La corrupción en la estatal petrolera lleva a 11 militantes al Tribunal de Honor del partido.
Plan. El ex Presidente de YPFB, expulsado con ignominia del MAS, armó una comisión calificadora oficialista para otorgar a la compañía la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz. Los cinco principales involucrados son Esther Carmona Nogales, Julio Anagua Chumacero, Daniel Álvarez Dante, Javier Guzmán Navarro y Diego Argandoña Aramayo.
Corrupción: Santos Ramírez sale del juzgado que ordenó su detención en el penal de San Pedro, en febrero
Santos contrató a gente del MAS para evaluar a Catler-Uniservice
Los militantes implicados en la corrupción en YPFB son enviados al Tribunal de Honor
La Prensa
La Comisión Calificadora supuestamente ajustó el contrato a la medida de la compañía accidental.
Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien fue hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del que fue expulsado, contrató a militantes de su partido sin formación técnica en hidrocarburos para la calificación del contrato con la empresa Catler-Uniservice. Los implicados fueron remitidos al Tribunal de Honor del frente político oficialista.
El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, informó que en total son once los investigados por los hechos de corrupción en la estatal petrolera; de éstos, cinco formaron parte de la comisión de calificación que decidió contratar a esa compañía para la construcción de un planta separadora de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz.
El convenio suscrito el 14 de julio de 2008 entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice fue observado porque supuestamente se ajustó a la medida de la empresa contratada.
Dos de las cuatro adendas que se encuentran en el documento permiten a la compañía presentar como garantía pólizas de seguro en vez de boletas bancarias y otra le posibilita recibir pagos aunque no exista una supervisión especializada a la obra.
Ese contrato fue redactado al amparo del Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, que autoriza a Yacimientos a realizar contrataciones directas (sin licitación) de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría en el área productiva de hidrocarburos.
Formaron parte de esa comisión calificadora Esther Rosario Carmona Nogales, ex directora jurídica de YPFB y ex jefa de Gabinete de Ramírez cuando éste era presidente de la Cámara de Senadores; Julio Anagua Chumacero; Daniel Álvarez Dante; Javier Ernesto Guzmán Navarro y Diego Argandoña Aramayo.
Todos ellos son militantes del Movimiento Al Socialismo, según confirmó el Vicepresidente del frente oficialista, y fueron remitidos al Tribunal de Honor, que puede expulsarlos del grupo después de una investigación preliminar, tal como ocurrió con Ramírez el miércoles 11 de marzo.
También son indagados por el escándalo los masistas Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Roca, Federico Galán Laime y Richard Aguilera Montecinos, quienes fueron acusados de manera verbal ante el Tribunal de Honor.
No obstante, se conoce que Marco Antonio Vega formó parte de la comisión evaluadora del contrato con Catler-Uniservice.
Los hechos de corrupción en YPFB se destaparon después del asesinato del empresario Jorge O’Connor el 27 de enero para robarle 450.000 dólares que, supuestamente, eran una coima para Ramírez, quien fue destituido de su cargo y permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro a la espera de un juicio, aunque sus abogados tramitan la cesación de medidas preventivas a su favor.
Entre los involucrados en la comisión que calificó a Catler sobresale Esther Carmona, quien acompañó a Ramírez desde su labor en el Senado. En YPFB, la masista ocupó la Dirección Jurídica y fue vicepresidenta del Directorio de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras S.A.), creada para la recalificación de garrafas. Firma también investigada por corrupción.
La funcionaria fue alejada de su cargo el 31 de enero, junto con otros nueve ejecutivos de la estatal por su presunta participación en hechos irregulares en la firma del contrato entre el Estado, representado por YPFB, y Catler-Uniservice, dirigida por O’Connor.
Carmona fue aprehendida el 16 de febrero, pero la juez cautelar Marcela Siles dictó medidas sustitutivas a la detención mientras dure la investigación. Se le imputan los delitos penales de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
Los otros masistas que formaron parte de la comisión, a saber Anagua Chumacero, quien hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto de la planta separadora de líquidos; Álvarez Gantier; Guzmán Navarro; Argandoña Aramayo; Sclink Ontiveros; Vega del Carpio; Morales Troncoso; García Coca; Galán Laime y Aguilera Montesinos, también fueron denunciados como autores materiales e intelectuales de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y otros en el ejercicio de la función pública.
Se conoce que estos funcionarios formaban parte del entorno más estrecho de Ramírez. La Fiscalía también investiga por estos hechos a María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz, este último era gerente de Planificación de la estatal. De estos últimos no se sabe si son parte del MAS.
