Proceso. Hay respaldo a Angulo y se exige a YPFB aclarar la situación. Los destituidos alistan defensa legal para retornar a sus cargos. El Senado enviará el caso a la Fiscalía. Villegas opta por el silencio
Apoyo. El lunes los trabajadores de YPFB Transporte acompañaron a Angulo en la conferencia que ofreció en su sede
Hilton Heredia García | El Deber
A raíz de las denuncias efectuadas por el recientemente destituido presidente de YPFB Transporte (ex Transredes), Gildo Angulo, ayer el Sindicato de Trabajadores de esa empresa y algunos ex directores avalaron su accionar, y afirmaron que en la nacionalización de la transportadora no se tomaron en cuenta los adeudos al SIN, los pasivos ambientales ni el compromiso asumido por los accionistas de realizar ingentes inversiones.
Asimismo, denunciaron que siguen los operadores de la capitalización al interior de la compañía. Citan como ejemplo el caso del director J. M., además de una ‘lista negra’ que será presentada este viernes al titular de YPFB, Carlos Villegas.
“Tengo mucha documentación de gente comprometida con la capitalización y en la cual no figura el actual presidente, Cyro Camacho. Sin embargo, está el director J. M. y otros más. Nosotros dijimos que había sabotaje y lo siguen haciendo, y solo falta que venga Alfonso Revollo. Las denuncias formuladas por el señor Angulo nosotros la habíamos efectuado hace unos meses. Si hablamos de una autonomía del directorio, ésta debería ser plena y con un perfil profesional técnico, sin ningún compromiso con la capitalización”, afirmó el dirigente Rolando Borda.
También indicó que enviaron cinco cartas a Villegas y solamente ha dado respuesta a una. En ese sentido, adelantó que solicitarán por última vez una reunión para analizar este tema. “Si no nos escucha, podremos adoptar las medidas que el caso aconseje”, afirmó.
Consultado sobre los cambios en la transportadora, expresó su preocupación por la destitución de Hernán Vásquez, que se venía desempeñando como responsable de Recursos Humanos. “No corresponde su destitución porque no tiene ningún proceso legal ni administrativo en su contra”, sostuvo.
Por su lado, algunos ex directores señalaron que Villegas actuó al calor de la nacionalización y confundió al país. “Ésta es una situación muy delicada, mucho más porque se convocó una junta de accionistas violando los estatutos de la compañía y por lo tanto, vamos a asumir defensa legal para ser restituidos”, sintetizó uno de los directores.
Según el capítulo II del estatuto referido al directorio, en su artículo 52, señala que para cesar de su cargo a un director, éste debe ser encontrado culpable de algún delito o tener responsabilidad en algo que hubiese incurrido.
Asimismo, aclaran que la junta de accionistas del pasado lunes fue suspendida al mediodía por la amenaza de una bomba en el edificio Multicentro de La Paz, por lo tanto la convocatoria a otra reunión debió ser informada a los directores destituidos, lo cual no ocurrió.
Al respecto, YPFB optó por mantener silencio y dejar que YPFB Transporte siga adelante a pesar de las críticas.
Por su parte, expertos del área indicaron que el problema radica en que YPFB es el ‘superaccionista’ mayoritario y por ello hace lo que quiere con el directorio.
No obstante, aclaran que, de acuerdo con el Código de Comercio, la estatal tiene potestad para destituir a los directores, pero que la forma como actuó no es la correcta.
La red Erbol señaló que el Gobierno no difundió los contenidos de los decretos supremos relacionados al caso, que liberaban de una deuda impositiva de $us 50 millones a los ex accionistas, violando de esta manera el derecho a la información.
Ortiz dice que remitirá el caso a la Fiscalía
El presidente del Senado Nacional, Óscar Ortiz, anunció anoche que remitirá el caso al Ministerio Público para su respectiva investigación. Además, no descartó que la comisión que maneja el caso cite la próxima semana al titular de YPFB y al contralmirante (r).
Precisamente el titular de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, afirmó ayer que los actos de corrupción suscitados en la transnacional deben ser sometidos ante la justicia ordinaria.
Mientras que la Contraloría espera una denuncia formal de Angulo para comenzar una auditoría; Angulo espera la citación del Senado, pero descartó una acción legal.
Masista denuncia más irregularidades
El diputado chuquisaqueño Wílber Flores (MAS) denunció ayer irregularidades en la planta procesadora de YPFB ubicada en Q`ora Q`ora del departamento de Chuquisaca, porque algunos funcionarios estarían desmantelando esa entidad.
El parlamentario presentó la denuncia en contra del jefe de planta de Q’ora Q’ora, Raúl Vásquez, el administrador José Luis Bustillos y el ex administrador Gonzalo Torres Rosales, por la mala administración y daño económico al Estado. Los tres no pudieron ser ubicados por este medio.
Flores indicó que en julio de 2008, funcionarios de la administración de YPFB regional Chuquisaca, con fines de interés personal y sin considerar las normas administrativas, procedieron a enterrar considerables cantidades de tuberías de alta presión, vigas metálicas, brindas, rieles, codos y otros a dos metros de profundidad, los que ahora han sido desen- terrados y trasladados gradualmente, a altas horas de la noche, a lugares desconocidos.
“Aprovechando la oscuridad, distancia y ausencia de movimiento de personas, habrían procedido a cargar y trasladar a lugares desconocidos de la planta procesadora de YPFB Q’ora Q’ora dos orugas y turriles de cobre, que son de la entidad estatal”, indicó.
Por otra parte, YPFB declaró ayer desierta la licitación para el suministro de 200.000 medidores de gas natural para usuarios domésticos. Ayer no se presentaron proponentes. Ésta es la tercera de las seis licitaciones que no tienen ofertas.
El estatuto
– Art. 51. Los miembros del directorio durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
– Art. 52. Los directores están obligados a permanecer en sus funciones hasta que los de la nueva elección asuman sus cargos. Los directores cesarán cuando la Junta General Ordinaria resuelva exigirles judicialmente la responsabilidad en la que hubieran incurrido. Serán repuestos cuando la autoridad judicial declare improbada la acción contra ellos