Entrevista al ingeniero, Carlos Roberto Colanzi Zeballos: “La Universidad marchó protestando contra el Gobierno central porque quiere incluirnos en el Anteproyecto de Ley de la Servidora y del Servidor Público, el cual determina los derechos y obligaciones relativas a la función pública y la carrera administrativa, los regímenes laborales y disciplinario del servidor público. Este Art. 4to, del mencionado Proyecto de Ley es atentatorio a la Autonomía Universitaria consagrada en su Art. 92 de la NCPE, la misma que en observancia de su Art. 410 (Prelación normativa) goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, aspecto que desconoce el anteproyecto de Ley del Gobierno central, al incluir a nuestra Uagrm dentro de su ámbito de aplicación”.
“Tanto la anterior como la actual C.P.E. en su Art. 92 nos faculta al sistema universitario nacional tener nuestro Estatuto Orgánico, el cual en su Art. 149 reconoce como marco normativo para sus trabajadores docentes y administrativos la Ley General del Trabajo en lo que respecta al Código de Seguridad Social y Derechos Sociales, es decir, que no dependemos de ningún ministerio sólo estamos sujetos a la Ley del Trabajo en lo referente a Beneficios Sociales”.
“Ser funcionario público o servidor público significaría renunciar a todos nuestros beneficios sociales consagrados dentro de la Ley General del Trabajo. La ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público excluyó a la Universidad Boliviana respecto a su campo de aplicación y ratificó la aplicación del marco normativo de la Ley General del Trabajo para la Universidad boliviana. En el momento en que este Anteproyecto quiere incluir al sistema universitario, en ese momento está violando el Art. 92 de la CPE”.
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