Conflicto. Las instituciones y entidades cívicas rechazan el programa de asentamientos humanos con fines electorales y anuncian cabildos de autodefensa. Potosinos temen por la salida de comunarios.
Quintana aseguró que el gobierno “no dará un paso atrás” en los asentamientos.
Protesta: mototaxistas afines al MAS bloquean la pista de aterrizaje del aeropuerto de Riberalta, el miércoles
La Prensa
El Consejo enviará una nota al Alto Comisionado de la ONU para acusar al plan de “genocida”. Quintana anunció que el programa de asentamientos se extenderá a Santa Cruz y Cochabamba.
Los comités cívicos de Pando y Beni conformaron el Consejo de Defensa de Tierras para evitar la llegada de colonos del occidente como pretende el Gobierno y la toma de tierras como anunció la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam).
Esta organización tendrá dos brazos operativos. El primero se encargará de convocar ante cualquier ingreso de colonos a cabildos de emergencia para evitar asentamientos. El segundo coordinará la organización de una consulta departamental.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió ayer que el programa gubernamental de asentamientos humanos en el norte amazónico “no dará un paso atrás” y anunció que el presidente Evo Morales entregará en los próximos
días un millón de hectáreas de tierras fiscales en el departamento de Santa Cruz a campesinos y pueblos originarios.
La autoridad no dio detalles del plan, pero anunció que habrá una “política permanente” de redistribución de tierras para asentamientos en Santa Cruz, Pando, Tarija, Cochabamba y otros departamentos.
La cumbre de organizaciones cívicas concluyó con la firma de la Declaración de Riberalta, que expresa rechazo al plan de asentamientos.
En la nota se advierte sobre medidas de presión y denuncias contra el Gobierno ante la comunidad internacional por un supuesto “intento de genocidio”, pues al enviar campesinos de occidente a la amazonia se estaría poniendo en riesgo grave la salud de los inmigrantes.
El secretario general del Comité Cívico beniano, Alonso Mejía, informó que en el encuentro participaron unas 40 organizaciones de ambos departamentos.
Se determinó que el Consejo de Defensa coordinará un paro cívico y cabildos en Cobija y Trinidad para rechazar el plan de asentamientos. Además elaborará una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, en la que se definirá el plan del Gobierno como “genocida”.
El argumento cívico es que en anteriores asentamientos, como el de Yucumo en la década de 1980, murieron 25 de cada cien personas porque no estaban dadas las condiciones para que habitasen las zonas que les tocó ocupar.
El programa de colonización impulsado desde el Ejecutivo consiste en trasladar alrededor de 2.000 familias a nueve zonas fronterizas de Pando donde existe presencia ilegal de brasileños que explotan recursos naturales, como la madera.
Las primeras 700 familias paceñas, según el ministro Quintana, partirán a esa región en agosto y gradualmente migrarán las otras 1.300 tomadas en consideración en el plan gubernamental.
Otra de las propuestas que salieron del encuentro de Riberalta es la organización de referendos relativos a la llegada de colonos. Las asociaciones de Municipios de Pando (Amdepando) y de Beni (Amdebeni) se ocuparán de organizar la iniciativa.
Para tal efecto se emitirán resoluciones municipales y solicitarán libros al Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Todavía no se ha definido la fecha.
Señalan a Quintana
El prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sattori, en una entrevista concedida a la red televisiva Unitel, expresó su rechazo al programa gubernamental al señalar que éste es “inhumano”. “Traer personas desde Potosí que están acostumbradas, que viven bajo un promedio de temperatura de dos, cuatro grados a un lugar donde se vive en promedio 34, 36 grados no es humano. El medio ambiente, los mosquitos…, esa gente no está acostumbrada a eso, cuando no hay condiciones básicas mínimas para poder vivir. Aquí hay una intención inhumana de parte del Gobierno al tratar de trasladar gente con fines políticos”.
Suárez responsabilizó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de la toma del aeropuerto de Riberalta el martes por parte de mototaxistas y funcionarios para evitar que se desarrollara la cita que había sido organizada para rechazar el programa de asentamientos.
Los cívicos y dirigentes de esa región consideran que este traslado tiene fines políticos porque, de acuerdo con los cálculos electorales, con el voto de 4.000 personas puede ganar las cuatro senadurías de esa región y controlar la Cámara de Senadores, hoy de mayoría opositora. Ayer, Quintana aseguró que el programa de asentamientos “no dará un paso atrás”.
“Los que se oponen son los grandes latifundistas, los que ostentan el poder económico. Al contrario, los que apoyan este programa son las organizaciones y los movimientos sociales”.
La Codelcam Pando quiere tomar el Comité Cívico
Miembros de la Coordinadora Departamental para el Cambio (Codelcam), que forma parte de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), afín al MAS, intentaron tomar el inmueble del Centro de Acción Pandina en Cobija aprovechando que la mayoría de su dirigencia se encontraba en la reunión de organizaciones amazónicas en la ciudad de Riberalta.
