Jefes policiales del país y Oruro fueron hostigados en el sepelio de los 4 policías linchados por los ayllus de Uncía. Los cuatro uniformados fueron ascendidos de rango y se les condecoró con la Medalla al Valor.
“¡Maldito Evo Morales, maldito!” gritó la esposa del sargento Nelson Alcócer, ante el cuerpo sin vida que fue enterrado ayer en Oruro, después de 14 días que fue secuestrado junto a otros tres policías de Diprove, por los ayllus en Uncía, al noreste de Potosí, cuando investigaban el robo de cuatro vagonetas.
Reclamo: el comandante Nina recibió el reproche de los familiares en el velorio
La Prensa
Jefes policiales del país y Oruro fueron hostigados en el sepelio
Homenaje: Los cuatro uniformados fueron ascendidos de rango y se les condecoró con la Medalla al Valor.
Oruro / La Prensa.- Los cuatro policías que murieron a manos de los indígenas de dos ayllus de Uncía (norte de Potosí) fueron enterrados ayer en medio de la congoja de sus familiares y de pedidos de justicia. El sepelio estuvo marcado por el hostigamiento al comandante general de la Policía, Óscar Nina, y al jefe policial de Oruro, Mario Hinojosa, quienes tuvieron que aguantar más de un insulto.
El presidente Evo Morales no se salvó de la bronca de los asistentes, pese a que ni él ni ninguna autoridad del Gobierno acompañó el entierro.
El policía Rubén Cruz Aruquipa (34), el cabo Esteban Alave Arias (34), el policía Miguel Ángel Ramos Pañuni (21) y el suboficial Nelson Antonio Alcócer Casaca (46) fueron despedidos con pañuelos blancos por una multitud que se congregó afuera del Cementerio General de la ciudad de Pagador.
Los policías fueron velados en instalaciones del Batallón de Seguridad Física, adonde llegaron los comandantes Nina e Hinojosa y tuvieron que soportar el primer trago amargo.
“Fuera…, fuera, maricones, recién vienen”. “Por qué no han hecho nada para rescatar a los policías de Uncía”. “Ellos son los responsables de la muerte de estos policías”. “Evo asesino”. “Que se vaya el comandante Nina”. “Por culpa de Evo Oruro está de duelo”. “Qué queremos…. justicia”, fueron algunos de los reclamos y consignas. La rechifla y los reproches se prolongaron por al menos 10 minutos.
Los familiares reclamaron a los jefes policiales el hecho de no haber intervenido en la zona para rescatar los cuerpos, más aún cuando el informe del médico forense estableció que la data de muerte del suboficial Alcócer es de entre tres y cinco días, por lo que pudo ser rescatado.
El obispo de Oruro, monseñor Cristóbal Bianlasik, que ofició la misa de cuerpo presente, logró disipar las tensiones con la advertencia de suspender la ceremonia si los ánimos no se calmaban.
En su sermón, el prelado demandó que la “desastrosa muerte” de los uniformados sea esclarecida. En referencia al quinto mandamiento, dijo que nadie tiene derecho de atentar contra la vida de las personas. “Ni el Presidente ni los ministros tienen el derecho de decir quiénes tienen que morir”.
Tras la eucaristía se entonó el Himno Nacional. Posteriormente se anunció la entrega del emblema nacional a las viudas y a las madres de las víctimas. En esas circunstancias nuevamente se caldearon los ánimos, pues la multitud exigió que sólo se entregue la tricolor y no así la wiphala. “No es nuestra bandera eso…”.
Los cuatro uniformados fueron ascendidos al grado superior y se les otorgó la Medalla al Valor porque murieron en el desempeño de sus funciones. Luego se escucharon 28 salvas, siete por cada uno de ellos, como preámbulo del traslado a su morada final.
En el cementerio, la población pedía la dimisión del comandante Hinojosa, quien al ser avistado en inmediaciones del mausoleo fue rechiflado.
El comandante Nina se comprometió a dar con los responsables. Sobre la silbatina y los insultos, manifestó: “Por favor, no miren detalles que no vienen al caso, tengan un poco de consideración, no hagan escarnio de este momento, no politicen las cosas ni busquen intereses que no existen”.
Según ABI, el Comandante policial señaló entre lágrimas que “sea cual sea las circunstancias en las cuales los policías se encontraban allá, nada justifica un crimen tan detestable, nada justifica un ensañamiento contra las vidas humanas, como hicieron con nuestros camaradas”.
