Josué Salvatierra es investigado por presunta malversación. El denunciado acusa a la presidenta de la ABC de “irregularidades”. La ABC afronta once denuncias de irregularidades
Recaudación: dos autos pasan enfrente del puesto de control del peaje en la Autopista de El Alto
El Gobierno destituye al Director de Vías Bolivia por presunta “clonación” de boletas de peaje en dos trancas
La Prensa
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Salvatierra aseguró que no atendió las órdenes “chuecas” que recibió de Patricia Ballivián. Vías Bolivia asumió la administración total de peajes en Bolivia el 1 de septiembre de 2008.
Tras comprobarse la circulación de boletas “clonadas” de peaje en dos trancas de la ciudad de Santa Cruz, el Gobierno destituyó al director de Vías Bolivia, Josué Salvatierra, quien tras ser relevado del cargo echó sombras a la gestión de presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, Patricia Ballivián. El daño económico para el Estado asciende a 15.000 bolivianos por día.
La ABC se hizo eco y confirmó una denuncia formulada inicialmente a mediados de febrero por el diputado de Podemos Óscar Urenda.
Salvatierra dejó entrever que la titular de ABC será la próxima ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural y que se aleja de su cargo actual por los casos de corrupción que existen en la entidad.
Ballivián tomó juramento a Enrique Jurado Gutiérrez como nuevo director de Vías Bolivia, entidad estatal que administra los peajes en todo el país.
La Presidenta de ABC, en su discurso circunstancial, dijo que en contra del Director saliente existían “denuncias formales” ante el Ministerio Público y que la entidad que dirige iniciará los procesos internos correspondientes ante cualquier indicio de corrupción.
Ballivián agregó que en este caso el Directorio de ABC solicitó al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción una investigación y auditorías para esclarecer la disminución en las recaudaciones por cobro de peajes y por la “clonación” de boletas que pudieron haber sido entregadas en las trancas.
“Las investigaciones por las actuaciones que han habido en Vías Bolivia se van a hacer contundentemente en el marco de las normas y con los controles posteriores que se deben efectivizar”.
El Ministro de Obras Públicas, Transportes y Viviendas, Wálter Delgadillo, complementó que existen “serios indicios de corrupción” en la gestión de Salvatierra y el presidente Morales decidió cortar por lo sano nombrando a otra autoridad y tomando en cuenta la denuncia formulada por el diputado cruceño Oscar Urenda (Podemos), “así sea de la oposición”.
El hasta ayer Director de Vías Bolivia negó las acusaciones en su contra y afirmó que su destitución responde a un problema personal —del cual no dio detalles— que tuvo con Patricia Ballivián, a quien acusó de querer obligarlo a cometer acciones fuera de la norma.
“Simplemente es un problema personal que tuve, en el cual no le ha gustado mi reacción, pensaba que mi persona tenía que subordinarse a sus órdenes chuecas que ella tiene, el cual mi persona, le digo, si quiere mi cargo, lo pongo a disposición, pero no voy a hacer nada que vaya en contra de la ley y en contra de mi honorabilidad de persona”.
Salvatierra respondió: “Pregúntele a la señora Ballivián”, cuando se le consultó a qué órdenes “chuecas” se refería. Acusó también a la Presidenta de la ABC de haber enviado a su edecán, la semana pasada, para “raptar” al encargado de valores de la Regional de La Paz y obligarle a declarar en su contra.
“No lo logró, yo tengo un informe donde el funcionario se queja que fue raptado por el edecán de Ballivián por orden expresa de ella y llevado a su despacho. Ésa fue la gota que rebalsó el vaso”. Para la ex autoridad, es extraño que la denuncia que se hizo hace un mes se la retome ahora de excusa para retirarlo del cargo. “¿Por qué no me cambiaron cuando hubo la denuncia?, es algo que deja una incógnita bastante grande”. En todo caso, dijo, si se habla de corrupción, “habría que mirar la paja que uno tiene en el ojo y ver la corrupción que hay en la ABC”.
Admitió que en enero bajaron las recaudaciones en 6 por ciento debido a que los choferes dejaron de pagar peajes por el derrumbe de la plataforma del tramo El Sillar, en la vía Cochabamba-Santa Cruz.
Ballivián, terminado el acto no, quiso vertir declaración alguna al respecto, tampoco brindó las soluciones que se analizan para evitar la “clonación” de boletas.
