El Contralor interino Gabriel Herbas y un experto proponen el cambio de la ley Safco. Además, 250 recomendaciones están parcialmente aplicadas y solamente 116 fueron acatadas.
Trescientos cincuenta y un recomendaciones de auditorías especiales que emitió la Contraloría General del Estado (CGE), de 766, no fueron aplicadas hasta la gestión 2008 en las instituciones de la administración pública, entre alcaldías, prefecturas, universidades, ministerios y entidades descentralizadas, como la Aduana Nacional, el Servicio de Caminos, la Administradora de Carreteras y otros.
La cifra se dio a conocer en el Informe del Contralor General del Estado de la gestión 2008, presentado el 10 de julio.
Las recomendaciones de esta repartición surgen de las auditorías especiales que se hacen a proyectos específicos que ejecutó alguna institución estatal.
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En el informe de conclusión, la Contraloría plantea ajustes o aplicaciones sobre procedimientos operativos, contables y de control interno, como la falta de supervisión, de documentos, de uso de formularios y de controles en procedimientos.
De acuerdo con el reporte de seguimiento a las recomendaciones, además de las que no se implantaron, 250 se encuentran parcialmente aplicadas (32,63 por ciento), 116 se acataron (15,53 por ciento), y el saldo, 44, no resultaron aplicables.
La importancia de este procedimiento, según refiere la CGE en el informe de gestión, reside en que “es una de las maneras de medir la eficacia gubernamental y su aporte al mejoramiento de la entidad, tanto en lo administrativo como en lo operativo”.
En la introducción del documento, el contralor interino, Gabriel Herbas, sostiene que encontró a la institución “lenta y aletargada en sus resultados, ensimismada en la burocracia”. Añade, además, que “tiene una pesada carga de gestiones anteriores”.
La autoridad ejecutiva asumió el cargo el 31 de diciembre de 2008, después de que una comisión de la Cámara de Diputados suspendiera al titular Osvaldo Gutiérrez por supuesto incumplimiento para realizar las auditorías a las empresas petroleras.
El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que la Contraloría “no tiene forma de obligar (a la aplicación de la recomendación), la responsabilidad es de cada institución y de cada máxima autoridad”.
La CGE tiene como función fiscalizar los proyectos y tareas concluidas por las dependencias del Estado nacional para verificar que sus procedimientos fueron aplicados con base en las leyes.
Con este fin, tiene la obligación de realizar auditorías operacionales a los sistemas de administración y control (Sayco), aunque igualmente puede hacer revisiones especiales que concluyen en el establecimiento de responsabilidades económicas, administrativas, penales o civiles, y además recomendaciones.
Gutiérrez señaló, asimismo, que “ante el incumplimiento de las instituciones, la Contraloría solamente puede realizar otra auditoría con otras recomendaciones, pero nada más. “No existen mecanismos para que ante una incurrencia de incumplimientos se establezca alguna sanción para esa institución o esas personas que no están cumpliendo”.
De acuerdo con las normas de procedimiento de la Contraloría, de observarse incumplimiento, en algunos casos se establecen indicios de responsabilidad por la función pública.
Gutiérrez evidenció que lo que falta es “encontrar un mecanismo para hacer que las recomendaciones (de la Contraloría) tengan algún efecto y no queden en simples recomendaciones”.
Añadió que “uno de los puntos débiles de la aplicación de la Ley Safco” fue el trabajo de la Contraloría, debido a que dirige más sus esfuerzos a ver que se cumpla la aplicación de los sistemas de administración pública, “cuando debería, quizás, orientarse a temas mucho más específicos y particulares, como defraudación de recursos”.
Esto porque es más importante ver el resultado de un procedimiento y no tanto si se siguieron los pasos establecidos.
Herbas reconoce este vacío, que “en esta nueva forma de Estado” requiere “procesos de
reestructuración interna, normativa, operativa y administrativa” para que se cumplan las normas y el adecuado uso de recursos entregados por el Estado.
