Familiares de policías asesinados claman ayuda a Evo y los ayllus ponen en vilo al gobierno. Policía: el crimen es una narcovendetta. Indígenas mantienen el silencio.
Replegados: efectivos policiales de Uncía son vistos el miércoles en Llallagua
La Prensa
El Gobierno quiere negociar con linchadores y elude intervención
Uncía. El viceministro Torrico quiere dialogar. Un senador del MAS intenta ayudar a Diprove a recuperar los cuerpos. Los familiares sólo quieren sepultarlos. Los ayllus mantienen el silencio. La Policía cree que el crimen es una narcovendetta.
Situación: Los esfuerzos para abrir un espacio de diálogo no tuvieron éxito ayer. El Viceministro de Régimen Interior anuncia que se agotarán las conversaciones y que no se hará un operativo en el municipio de Uncía.
El Gobierno busca negociar con los linchadores de cuatro policías de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) en Uncía y descartó realizar una intervención por la fuerza, a fin de recuperar los cadáveres de los efectivos asesinados el lunes.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sostuvo ayer que “se están llevando adelante todas las gestiones para determinar la ubicación de los cuerpos de los cuatro policías, pues debemos rescatar los cadáveres de los policías que fueron asesinados” en Uncía, Potosí.
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, declaró ayer que “no se necesita intervenir, hay que hacer las cosas bajo el diálogo. Nosotros dialogamos hasta el último momento”.
La autoridad formuló ayer tales declaraciones después de rendir un informe oral ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.
A partir del diálogo, según Torrico, “vamos a investigar (los sucesos). Esto no va a quedar impune (…) Vamos a dar con los autores de estos hechos de sangre, que no se pueden producir en el país y quedar en la impunidad”.
En contacto sostenido ayer por La Prensa con el director nacional de Diprove, coronel Julio Cepcel, quien se encuentra en Llallagua, aseguró que, con apoyo del senador oficialista Efraín Condori, se busca sostener un encuentro con las autoridades originarias de los cinco ayllus de Uncía, a objeto de que éstos devuelvan los cuerpos de los asesinados.
Todos los esfuerzos, hasta el momento, han resultado inútiles, pues los campesinos guardan silencio y se muestran decididos a que se respeten las decisiones adoptadas en el cabildo del miércoles, cuando los ayllus declararon zona roja para dar lugar a la libre circulación de autos indocumentados y vetaron a la Policía.
El domingo por la noche, comunarios de Uncía interceptaron el automóvil en el que se desplazaban el suboficial segundo Nelson Alcócer Casano, los cabos Esteban Alave Arias y Rubén Cruz Aruquipa, y el policía Miguel Ramos Palluni.
Los acusaron de haber matado al taxista Adalid Escapa Condori, cuya identidad fue confirmada ayer por este diario, y de haberle robado su automóvil, por lo que les dieron muerte después de interrogarlos durante toda la noche.
Según una versión, el viernes 21 por la tarde, ese taxi fue abordado en Catavi por dos uniformados para que los traslade hasta la comunidad de Ancacato. En el trayecto, otros dos civiles abordaron ese coche y posteriormente se encontraron los restos del conductor cerca de la comunidad Yauriri, próxima a la ruta que conduce a Challapata y la ciudad de Potosí.
La red televisiva PAT informó ayer que dos autoridades originarias, o Segundas Mayores, aseguraron tener en su poder la grabación, hecha en un teléfono celular, de la confesión de los cuatro de haber matado a ese taxista y robado su vehículo, por lo que fueron ahorcados.
Los comunarios sostienen que los policías cometen abusos y exacciones en la región, por lo que otro Segunda Mayor dijo que no mataron a cuatro policías, sino a cuatro delincuentes.
El viceministro Torrico dijo que ningún punto del Estado puede ser considerado tierra de nadie, porque “el Estado de derecho está vigente en el país y así lo vamos a preservar. Ellos pueden declarar cualquier cosa. Mañana o pasado mañana, vamos a terminar la investigación y vamos a dar con los autores de los hechos”.