El proceso
El senador del MAS Félix Rojas informó que el Tribunal de Honor está sustanciando cada uno de estos casos antes de que emita un pronunciamiento. La instancia está integrada por tres miembros del partido: Mario Flores, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Silvia Lazarte, ex presidenta de la Asamblea Constituyente y dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, y Felipe Sebastián, militante de base.
No obstante, si estos once masistas son expulsados como Ramírez, según el Estatuto del Movimiento Al Socialismo, pueden retornar al frente si prueban su inocencia de las denuncias.
El escándalo de corrupción que se destapó en YPFB y que llevó a la cárcel a su ex presidente afectó la imagen del partido, reconoció Sergio Loayza. “Lucharemos frontalmente contra la corrupción, masistas o no masistas deben ir a la cárcel. Nos ha lastimado lo de Ramírez”.
El Vicepresidente del partido gobernante informó que se han recibido otras denuncias más similares, pero de forma verbal y sin la documentación necesaria para sustentarlas.
El caso denunciado más reciente es del diputado Julio García, quien pidió 40 cargos en la Caja Nacional de Salud (CNS) por su condición de parlamentario oficialista. El jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, César Navarro, advirtió la semana pasada que el hecho será investigado y que, de ser necesario, el legislador pasará al Tribunal de Honor.
Para evitar que existan más masistas envueltos en hechos irregulares vinculados a la administración de recursos públicos, el MAS creará una Escuela de Formación Ideológica. Y Loayza dijo que la lucha contra la corrupción será frontal desde este año.
El “instrumento político” desarrollará un encuentro el 3 y 4 de abril en Cochabamba, donde se prevé aprobar “un reglamento más contundente”. El dirigente departamental del MAS en La Paz Samuel Guarayo indicó que el objetivo es “tener más disciplina partidaria y para que los masistas trabajen para el país, no para ellos”.
La escuela de formación político-ideológica y de gestión pública del MAS igual busca preparar técnicamente a las futuras autoridades del partido y crear el “compromiso revolucionario” en ellos para evitar que incurran en actos de corrupción.
El control social del oficialismo
El Movimiento Al Socialismo (MAS) apuesta a la implementación del control social para vigilar el funcionamiento de las instituciones del Estado y de las empresas estratégicas del país, y así evitar que existan actos de corrupción como ocurrió la estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El senador masista Félix Rojas explicó que esta instancia de vigilancia deberá aplicarse en todos los ministerios, viceministerios y direcciones del Estado, así como en los municipios, departamentos y regímenes autónomos. También en consorcios estatales, como YPFB, e incluso en aquellas empresas privadas que suscriban contratos con el Estado.
“La lucha contra la corrupción se va a profundizar con la cristalización del control social. Como dictamina la Constitución Política vamos a pelear permanentemente para que el control social esté en todas las instituciones, no solamente de la administración pública, sino también en las empresas privadas que tengan contratos con el Estado. Así el control será efectivo en todas las instancias”.
El legislador masista explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que será elegida el 6 de diciembre, deberá elaborar las leyes reglamentarias para que el Control Social se dé en todas las instancias en las que el Estado tiene actividad económica.
Los movimientos sociales afines al MAS ya anunciaron que serán los únicos que vigilarán la cosa pública.
Otros casos en Cochabamba
Tres ex autoridades municipales del MAS fueron enviadas al Tribunal de Honor. El ex alcalde de Vinto (Cochabamba) Pacífico Otálora, actualmente detenido en el penal de San Antonio, acusado de desfalcar 1,5 millones de bolivianos y de tráfico de influencias; el ex alcalde de Quillacollo Hugo Miguel, investigado por hechos de corrupción por los cuales en diciembre de 2008 solicitó una licencia indefinida ante el Concejo de ese municipio, y el último es el ex concejal de Vinto César Olmos, también denunciado ante el Tribunal por supuestos actos de corrupción junto con el ex alcalde municipal Otálora.
Asimismo, Miguel y Otálora fueron conminados el año pasado por el presidente Evo Morales a abandonar sus cargos y permitir que sean investigados por el MAS y la justicia ordinaria.
Dentro del partido gobernante se sabe que ésos no son los únicos casos de corrupción descubiertos entre los funcionarios del partido.
El año pasado, la ministra (entonces viceministra) de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ante el Ministerio Público al ex concejal municipal de Puerto Pérez (La Paz) Faustino Mamani Salinas por prolongación de funciones y falsedad ideológica.
