Los vocales cesados alistan batalla contra la Judicatura


Magistrados, algunos presidentes de cortes superiores y los vocales afectados analizará esta situación para asumir determinaciones.El Consejo de la Judicatura dice que los jueces asumieron sus cargos sin haber cumplido todos los requisitos. image Sucre: el hall de la Corte Suprema de Justicia, el centro de la justicia boliviana.

La Prensa. Los más de 20 vocales cesados en sus funciones en los distritos judiciales de Santa Cruz, Oruro, Potosí y Beni anunciaron una “batalla” legal en contra del Consejo de la Judicatura porque consideran ilegal su suspensión; sin embargo, el Consejo ratificó los despidos debido a que éstos no se sometieron a examen como establece el reglamento de ingreso a la carrera judicial.

En Santa Cruz, los jueces suspendidos Limberg Gutiérrez y Teresa Vera advirtieron de que si se cuestiona la legalidad de sus designaciones realizadas en 2006, también se debe declarar nulos de pleno derecho todos los fallos que dictaron.



Precisamente hoy una reunión ampliada de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), algunos presidentes de cortes superiores y los vocales afectados analizará esta situación para asumir determinaciones.

El presidente de esa entidad, José Armando Urioste, considera que la decisión del Consejo de la Judicatura contraviene un fallo del Tribunal Constitucional que asimila a los vocales a la carrera judicial desde que el órgano administrativo y disciplinario elevó las ternas a la Corte Suprema de Justicia, donde fueron elegidos en Sala Plena.

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El Consejo de la Judicatura, según el presidente de esa instancia y de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ortiz Linares, decidió suspender a 22 vocales de las cortes de Distrito de Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz debido a que asumieron los cargo sin haber cumplido todos los requisitos, como someterse a exámenes de oposición para ingresar en la carrera judicial. En 2007, la Judicatura intentó enmendar esta situación y solicitó a los 22 vocales someterse a pruebas de oposición, pero sólo dos lo hicieron.

El Presidente de la Amabol aclaró que si bien dos vocales decidieron someterse al examen de oposición, el proceso fue suspendido a raíz de una resolución del Tribunal Constitucional que primero admitió un amparo constitucional y luego declaró la nulidad de la prueba.

Por lo tanto, en criterio de Urioste, el único examen al que debían someterse es a una evaluación para la permanencia en el cargo y no así para el ingreso.

Ortiz, en tanto, dijo que quienes crean haber sido afectados por esa resolución tienen toda la libertad de acudir a las instancias legales pertinentes, al descartar que esa determinación administrativa hubiese sido asumida bajo otros conceptos ajenos al trabajo del Consejo.

“No hay (en este caso) una medida política, fue un acuerdo de Sala Plena”, manifestó el magistrado al salir de una reunión plenaria del Consejo.

El presidente de la Corte Superior de Distrito de Oruro, Zenobio Calizaya, uno de los afectados, anunció que se presentarán recursos de revocatoria.

Su colega Teresa Vera, vocal de la ciudad de Santa Cruz, desafió a las autoridades de la Judicatura a que la saquen a “empujones” de su despacho ya que

—según dijo— no se moverá de él porque no se respetó la carrera judicial de los funcionarios, pues la destitución de un juez corresponde solamente después de un proceso ejecutoriado. La Judicatura informó ayer que actualmente existen 40 acefalías que serán cubiertas a través de concursos de méritos.

Las acefalías de las cortes serán cubiertas con concursos de méritos.

Corte respalda a vocales cruceños

La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz fijó posición respecto de la cesación de seis vocales. Su presidente, Adhemar Fernández, y cinco vocales que quedan en la magistratura cruceña calificaron de indigno el trato que recibieron sus colegas al ser cesados y retirados de sus despachos por personal administrativo del Consejo de la Judicatura.

Según el diario El Deber, Fernández manifestó que no discutirán la legalidad de la resolución del Consejo para despedir a los vocales porque esa situación se definirá en las instancias correspondientes, pero sostuvo que está claro que los afectados sufren un trato desconsiderado e indignante. Aseguró que la Corte Superior brinda todas las garantías a los vocales Osvaldo Céspedes, Édgar Terrazas, Adolfo Gandarilla, Hernán Cortez, Limberg Gutiérrez y Teresa Vera para que acudan a sus oficinas.

Para destacar

La Judicatura explica que los más de 20 jueces suspendidos accedieron a sus cargos sin haber cumplido todos los requisitos.

En 2007 intentó sanear esta situación cuando solicitó a los vocales someterse a exámenes de oposición, pero sólo dos lo hicieron.

Las autoridades suspendidas consideran que la medida judicial es ilegal y tiene fines políticos para perjudicarlos.

La Asociación de Magistrados rechaza estos despidos y se reúne hoy en Sucre para analizar medidas legales.

En Santa Cruz, la Corte de Justicia respaldó a los vocales cesados. Uno de ellos dijo que no abandonará su oficina.

