La Ley de Autonomías omite 14 demandas de los actores. Indígenas exigen respeto; gobernaciones, recursos

Santa Cruz, Tarija y municipios piden más plata para autonomía. Los municipios plantean ceder tareas en salud y educación.

22 de julio de 2008: autoridades tarijeñas proclaman la autonomía de Tarija

La Prensa

La Ley de Autonomías omite 14 demandas clave de los actores

Pedidos: Indígenas piden reconocimiento de sus territorios; las gobernaciones, más recursos; y los municipios, reglas para suspensión.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización que es elaborada por el Ministerio del área tiene al menos 14 puntos conflictivos que resolver en tres niveles de gobierno: indígena, municipal y departamental.

Un relevamiento de las demandas de los subniveles de gobierno realizado por La Prensa (ver cuadro) permite ver que la dotación de más recursos económicos para el funcionamiento de los gobiernos autónomos, el establecimiento de reglas claras para la suspensión de autoridades y el reconocimiento de los territorios indígenas ancestrales son los ejes fundamentales del debate.

La norma, que según la Constitución Política del Estado debe ser aprobada hasta el 21 de julio, será remitida a la Asamblea Legislativa hasta el fin de semana una vez que sea ajustada, anunció el ministro de Autonomías, Carlos Romero, quien dijo que espera llegar a consensos con las gobernaciones, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y los indígenas de tierras altas y bajas.

Las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija y Beni —opositoras al Gobierno central— demandan el incremento de los presupuestos departamentales porque sus gobiernos tienen más tareas que ejecutar por la transferencia de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes que dispone la Constitución Política del Estado.

La Ley Marco de Autonomías, según el Ministro del sector, ampliará las atribuciones compartidas y concurrentes de los gobiernos departamentales, aunque la cantidad se conocerá una vez que existan acuerdos sobre la norma.

Además, las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija demandan que la normativa fije reglas claras para la suspensión de autoridades departamentales a fin de evitar una crisis política en las regiones, como ocurre actualmente en la ciudad de Sucre con la suspensión del alcalde electo Jaime Barrón.

La Ley Transitoria de Autonomías, que permitió la conversión de las prefecturas en gobernaciones, establece que los gobernadores que tengan alguna acusación formal ante la justicia serán suspendidos de sus funciones temporalmente y, en su reemplazo, la Asamblea Departamental elegirá por mayoría simple a un asambleísta titular.

Esto permitirá que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tome las gobernaciones de Tarija y Beni, donde tiene una correlación mayoritaria de asambleístas a su favor. Por ese motivo, el secretario de Autonomías de la Gobernación cruceña, Óscar Ortiz, afirmó que en la nueva Ley de Autonomías se debe establecer que las autoridades departamentales sólo pueden ser suspendidas con una sentencia ejecutoriada.

En el ámbito municipal, la preocupación de la Federación de Asociaciones Municipales también gira sobre el establecimiento de procedimientos específicos para la suspensión de alcaldes.

La propuesta es que las autoridades ediles que tengan procesos penales abiertos en el ejercicio de sus funciones sean suspendidas únicamente cuando salga la sentencia judicial y no con la sola acusación formal ante la justicia, como ocurre actualmente.

El presidente de la FAM y alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que esta propuesta busca evitar conflictos de gobernabilidad que pueden repercutir en el desarrollo de los municipios.

Hay al menos cinco autoridades locales que están en la mira, entre ellos René Joaquino en la ciudad de Potosí.

Los alcaldes que tienen procesos penales pueden ser suspendidos con la Ley de Municipalidades y reemplazados por un concejal que hubiere sido elegido en lista separada a la del Alcalde.

Los indígenas insisten en el reconocimiento de los territorios ancestrales como bases territoriales para la fundación de autonomías, pero esta propuesta tropieza con la oposición del Gobierno central, que cerró las puertas a cualquier modificación de los límites porque puede generar conflictos regionales.

Los puntos nodales

Demandas de la autonomía departamental

Transferencia de más recursos económicos.