Se conoció que el 30 de diciembre, en Cochabamba, en la evaluación de los tres años del Gobierno, el Mandatario recibió informes de irregularidades en mandos medios de ministerios y municipios. Esa noche, el Jefe de Estado pidió públicamente a sus ministros “mayor control”.
Los masistas que son investigados
CASO YPFB
Esther Rosario Carmona Nogales: Estuvo a punto de quedar detenida y la juez ordenó medidas sustitutivas porque no se sustentó bien la imputación en su contra. Fue jefa de Gabinete de Santos Ramírez cuando éste presidió el Senado y pasó con él a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Fue miembro del Directorio de SIPSA, la empresa que creó junto con Santos Ramírez.
Javier Ernesto Guzmán Navarro: Hombre de confianza de Santos Ramírez Valverde. Formó parte de la comisión de calificación del contrato con Catler-Uniservice S.R.L.
Marco Antonio Vega del Carpio: Fue director Nacional de Planificación de YPFB. Fue separado de la estatal petrolera en el primer grupo de despedidos, por decisión tomada en el consejo de ministros. Era el inmediato inferior de Rodrigo Carrasco, acusado por el Gobierno de pertenecer a la CIA y de haber filtrado información. Estuvo en la comisión de calificación del contrato con Catler.
Federico Galán Laime: Relacionado con la firma del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Catler-Uniservice S.R.L. Participó en la comisión de calificación que revisó los detalles del acuerdo.
Julio Anagua Chumacero: Participó en la formación de SIPSA y en la comisión calificadora del contrato con Catler-Uniservice.
Richard Aguilera, Iván García Coca, Elizabeth Morales Troncoso, Diego Argandoña Aramayo, Daniel Álvarez Dante y María Eslid Ontiveros: Todos ex funcionarios de YPFB, las denuncias presentadas contra ellos son por vinculación. No se han sustanciado sus casos.
OTROS CASOS
Pacífico Otálora: Ex alcalde masista del municipio de Vinto. Desfalcó alrededor de 1,5 millones de bolivianos y está comprometido en actos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La denuncia la formuló el concejal opositor Isidro Ascui. Dejó el cargo el 9 de diciembre cuando fue posesionada como nueva alcaldesa Estefanía (MAS). Las autoridades de inmediato se trasladaron a la oficina del entonces Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción con el propósito de entregar documentos que supuestamente implican a Otálora en actos de corrupción. En diciembre de 2008, el propio presidente Evo Morales había conminado a Otálora a alejarse del cargo para defenderse de los procesos judiciales iniciados en su contra. El juez de Medidas de Cautelares del Distrito Judicial de Quillacollo, William Carballo, ordenó el 20 de enero la detención preventiva del ex Alcalde de Vinto.
César Mercado Olmos: Fue concejal del municipio de Vinto, también es investigado por haber participado en los actos irregulares de Otálora. El Ministerio de Lucha contra la Corrupción presentó la denuncia ante la Fiscalía por manejo irregular de bienes y recursos del municipio.
Hugo Miguel: Es ex alcalde del municipio de Quillacollo, accedió a su cargo con la sigla del Movimiento Al Socialismo. Miguel, luego de varias denuncias de mal manejo económico y corrupción durante su gestión, recibió la conminatoria del presidente Evo Morales para que abandonara su cargo y se sometiera a una investigación. En diciembre del año pasado pidió una licencia indefinida para ser investigado.
Faustino Freddy Mamani Salinas: En 2008 el entonces Viceministerio Anticorrupción (ahora Ministerio) denunció la Fiscalía al ex Concejal de Puerto Pérez por anticipación o prolongación de funciones, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El MAS pretende deshacerse de la corrupción
El MAS busca “limpiar” su imagen política después del escándalo de corrupción en YPFB.
El Tribunal de Honor tiene en su agenda la investigación de al menos 14 casos de militantes.
Los implicados pueden ser expulsados del partido si se comprueban los hechos denunciados.
El Tribunal asume sus decisiones después de una evaluación de las pruebas recolectadas.
Esta instancia de control interno expulsó al hombre fuerte del MAS Santos Ramírez.
El partido oficialista tendrá una Escuela de Formación ideológica para sus seguidores.
En ese centro, por ejemplo, se darán clases de marxismo y otras corrientes filosóficas.
En los tres años de gestión del presidente Evo Morales se destaparon varios casos de corrupción.
La mayoría de los hechos implicó a masistas, como José Bailaba por el caso “visas chinas”.