Familiares culpan a Evo y a la Policía
Familiares de los cuatro policías victimados por dos ayllus de Uncía (norte de Potosí) responsabilizaron al Gobierno y a la Policía por la muerte de sus parientes.
Rubén González, cuñado del cabo Rubén Cruz, dijo: “No podemos quedarnos así, los familiares exigimos que las autoridades den con quienes mataron a mi cuñado”. La esposa del suboficial Nelson Alcócer, Mónica Corrales, entre sollozos expresó: “Realmente gracias a este maldito Presidente (Evo Morales), se lo digo en su cara, mi esposo estaba con vida, podían rescatarlo, hemos tocado varias puertas. Mi esposo no tiene nada de olor. Ha sido el último en morir. Este Gobierno no ha hecho nada, sino ha entorpecido (el rescate), no nos han ayudado, no sé qué tipo de Gobierno tenemos, no tiene justicia”.
El comandante de la Policía de Oruro, Mario Hinojosa, exigió “una profunda investigación en relación a la muerte de mis camaradas para determinar e individualizar, e identificar a los responsables de estas muertes”.
El caso pasa a Potosí
El fiscal del departamento de Oruro, Alfredo Santos, quien estuvo asignado al caso, informó que por jurisdicción la investigación estará a cargo del Ministerio Público de Potosí, por lo que los informes forenses serán derivados a esa ciudad. Esa autoridad estimó que el protocolo de la autopsia será entregado mañana.
Explicó también que luego de conocerse los resultados de la autopsia de ley, los delitos que se cometieron y por los cuales se debe juzgar a los responsables son: asesinato, asociación delictuosa, encubrimiento y complicidad.
“Esperemos los resultados para iniciar las investigaciones”, dijo Santos, y señaló que una posible intervención y trabajo en la zona se deberá hacer en coordinación con el representante del Ministerio Público de Potosí.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Maríanela Paco (MAS), aseguró que fiscalizarán los procesos de investigación. La oposición pide que la indagación sea imparcial.
Familias de policías le dan duro a Evo y piden justicia
Una multitud enterró ayer a los cuatro policías linchados en Uncía. Los familiares maldijeron al Presidente, le exigieron que dé con los autores del hecho y pidieron garantías.
EL DÍA. 6 de Junio, 2010
“¡Maldito Evo Morales, maldito!” gritó la esposa del sargento Nelson Alcócer, ante el cuerpo sin vida que fue enterrado ayer en Oruro, después de 14 días que fue secuestrado junto a otros tres policías de Diprove, por los ayllus en Uncía, al noreste de Potosí, cuando investigaban el robo de cuatro vagonetas.
“Hemos tocado tantas puertas, pero a mi esposo (Alcócer) recién lo han matado, (su cuerpo) no tiene nada de descomposición. El Gobierno no hizo nada, más bien entorpeció. El policía no tiene defensa, si fuera un campesino sí tendría justicia. Esto no puede quedar impune, nuestros esposos no son animales”, dijo la esposa del sargento Alcócer, pidiendo encontrar a los “asesinos”, a pesar de haber firmado un desistimiento para iniciar cualquier proceso legal, requisito de los ayllus para entregar los cuerpos.
La esposa también llamó “maricones” a los ministros de Evo que “escaparon al escuchar un cohete” en Uncía y le reprochó al Mandatario que sólo “es bueno para jugar fútbol y andar viajando de turista”.
“Maldito Gobierno, tal vez podíamos rescatar a mi hermano porque recién fue asesinado. Nosotros tenemos amarrados los pies, manos y boca, pero les pedimos a las instancias correspondientes que se haga justicia”, intervino también la hermana del policía Alcócer, exigiendo garantías ante las amenazas que reciben.
Por su parte la esposa del cabo Rubén Cruz, Lola Pallarico, con lágrimas en los ojos describió que los mataron salvajemente, según los signos en sus cuerpos.
Otro de los familiares de los policías muertos dijo que tendrán que irse de Oruro y cambiar de números de teléfonos, ya que continúan recibiendo llamadas intimidatorias para evitar que investiguen. “No sabemos qué hacer”, sostuvo una de las esposas de los policías, que prefirió no identificarse, explicando que dejaron fotocopia de sus documentos de identidad a los campesinos para rescatar los cuerpos y que ahora temen que los busquen.
