La Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) recibió ayer su primera derrota en la Asamblea Plurinacional al verse obligada a retroceder en varios puntos de su planteamiento original sobre la nueva Ley del Órgano Judicial. Aunque el proyecto todavía debe ser considerado por Senadores, el jefe de bancada de Convergencia Nacional (CN), Mauricio Muñóz, asegura que se trata de la primera victoria en el legislativo y que no es probable que se realicen mayores modificaciones al proyecto aprobado por consenso de mayoría en Diputados.
"Hemos conseguido nuestra primera victoria sobre el MAS, porque logramos corregir en buena medida las fallas que identificamos en su proyecto inicial", dijo Muñóz, al explicar la modificación de los artículos relativos a las competencias y límites del Defensor del Litigante, introducir una disposición transitoria que da plazo de 180 días para su tratamiento y sanción de la Ley del Deslinde Jurisdiccional, además de aumentar de 5 a 7 los miembros del Tribunal Agro Ambiental y determinar el método de selección de Jueces en base al concurso de méritos.
"Respecto al Defensor del Litigante, el artículo 212 del proyecto le permitiría a este funcionario convertirse en una especie de ‘Gestapo’ que persiga a todo juez o fiscal que contravenga las órdenes del Ejecutivo", reveló el jefe de Bancada de CN, quien señala que en la propuesta aprobada el Defensor del Litigante cumple la función de velar por los derechos de los ciudadanos involucrados en procesos, bajo la fiscalización de la Asamblea Plurinacional; aunque no se pudo modificar el hecho que la designación de este servidor público sea potestad del Presidente del Estado.
Otro aspecto no menos importante se refiere a la disposición transitoria que da un plazo de 180 días al Gobierno para aprobar la norma del Deslinde Jurisdiccional, que deberá regular la aplicación y alcances de la Justicia Comunitaria. Según la Diputada del MAS, Cecilia Ayllón, la medida no fue adoptada por presión de la oposición sino por el pedido del movimiento Indígena Originario Campesino (IOC), que expresó molestia por la “tergiversación” del concepto de la Justicia Comunitaria. “Han pedido que se introduzca en esta Ley y que se apliquen los principios básicos de esta justicia comunitaria, que respeta los derechos humanos y que respeta la vida”, enfatizó.
Para Muñóz, otra modificación significativa radica en la introducción del concurso de méritos en el proceso de selección de magistrados, quiénes recién podrán ser elegidos por voto. "Al incluir la meritocracia en el método de selección de jueces, prevenimos el hecho de que los nombramientos se hagan en función a méritos políticos", aseguró, a tiempo de considerar que en la administración de Justicia no se puede proceder de este modo.
Por su parte, el también Diputado de CN, Andrés Ortega explicó que sí bien existe cierta conformidad en la bancada opositora, no se puede considerar que la ley aprobada revista cambios estructurales en el sistema de Justicia boliviano. "Se supone que teníamos que erradicar la corrupción del Poder Judicial a través de mecanismo jurídicos, pero esta nueva Ley del Órgano Judicial apenas representa un conjunto de parches legales que no modifican a fondo las necesidades del pueblo boliviano", dijo.
"Será importante evaluar la posibilidad de reformar esta Ley con la participación de los sectores involucrados", afirmó Ortega, a tiempo de explicar la necesidad de contar con el criterio del Colegio de Bogados de Bolivia, las Facultades de Derecho y las Asociaciones de Víctimas del Delito del país, para elaborar un proyecto más incluyente y enriquecido por criterios técnicos.
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