Instituto Prisma: Informe de Coyuntura Política Nº 2 – Julio 2009

I. Panorama general

La coyuntura política se resume en los siguientes aspectos:

1. La aprobación del Presidente Evo Morales y del gobierno nacional bajó levemente pero se encuentra en su nivel más bajo desde que inició el periodo constitucional.

2. Después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado la tarea del Parlamento se reduce al trabajo de Comisiones de Investigación vinculadas a diversos hechos de impacto político y la única decisión legislativa de impacto nacional en el periodo fue la aprobación de la Ley Electoral Transitoria.

3. El Poder Judicial atraviesa uno de sus peores momentos en el periodo democrático. La suspensión del Presidente Eddy Fernández en la Corte Suprema, la renuncia de la única magistrada en ejercicio que quedaba del Tribunal Constitucional, y la presencia de un solo miembro en la Judicatura dejan a estas instancias en difícil situación para desenvolverse de manera regular.

4. La oposición partidaria no ha mejorado su negativa percepción en el imaginario colectivo y actualmente lo que queda de las bancadas opositoras en el parlamento se encuentran en trabajo de comisiones y haciendo de freno a la modificación a la Ley Transitoria para habilitar el uso del padrón manual cuestionado.

5. Las principales autoridades regionales mantienen un significativo apoyo superior a los dos tercios de los encuestados en sus correspondientes regiones y el CONALDE aún no se ha manifestado respecto a las candidaturas en campaña para el 6 de diciembre.

II. PODERES DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo ha enfrentado diversos problemas: diversas denuncias de corrupción, los efectos negativos de las medidas nacionalizadoras, ineficiencia de gestión. Estos hechos han opacado la labor de algunos Ministerios que han trabajado arduamente como es el caso del Ministerio de Salud que adoptó medidas efectivas para frenar la epidemia nacional de dengue y que actualmente se encuentra implementando diversas y aceleradas acciones frente a la pandemia mundial de influenza que presenta varios casos en el país.

En general, la acción del gobierno se ha concentrado más en el ámbito político –que tiene una estrategia clara y permanente-, que en los ámbitos social y económico que han sufrido varios cambios en su orientación con los cambios en el gabinete ministerial durante lo que va del periodo. Los seis gabinetes muestran una columna vertebral de media docena de decisores junto al Presidente y al Vicepresidente de la República. El cuadro muestra el resumen de los cambios en el gabinete:

El Presidente de la República mantiene una presencia central en el ambito político nacional reforzando el perfil caudillista de la cultura política boliviana, a pesar de lo cual ha disminuido gradual y significativamente su apoyo como muestra la siguiente gráfica:

Aprobación del Presidente Evo Morales

Informe de Opinión Pública – Equipos Mori

En la gráfica se observa que incluso las medidas para incrementar el capital político promulgadas el primero de mayo de cada año han perdido efectividad: la aprobación al Presidente Morales se incrementó en 12 puntos porcentuales en mayo de 2006; en 9 puntos porcentuales en mayo de 2007; solamente 5 puntos porcentuales en mayo de 2008; y en mayo de 2009 apenas se incrementó 1 punto porcentual, es decir que los picos del apoyo que se percibían en los dos primeros años de gobierno han desaparecido.

Probablemente son varias las razones para esta gradual baja de la aprobación más allá del usual desgaste de gestión: el gobierno asoció la idea de “cambio” con tres aspectos concretos: lucha contra el neoliberalismo, inclusión indígena y lucha contra la corrupción. El primero se expresa en la destrucción del capitalismo lo que ha modificado la imagen de Evo Morales a nivel interno e internacional, especialmente por su proximidad con el proyecto chavista bolivariano; el segundo ha tenido grandes y positivos efectos para que un importante sector de la población se adscriba al Estado Boliviano a través del reconocimiento en la figura de Evo Morales; y el tercero ha tenido un negativo efecto boomerang después de las acusaciones de corrupción vinculadas a YPFB-Catler, a denuncias que involucran a Carlos Villegas, actual Presidente interino de YPFB, a Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, a Luis Arce, Ministro de Hacienda y al ex Superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa en el caso de contrabando de 33 camiones, a Susana Rivero, ex Ministra de Producción y Microempresa en el manejo del fideicomiso de 600 millones de dólares para compra de alimentos, a Patricia Ballivián, ex Presidenta de la ABC por contratos con sobreprecios, a irregularidades en el Plan Nacional de Vivienda Social, entre otros.