Procedimiento específico para la suspensión de autoridades departamentales.

Que los temas de educación, salud y seguridad ciudadana deben ser legislados por el Gobierno Nacional y ejecutados por los gobiernos departamentales autónomos.

Más competencias compartidas: Desarrollo

Demandas de la autonomía municipal

Suspensión temporal de alcaldes.

Cesión de sus competencias, como la de infraestructura educativa.

Determinación de tarifas de transporte urbano.

Demandas del nivel indígena

Incorporación en la Ley Marco de las definiciones de nación indígena y de territorio ancestral.

Reconocimiento de los territorios ancestrales para la constitución de autonomías indígenas.

Establecimiento del parámetro poblacional.

Plazo en la transición de municipio a autonomía indígena en los 11 municipios en conversión.

Referendo según normas y procedimientos propios para la conformación de autonomía.

Reconocimiento de las TCO como bases para la constitución de territorios autónomos.

Transferencia de recursos económicos como a cualquier otro nivel de autonomía.

Santa Cruz, Tarija y municipios piden más plata para autonomía

Diálogo: el ministro Romero en el encuentro nacional de autonomías, el 8 de junio.

Debate: Tarija propone redistribuir la coparticipación: 50% para el Gobierno nacional, 35% para alcaldías, y 15% para departamentos.

Las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) demandan al Gobierno nacional la dotación de mayores recursos económicos para asumir las nuevas competencias autonómicas, que entrarán en vigencia con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en actual discusión.

Sin embargo, el Órgano Ejecutivo considera que los recursos que actualmente tienen los gobiernos departamentales y los municipios son suficientes para asumir las nuevas atribuciones.

Las gobernaciones del MAS se reunirán este fin de semana en Cochabamba para analizar la nueva Ley Marco de Autonomías, y por el momento no tienen una posición al respecto.

La Gobernación que tiene un proyecto definido es la de Tarija. El secretario coordinador de Gobernabilidad de esa región, Mauricio Lea Plaza, anunció que esta repartición regional propone una redistribución de la coparticipación tributaria: el 50 por ciento para el Estado nacional y el 50 por ciento para las regiones autonómicas.

De este último 50 por ciento, el 35 por ciento debe estar destinado a los municipios, y el 15 por ciento a las gobernaciones departamentales. Actualmente, los municipios tienen el 20 por ciento de la coparticipación tributaria, y los departamentos no acceden a los impuestos nacionales.

Tarija plantea además que la distribución actual de la renta petrolera se mantenga tal cual, el 43,7 por ciento para los gobiernos departamentales.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, rechazó ese planteamiento e ironizó que mejor sería proponer la disolución del Estado boliviano.

Romero señaló que la razón para que el Gobierno haya decidido no entregar mayores recursos a las gobernaciones es que los departamentos ya accedieron a recursos adicionales con la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero en aquella ocasión no recibieron nuevas competencias.

Complementó que es momento de que esas regiones asuman nuevas responsabilidades para satisfacerlas con aquellos fondos del IDH.

Actualmente se realiza un debate nacional por la elaboración de la Ley Marco de Autonomías, que es una de las cinco normas fundamentales para poner en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Aún no existen acuerdos con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), las gobernaciones departamentales y los municipios.

Los puntos centrales del debate son: las nuevas competencias, la dotación de mayores recursos y los alcances de los territorios indígenas autonómicos.

El secretario de Coordinación Institucional y Desarrollo de Autonomías de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, señaló que en el encuentro de análisis de la Ley Marco con el Ministerio de Autonomías, entre el martes y el miércoles, se pidió la dotación de mayores recursos.

El planteamiento de Santa Cruz es que exista un nueva distribución de los recursos nacionales, aunque Ortiz reveló que el documento que trabaja el Gobierno congela la actual estructura de distribución de fondos. Dijo que esa región aún no tiene una propuesta definitiva, la cual será dada a conocer cuando se ahonde más la discusión sobre las nuevas competencias y los recursos en estos encuentros con el Ministerio de Autonomías.