En este marco, plantea tres cambios: la sustitución de la Ley 1178 (Safco), la creación de una Ley Orgánica de la Contraloría y una reestructuración orgánica para ejercer de mejor manera el control gubernamental.
Gutiérrez dijo que esa ley tiene principios válidos para la gestión pública; sin embargo, “se debe revisar la normativa reglamentaria de la Ley Safco, porque se la hizo hace 20 años, y “merece ser revisada a la luz de la necesidad del país, para un mejor desempeño del sector público y un mejor control de recursos”.
Destacó que éste es un buen momento para hacerlo, pues una nueva Constitución Política del Estado gobierna el país.
Caminos no aplicó tres
En la auditoría especial realizada por la Contraloría General de la República (ahora del Estado) del túnel San Rafael, tramo vía Cotapata-Santa Bárbara, ejecutado por el ex Servicio Nacional de Caminos, actual Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en las gestiones 1997 a 1998 y 2001 a 2003, se hicieron cinco recomendaciones, de las que tres no fueron aplicadas, siendo cumplidas las restantes.
De acuerdo con el seguimiento hecho al informe final que emitió el Contralor el 21 de julio de 2008, las recomendaciones que el Servicio Nacional de Caminos no tomó en cuenta son las siguientes. Primero, la falta del envío de contratos a la Contraloría General del Estado para su control externo posterior. Segundo, el deficiente control de las pólizas de seguro, contratadas por la empresa constructora. Y la sobrevaluación del precio contratado para la construcción del túnel San Rafael.
Las recomendaciones que se implantaron se refieren a la demora en la presentación del certificado de pago por la empresa constructora, su trámite y cancelación, y la falta de confiabilidad en la información de presupuesto del ex Servicio de Caminos.
AASANA incumplió 35
La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) recibió 46 recomendaciones en la conclusión de la auditoría efectuada a los estados financieros de la gestión 2004, de las que 35 no fueron implantadas, seis fueron aplicadas parcialmente, dos se cumplieron a cabalidad y tres ya no eran aplicables a la fecha del seguimiento, ello por diferentes circunstancias.
Entre las tareas que no asumió la entidad de aeropuertos se encuentran: una cuenta bancaria sin respaldo de su existencia en la regional de la estatal en La Paz; además, la ausencia de documentos de propiedad de inmuebles; discrepancias en los registros contables; el pago del bono de antigüedad y la sobreevaluación de sus ingresos.
Sobre su oficina central, se señalan deudas por cobros de gestiones pasadas; impuestos, multas e intereses no registrados, deficiente control de asistencia de personal; sobregiro en gastos presupuestarios de servicios personales, entre otros.
También se menciona a la regional de Cochabamba por terrenos de aeropuertos sin títulos de propiedad y cuentas de deudores sin regularizar.
La Contraloría
La Contraloría General de la República cambió su nombre a Contraloría General del Estado desde el 1 de abril de 2009, debido a la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de enero.
La entidad tiene su oficina central en La Paz, pero también regionales en los otros ocho departamentos del país.
El Contralor General es elegido por el Congreso Nacional. Hasta el 29 de diciembre estaba en ese cargo Osvaldo Gutiérrez, quien fue suspendido dos veces por una comisión conformada por la Cámara de Diputados.
Desde el 31 de enero asumió la dirección de la Contraloría General el ex diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Herbas.
La Cámara de Senadores restituyó en dos ocasiones a la autoridad suspendida, Osvaldo Gutiérrez; sin embargo, la decisión no fue cumplida.
Herbas asumió el cargo por 90 días, no obstante, antes de que se cumpla el término fue nombrado de manera interina por tiempo indefinido por el presidente de la República, Evo Morales Ayma, y fue ratificado ante la decisión del Senado de restituir en el cargo a Gutiérrez, quien a su vez fue suspendido nuevamente por la Cámara Baja.
De acuerdo con la Constitución Política vigente, el Contralor es elegido por elección de la Asamblea Plurinacional de entre tres postulantes al cargo. LA PRENSA