En cuanto al Poder Legislativo, en la presente gestión la única decisión legislativa de impacto nacional fue la aprobación de la Ley Electoral Transitoria durante el mes de abril. Después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la tarea del Parlamento se reduce al trabajo de Comisiones de Investigación vinculadas a diversos hechos de impacto político trascendental: la Comisión de Diputados que investiga la denuncia del contrabando de 33 camiones en la localidad de Puerto Evo; la Comisión de Investigación del Senado de la corrupción en YPFB-Catler; la Comisión de Constitución de Diputados con el juicio por retardación de justicia contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández; la Comisión de Derechos Humanos de Diputados a cargo de la investigación sobre maltrato a indígenas en Sucre en mayo de 2008; la Comisión de investigación de Diputados sobre los acontecimientos vinculados a supuesto terrorismo en Santa Cruz, entre otros.

El Poder Judicial atraviesa uno de sus peores momentos en el periodo democrático esta vez no debido a acusaciones de corrupción o ineficiencia como sucedió en algún momento, sino a partir de una pugna de poderes que inicia el Poder Ejecutivo contra el Tribunal Constitucional y más tarde incumpliendo determinaciones judiciales de la Corte Suprema -por ejemplo las relativas al traslado de Leopoldo Fernández a la ciudad de Sucre-, de modo que gradualmente la relación se fue deteriorando. Al presente la suspensión del Presidente Eddy Fernández deja a la Corte Suprema imposibilitada de designar a vocales en tres Cortes Departamentales por falta de quórum. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia autorizó el enjuiciamiento de nueve diputados oficialistas miembros de la comisión de Constitución y a la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por el procesamiento y suspensión de la magistrada Rosario Canedo. La renuncia de Silvia Salame, la única magistrada en ejercicio que quedaba del Tribunal Constitucional cesó el funcionamiento de esta fundamental instancia de control de constitucionalidad.

Actualmente, el único de los tres poderes del Estado que se encuentra en un normal funcionamiento es el Ejecutivo, la labor parlamentaria se restringe a las mencionadas comisiones y algunos de sus representantes se encuentran más concentrados en asegurar su presencia en las listas de candidatos para la elección de diciembre, y el Poder Judicial se encuentra sin quórum reglamentario para cumplir adecuadamente sus funciones.

En cuanto a la Corte Nacional Electoral (CNE), después de la aprobación de la Ley Electoral Transitoria inició la preparación del nuevo padrón con registro biométrico con diversos inconvenientes en la contratación de la empresa que proveerá el servicio. A raíz de ello, el Poder Ejecutivo intenta modificar la Ley Transitoria para habilitar el uso del padrón manual o de un sistema mixto, acción que ha generado polémica ya que el padrón manual fue ampliamente observado en su confiabilidad y parece innecesaria la previsión dado que después de la renuncia del ex delegado presidencial José Luis Exeni a la Presidencia de la CNE, los tres vocales en ejercicio se han mostrado dispuestos a retomar un curso institucional que devuelva la confianza a la población en el trabajo del órgano electoral y han comprometido terminar el padrón biométrico dentro del plazo señalado por Ley con la participación de las Cortes Departamentales en el registro.

Sin embargo, la CNE no tiene todos los problemas resueltos ya que el gobierno sólo desembolsó US$ 15 millones de los US$ 43 millones requeridos para el cumplimiento de sus tareas; y sobre todo porque existen otros complicados problemas que debe atender relacionados al proceso electoral al margen del tema del padrón: sigue pendiente la auditoría al Sistema Nacional de Identificaciones que contribuye a contaminar el registro; debe evitar la aplicación del voto comunitario que va contra el derecho constitucional a emitir el voto de manera libre y secreta; debe garantizar la presencia de delegados opositores en las mesas; la presencia de observadores; sancionar a quienes amenacen con linchar, degollar o enterrar vivos a candidatos opositores; debe posibilitar el acceso de todos los candidatos en todo el territorio nacional; debe garantizar que los jueces de mesa cuenten con copia de las actas de escrutinio; entre otros.