Las alcaldías tampoco tienen un planteamiento definido. El director de la FAM y representante de los municipios del Beni, Yerko Núñez, explicó que el principio básico con el que conversan es que si se asumirán nuevas competencias se deben entregar nuevos recursos económicos para administrarlos.

Para el Gobierno, esta discusión está cerrada, pues considera que las autonomías regionales ya cuentan con fondos para atender las nuevas funciones. Romero explicó que con el Ministerio de Economía y su despacho realizaron un “costeo competencial” (cuánto cuesta administrar cada una de las nuevas competencias) y que llegaron a la conclusión de que los fondos actuales de los gobiernos departamentales son suficientes para atender los nuevos servicios.

Respecto de las competencias, Santa Cruz y Tarija aceptan administrar todas las atribuciones nuevas: las concurrentes, las compartidas y las exclusivas. Las primeras son aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central, y las normas y ejecución, a los gobiernos subnacionales. Las compartidas, aquellas en las que la legislación básica está en manos del nivel nacional, y la legislación de desarrollo, a las regiones autonómicas.

La FAM aún analiza si las alcaldías asumen nuevas competencias o si se quedan con las vigentes.

Romero explicó que en la redacción de las nuevas competencias se está estableciendo con claridad hasta dónde alcanzan las prerrogativas de cada nivel de gobierno respecto de las competencias concurrentes y compartidas, puesto que en las exclusivas no existe discusión.

Las competencias exclusivas son aquellas en las que los gobiernos departamentales tienen plenas facultades, aunque pueden renunciar a algunas o asumir todas las fijadas en la norma.

Aún no crearán nuevos tributos

Las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija no rechazan la posibilidad de que estos niveles creen nuevos impuestos, pero consideran que existe poco margen para hacerlo y esto va demorar. Entonces por el momento en lo único que piensan es en la transferencia de nuevos recursos.

El secretario coordinador de Gobernabilidad de la Gobernación de Tarija, Mauricio Lea Plaza, sentenció: “En un contexto económico como el que estamos, los impuestos directos los maneja el Tesoro, es difícil crear impuestos que vayan a afectar los ingresos de la gente, que vaya a afectar el consumo de la economía, es muy difícil”.

Además, dijo, “hay un elemento que parece fundamental, estamos entrando en una Bolivia autonómica, y no podemos seguir con el mismo marco de distribución de ingresos de la Bolivia centralista. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo de redistribución también de los ingresos nacionales”.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que en la Ley Marco de Autonomías no figura la posibilidad de la creación de nuevos impuestos para los gobiernos departamentales, puesto que ese tema será materia de la futura Ley de Clasificación de Impuestos.

El secretario de Coordinación Institucional y Desarrollo de Autonomías de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, dijo que las gobernaciones no rechazan la creación de nuevos impuestos, y que ahora los están analizando; aunque se tiene un margen muy estrecho, pero que eso tiene que esperar una nueva ley.

Las autonomías

El artículo 297 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la distribución de competencias.

En ella se definen las competencias privativas del Gobierno nacional, las exclusivas de los gobiernos autonómicos.

Además, las competencias concurrentes y compartidas entre los gobiernos autonómicos y el nivel nacional.

Las competencias exclusivas son 36, entre las que figuran la creación y administración de impuestos.

Las competencias compartidas son siete, como la administración de los juegos de lotería y de azar.

Las concurrentes son 16 y en este grupo figura la gestión de los sistemas de salud y educación.

Los municipios plantean ceder tareas en salud y educación

Discusión: El proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización de la Federación de Asociaciones Municipales pretende entregar atribuciones en estos rubros a las gobernaciones debido a que no cuentan con recursos suficientes.

L a propuesta de anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia plantea ceder competencias en salud y educación a las gobernaciones y a las autonomías indígenas.

En el área educativa, por ejemplo, propone que las autonomías indígenas se hagan cargo de la dotación del desayuno escolar y de “construir, administrar, mantener y renovar” la infraestructura de las unidades educativas de su jurisdicción, además de elaborar programas y proyectos educativos para la niñez y adolescencia.