Cepcel aseguró que los cuatro uniformados fueron comisionados para investigar el robo de dos vagonetas en Huanuni.
“No sabemos todavía por qué se alejaron tanto del lugar y llegaron hasta Uncía. Tenemos dos hipótesis. Una, que vieron algún motorizado sospechoso y decidieron seguirlo, o que recibieron algún informe de que las unidades robadas estaban mucho más al sur y se desplazaron hasta aquí”.
El jefe policial reiteró ayer que los cuatro fallecidos salieron de Oruro el domingo a mediodía en misión oficial, por lo que no pudieron haber asesinado a Escapa Condori dos días antes, cuando estaban en la mencionada capital departamental.
Sin embargo, el ministro Llorenti dijo que se debe investigar qué hacían los cuatro uniformados tan lejos de su centro de operaciones y lugar de residencia, indagación que se ampliará a Diprove Oruro.
“No fue justicia comunitaria”
Isabel Ortega, viceministra de Justicia Indígena, Originaria y Campesina, aseguró ayer que el asesinato de cuatro efectivos de la Policía no fue un hecho de justicia comunitaria y que el caso debe ser investigado.
“La justicia indígena originaria no dice matar, no dice linchar. Dice que se deben solucionar los casos en el lugar, en la comunidad. Las sanciones, cuando se tiene problemas, consiste en acabar trabajos pendientes en la comunidad bajo un acta y algún familiar tiene que garantizar. Las autoridades deben orientar al que es culpable”.
Aunque admitió que en caso de comprobarse las muertes, “podría decirse que se trata de crímenes; es necesaria una investigación previa”.
Los responsables del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reunirán en las próximas horas para definir los pasos a seguir.
COA secuestró 420 automóviles
En cuatro meses, el Comando Operativo Aduanero (COA) secuestró 420 vehículos en el norte de Potosí, informó ayer a través de radio Fides el comandante de esa unidad policial, coronel Oswaldo Cabrera.
La autoridad reveló que tiene información sobre gente inescrupulosa que utiliza el logotipo de la unidad, para hacerse pasar como miembro del COA, lo que supuestamente llevó a confundir a cuatro policías de Oruro, quienes fueron linchados.
“Evidentemente hay gente bien organizada en la región. Según el informe del servicio de Inteligencia, estas personas tratan de doblar las planificaciones del Control Operativo Aduanero”, para exaccionar a los contrabandistas y comunarios.
Por el momento, dijo que no se desplazará personal a esa región, pues los policías pueden correr la misma suerte de sus camaradas muertos.
Para destacar
El domingo 23, los comunarios de Uncía celebraban la Fiesta del Espíritu Santo y disputaban un torneo de fútbol.
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, explicó que el ánimo de la celebración pudo influir en los comunarios.
La autoridad aún no admite que los cuatro efectivos policiales hubiesen muerto. Espera recuperarlos con vida.
En declaraciones a Radio Panamericana, Torrico dijo que las versiones sobre las muertes afectan a los familiares.
Familiares claman ayuda a Evo y los ayllus ponen en vilo al gobierno
Mientras los policías se replegaron de Uncía a Llallagua para evitar más violencia en la zona, el representante del Defensor del Pueblo tuvo contacto con los comunarios
El dolor de las familias. Esposas, madres y hermanos de los cuatro policías linchados salen de la red Unitel, anoche en La Paz, tras pedir ayuda al presidente Evo Morales.
Daniela Romero – La Paz, La Razón
Los familiares de los cuatro policías que fueron linchados en Saca Saca (Uncía) llegaron a La Paz para pedir al presidente Evo Morales una reunión y que interceda para recuperar los cuerpos. Ni el Gobierno ni la Policía avanzan en el caso.
A cinco días de la desaparición de los uniformados, que se presume realizaban un patrullaje por la zona, los familiares, que viven en Oruro, viajaron hasta Uncía para intentar rescatar los cadáveres. Luego fueron a Potosí, pero al no recibir ningún tipo de colaboración llegaron ayer a La Paz.