III. SISTEMA DE MEDIACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Las organizaciones de representación y mediación política aún no han superado la profunda crisis que enfrentan desde hace una década, lo que se constituye en uno de los factores centrales que impiden la resolución de la crisis política boliviana. Existen 14 partidos políticos, dos agrupaciones ciudadanas y una alianza con personería jurídica en vigencia, como muestra el siguiente cuadro de la Corte Nacional Electoral.

Las organizaciones políticas no partidarias también enfrentan difíciles momentos: algunas organizaciones sindicales –como la COB o la CSUTCB- son cuestionadas por sus propias bases por haber abandonado la independencia sindical para ponerse al servicio de los intereses gubernamentales; los “movimientos sociales” están directamente asociados al MAS en el imaginario colectivo; los comités cívicos se encuentran muy debilitados a partir de septiembre del año pasado, de la judicialización de la política y de las supuestas vinculaciones a supuestos hechos terroristas en Tarija en septiembre de 2008 y en Santa Cruz en abril de 2009, a supuesto genocidio en Pando en septiembre de 2008 y a la participación en actos contrarios a los derechos humanos en mayo 2008 en Sucre.

IV. Algunos Temas relevantes

La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) el 25 de enero ha generado diversos efectos al mismo tiempo que su casi inmediata violación por oficialistas y opositores desde el mismo momento de su promulgación. Algunos ejemplos: la reorganización de la estructura del Poder Ejecutivo no se basa en una Ley ni respeta la equidad de género; la Ley Electoral Transitoria no cumple el mandato de la existencia de 65 diputados plurinominales y 65 diputados uninominales, no respeta la proporcionalidad en la participación de las 36 naciones indígena originario campesinas, ni cumple algunas de las disposiciones transitorias; el D.S. 0048 cambia el nombre de la República de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia siendo que la CPE mantiene una identidad republicana; el D.S. 0138 referido a financiamiento al terrorismo atenta contra derechos y garantías expresados en la CPE.

Más allá de estos temas puntuales, a nombre de la nueva CPE se ha acelerado la toma de tierras, ha continuado la toma de minas y hasta se ha producido la toma de viviendas particulares como es el caso de la casa del ex vicepresidente constitucional Víctor Hugo Cárdenas o de la ex diputada del MAS Marleny Fernández. En algunos casos estas acciones se han acompañado de la aplicación de la justicia comunitaria a pesar de no existir aún una Ley de Deslinde Jurisdiccional que debe ser redactada por la futura Asamblea Legislativa Plurinacional y aunque no se han definido los límites de las nuevas unidades territoriales denominadas autonomía indígena originario campesina. Estos factores exponen de manera temprana algunas de las dificultades que implica la aplicación de la nueva CPE, de sus propios límites y contradicciones.

Son cuatro los temas centrales que se resaltan en la coyuntura: los supuestos actos de terrorismo separatista; las diversas denuncias de corrupción a funcionarios del gobierno; el deterioro de las relaciones internacionales con algunos países; y el proceso pre electoral.

Más allá de las características de los hechos y de los detalles de la investigación de la fiscalía o de la Comisión de la Cámara de Diputados, los dramáticos sucesos de abril en Santa Cruz tienen efectos políticos en el gobierno y en la oposición. En el primer caso, al interior de gobierno se percibía un cambio de orientación hacia una línea más dialógica y concertadora en la figura del Ministro Carlos Romero que lideriza la negociación con las regiones autonomistas para la formación del Concejo Autonómico y con los partidos opositores en el Parlamento para la aprobación de la Ley Electoral Transitoria. Al mismo tiempo los representantes de la “línea dura” dentro del gabinete se encontraban de bajo perfil y fue el supuesto terrorismo el factor que permitió que éstos últimos retomen el control del poder al interior del gobierno.

