Si el Gobierno estuviera interesado en resolver el problema de la tenencia de la tierra en Pando debería comenzar dotando de predios al 70% de los recolectores de castaña…
Editorial La Prensa
Se mantiene sin efecto alguno la protesta de líderes del oriente contra el anunciado plan de asentamientos campesinos en el territorio pandino. Pese a las amenazas de movilizaciones contra el acarreo de personas con supuestos fines electorales, el Gobierno ha comenzado a ejecutar su programa de colonización de tierras fiscales en Pando.
El sábado pasado, unos 400 campesinos fueron trasladados desde Chapare en aviones militares para comenzar la ocupación de predios. El Viceministerio de Tierras confirmó el inicio de la ejecución de un plan que dice tener desde el año pasado, amparándose en la ley sectorial y en la nueva CPE. Un día después, otras 200 personas fueron sumadas a la cruzada, que incluye el asentamiento de 4.000 familias campesinas. Se prevé que los colonos tengan la posesión de tierras fiscales antes de las elecciones de diciembre.
Titulares de La Prensa el día domingo anunciaban que se había enviado un primer contingente de campesinos de Chapare, es decir del principal bastión de Evo Morales, los que luego serían ubicados en Santa Rosa de Abuná, aunque se prefería mantener en reserva las condiciones de su traslado, con qué proyectos y por cuánto tiempo.
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Nadie debe cuestionar la potestad constitucional del Gobierno para dotar de predios e instrumentos de producción a quien los necesita. Tampoco se puede frenar cualquier intención del Estado de ejecutar planes de producción en zonas que requieren de un impulso. Sin embargo, cualquier plan serio de colonización debe considerar primero la dotación de las condiciones básicas de infraestructura.
El Gobierno adelantó que el plan de colonización de Pando es respaldado por el desembolso de más de 20 millones de dólares, que serán destinados a infraestructura y a una beneficiadora de almendras, que supuestamente debería captar la mano de obra.
El traslado obedecería a la urgencia política del Gobierno de “inflar” el padrón de Pando, con votantes de filiación masista, a fin de evitar una nueva derrota en esa región. Hace un año que el padrón crece en esa región.
Pero así como crece el número de votantes para las elecciones de diciembre, es posible que también aumenten las demandas sociales y la conflictividad, que es muy alta desde los trágicos sucesos del 11 de septiembre. Si el Gobierno estuviera interesado en resolver el problema de la tenencia de la tierra en Pando debería comenzar dotando de predios al 70% de los recolectores de castaña, ya que ninguno de ellos es propietario. De igual manera, si quisiera aliviar la pobreza de los ya trasladados, podría comenzar con inversiones en sus lugares de origen, de manera de evitar su desarraigo y los problemas de adaptación. De lo contrario, sólo se traslada la pobreza de un lugar a otro.
Por último, la mayor preocupación por este traslado es el riesgo de una nueva confrontación en la zona, pues cada día se eleva la tensión entre los recién llegados y los lugareños. El Órgano Electoral Plurinacional debe estar alerta a fin de evitar maniobras políticas para conseguir simples adhesiones partidarias.