La destitución dejó sin quórum a salas de las cortes de Santa Cruz, Beni, Oruro y Potosí. Hay 40 cargos acéfalos en esas entidades.

Cuestionan la destitución de vocales

María del Carmen Ponce, presidenta saliente de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba. - Goitia Rodolfo  Los TiemposMaría del Carmen Ponce, presidenta saliente de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba. – Goitia Rodolfo Los Tiempos

Los Tiempos. La Corte Superior de Justicia de Cochabamba se quedó sin quórum para las sesiones de sala plena y hay el riesgo de que se profundice la retardación de justicia tras el alejamiento de su presidenta, María del Carmen Ponce, además de otros dos vocales. El Consejo de la Judicatura cesó a 30 en todo el país. La acción provocó críticas porque se estaría allanando el camino para que profesionales afines a determinadas tiendas políticas ocupen los cargos acéfalos. 

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar, expresó que “el Consejo de la Judicatura está usurpando funciones. Parecería que el móvil es político, al tratar de acomodar a personas afines a una posición política. Es reprochable”.

Coincide con Wáyar la diputada por Convergencia Nacional, Norma Piérola, quien teme que en los puestos que quedaron vacantes se designen a los abogados “que se llaman por el cambio, inclusive defenestrando los colegios de abogados”, aseguró.

Tras los tres alejamientos,  el Consejo de la Judicatura lanzó una convocatoria pública para designar nuevos vocales. Aunque todavía no existen postulantes, se espera que hasta el 26 de mayo se presenten aspirantes, y aunque se comentaba que el abogado y ex asesor jurídico de la Prefectura, Rolando Ramos, sería un potencial aspirante a una vocalía, él aludido negó tener esta pretensión y dijo que se mantendría como un profesional libre.

Para la ex jueza de Cochabamba y actual diputada por el Movimiento al Socialismo, Cecilia Ayllón, el Consejo de la Judicatura ,“que desde su creación a dictado disposiciones reñidas con las reglas que rigen la carrera judicial, cometió un error entre 1999 y 2000 al designar a vocales sólo en base a los méritos y no a un examen de oposición, por lo que ahora le corresponde enmendar esa equivocación”, dijo al justificar la convocatoria para cubrir la acefalías.

Esta salida simultanea de 30 vocales en las cortes superiores de Justicia de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Beni y Potosí tiende a provocar una paralización de los procesos judiciales. Y en el caso de Cochabamba, se ahonda porque a las recientes acefalías se suman las 28 de jueces que ya existían, la mitad de ellos corresponden a provincias.

Según Wáyar, “no entendemos por qué han removido de sus funciones a  30 vocales cuando existe una enorme retardación de justicia. No existe la suficiente cantidad de vocales para resolver las causas que se están ventilando y tampoco existe en este momento una suplencia inmediata. Lo que está generando el Consejo de la Judicatura es mayor retardo de justicia”.

Sin embargo, ante la virtual acumulación de causas, el Consejo de la Judicatura de Cochabamba evalúa adelantar la vacación judicial. El representante en Cochabamba del Consejo, Jhonny Ledezma, dijo: “Me reuní con el que quedó como decano, Renán Jiménez, sugiriéndole que trate en sala plena las vacaciones judiciales, para que en este periodo se puede contar con las designaciones”.

Unos 30 despedidos

En el país
Unos 30 vocales de cortes superiores fueron destituidos

Efectos
Existe el riesgo de que la retardación de justicia sea mayor

Cecilia Ayllón
Diputada del MAS

Que se cumpla la ley

“El Consejo de la Judicatura, desde su creación, ha emitido una serie de normativas a través de lo que se llaman los acuerdos, que nunca han estado enmarcados en lo que establece la ley. Prácticamente, han ido a rebasar las decisiones de la Ley 1718 de la carrera judicial.

Esta establece que para ingresar a la carrera judicial se requiere concurso de meritos y examen de oposición. Ahora se debe enmendarla y hacer que se cumpla la ley.”

Norma Piérola
Diputada PPB

Hay contradicción

Hay contradicción. Dice que deben renunciar para que sean nuevamente elegidos(los vocales). La administración de justicia está en manos del Ejecutivo, a través de cualquier disposición decide que hacer. Es lo más perjudicial.

La ley de órgano judicial va a determinar que se convoque para elecciones y la Asamblea Plurinacional lanzará la convocatoria en junio. A fin de año se enviará la selección a la Corte Electoral.

Corte Superior respalda a seis vocales cesados
Conflicto. Cinco de los magistrados afectados dicen que no abandonarán sus cargos y califican el tema de ilegal y político. El Consejo de la Judicatura los considera ‘ex vocales’ y asegura que es un caso cerrado

image Vocal. Teresa Vera la mañana de ayer siguió recibiendo expedientes que le fueron enviados por el sistema informático

El Deber. Guider Arancibia Guillén.
La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz fijó posición respecto a la cesación de seis vocales. Su presidente, Adhemar Fernández y cinco vocales que quedan en la magistratura cruceña calificaron de indigno el trato que recibieron sus colegas al ser cesados y retirados de sus despachos por personal administrativo del Consejo de la Judicatura.

