicos, ante la angustia de familias íntegras, que ya temen dejar a sus hijos en cualquier lugar o que caminen por las calles de nuestras ciudades.
La sociedad, que merece el apoyo y el resguardo de las fuerzas de seguridad, tiene que recurrir a empresas de seguridad privadas para contratar guardias que vigilen sus domicilios, ante el ascendente porcentaje criminal, aunque los mismos, lamentablemente, no pueden portar armas de fuego, las que son de uso privativo de la Policía.
En algunas vías tarijeñas, se escuchan pitazos de los silbatos de los guardias privados, los que, también son asaltados por los delincuentes, cuando interfieren en sus fechorías, mientras que en esas mismas calles, no se ve ni un guardia uniformado de la Policía, aunque algunos de sus vehículos aparecen como fantasmas, eventualmente, por algunos lugares.
Zonas íntegras, en las que se denuncian atropellos y robos, continúan llenas de delincuentes, se supondría que en las mismas, por la frecuencia de las denuncias se adoptarían mayores medidas de seguridad.
Extrañamos el tiempo pasado, cuando los denominados carabineros patrullaban y espantaban a los delincuentes, cuando en cada calle podía encontrarse parejas de estos, que podían auxiliar a los vecinos, cuando los delincuentes, que si bien existían y han existido siempre, no cometían sus actos delincuenciales a la vista de la ciudadanía.
Hoy no existe eso. La inseguridad ha asumido su reinado en Bolivia, cada ciudadano tiene que cuidarse por sí solo, arriesgando su propia vida. Los impuestos, destinados al pago de salarios para que alguien garantice y defienda al ciudadano, son montos perdidos, ya que se debe gastar más para pagar a otros que hagan el trabajo de quienes tienen la obligación de hacerlo.
Planes y programas de seguridad, publicitados ampliamente, se los dan en las fiestas de todo el año, o en actos oficiales, mientras que nuestras calles y avenidas permanecen a "media luz", gracias a la previsión de la Alcaldía, y vacías de seguridad, rondando en ellas la muerte, el robo, el asalto y la violación.
Ya es tiempo que, de alguna manera, las autoridades pongan "orden en las instituciones del orden" y hagan su labor obligatoria de garantizar la vida y propiedad de la ciudadanía.
La Estrella del Oriente
Lo que nos espera
El descabezamiento a la Corte Suprema de Justicia, última instancia que aún permanecía funcionando, obedece a las mismas causas que motivaron la flagrante destitución del Tribunal Constitucional que luego fue seguida en el Consejo de la Magistratura, donde hoy por hoy existen fiscales postrados al Gobierno, superfiscales que toman presos con encapuchados y que han procreado toda suerte de abusos en apresamientos y secuestros que no contemplan medios ni recursos legales y que se han desmarcado de los procedimientos que resguardaban los derechos de las personas a un debido proceso y a no ser perseguidos o criminalizados por causas que no estén en apego a la justicia.Desgraciadamente el ataque a la justicia y también a la prensa sigue el mismo esquema que ha utilizado Chávez en Venezuela, país al que Bolivia le sigue paso a paso los talones en un proceso que tiene como meta terminar con la oposición para cometer todo tipo de arbitrariedades sin control constitucional ni legal.
Sabemos que el Presidente venezolano utiliza el aparato judicial para librarse de sus rivales, todos los políticos, estudiantes, periodistas y activistas que no comulgan con las políticas de Chávez sufren en el presente el acoso de la justicia que se ha fundido con el aparato gubernamental y que ya no es un poder independiente.
En la Venezuela actual, los opositores han sido declarados enemigos del Gobierno, y esto es lo que está sucediendo también en Bolivia, donde la cárcel de San Pedro está fungiendo como una especie de panóptico que alberga a los presos de conciencia que están bajo el peligro de ser juzgados por traición a la patria y rebelión, delitos que han sido constitucionalizados en forma premeditada para destruir a los opositores y dar curso a una dictadura con máscara democrática.
En Venezuela y en Bolivia no es necesario que estos presos de conciencia sean procesados o condenados por los cargos de los que se los sindica, todos quedan en el limbo de la prisión preventiva, bajo el uso a discreción de la retardación de justicia, retrasando los procesos, y bajo incumplimiento del gobierno de los fallos de la justicia cuando estos exigen que se apeguen a los procesos estipulados y a los derechos de las personas.
El objetivo es claro e imposible de tapar con un dedo, porque estos regímenes apuntan a alejar del camino político a quienes traten de criticar lo que estos poderes totalitarios están haciendo bajo la mirada asombrada de los ciudadanos que ven día a día evaporarse sus libertades y sus derechos.
En Venezuela hay unos veinte opositores que han sufrido hasta seis años de prisión sin que ningún juez dicte sentencia en su contra. La persecución política se ejerce también a gran escala porque se han contabilizado 272 funcionarios que han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y 256 estudiantes que han sido detenidos por participar en manifestaciones, sometidos a un régimen especial de presentación ante los tribunales y de arraigo.
Los periodistas y miembros de ONGs de derechos humanos han sido sometido a acusaciones de “traición a la patria” a simple denuncia de recibir financiamiento de la CIA, sin que estas denuncias sean respaldadas o probadas.
En Venezuela se han “inhabilitado” candidatos hasta por 15 años, por motivos vagos como el decir que se trata de una “sanción administrativa muy especial” para “preservar el patrimonio público”, que la dicta un contralor que ha sido impuesto por el Gobierno puesto que tal como en Bolivia la Contraloría ha sido tomada para que actúe como una instancia sumisa coadyuvando a la tarea de afectar a los opositores.
Esto y más es lo que se está perfeccionando en Bolivia y de aquí en más estaremos destinados a padecer una peligrosa odisea, un éxodo largo y doloroso, después de que nuestra oposición panfletaria y ubicua acabe de entregar al país el próximo 25 de diciembre, en la Navidad totalitaria que nos están regalando los cómplices funcionales del totalitarismo que está terminando de consolidarse.