La denuncia
El diputado Óscar Urenda denunció el 12 de febrero que existían hechos de corrupción en Vías Bolivia al haber descubierto la “clonación” de boletas de peaje en Santa Cruz.
Los cobros, dijo, se hacían en las trancas del Km 7 en la ruta a Cotoca y en el Km 17 en la carretera nueva a Cochabamba y no se registraban en los formularios. Esos puestos estaban a cargo de “personas que fueron llevadas desde La Paz presumiblemente por órdenes del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”.
El caso fue presentado con las pruebas correspondientes (boletas “clonadas”) a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, sin embargo, hasta ahora no se ha instruido ninguna investigación, ni se llamó a ninguna de las personas involucradas a declarar y menos se verificaron los cobros irregulares en las trancas.
La pérdida económica para el Estado por estas irregularidades, según el diputado, asciende a 15.000 bolivianos diarios en cada tranca y de continuar las irregularidades se habría ocasionado un daño de cerca de 15 millones de bolivianos al año.
El 20 de enero, El Deber informó que Raúl Oroza Menacho, funcionario de Vías Bolivia, fue recluido en la cárcel de Palmasola por orden del juez Roque Leaños, debido a que la Fiscalía se había percatado de un desvío de 283.120 bolivianos de las recaudaciones en los retenes de carreteras cruceñas y que no se depositó al Estado.
El 1 de septiembre del año pasado, Vías Bolivia tomó el control de 125 trancas tras diez años de concesión a empresas privadas.
Posesión. Enrique Jurado es el nuevo director general de Vías Bolivia. Debe investigar la supuesta corrupción
Corrupción. La ABC encontró indicios de irregularidades en la gestión del director general de Vías Bolivia. Josué Salvatierra es sindicado de clonar boletos en dos trancas de Santa Cruz, pero él lo niega (EL DEBER)
La ABC afronta once denuncias de irregularidades
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción recibió hasta la fecha once denuncias de corrupción contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las cuales están en fase de investigación.
La cartera de Estado dirigida por la ministra Nardi Suxo no reveló detalles de los casos, pero de la escueta información proporcionada por su oficina de prensa se presume que al menos tres involucran a la actual gestión de Gobierno.
Uno está relacionado al caso e-mails ocurrido a mediados de 2007 y por el cual se destituyó a cuatro funcionarios de la ABC luego de verificarse en sus correos electrónicos posibles cobros irregulares de 27 millones de bolivianos a empresas constructoras para ser favorecidas en procesos de licitación.
Tras haber transcurrido más de un año de conocerse el caso, no se confirmó nada y se desconocen los resultados. La ABC simplemente informó que cumplió con poner en conocimiento de la Fiscalía el asunto. Además, los involucrados, en su momento, aseguraron que nunca se les probó nada.
El Ministerio de Transparencia también recibió una denuncia sobre irregularidades en la construcción de la vía Potosí-Tarija, que presentó fisuras antes de estrenarse y que derivó en la conclusión del contrato con la brasileña Queiroz-Galvao. Una de las observaciones que se hizo al proyecto tenía que ver con el uso de pavimento rígido en su construcción y que no se acomodaba al clima de la zona
Otra obra cuestionada fue la construcción en la carretera Tarija-Bermejo del túnel falso de Alarach, en la gestión del ex presidente de Caminos José María Bakovic. Los otros casos que llegaron a esa cartera de Estado involucran al ex Servicio Nacional de Caminos en Liquidación (SNC).
Su departamento de Prensa informó que en las once denuncias recibidas figuran al menos diez ex funcionarios involucrados. Seis de los casos se presentaron en 2007; otros cuatro en 2008 y uno este año, para que puedan ser procesados.
Hasta ayer, el Ministerio de Transparencia aún no había conocido las presuntas irregularidades en el cobro de peajes con boletas “clonadas” y que derivaron en la destitución de su ex director Josué Salvatierra.
Contraloría investigará
La ABC solicitó ayer a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría integral a todos sus procesos de contratación en el marco de la transparencia y lucha institucional contra la corrupción.
Mediante una carta remitida al contralor interino, Gabriel Herbas, la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, demandó la ejecución de “investigaciones y auditorías necesarias”, para desvirtuar denuncias de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de obras.
El pedido de auditoría, según ABI, sucede a denuncias de supuestas irregularidades en la licitación de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos lanzadas por el senador de Podemos Jorge Aguilera, quien calificó esa obra como “la más cara de Bolivia” por su costo de 415 millones de dólares.