Fernández manifestó que no discutirán la legalidad de la resolución del Consejo para despedir a los vocales porque esa situación se definirá en las instancias correspondientes, pero sostiene que está claro que los afectados sufren un trato desconsiderado  e indignante.
Fernández aseguró que la Corte Superior brinda todas las garantías a los vocales Osvaldo Céspedes, Édgar Terrazas, Adolfo Gandarilla, Hernán Cortez, Limberg Gutiérrez y Teresa Vera para que acudan a sus oficinas mientras transcurran los 20 días que tiene el pleno del Consejo para resolver un recurso de nulidad planteado.
Hizo notar que los despachos son inviolables y quien se oponga a que los vocales ingresen tendrá que justificar su conducta, considerando que éstos no pueden abandonar sus cargos porque estarían vulnerando la Ley Safco. Fernández expresó su preocupación por la eventual demora en el trámite de causas en las salas, pues sólo quedan seis magistrados de un total de 15. Por su parte, el delegado distrital del Consejo de la Judicatura, Jaime Cernadas, afirmó que el caso de los vocales está cerrado.

Cernadas señaló que los cesados ya no son funcionarios de la Corte y que las oficinas pertenecen al Consejo, por lo que no pueden disponer de ellos. Calificó como un simple papel sin valor legal el recurso de nulidad presentado por los afectados. Asimismo, dijo que los vocales cesaron en sus funciones porque no dieron examen y estaban desempeñando funciones de manera ilegal.

A su entender, todo funcionario judicial debe rendir prueba; sin embargo, cuando se le consultó si él había dado examen, aclaró que fue nombrado interinamente y que no rindió prueba porque tiene la confianza del Consejo.
Cernadas agregó que no hay razón para impedir el ingreso de los vocales a los despachos porque ya no les pertenecen y, además ya retiraron sus enseres personales.
No obstante, los vocales aludidos afirmaron que no han abandonado sus oficinas. Ayer se encontraban en su despacho Teresa Vera, Hernán Cortez, Limberg Gutiérrez, Édgar Terrazas y Adolfo Gandarilla. El único ausente fue Céspedes, que estaría enfermo.

Vera manifestó que es vocal desde hace 11 años y que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 13 de junio de 2007, los declaró dentro de la carrera judicial, junto a varios magistrados de todo el país. Explicó que fueron designados vocales por concurso de méritos y que en esa oportunidad el Consejo no tenía los reglamentos ni manuales de evaluación y que fue una falla del sistema, por lo que el Tribunal Constitucional les dio la razón.

Añadió que no saldrá de su despacho y que si personal del Consejo ingresa se convierte en un allanamiento. Para retirar documentos de su oficina se debe contar con una orden judicial, añadió. “Si me sacan por la fuerza estaré en la puerta. No me aferro al cargo, pero nunca dejaré de velar por el principio de constitucionalidad, porque esto es político y tiene el fin de defenestrar al Poder Judicial para colocar gente complaciente al Gobierno”, manifestó.
El vocal Cortez, con 11 años de servicio, aseveró que no saldrá de su despacho porque la ley se lo prohíbe.

  Causas  

– Salas. La Sala Civil Primera y la Segunda quedaron sin vocales. La Social y Administrativa, sólo con el vocal Johnny Vaca Díez.  La Sala Penal Primera quedó con dos vocales; la Segunda es la única completa.

– Movimiento. El centro de cómputos señala que a cada sala ingresan por lo menos 40 expedientes a la semana, sin contar audiencias y recursos.

– Vigente. El sistema computarizado sigue enviando causas a las salas de los vocales cesados.

Analizan hoy los 22 despidos a nivel nacional
Representantes de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces sostendrán hoy una reunión considerada clave con autoridades del Consejo de la Judicatura, en Sucre, teniendo en cuenta que a escala nacional son 22 los vocales despedidos.

La presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, Cinthya Salguero, expresó que espera que el recurso de nulidad de acto administrativo presentado por los cesados sea declarado procedente. Hizo notar que en la reunión de hoy se formalizará la denuncia concreta contra Marcelo Poveda, gerente de recursos humanos del Consejo de la Judicatura, por enviar a Santa Cruz una simple notificación a los vocales para que se vayan.

Salguero dijo que Poveda es interino y que su designación es por 90 días, pero ya lleva casi un año. Ante versiones que habría una lista de 90 jueces para cesarlos, Salguero afirmó que no tiene conocimiento, pero aseguró que la asociación tomará medidas de hecho.

A su vez, el juez Luis Tapia Pachi señaló que el despido de los vocales obedece a una instructiva del Gobierno de descabezar el Poder Judicial para dar pega a los masistas. “Me declaro un perseguido político del Gobierno por velar por la ley, pero también soy un guerrero hijo de Dios, no de la Pachamama ni del sol”, expresó.