En la Sala Plena se analizaron 3 propuestas, la mayoría apoyó remitir el caso a Santa Cruz. Gobierno anuncia juicio contra ministros de la Suprema.
Miembros de la supuesta célula terrorista encabezada por Rosza
EL DÍA
Sábado, 15 de Agosto, 2009
Los magistrados supremos decidieron anoche derivar a la Corte Superior de esta capital el expediente de la investigación sobre terrorismo para que resuelva el conflicto de competencia que hay entre dos jueces de La Paz y Santa Cruz.
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La Corte Suprema de Justicia resolvió anoche delegar que el conflicto de competencias entre jueces de los distritos de La Paz y Santa Cruz dentro del proceso por supuesto terrorismo, deberá ser resuelto por la Corte Superior de Santa Cruz.
La presidente de la Suprema, Beatriz Sandóval, dijo que la resolución fue asumida por siete de los doce magistrados componentes de la Sala Plena, entre los que se encontraban varios conjueces.
El 16 de abril la Policía desarticuló una presunta célula terrorista en un céntrico hotel de Santa Cruz, y eliminó al supuesto cabecilla, el boliviano Eduardo Rózsa y a dos extranjeros, en tanto que un ciudadano boliviano y otro húngaro guardan detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
El caso fue dilucidado en el tribunal paceño, pero la jurisdicción cruceña reclamaba que este proceso sea remitido a Santa Cruz, situación que originó un conflicto de competencias.
Sandóval informó que la disidencia había propuesto devolver el caso a La Paz, pero una mayoría de los jueces apoyó que el conflicto debe ser dirimido en Santa Cruz, al ser ese distrito el lugar de residencia del «juez que previno (conoció) primero» el caso, según el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, aclaró que deberá ser la Corte Superior de Santa Cruz la que emita una resolución sobre el conflicto entre dos jueces de distintos distritos judiciales.
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dijo que el procedimiento es el correcto y señaló que ahora corresponde que la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz radique el caso en el juzgado cruceño.
Sobre el tema, Samuel Saucedo, Vocal de la Corte de Santa Cruz, anunció que el lunes convocarán a sala plena para resolver el tema.
Según Abel Montaño, abogado de dos funcionarios de la Fexpo con arresto domiciliario, explicó que en un juicio por contrabando contra la empresa petrolera Andina que se ventilaba en dos juzgados, uno de Santa Cruz y Tarija, y se planteó un litigio similar, al final el proceso radicó en Santa Cruz por que en territorio cruceño vivían los imputados y estaban las pruebas.
El fiscal Marcelo Soza no fue ubicado anoche para hacer comentarios. ED/Agencias
‘Yo tengo la competencia’
El juez cruceño Luis Tapia Pachi señaló que tiene la competencia del caso de presunto terrorismo desde que el 1 de abril la esposa del viceministro Saúl Ávalos presentó la denuncia para que él se haga cargo del control jurisdiccional.
Señaló también que de acuerdo al artículo 49 del Código de Procedimiento Penal quien tiene preferencia es el juez del lugar de la comisión del delito o el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado o el juez de la residencia del imputado o donde éste fuera habido o el juez del lugar donde se descubran las presuntas pruebas
La juez paceña Betty Yañíquez estaba bajo el control juridisccional del caso desde el 15 de abril, quince días después, siendo que los supuestos hechos ocurrieron en Santa Cruz y se estaba coartando el derecho a la defensa de los imputados.
El conflicto
Conflicto de competencias • Si dos o más jueces o tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte Superior del Distrito del juez o tribunal que haya prevenido o conocido primero el caso en cuestión. (311 del Código de Procedimiento Penal)
Dos jueces • La juez paceña Betty Yañíquez y el juez cruceño Luis Tapia se declararon competentes y por eso el caso estaba en la Corte Suprema de Justicia.
Pugna de jueces por el caso Rózsa pasa a Corte cruceña
EL GOBIERNO ANUNCIA JUICIO CONTRA MINISTROS DE LA SUPREMA
En la Sala Plena se analizaron tres propuestas, pero la mayoría apoyó remitir el caso a Santa Cruz.
