¿Usted se ha preguntado por qué un régimen de gobierno necesita del miedo como instrumento para ejercer dominio político y social? El miedo es una manera de limitar y de anular voluntades. Instituir la cultura del miedo es una forma de impedir contextos sociales que sean contestatarios. Esto ocasiona resistencias internas y acciones que deben ser resueltas desde la clandestinidad. El miedo ejercido mediante la brutal represión ejemplificada en la muerte de dirigentes políticos y sindicales, durante las dictaduras militares era el instrumento que les permitía ejercer su mandato por encima de la ley.
Dante Pino
Hoy día en un gobierno nacido del voto se actúa igual que en esas dictaduras. Y se crea el instrumento legal del miedo como una manera de contrastar su carencia de respuestas democráticas a las demandas sociales. No saben ejercer la democracia con la tolerancia que esta exige en los mecanismos dispuestos por la ley para que las mayorías ejerzan su derecho.
Cuando el instrumento que se usa para ejercer el miedo como forma política de anulación del adversario es la propia ley, el efecto inmediato que se produce es la “no exigibilidad” de la conducta. El ejercicio del miedo exime al acusado de responsabilidad. No se puede juzgar con una espada sobre la cabeza.
Dar por sentado que una persona es culpable, sancionarla con medidas precautorias que en realidad son sanciones anticipadas incautando su patrimonio y luego derivar de todo ello un juicio que tiene origen en una denuncia amparada en el anonimato, es todo un andamiaje armado para ejercer el miedo social.
Al final de cuentas todos los ciudadanos tienen relación con el Estado. En el ámbito de los servicios, de los proyectos o de los impuestos. Y cuando el Estado es el principal consumidor y empleador el universo de relación entre el ciudadano y el Estado es demasiado grande como para no entender que una ley bajo el justificativo de anular la corrupción tenga como fin principal ejercer el miedo en toda la sociedad.
El contrabando es una manera de enriquecimiento ilícito. Y los contrabandistas así como los que comercian este contrabando deberán ser acusados del ejercicio ilegítimo de ganancias por daño económico al Estado. La defraudación tributaria y la doble contabilidad también entrarían en este ilícito penal. Así que no se trata únicamente de aquellos que ejercieron función pública y de aquellos que hicieron negocios con el Estado.
Se están creando leyes que tendrán un efecto expansivo en el mediano plazo. Hoy día son unos cuantos políticos que para solaz de medios de comunicación y sectores sociales como los gremiales que se creen fuera del alcance de la ley, los que pasarán a la lista negra del señor de Todos los Poderes García Linera, pero mañana seremos todos. Y especialmente aquellos ciudadanos que quieran ser candidatos sin dependencia oficial en su sindicato, federación u cualquier cargo en el que el gobierno tenga interés.
Ser acusado de enriquecimiento ilícito formará parte ahora de la nueva forma de criminalizar la política. Así como en el pasado ser comunista era suficiente para ser considerado un “elemento” que debía ser eliminado, ahora ser opositor es suficiente para poner en riesgo todo el patrimonio familiar. La criminalización política del pasado en todo caso era mucho más benigna, pues eliminaba al miembro de la familia considerado subversivo, pero ahora es toda la familia la que queda en la calle porque un miembro de ella sea acusado por esta ley.
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