Carmen González, asesora jurídica del Comité, acusó a los miembros de la Codelcam de intentar ocupar el edificio al aprovechar la ausencia de los principales líderes, que se encuentran en Beni para asistir a la reunión de Riberalta. La cívica, desde Trinidad, afirmó: “Si no fuera porque el pueblo salió a defender su comité, se hubieran entrado”.
El intento de toma ocurrió la tarde del martes cuando un grupo de personas intentó forzar la puerta del Comité, instalado en la avenida Teniente Coronel Enrique Fernández, a una cuadra de la plaza principal Germán Busch. Según el relato brindado por González, la población, enterada del hecho, acudió a defender el inmueble.
Mientras, el dirigente de la Codelcam Ernesto Cornejo, según informó ABI, denunció que una turba “que responde al mando del Ana Melena (ex dirigente cívica refugiada en Brasil)” impidió a los sindicalistas reunirse para designar a la nueva dirigencia cívica de la región.
El dirigente indicó que varios miembros de la Codelcam resultaron con contusiones de diversa gravedad. La denuncia ya fue presentada ante la Policía. “Estos grupos de choque eran empleados de la Prefectura de Pando, encabezada entonces por Leopoldo Fernández Ferreira, y algunos de ellos estuvieron en Porvenir a mediados del año pasado”.
Potosinos se oponen al traslado
En Potosí, los cívicos están en contra del traslado de campesinos de esa región a Pando, ya que temen que un despoblamiento termine perjudicando a este departamento, como en la reducción de escaños en el departamento o la disminución de recursos económicos que se entregan en función de la población, sin contar un retraso en el desarrollo regional, comentó Pastor Villafuerte, dirigente del Comité Cívico Potosinista.
“No nos cansamos de decir que incluso esto va a tener repercusiones en lo que es la cantidad de senadores, de diputados por el departamento en la redistribución de los recursos de algunos ingresos económicos para la región, para el departamento, por eso es que nosotros hemos observado esta situación y no estamos de acuerdo y no nos vamos a cansar de decir que éste es un movimiento político y electoral”.
El dirigente aseguró que se trasladarán a distintas regiones del departamento de Potosí para socializar este tema y explicar las desventajas del traslado al departamento de Pando.
El plan de asentamiento del Gobierno consiste en el traslado de 2.500 familias al norte amazónico (además de Pando se prevén asentamientos en Beni y el norte de La Paz).
El plan pretende establecer sesenta nuevas comunidades en tierras fiscales del departamento de Pando en los municipios de Puerto Rico, Bella Flor, Santa Rosa del Abuná, Sena, Filadelfia, Nueva Esperanza y Santos Mercado.
La propuesta fue rechazada por la oposición política y sectores cívicos en los departamentos de Beni y Pando reunidos el miércoles en un “cabildo abierto” en Riberalta.
Al respecto, el principal dirigente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, rechazó las críticas al traslado de campesinos a Pando y advirtió que, de persistir la resistencia de los cívicos en el oriente para impedir los asentamientos de los campesinos, aquella organización actuará por la fuerza para que se consumen los asentamientos.
“Los dirigentes tomaremos determinaciones y hagan que los movimientos sociales tomen decisiones más radicales y puedan tomar tierras en el oriente boliviano. Acá queremos que se respete la decisión del Gobierno, queremos que respeten los programas de asentamiento en Pando y los programas de asentamiento en Beni”.
Las declaraciones de Surco ocasionaron que los comités cívicos de Beni, Pando y Santa Cruz se pusieran en pie de lucha.
Suárez acusa a Quintana
El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, acusó al Ministro de la Presidencia de haber incitado los enfrentamientos en Porvenir que derivaron en la muerte de al menos once personas y un número indeterminado de heridos.
La autoridad departamental, en una entrevista con la red Unitel, indicó que el Ministro planificó todo lo sucedido en Pando para derrocar al ex prefecto Leopoldo Fernández y señaló que quiso hacer lo mismo en Riberalta el martes reciente cuando sindicatos de mototaxistas y funcionarios estatales tomaron el aeropuerto para impedir la cumbre amazónica contra el programa de asentamientos.
“Ese tipo, ese corrupto, el contrabandista, el asesino es el que organizó y planificó todo. El Ministro ya tenía planificado venir, porque estaba seguro de que iba a pasar algo similar a Pando ¿Quién fue el primero en llegar a Pando después de los enfrentamientos? Fue ese sinvergüenza, eso ya estaba programado, planificado”.
El plan del Gobierno
El Viceministerio de Tierras lleva adelante un programa para trasladar 2.000 familias a Pando.
El objetivo es sentar soberanía en zonas amazónicas fronterizas con Perú y Brasil.
Los futuros colonos provienen de los departamentos de La Paz y Potosí.
La oposición parlamentaria señaló que el objetivo real es mejorar la votación de Morales.
Ayer, el ministro Quintana aseguró que el programa “no dará un paso atrás”.
El traslado de personas comenzará en agosto y se desarrollará de forma escalonada.