El Gobierno de Bolivia busca defensores para tres arbitrajes internacionales

Querrellas de Telecom Italia, Quilborax y Oil Tanking Graña Montero SA. Petrolera: CLHB abre juicio al Estado boliviano por una nacionalización.

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La empresa Quilborx de Chile produce fertilizadores químicos desde 1986. – Agencias Agencia



Los Tiempos

LA PAZ |Efe – Agencia. El Gobierno de Evo Morales convocó a consorcios jurídicos extranjeros interesados en defender al país en los arbitrajes interpuestos por las firmas Telecom Italia, Quiborax de Chile y por el consorcio peruano alemán Oil Tanking – Graña Montero SA, según informaron hoy medios locales.

La primera convocatoria es para enfrentar el proceso interpuesto por Telecom Italia, por 350 millones de dólares, por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) en mayo de 2008 sin previo acuerdo sobre indemnizaciones.

El segundo pleito es con la empresa chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni, al suroeste del país, fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005).

El tercer juicio del que debe defenderse el Estado boliviano es el interpuesto por el consorcio peruano alemán Oil Tanking GMBH – Graña Montero SA, por la nacionalización de sus acciones en la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), intervenida por el Gobierno en 2008 al no haber llegado a un acuerdo de compra.

El Gobierno de Morales, que aguardará las propuestas hasta el 3 de marzo próximo, ha ofrecido pagar un monto máximo de 450.000 dólares anuales, financiados con recursos del Tesoro General de la Nación, a cada consorcio que se haga cargo de estos casos.

Los tres procesos fueron iniciados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si bien el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, renunció a esa entidad en mayo de 2007 y no reconoce su jurisdicción.

En el caso de Telecom, el Gobierno de Morales reveló el mes pasado que la ex ministra de Defensa Legal del Estado Cecilia Rocabado accedió en octubre de 2009 a un nuevo procedimiento de arbitraje diferente al que se había iniciado ante el CIADI.

Según las autoridades bolivianas, con esta acción, Rocabado decidió «la renuncia» del Estado boliviano al derecho de objetar la jurisdicción del nuevo tribunal, por lo que el Ejecutivo denunció ante la Fiscalía a la ex ministra por un supuesto uso de influencias a favor de la italiana Telecom.

Sin embargo, el Gobierno de Morales ahora busca abogados para defenderse en este proceso.

Bolivia enfrenta otro arbitraje por nacionalización petrolera

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Estatización: un policía resguarda el campo San Alberto, en mayo de 2006

La Prensa

Hidrocarburos: La Ministra de Defensa Legal del Estado afirma que Bolivia prepara su estrategia de defensa. Los otros procesos en contra son de ETI, por la estatización de Entel, y de Quiborax.

El Estado boliviano enfrenta su segundo proceso arbitral internacional, esta vez por la nacionalización de los ductos y tanques petroleros en mayo de 2008. La demanda fue presentada por las dos socias accionistas de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB S.A.) ante un tribunal ad hoc.

El Gobierno anunció que asumirá defensa en el caso, por lo que emitió una convocatoria para contratar un consorcio jurídico internacional; mientras tanto, la negociación con la compañía continúa abierta.

“En fecha 12 de enero de 2010, Oiltanking GMBH (OT) Graña y Montero S.A. (G&M) y Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP) presentaron Notificación Arbitral en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, por efecto de la nacionalización de sus acciones en la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A.”, dice el Documento Base de Contratación (DBC) para la firma legal internacional, publicado en el portal de internet del Ministerio de Defensa Legal del Estado.

La ministra de esta repartición, Elizabeth Arismendi Chumacero, en conversación telefónica con La Prensa, explicó ayer que el Ejecutivo “está preparando todos los mecanismos necesarios para asumir una defensa”, pero no dio más detalles sobre el monto demandado o el tribunal internacional elegido, porque “hay mucha información que puede dar paso a malas interpretaciones”.

Comprometió que “cuando haya algo concreto, resultados, (…) vamos a informar cosas verídicas”.

Sin embargo, explicó que el Gobierno aún mantiene un proceso abierto de negociación con CLHB S.A.

El domingo, en medios de prensa se publicó la convocatoria para un consorcio de abogados que apoyen al Estado en su defensa internacional.

La CLHB S.A. fue nacionalizada el 9 de mayo de 2008, y ahora es YPFB Logística, después de un proceso de negociación que no dio resultados y concluyó el 30 de abril del mismo año. En este periodo, el Gobierno y la compañía debían llegar a establecer los montos invertidos y la posibilidad de alguna indemnización. Arismendi informó que el proceso de valuación aún está en curso.

Mediante Decreto 25834, el 7 de julio de 2000, la CLHB S.A. con capitales alemanes y peruanos, se adjudicó la transferencia de 1.147 kilómetros de poliductos y 19 plantas de almacenaje que eran de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El contrato de transferencia fue firmado el 7 de septiembre de 2000, y la operación empezó al día siguiente, el 8.

El 9 de septiembre de 2009, el ex ministro de Defensa Legal del Estado Héctor Arce, actual presidente de la Cámara de Diputados en la Asamblea Plurinacional, informó que Bolivia enfrenta ocho conflictos, de los cuales dos están “en trámite de arbitraje internacional” y seis aún se negocian para no llegar a juicio (ver cuadro).

La primera empresa que actualmente lleva adelante un proceso arbitral contra el Estado es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI), que administraba la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), nacionalizada en 2006.

El otro proceso internacional es con Química Industrial del Bórax (Quiborax), por la reversión de su concesión de un yacimiento de ulexita en 2004.

Arismendi dijo que estas demandas son algo “lógicas” después de las nacionalizaciones, pero el Estado se defenderá.

Aún está en evaluación el monto invertido por el consorcio.

Convocan a abogados

El Ministerio de Defensa Legal del Estado convocó el domingo a consorcios jurídicos internacionales para la defensa del país en las demandas interpuestas por Euro Telecom Internacional N.V. (ETI), la chilena Quiborax y la Compañía de Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB S.A.).

El comunicado da cuenta de que el plazo vence el 3 de marzo próximo, y ofreció pagar un monto máximo de 450.000 dólares anuales a cada firma contratada. Los recursos saldrán del Tesoro General de la Nación.

En el primer caso, ETI demandó al país ante un tribunal ad hoc en el Consejo de Naciones Unidas por 700 millones de euros. La demanda se basa en la nacionalización de sus acciones en Entel, en mayo de 2008. Fue presentada primero ante el CIADI del Banco Mundial.

El segundo caso es con Quiborax, empresa chilena que perdió sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni en 2004.

NACIONALIZACIÓN

El Gobierno, en su primer periodo de administración, recuperó las compañías de la cadena de los hidrocarburos.

En tres años estatizó Chaco, Andina, Transredes, Logística, Air BP, las refinerías Elder Bell y Gualberto Villarroel.

Desde 2009, el Gobierno está en proceso de negociación para nacionalizar las tres empresas generadoras de electricidad.

También se anunció la estatización de las dos compañías capitalizadas de ferrocarriles: Oriental y Occidental.