Renuncia la ministra Rivero
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Susana Rivero, presentó ayer su renuncia al cargo en una carta enviada al presidente de la República, Evo Morales.
Sin embargo, ninguna autoridad del Poder Ejecutivo confirmó la noticia difundida por el estatal Canal 7. La Prensa intentó comunicarse en dos oportunidades con el vocero del Palacio de Gobierno, Iván Canelas, pero no pudo ser encontrado para hacerle la consulta.
El director saliente de Vías Bolivia, Josué Salvatierra, dejó entrever tras ser destituido que la nueva ministra de Producción y Microempresa será Patricia Ballivián. “La señora Ballivián renunciará porque está cansada del trabajo en ABC, pero en realidad se va porque la corrupción en ABC se le fue de las manos”.
La ministra Rivero, desde enero, afrontó problemas de salud en una pierna que la obligaron a usar un bastón y posteriormente una silla de ruedas para trasladarse. La autoridad, el año pasado, ya había presentado su renuncia en dos ocasiones, pero se mantuvo en el cargo con el respaldo del presidente Evo Morales. Primero fue ministra de Desarrollo Rural y en 2008 asumió su cargo actual.
Cronología de casos de corrupción
El 31 de enero de 2008, el presidente Evo Morales ordena la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y destituye a su presidente, Santos Ramírez Valverde. La causa fue el contrato firmado entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice para la construcción de la planta de extracción de líquidos en Río Grande. Se sospecha de irregularidades en su licitación, adjudicación y ejecución de los fondos de un fideicomiso de 45 millones de dólares.
El 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, pide que se investigue a la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) por irregularidades en su constitución y la existencia de pasivos en su manejo financiero.
Para la creación de la nueva firma, Ramírez compra las acciones de una empresa quebrada, Full Industry, por 216.000 dólares. La constituye como una sociedad anónima, a pesar de ser estatal, y deja sendas acciones en manos de dos personas particulares.
El 14 de febrero, La Prensa informa sobre la existencia de un contrato entre YPFB-
SIPSA y la estatal petrolera para la recalificación de garrafas por un valor de 1,8 millones de dólares, firmada el 19 de septiembre.
La empresa cuestionada firmó otro contrato millonario con YPFB-Andina por el alquiler del equipo de perforación PDV 08 para usarlo en el pozo 34D, ubicado en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
Las planillas de sueldos de los ejecutivos de YPFB-SIPSA incluyen remuneraciones de 23.500 bolivianos para su gerente general, Rogelio Ashimine, y entre 15.000 y 20.000 bolivianos para otros.
El contrato de compraventa firmado entre Iberoamérica Trading y YPFB para la compra de combustibles por el que Bolivia perdería unos 39 millones de dólares fue denunciado por la Superintendencia de Hidrocarburos, y el entonces presidente de YPFB, Jorge Alvarado, tuvo que renunciar.
A finales de 2008, el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, es relacionado en la internación de 33 camiones que llevaban contrabando.
En 2007, el ex ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, fue destituido y denunciado por un negociado de tractores con destino a los campesinos de Santa Cruz.
Rogelio Ashimine Oshiro fue viceministro de Transportes en 2007 durante un mes, fue destituido por Evo Morales y acusado por corrupción. Luego sería contratado por YPFB. Su hermano fue Embajador en Japón y recientemente destituido por el supuesto negocio con autos diplomáticos.
En julio de 2006 se conoció la venta de avales que implicó a Santos Ramírez, cuando Freddy Terceros Cortez fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de El Alto con 3,4 kilos de cocaína. Intentó pasar la aduana mostrando una carta aval firmada por Santos Ramírez.
Más datos
El cobro de peajes afronta irregularidades desde que su administración pasó a ser privada.
El Gobierno tomó su control para evitar la corrupción y ejercer una mejor fiscalización.
Para evitar la “clonación”,
Vías Bolivia prometió implementar sistemas tecnológicos.
Ayer, el viceministro de Transportes, José Kinn, volvió a hacer el compromiso.
La autoridad aseguró que habrá un sistema de cobro que dejará las boletas físicas.
Las recaudaciones por peajes se destinan al mantenimiento de las carreteras.
La Confederación de Choferes asegura que los recursos no son bien utilizados.
Argumenta que por esa razón las vías presentan daños permanentes.