“Señor Presidente, apiádese de nosotros. Ellos estaban cumpliendo su labor. Somos madres de familia, qué día más negro estamos pasando y no solamente hoy, estamos desde el lunes buscando a nuestros esposos. Por favor usted, que es la máxima autoridad del país, ayúdenos. Se lo suplico en nombre de mis hijos”, pidió la esposa de uno de los policías en el noticiero de la red Unitel. El Primer Mandatario viajó anoche a Brasil para participar de un foro internacional sobre temas de civilizaciones.
Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni trabajaban en la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro. Hay denuncias de una presunta extorsión a los comunarios de los ayllus, sin embargo ese dato no se confirmó.
Al menos 18 personas, familiares de los efectivos, intentaron ingresar a la zona donde presuntamente éstos han sido ejecutados, pero recibieron amenazas de ser linchados.
Según su abogado, Johnny Castelú, el comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Orlando Ávila, les habría dicho a los familiares que él entraría a la zona, pero que los policías no eran sus subalternos. Tras esa negativa, acudieron al Comando de Oruro, donde se les negó ayuda.
Desde el lunes iniciaron una búsqueda sin resultados. Ayer se celebraba el Día de la Madre, pero las esposas y madres de los uniformados no festejaron nada. Sólo pedían ayuda.
Por la mañana, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, manifestó que se garantizará la presencia del Estado en todo el territorio nacional y que se investigará tanto la ejecución de los policías como el motivo que los llevó a ese lugar cuando cumplían sus funciones en otro departamento.
Cuando se le consultó qué acciones concretas llevaría adelante el Gobierno en este caso para acceder a la localidad de Saca Saca y recuperar los cuerpos, el ministro respondió: “Ratificar que se garantiza la presencia de las instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Eso está fuera de cualquier discusión”.
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, invitó el miércoles a los markas de los Ayllus de Paz para entablar un diálogo. Ellos jamás aparecieron. Ayer no se conoció sobre otras gestiones del Gobierno.
Uncía se encuentra sin presencia policial. El coronel Ávila y otros policías tuvieron que replegarse hasta Llallagua tras un contacto que los indígenas tuvieron con el representante del Defensor del Pueblo, René Arroyo, en el que admitieron la posibilidad de reunirse sólo con él.
El hermano del suboficial Alcócer dijo sentirse acongojado sobre lo ocurrido. “La última vez que me encontré con mi hermano fue el sábado. Me miró sonriente como siempre. No puedo entender que haya ocurrido semejante barbarie. En razón de justicia comunitaria han asesinado a mi hermano, y eso me duele”, dijo.
Por la tarde, desde el Comando General de la Policía se informó que todavía se acumulaban datos para tener un informe oficial sobre el caso. Por la noche se anunció que el comandante nacional, general Óscar Nina, recibirá hoy a las 9.00 a los familiares de los uniformados.
En un contacto con la red PAT, una de las autoridades de los ayllus contó anoche que los policías tenían credenciales duplicadas, que estaban con armas de fuego, cuchillos y pitas. “Han amenazado con pistola y (han) sacado dinero”, denunció.
Castelú contó que la tarde de ayer, cuando los familiares de los policías se concentraban en la plaza Murillo para hablar con Morales, aparecieron personas que les tomaron fotografías e intentaron sacarlos del lugar.
Pidió que se cumpla el Estado de Derecho en el país. “No estamos haciendo ninguna gestión para lastimar al Gobierno. Lo que queremos es que se atienda a todas estas familias, porque estos funcionarios eran de la Policía y no es una institución cualquiera”, manifestó ayer el abogado.
Algunos detalles del caso
El narcotráfico y el tránsito de productos y vehículos ilegales serían las causas de la violencia de los ayllus en el lugar. Al parecer, éstos habrían confundido a los policías con funcionarios del Control Operativo Aduanero.
El fiscal general, Mario Uribe, señaló que lo sucedido en Uncía está fuera de la ley y que las autoridades deben extremar acciones para esclarecer el caso.