Con la Ley de Transición de Autonomías el gobierno obligó a la oposición a replegarse a las regiones en defensa de las gobernaciones, descuidando temas estructurales de la agenda nacional como la intervención gubernamental y partidización del Poder Judicial, afirmó, este miércoles, el diputado cruceño Luis Felipe Dorado.
Para el asambleísta opositor, tras la “cortina de humo” de la Ley de Transición se estaría perpetrando un “golpe silencioso” a todas las reparticiones del Poder Judicial y se allanaría la intervención de otras instancias como las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sin que nadie reclame ni diga nada.
“Debemos reconocer que el MAS tuvo la habilidad de meternos nuevamente en su agenda distractiva, de forzarnos al repliegue al tema regional y de focalizar a la oposición fuera de los problemas estructurales como la desinstitucionalización y partidización de la justicia”, dijo el legislador.
Según Dorado, en pasados días fueron cesados de manera inconstitucional 22 vocales de las Cortes Superiores de Distrito de todo el país, además de decenas de funcionarios del Consejo de la Judicatura y advirtió que en el plazo de un mes el gobierno planea hacer lo mismo en el Tribunal Agrario y las Cortes Departamentales Electorales.
“Una estructura de interventores interinos, sin mérito alguno, está destruyendo años de carrera judicial; queremos denunciar que las autoridades interinas, colocadas por el MAS, se han dado a la tarea de destituir al personal institucionalizado del Poder Judicial”, advirtió.
Informó que además de cesar a vocales departamentales, en Santa Cruz se impuso mediante presiones la renuncia a por lo menos ocho fiscales y decenas de funcionarios del Consejo de la Judicatura.
Las declaraciones del asambleísta Dorado se dan tras que el martes la Presidenta de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, Cintia Salguero, denunciara el retiro ilegal de 35 funcionarios institucionalizados del Poder Judicial y advirtiera que 35 más recibirían sus memorandos de destitución este miércoles.
La titular del órgano colegiado de los magistrados cruceños denunció que el Gerente Interino de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, Marcelo Poveda Velasco, instruyó mediante nota destituir a 32 funcionarios institucionalizados de Derechos Reales, Plataforma y SABS en Santa Cruz.
Aseguró que la destitución se hace a nombre de un Consejo de la Magistratura que no existe, pues esa instancia empezará a funcionar después de las elecciones de magistrados de diciembre de 2010 y que los despidos fueron ejecutados por un funcionario interino sin competencia.
Agregó que las destituciones violan la Constitución Política del Estado en sus artículos 46, 48 y 401 que garantizan la estabilidad laboral de los empleados públicos y el artículo 19 de la ley del Consejo de la Judicatura que norma las atribuciones de los funcionarios.
Denunció que, al despedir funcionarios de carrera para contratar provisionales, se pretende subsanar supuestas irregularidades, con una ilegalidad mayor e informó que los funcionarios retirados fueron contratados por convocatorias internas y externas, mientras que sus reemplazos son nombrados de manera discrecional, por autoridades interinas.