Bolivia somos todos. Bolivia no tiene ni tendrá dueños, sólo detentadores ocasionales del poder.
Por el actual culto a la personalidad del gobernante hemos llegado como sociedad adormecida y amilanada a identificar al Estado con su persona.
Carlos Alarcón*, La Razón
A diferencia del actual Presidente del Estado que actúa como si fuera el dueño exclusivo de Bolivia y sus instituciones, siguiendo una tradición ininterrumpida en el país de caudillos mesiánicos y autoritarios, los ex presidentes y el ex vicepresidente que reclamaron conjuntamente por la vigencia de derechos y garantías fundamentales, dejaron de lado sus diferencias personales e ideológicas, demostrando a la sociedad boliviana que por encima de las personas están los principios de vigencia nacional e internacional.
La verdadera institucionalidad, asentada en una ética de la integridad y principios, es la única fórmula que necesita Bolivia para salir de su atraso y postergación. El peor camino para ello es seguir apostando a la demagogia de salvadores circunstanciales de la patria que prometen el advenimiento de la tierra prometida, como una falsa ilusión vendida al pueblo para garantizar su permanencia indefinida en la silla del poder.
Por el actual culto a la personalidad del gobernante hemos llegado como sociedad adormecida y amilanada a identificar al Estado con su persona. Todo lo que quiere, lo bueno, lo malo y lo feo, consideramos que es la voluntad del Estado y de sus instituciones, acrecentando sin límites su poder hasta que se haga realidad la máxima de “el poder absoluto se corrompe absolutamente”.
En el escenario de aprobación de leyes penales aparentemente nobles, pero que persiguen ocultamente pro- pósitos infames, el principal de ellos sembrar el terror en la sociedad boliviana para eliminar el disenso con el régimen autoritario de turno, los principios que están en juego para el interés básico de todas las personas y no sólo de los ex presidentes y el ex vicepresidente que pusieron el tema en debate ante la opinión pública, son los siguientes:
1. Juez independiente e imparcial. Ninguna persona debería ser juzgada por jueces designados por su acusador.
2. Ley justa. Ninguna persona debería ser juzgada con delitos y penas más graves de los existentes en el momento del hecho.
3. Debido proceso. Toda persona debería tener un recurso efectivo para impugnar una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, entre otras garantías básicas.
Si el Gobierno quiere demostrar a Bolivia y al mundo “juego limpio” en los futuros procesos penales relativos a intereses del Estado, sus parlamentarios deberían redactar en todas estas leyes, por lo menos, estos tres principios, de manera clara y transparente, sin artilugios ni artimañas de redacción, que permitan la vulneración de estos principios por la interpretación aviesa, de fiscales y jueces del régimen.
Las bolivianas y bolivianos que de buena fe apostamos al cambio y seguiremos apostando por él, queremos un nuevo Estado y sociedad basado en ética y principios, para todas las personas, sin distinciones de ninguna naturaleza. No queremos lo nuevo sobre la base de la manipulación y el sectarismo. Bolivia somos todos. Bolivia no tiene ni tendrá dueños, sólo detentadores ocasionales del poder.