Legislación: El Ejecutivo pretende modificar el Código de Procedimiento Penal que, a título de la presunción de inocencia, favorece a los malhechores.
Anuncio: el vicepresidente Álvaro García, ayer en el Palacio Quemado
El Gobierno tiene listo un proyecto que el presidente en funciones, Álvaro García Linera, calificó como Ley Rápida de Seguridad Ciudadana para modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que favorecen a los delincuentes y deja, en muchos casos, en indefensión a las víctimas.
En efecto, el primer capítulo del Código de Procedimiento Penal, referido a las Garantías Constitucionales, establece 13 artículos que defienden los derechos de los imputados y uno solo a las víctimas, cuya única posibilidad es participar en todos los actos de la investigación y el proceso penal.
El documento gubernamental es mantenido en reserva. Ninguna autoridad puede exponer detalles del proyecto, aunque ayer García Linera reveló que fue remitido desde el Ejecutivo al Legislativo para su consideración.
Una fuente del Ministerio de Gobierno reveló que en la elaboración del documento participaron varias instancias del Estado, entre las que se cuenta a la Fiscalía General, la Policía Nacional, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y los ministerios de la Presidencia, de Gobierno y de Justicia.
Un miembro del Comando General de la Policía dio cuenta de que los uniformados solicitaron la modificación del Código de Procedimiento Penal, que establece plazos fatales muy breves, porque después de arrestar a una persona, los policías y fiscales disponen de ocho horas para acumular los indicios necesarios a fin de sustentar una imputación.
Por ello, uno de los planteamientos policiales es que se levante la restricción de ocho horas para presentar imputación formal o dejar en libertad a una persona, aun en caso de que ésta sea sorprendida en flagrancia, y que se consideren los elementos encontrados en poder del presunto malhechor como suficientes para disponer la detención preventiva.
En conferencia de prensa ofrecida ayer en el Palacio Quemado, García Linera explicó: “Ésta es una ley con acciones muy contundentes para mejorar la seguridad ciudadana, para modificar la ‘flexibilidad’ que tenía el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. Además establece otra serie de mecanismos que mejoran la protección del ciudadano”.
Otra de las solicitudes de la entidad policial consiste en que los reincidentes no tengan derecho a gestionar su libertad provisional, mientras se prolonga la investigación de su caso para sustentar la acusación formal.
García Linera informó que el documento fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque una autoridad del Ministerio de Gobierno, quien se excusó de dar a conocer detalles del proyecto, dijo que éste se encuentra en el escritorio del Primer Mandatario para su correspondiente aprobación oficial.
Esta ley introducirá modificaciones en ambos códigos con respecto a “los recursos que tramitan las personas ante los juzgados, que han permitido que muchos delincuentes salgan de las cárceles para volver a cometer fechorías a los días o a las semanas”.
El Código de Procedimiento Penal da 12 garantías a los imputados.
Procedimiento penal
Imputado es toda persona a quien se atribuye la comisión de un delito ante órganos de justicia.
La presunción de inocencia es un derecho que asiste a toda persona, mientras no se declare la culpabilidad.
La aplicación de medidas cautelares restrictivas será la excepción y no la regla en causas penales.
Cuando haya duda de la aplicación de medidas cautelares, se ejecutarán las más favorables al acusado.
El investigado tendrá derecho a defenderse a sí mismo, además de ser asistido por un abogado defensor.
La libertad personal sólo podrá restringirse cuando sea imprescindible para averiguar la verdad.
Las medidas cautelares se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible al imputado.
El Código de Procedimiento Penal establece seis medidas sustitutivas a la detención preventiva.
La Prensa