Correo del Sur y La Prensa.- La Corte Suprema de Justicia derivó ayer a la Corte de Distrito de Santa Cruz el conflicto de competencias entre los jueces de La Paz y de la capital oriental sobre el caso Eduardo Rózsa. El Gobierno anunció que iniciará un proceso por prevaricato contra esos magistrados.
La decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo, integrada por 12 miembros, entre ministros y conjueces, fue asumida por siete de sus miembros, después de un intenso debate y una recusación que fue rechazada.
“El conflicto de competencias lo resuelve la Corte de Santa Cruz que es el distrito donde se encuentra el juez que previno (conoció) primero, así lo establece el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal vigente”, explicó la decana en ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandóval.
El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, aseguró que con ese fallo los magistrados encubren la impunidad, y protegen al terrorismo y al separatismo. “No puede quedar este tipo de acto ilegal, de acción contra la ley (…) en la impunidad, tienen que ser procesados estos señores y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
Sin embargo, Sandóval dijo que la decisión está enmarcada en la jurisprudencia sentada por el tribunal supremo sobre el conflicto de competencias y una circular remitida a las cortes superiores sobre el particular.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que para sustentar su fallo y determinar que la Corte de Distrito de Santa Cruz tomó conocimiento del caso primero, la Suprema unió dos hechos distintos ocurridos en la capital oriental: uno referido a un atentado contra un ex constituyente y otro a la desarticulación, el 16 de abril, del presunto grupo terrorista encabezado por el croata-boliviano Eduardo Rózsa.
“La población tiene que saber que eso (fallo) no es gratuito, algo hubo de por medio y eso tiene que investigarse”.
El 16 de abril de este año, la Policía desbarató un presunto grupo terrorista y separatista en Santa Cruz, donde detuvo al húngaro Elöd Tóásó y al boliviano-croata Mario Tádic, y abatió a tiros a Rózsa Flores, al rumano Árpád Magyarosi y al irlandés Michael Martin Dwyer. Entonces comenzó una investigación a la cabeza de fiscales de La Paz y de ella tomaron conocimiento jueces de esta ciudad. Las indagaciones de los nexos de ese presunto grupo irregular involucraron a empresarios y autoridades cruceñas.
Empero, la mayoría de ellos se negó a declarar en la sede del Gobierno por desconocer esa jurisdicción. En junio presentaron un recurso de inhibitoria ante el juez cruceño Hernando Tapia para que asuma el caso. Esa autoridad, a través de un memorial, solicitó a la juez paceña Marcela Siles que “se inhiba de seguir conociendo dicha causa”, porque le corresponde a Santa Cruz, pues fue allí donde se desarticuló el presunto grupo terrorista.
Sin embargo, Siles ya había despachado los expedientes a su colega Yañíquez, quien, luego de conocer lo planteado por Tapia, determinó remitir los obrados a la Corte Suprema porque había un conflicto de competencias.
Para solucionar esa pugna, la Sala Plena analizó ayer tres propuestas: que el expediente sea devuelto a la juez del Distrito de La Paz Betty Yañíquez para que tramite el conflicto de competencias ante una de las cortes de Distrito, sea La Paz o Santa Cruz; que el caso sea remitido al Distrito de La Paz, y que el expediente sea enviado a Santa Cruz, donde está el juez que conoció primero el caso. Esta última se impuso.
Uno de los ministros disidentes, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que los cinco miembros que votaron en contra de esa decisión plantearon que el caso sea devuelto a Yañíquez porque la juez equivocó el procedimiento.
Los detalles
El 16 de abril, la Policía desarticuló a un presunto grupo terrorista en Santa Cruz.
La acción fue ejecutada por agentes de La Paz y de ella tomaron conocimiento fiscales paceños.
La indagación involucró a autoridades y empresarios de la región oriental.
Éstos se negaron a declarar en La Paz y pidieron a un juez cruceño que asuma competencia.