El pasado 23 de mayo los policías Nelson Alcócer, Miguel Ramos, Rubén Cruz y Esteban Alade fueron interceptados en Uncía por campesinos, donde investigaban el robo de cuatro vagonetas. El lugar es conocido por el contrabando de vehículos “chutos”. En la recuperación de los cuerpos no participó el Gobierno.
“Los documentos obtenidos bajo presión son susceptibles a nulidad”, dijo Castelú dejando en claro que ante el nuevo elemento que el policía, Alcócer habría muerto hace tres días, exigen al Gobierno, la Fiscalía y a la propia Policía una investigación.
El Gobierno justifica la no intervención en Uncía, señalando que tenían que esperar que los campesinos se calmen.
“Los perseguiremos y los encarcelaremos”, prometió el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, negando que uno de los policías haya fallecido recientemente como señala el examen forense, aclarando que el informe de inteligencia establece que murieron el 25 de mayo. El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, aseguró que actuaron con cautela para evitar más muertes.
“Sea cual sea las circunstancias en las cuales los policías se encontraban allá, nada justifica un crimen”, dijo el comandante nacional de la Policía, Óscar Nina /ED-Agencias
LO QUE DICEN
JOHNNY CASTELÚ
Abogado de los familiares
Conforme establece el procedimiento penal y la nueva modificación, aquí implicaría responsabilidades por incumplimiento de deberes a los funcionarios que en su momento no han actuado oportunamente para recuperar los cuerpos.
ROLANDO VILLENA
Defensor del Pueblo
Son siete muertos en los últimos seis años y tanto la Fiscalía como la Policía no hicieron mucho, por eso no hay un manejo adecuado, parecen más entidades simbólicas. La Fiscalía demostró total inacción y por parte de la Policía no asumieron sus funciones.
ELIZABETH REYES
Diputada de UN
Seremos la parte coadyuvante en el proceso para que se investigue este asesinato, pidiendo la inclusión de autoridades de Gobierno como el Ministro de Gobierno, el Comandante de la Policía y todos los funcionarios que no actuaron, eso es omisión.
Jefe de Diprove pide que el caso sea investigado
El director nacional de Diprove, Julio Cepcel Guarachi, dio un informe detallado de la ruta que debían seguir los policías y aseguró que no eran extorsionadores, sino que investigaban el robo de cuatro vehículos de Oruro.
“Vamos a hacer todo lo posible para que los autores sean remitidos a la justicia, no por venganza, sino por justicia”, insistió.
A su vez el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Cnl. Félix Molina, consideró que podría ser una venganza de un dirigente campesino que fue detenido una semana antes del linchamiento, por tener dos fábricas de cocaína.
El alcalde de Uncía convoca a los ayllus
El alcalde de Uncía en Potosí, Hilarión Flores Chambi, convocó para la próxima semana a una reunión a las autoridades originarias e instituciones de este municipio para concertar una solución al conflicto generado por el ajusticiamiento de cuatro policías hace 14 días en las comunidades de Cala Cala y Saca Saca.
La autoridad indicó que se busca concertar un acercamiento con algunas autoridades originarias, para que den cuenta de lo ocurrido y para conocer lo que piensa la gente, y en base a ello, buscar salidas pacíficas. Añadió que aunque sostuvo encuentros con los ayullus, prefirió esperar hasta que se «apacigüen los ánimos» /ANF
El Gobierno justifica a los ayllus y su inacción en matanza de Uncía
Sepelio: los cuerpos de los policías muertos recorren las calles de Oruro antes de ser llevados al Cementerio General
La Prensa
Desmentido: El Ejecutivo negó que el suboficial Alcócer haya sido asesinado mientras se negociaba con los ayllus.
El Gobierno defendió ayer su inacción en el rescate de los cuerpos de los policías linchados por dos ayllus de Uncía (Potosí) con el argumento de que quería evitar el enfrentamiento con los campesinos; pero, además, justificó el accionar de los ayllus del norte potosino y aseguró que no toda la responsabilidad es de ellos, ya que se encontraban en medio de un conflicto entre contrabandistas de autos y policías que presuntamente abusaban de su poder.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, explicó, en el programa Diálogo en Panamericana, que los indígenas potosinos aparecieron “al centro de un conflicto de otra naturaleza, ajeno al ayllu y a su propia forma de vida”.
“Creemos que en la zona ha habido otro problema, donde los comunarios aparecen ahí, al centro, involucrados, que ha sido un problema entre este tema del tránsito de los autos indocumentos y, no me estoy refiriendo a la institución, sino a algunos policías que no estaban haciendo su trabajo correctamente, ahí viene la acusación que si eran COAs, diproves y si estaban en su jurisdicción o no, y esto derivó en esta terrible situación. No hay que satanizar, creo que no es correcto pensar que han sido los comunarios, mientras no se tenga elementos de mayor convicción”.
