Oposición boliviana denunció que el reglamento propuesto por el partido del presidente Morales pretende evitar la fiscalización y eliminar a los opositores.
Las diputadas Adriana Gil (centro) de Convergencia Nacional; Elizabeth Reyes (der), de Unidad Nacional (UN), y la senadora Centa Reck (izq), de Convergencia Nacional, afirmaron que el MAS quiere imponer su reglamento, para impedir la labor de fiscalización.
EFE – La Paz
La oposición boliviana denunció hoy que un reglamento de ética propuesto por el partido del presidente Evo Morales pretende imponer una «mordaza» a los debates de la Cámara de Diputados y suspender el mandato a los parlamentarios opositores.
La diputada conservadora Adriana Gil declaró a Efe que esa norma «permitirá que el oficialismo se deshaga de sus opositores».
En cambio, el presidente de la Cámara, el oficialista Héctor Arce, dijo a la prensa que el reglamento pretende frenar «las expresiones racistas de la minoría en contra la mayoría».
Arce sostuvo que insultos racistas como «borregos» y «ovejas», que lanzan los opositores a los oficialistas, son «expresiones lamentables» en contra de los parlamentarios indígenas.
El proyecto de reglamento, al que accedió Efe, propone castigar las faltas más graves con la pérdida del mandato logrado en los comicios generales de diciembre pasado y otras con la separación del cargo por un período de hasta un año, sin recibir salarios.
El documento menciona como «faltas gravísimas», que conllevan la suspensión del mandato, el abandono injustificado del cargo por seis días, cambiar de partido o declararse «independiente».
Una suspensión de seis meses a un año se aplicará a los parlamentarios por agresiones físicas a colegas, por violar el secreto en algunos temas, por «hechos escandalosos» o «bochornosos», y por discriminar o denigrar otros legisladores por razones de sexo, raza, idioma, condición social o económica.
Podrán ser suspendidos de uno a seis meses quienes no guarden «el debido respeto ante símbolos patrios», ejerzan influencias por medio de terceros o propongan leyes en beneficio propio.
La suspensión de uno o dos meses se aplicará al diputado que «falta ostensiblemente a la verdad en sus intervenciones en temas concretos, probados o probables», o incurra con «faltas al decoro de la Cámara».
Gil destacó que la decisión de cuál diputado dice la verdad o miente queda en manos de una comisión de ética de mayoría oficialista.
«Una palabra malentendida por ellos como mentira puede provocar la suspensión y la violación del mandato», dijo Gil a Efe, y señaló que es una «mordaza» para callar denuncias de «corrupción» o «mala gestión» de Morales y su Gobierno.
La legisladora opositora, conocida por sus denuncias enérgicas contra el oficialismo, teme que será la primera en ser sancionada si la norma se aprueba.