La cultura del derecho (I)
Susana Seleme Antelo
En el momento político actual, la cultura del derecho y el Estado de derecho en Bolivia están en vías de extinción, o ya se ha extinguido en algunos casos, como en Pando. El gobierno de las leyes ha sucumbido ante al embestida autoritaria, déspota y totalitaria del gobierno de Morales Ayma y sus hombres.
Como dice Pilar Rahola, corresponsal de guerra española, hay una única cultura superior, esa es la cultura del derecho, que el actual gobierno desprecia, y más bien opta por imponer la cultura aymara centrista por encima de las demás, imposición acompañada por la cultura del miedo.
El Derecho es ese conjunto de leyes, reglamentos y normas de carácter institucional, permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social que rige la conducta humana y la convivencia en sociedades organizadas, aquí es violentado sistemáticamente.
El Estado de Derecho moderno y democrático, en una evolución que arranca en el siglo XVII, pasa por el XVII hasta el XIX, está compuesto por el Estado, como poder político concentrado, y por el Derecho como conjunto de normas, que limita el poder del Estado y la tentación de su ejercicio totalitario. En Bolivia el gobierno del MAS ha desmantelado la institucionalización necesaria para limitar el poder del Estado y hoy la tentación totalitaria vulnera la conciencia y convivencia democráticas. La administración de justicia, que, por una parte, otorga derechos y facultades, y por la otra establece e impone obligaciones, se ha convertido en un instrumento de la cultura del miedo por parte del gobierno del MAS.
En la búsqueda de legitimación del poder por el ciudadano, la democracia forma parte fundamental de la evolución del Estado de Derecho y de ahí que se considera a los consensos y disensos, el motor de la democracia. Los disensos son imprescindibles frente a sistemas políticos autoritarios con la tentación de dominar, someter y doblegar mediante la fuerza, la violencia, la amenaza o el chantaje, entre otros medios, a los disidentes.
En la Bolivia actual, no solo se pretende ‘aplastar’ a los disidentes, sino que el ejercicio del poder político es ilimitado. Así lo demuestran las funestas acciones del gobierno, que viola la pluralidad política, lo mismo que las leyes: “le mete, le mete, nomás” Morales, dixit. La mejor prueba ha sido la burla al acuerdo entre las fuerzas políticas sobre los 2/3 de votación en la Asamblea Constituyente para la redacción del nuevo texto constitucional. Del desconocimiento y desprecio a esa norma, se derivan todos los problemas de ilegalidad y violencia política, muertos y presos políticos con los que carga el gobierno de Evo Morales.
El Estado de Derecho, es el imperio de la ley, como expresión de la voluntad general. Lo sostiene la separación de poderes: legislativo que genera el contrapeso al poder político de los gobiernos, concentrados en el poder ejecutivo, y el poder judicial o los tribunales de justicia, más allá de sus conocidas falencias. En Bolivia, la división de poderes es una reliquia, que como la República pasó a mejor vida. Como parte del Legislativo, la cámara de diputados controlada por el MAS, está subordinada al ejecutivo, y el poder judicial está permeado por el ejecutivo y, cuando no, en permanente acecho, o bajo el descrédito de los administradores de justicia probos. Bolivia no se merece esa afrenta. (Continúa)
La cultura del derecho (II)
Susana Seleme Antelo
Si a alguien se le pasa por la cabeza pensar que hay culturas superiores o inferiores, se le cataloga como fascista y racista, sin más trámite. Si algunos creen que todas las culturas son equivalentes, se los considera progresistas.
En realidad, como ya recordamos a Pilar Rahola, corresponsal de guerra española, si hay una cultura superior, esa es la cultura del derecho, que el Gobierno del MAS ha hecho desparecer en Bolivia. A cambio de ella, ha impuesto la ‘cultura del zarpazo’ al derecho y al Estado de Derecho, desmantelando poco a poco la institucionalidad democrática, construida durante largos años, merced a los acuerdos políticos entre los partidos del sistema político boliviano, que respetaba los consensos y disensos, como impone la pluralidad democrática.
Hay pruebas fehacientes de esos ‘zarpazos’. La más severa, por su brutal afrenta al Estado de Derecho y la sociedad boliviana, ha sido la arremetida contra el Tribunal Constitucional, hasta hacerlo desparecer poco a poco, desprestigiando y acosando a sus miembros. Con ello, han quedado eliminadas las garantías constitucionales y la ciudadanía ha quedado sometida a la voracidad política de Evo Morales y sus hombres. Otra prueba es el proceso contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, al que se acusa de una falla –retardación de justicia- que es de larga data y crónica en Bolivia. Pero el MAS tenía que deshacerse de un hombre no maleable a sus designios.
La mejor prueba de los ‘zarpazos’ es lo acontecido en Porvenir, Pando, hace ya casi un año, y el traslado a La Paz de Leopoldo Fernández, prefecto electo y reelecto democráticamente, y muchos pandinos como presos políticos, violando toda norma de derecho humano y del debido proceso. Las palabras huelgan ante acoso y ultraje al que es sometida la población pandina, hoy sometida a la ‘colonización’ de su territorio, a título de asentamientos humanos, o el traslado a la fuerza y sin consideración alguna, casi desnudo de Gary Rivero, también a La Paz, convertida en cárcel para los disidentes del gobierno. Otro ‘zarpazo’ a la cultura del derecho y al Estado de Derecho es el mal llamado terrorismo-separatista –caso Rosza- en Santa Cruz, con un proceso plagado de aberraciones jurídicas, incluyendo el asesinato de tres personas. Y como colofón está el rechazo a la valiente y justa determinación emanada de la Corte Suprema de Justicia, referida al traslado de obrados del caso ‘Rosza’ a Santa Cruz. Con ello, el gobierno ha anulando la prioridad jurídica que tiene la jurisdicción cruceña y la figura del juez natural, por ser el lugar de los hechos, como establecen las Reglas de Competencia Territorial del Código de Procedimiento Penal.
El Estado de derecho y la cultura de derecho no son estructuras legales inmutable, pues están sujetos a las ambiciones políticas. Su conservación depende de la acción ciudadana. Aquí esa acción ha sido rebasada por los aparatos represivos del Estado y por los llamados ‘movimientos sociales’.
En un Estado de derecho democrático prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los gobernantes. En Bolivia vivimos al libre arbitrio de los hombres y mandamases del MAS. El gobierno de las leyes ha sucumbido ante al embestida autoritaria, déspota y totalitaria del gobierno de Morales Ayma y sus hombres. Ese es el Estado Plurinacional Comunitario. Bolivia no se merece tal afrenta.