El Ministro y el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, salieron a defenderse de las críticas que surgieron en las últimas horas tras conocerse el informe forense según el cual la data de la muerte del suboficial Alcócer es de entre tres y cinco días. Según los familiares, ese dato prueba que pudo haber sido rescatado con vida.
Sin embargo, Torrico descalificó el informe de la autopsia y negó que ese efectivo haya perecido durante el diálogo. Aseguró, basado en informes de inteligencia, que los cuatro policías perecieron el 25 de mayo a las 17.00, es decir, dos días después de que fueran capturados.
El fiscal orureño asignado al caso, Alfredo Santos, ratificó que la muerte de Alcócer es reciente y no quiso entrar en polémica sobre lo dicho por Torrico.
Explicó que el cadáver del suboficial no presentaba el mismo grado de putrefacción que los otros cuerpos. Dijo que los estudios técnicos científicos determinarán aquello con más precisión.
El Viceministro también justificó el que la Policía no haya intervenido en el lugar: “Más de cuatro mil campesinos enardecidos, ¿vamos a llevar siete mil hombres y vamos a estar contando una veintena, una centena de muertos después?, había mucha efervescencia en el camino, cómo vamos a entrar así?
El ministro Coca respaldo esa versión y aseguró que el Gobierno obró con cautela. “Alguna gente pretendía y decía que se militarice, (pero) meterle grupos de presión en un momento tan crítico, entendemos que habría sido todavía peor”.
La autoridad aseveró que la muerte de Alcócer, así como de los policías Esteban Alave, Rubén Ramos y Rubén Cruz debe ser esclarecida y que no habrá ningún tipo de “impunidad para nadie”. “Los vamos a perseguir y los vamos a encarcelar, y ustedes van a ver que eso es así”, enfatizó, por su parte, el viceministro Torrico.
Sin embargo, de la investigación preliminar, Coca presume que no toda la responsabilidad es de los campesinos, por lo que “se tiene que develar quiénes han sido los verdaderos autores”.
“La investigación nos está haciendo ver que habían otros elementos ajenos y muy fuertes en torno a ese evento. No han sido los comunarios como se pretende ver, sino que han habido otros dos elementos que en su momento la investigación nos va a precisar con mayor objetividad”.
Entretanto, el defensor del pueblo, Rolando Villena, dijo ayer, según ABI, que la Policía y la Fiscalí no actuaron con “prontitud” para encarar ese conflicto y que, al contrario, hubo “inacción de la Fiscalía, que es preocupante, y de parte de la Policía, de no cumplir con su rol”.
Frente a las críticas y al hecho de que fueran los familiares quienes rescataran a sus muertos, Coca sostuvo que no todo el crédito es de ellos, pues se debió también a la presión social, de los medios de comunicación y a la exhortación que hizo el presidente Evo Morales desde “el primer día”.
“Los familiares llegaron hasta el último punto, es cierto, también había un párroco, pero hay que ser justos, hay que decir que han habido muchos otros factores entre los cuales en esta oportunidad la prensa que estaba en el lugar ha puesto su granito de arena”.
El 31 de mayo, Coca y su colega de Gobierno, Sacha Llorenti, se trasladaron a la zona de conflicto para intentar rescatar los cadáveres, pero los indígenas condicionaron la entrega al compromiso de no entablar acciones legales.
Tras esa infructuosa negociación, los familiares se movilizaron y lograron rescatar a sus parientes luego de firmar un documento en el que renuncian a iniciar acciones legales.
Los hechos
El policía Miguel Ramos y el cabo Rubén Cruz tenían el cráneo destrozado y estaban completamente desfigurados.
El suboficial Nelson Alcócer y el cabo Esteban Alave, en cambio, presentaban lesiones leves, aunque también en el cráneo.
El cuerpo de Alcócer no está tan descompuesto como el de los otros policías, según el informe forense.
La data de la muerte del suboficial sería de un mínimo de tres días y de un máximo de cinco, lo que desató las críticas al Gobierno.
El abogado de los familiares, Johnny Castelú, sostiene que Alcócer fue asesinado para que no identificara a los responsables.
El Gobierno asegura que los informes de inteligencia establecen que los policías murieron el 25 de abril a las 17.00.