En el segundo caso, la dirigencia autonomista cruceña mostró no solo debilidad sino una ausencia de un eje de articulación al mostrar contradicción en sus acciones y aún en sus declaraciones. Algunos abandonaron el país, otros decidieron respetar la jurisdicción natural, otros se presentaron a la fiscalía en La Paz, y se muestran amedrentados aún por haber financiado la lucha autonomista. En resumen, el gobierno recuperó posiciones en la lucha política contra las regiones y las dirigencias regionales aún no logran recuperarse.

Las relaciones internacionales han enfrentado diversos problemas: con Paraguay en tres oportunidades debido al asilo de dos acusados de asesinato, por invasión de territorio y por secuestro de un ciudadano; con España y con Italia por las nacionalizaciones; con Brasil y Argentina por el gas; con Irlanda y Hungría por la muerte de los supuestos terroristas en Santa Cruz; con Israel por las relaciones con Irán; con Estados Unidos en múltiples oportunidades: desde la expulsión de Goldberg y Martínez, hasta la de la DEA y las denuncias contra los proyectos de USAID; y en este periodo se han deteriorado gravemente las relaciones con el Perú con el que se han presentado problemas con anterioridad por la negativa oficialista a extraditar a Walter Chávez, por la firma del TLC peruano, por el asilo a ex ministros de Sánchez de Lozada, y ahora por el supuesto apoyo del gobierno boliviano a la rebelión y a la revolución indígena.

Faltando seis meses para los comicios electorales del 6 de diciembre ya existen nueve candidatos en carrera: René Joaquino con el partido Alianza Social (AS); Victor Hugo Cárdenas sin sigla definida; Alejo Véliz con el partido Pueblos Unidos por la Libertad y Soberanía (PULSO); Manfred Reyes Villa sin sigla; Húgo San Martín y Sául Lara sin sigla; Román Loayza con el partido Movimiento de Unidad Social Patriótica (MUSPA); y recientemente Peter Maldonado y Marcelo Antezana sin sigla determinada. Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN) aún no ha lanzado su candidatura pero se encuentra en campaña hace varios meses. Los Prefectos Costas y Cossío y el ex Presidente Carlos Mesa anunciaron públicamente su decisión de no presentar candidaturas presidenciales.

Al parecer la oposición no ha tomado conciencia de las características de la crisis de Estado que atraviesa el país, de las singularidades de este momento electoral y aún cuando la mayoría presentan visiones complementarias las candidaturas se multiplican. Queda claro que el “Fuera Evo” no es razón suficiente para articular el desencanto de la población con el proceso de cambio, y probablemente esta sea una etapa de una especie de “primarias” mediaticas que posibilitarán los acuerdos y alianzas entre algunos candidatos. Por último, el binomio oficialista aún no está resuelto y la decisión tendrá impacto central entre sus adherentes: el vicepresidente García Linera no cuenta con el apoyo de algunos actores de base fundadores del MAS que han solicitado la candidatura de Leonilda Zurita y el MSM se encuentra debatiendo las aspiraciones vice presidenciales para Juan Del Granado. La decisión final podrá fortalecer o debilitar a Morales para recuperar apoyo en las ciudades.

V. Percepciones ciudadanas

1. Renuncia del presidente de la cne

2. Voto en el exterior

datos de Junio:

Archivos hemerográficos diarios de: La Razón, La Prensa y El Deber.

Informe de Opinión Bolivia, Mayo 2009, Ipsos Public Affairs, 1.033 boletas en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, margen de error de +/- 3.1 %, estimando una confiabilidad del 95% al asumir la máxima dispersión de los resultados (p/q=1). El estudio fue realizado entre el 10 y el 22 de mayo.

Informe Regular de Opinión Pública, Mayo 2009, Equipos Mori, 1.013 boletas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, margen de error de +/- 3.08% y para los resultados por ciudad de +/- 6.92% con un nivel de confianza del 95%. El estudio fue realizado entre el 15 y el 23 de mayo.