Jorge Lazarte R.
Como toda crisis, la crisis política en Honduras es reveladora de lo que no funciona en la democracia; de su fuerza nominal y su debilidad real ; de las disyuntivas que debe enfrentar; de los procesos que la ponen en entredicho y de las estrategias de los que invocan su nombre para todos los fines.
Ciertamente en Honduras se produjo un golpe militar que ha derrocado a un Presidente elegido democráticamente, aunque los golpistas no se hubieran hecho del poder. Desde el punto de vista de los principios democráticos, no hay duda que debe ser condenado y sin ambages. No hay derecho que lo justifique. La reacción de la comunidad internacional fue rápida, como nunca había ocurrido antes.
Pero desde el punto de vista analítico lo ocurrido, sin embargo, requiere de una explicación, que no puede hacer la economía del proceso previo por el cual desde el gobierno se quebró el derecho. El golpe fue el estallido, por el mal costado, de una crisis que fue tensionando al país desde hace dos años, pero sobre todo en los últimos meses. El factor inmediato fue la decisión de Manuel Zelaya, el Presidente derrocado, de llevar adelante un referendo para una nueva constitución, que viola expresamente la Constitución Política(CP) hondureña. Las distintas resoluciones judiciales en distintos niveles declararon la inconstitucionalidad de la consulta.
Un gobierno democrático que tiene una sentencia judicial vinculante en su contra, habría congelado su iniciativa. Zelaya optó por desafiar a la Corte Suprema de Justicia, a la fiscalía, al Tribunal de elecciones- el único habilitado constitucionalmente para conducir el proceso de consulta-; al parlamento abrumadoramente contrario a la iniciativa presidencial, y se puso al frente de todo el sistema institucional. Estaba claro que este desprecio a la ley y las instituciones sólo puede explicarse por motivaciones políticas y de poder. El cálculo de Zelaya era ganar en la consulta y luego constreñir al Congreso Nacional a aprobar la convocatoria a la Asamblea Constituyente- que no reconoce la CP- ; proceder a los cambios “revolucionarios” para “refundar” el país, y habilitar la reelección presidencial, igualmente prohibida por la actual constitución hondureña. Todo esto según un libreto muy conocido de gobernar desde la calle.
Sin lugar a dudas, el caso hondureño nos remite a las vulnerabilidades de la democracia en América Latina, que son muchas, y entre ellas lo que desde el poder se hace con ella o contra ella, diariamente. La democracia puede hundirse súbitamente por un golpe o una acción rápida, pero puede también perecer poco a poco. Con ello aludimos a gobiernos denominados “populistas” en sus distintas vertientes, cuyo común denominador es su profundo desprecio al Estado de Derecho, sin el cual no hay democracia, por lo menos en los términos generalmente aceptados en las institucionales internacionales más relevantes como la OEA, NN.UU, la UE.
La violación de la ley en este tipo de gobiernos es ya una norma práctica. Es decir, no pueden gobernar sin violar la ley convencidos de que son “el pueblo” , cuya soberanía- de la que se apropian- les otorgaría el derecho de creer que están “soberanamente” por encima de la ley. Pero allí donde no hay principio de legalidad es el reino de la fuerza, que es el umbral de la violencia siempre destructiva. El respeto al Estado de Derecho sigue siendo un exotismo en buena parte de la América Latina.
Lo inquietante de esta violación de la ley desde el poder es el comportamiento de muchas instituciones internacionales, que prefieran mirar hacia otro lado, como si el hecho de ser una violación paulatina la hiciera más tolerable. Parecería que es suficiente el origen democrático de los gobiernos para suponer que gobiernan democráticamente. A ello parece sumarse una suerte de mala conciencia con los excluidos de siempre y reivindicados por los gobiernos “populistas”, para ser indulgentes con los quiebres a las “formalidades” legales, asumidos como costos de un parto doloroso pero necesario.
Sin lugar a dudas, este es el camino más corto no responsable que refuerza la disociación entre justicia social y Estado de derecho, haciendo casi imposible el funcionamiento de la democracia. En democracia y en América Latina los cambios de “estructura” son necesarios, sólo que con métodos bien distintos.
Honduras es un caso ejemplar de golpes a la ley que pueden acabar en rupturas constitucionales en un proceso de deterioro cada vez más irreversible, como la gota continua que rompe finalmente el cántaro. Por ello es que cuando ocurre la ruptura no se puede alegar inocencia. Contribuir al colapsamiento paulatino de las instituciones democráticas es tan inaceptable como derrumbarlas mediante un golpe. Para evitar no llegar a esta catástrofe hay que actuar a tiempo.
En Honduras existe una situación de hecho respecto de la cual la primera y principal preocupación de los demócratas debe ser restablecer el Estado de derecho en un proceso difícil de negociación y de renunciamiento, que pondrá a prueba la convicción democrática de los que alegan defenderla. Para ahuyentar los fantasmas del pasado, la democracia debe ser defendida con los medios de la democracia. La democracia vive siendo más democracia y no menos, o convirtiéndose en “otra” democracia, que es la muerte de la democracia concebida como un pacto para eliminar la violencia en la “solución” de los conflictos.