Extraoficialmente, se sabe que el primer gobernador a guillotinar mediante la “ley corta” sería el tarijeño Mario Cossío. La estrategia oficialista consiste en aislar progresivamente a Santa Cruz (proceso que de hecho comenzó con el referéndum revocatorio y el derrocamiento de Leopoldo Fernández) para luego dar la estocada final. Será crucial para su autodefensa que Rubén Costas sea solidario con sus aliados en la mala hora, a diferencia de lo sucedido en el 2008.
Conflictos problemáticos y funcionales
Son las dos categorías de conflictos que debe manejar el gobierno. Los primeros son generados por fuerzas externas al mismo, implican cambios en la agenda oficial y problematizan al Poder Ejecutivo, poniendo al descubierto las contradicciones entre su discurso y la realidad o socavando sus propias bases sociales. Un buen ejemplo es la reciente ola de conflictos sindicales que remueven al MAS desde su interior. En cambio, los conflictos funcionales son planificados y producidos desde el poder, con la intención de que opositores desprevenidos caigan en ellos y refuercen la posición gubernamental, proveyendo el enemigo útil que permita mantener la polarización y con ella la unidad del bloque social que llevó a Evo Morales a la presidencia. En conclusión, cualquier estrategia que quiera tener éxito en la contención del proyecto totalitario deberá canalizar el primer tipo de conflictos y evitar los segundos. Elemental, Watson.
¿Y los derechos humanos?
Rolando Antelo, ciudadano boliviano residente en Suiza y director de una organización defensora de los derechos humanos, se reunió hace tres días con los encargados de la comisión respectiva de las Naciones Unidas en Ginebra. Era una excelente oportunidad para dar a conocer la crítica realidad del país, pero nadie le remitió documentos ni denuncias sobre el tema, a pesar de sus pedidos reiterados. Y después nos quejamos porque la comunidad internacional no nos escucha.