En el caso de salud, plantea que las gobernaciones se hagan cargo de los hospitales de tercer nivel, mientras que las alcaldías administrarán los centros de atención de segundo y primer nivel.

El artículo 302 de la Constitución Política de Estado (CPE) otorga 43 competencias a los municipios. Sin embargo, según el artículo 11 del proyecto, las leyes nacionales podrán definir la asignación de atribuciones no incluidas en el texto constitucional.

El Decreto Supremo 28421, de octubre de 2005, fija competencias para las prefecturas y municipios para la inversión de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Las competencias de esta norma fueron ampliadas con el Decreto 29565, de mayo de 2008, en el que los gobiernos municipales pueden realizar labores de fortalecimiento de la gestión educativa hacia pueblos indígenas.

En el decreto también se facultó a las alcaldías a ejecutar “directamente” los servicios de desayuno escolar.

El secretario de Relaciones Internacionales de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, explicó que estos temas deberán ser analizados e incorporados en la Ley Marco; sin embargo, dijo que se trata de competencias concurrentes, es decir que son normadas por el Gobierno central, pero los gobiernos autónomos deberán reglamentarlas y ejecutarlas. “Será necesario distribuir responsabilidades”.

El vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), el alcalde tarijeño Óscar Montes, afirmó que los municipios piden la ampliación de una nueva categoría de gastos, primero relacionados al gasto corriente e inversión, luego en servicios como agua y luz, la compra de materiales para el proceso educativo y finalmente infraestructura e inversiones.

“En el país tenemos ya esta estructura y queremos entrar a trabajar con calidad, pero con nuestro presupuesto no podemos hacer esto y tenemos dificultades”.

En salud, sostuvo que hay mayores cuestionamientos. “Nos transfieren la potestad de administrar el personal y los centros hospitalarios, pero hay leyes en las cuales se señala que son los médicos los que nombran a este personal. Hay un conjunto de leyes que no nos permiten participar en estos temas”.

Admitió que este proceso de descentralización será complejo.

El técnico Hugo Mariscal dijo que la propuesta municipal, pese a delegar algunas competencias, retiene muchas otras en aspectos sociales. Argumenta que esto se debe a la cercanía de los municipios con la ciudadanía, que es mayor a la que sostienen las gobernaciones y el mismo Gobierno. En sitios públicos, como las escuelas y los hospitales, la gente puede realizar quejas que llegarán más rápidamente a las alcaldías.

“Las competencias municipales llegarían a ser un referente en muchas cosas, sí, porque los municipios son autopotentes, no hay subordinación a niveles autonómicos. Son referentes en cuanto a gestión, es un modelo que hay que desarrollar y que cada vez hay que profundizarlo más en el país”.

Competencias propuestas para el área de educación

Principales propuestas para educación

Gobierno central

Elaborar políticas del sistema

educativo.

Definir las estrategias del sistema educativo.

Elaborar normas.

Diseñar y aprobar el currículo base.

Supervisar los recursos humanos.

Gobierno departamental

Construir, renovar y mantener la infraestructura física y los servicios básicos de las escuelas superiores, Sedes, direcciones distritales, institutos técnicos y otros.

Dotar, mantener y reponer el equipamiento, mobiliario, material e insumos para éstos.

Gobierno municipal

Construir, administrar, mantener y renovar la infraestructura física y los servicios básicos de las unidades educativas fiscales.

Gestionar ante el Gobierno la planilla de recursos humanos.

Dotar y reponer el equipamiento, mobiliario de escuelas fiscales.

Programar la alimentación escolar.

Autonomía indígena

Construir, administrar, mantener y renovar la infraestructura física y los servicios básicos de las escuelas fiscales de su jurisdicción.

Dotar, mantener y reponer el equipamiento, mobiliario, materiales e insumos de éstas.

Dotar de desayuno escolar.

Elaborar programas en el tema.

Competencias propuestas para el área de salud