Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: De la retórica a los hechos
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Bajo el Penoco, El Día: Cárceles repletas
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Los Tiempos: 17 DE JULIO, 30 AÑOS DESPUÉS
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El Deber: A devolver el Falcon
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La Razón: El ejemplo de Soboce
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Cambio: Hace 30 años…
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La Prensa: Las armas no son prioridad
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El Diario: Temores infundados atenidos al rumor
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El Mundo: Nunca más
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Opinión: Insustancial polémica sobre sueldos ediles
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Clarín, Argentina: Acceso igualitario al matrimonio
El Día: De la retórica a los hechos
El lanzamiento de una propuesta de ley contra el contrabando por parte del Gobierno ha provocado reacciones encontradas tanto en la ciudadanía, el empresariado privado nacional y los comerciantes informales. A estos se ha sumado un sector de transportistas que teme perder sus vehículos por el alcance de esta normativa legal que, según el Ejecutivo, será como la draconiana “Ley 1008” que castiga al narcotráfico. En ese sentido, el proyecto de ley pretende combatir drásticamente asimismo, a quienes protegen y facilitan la actividad ilegal del contrabando, especialmente desde el interior de las dependencias estatales.
Sin embargo, aun cuando el propósito de combatir el contrabando resulta plausible, sobran razones para el escepticismo. Es decir, que existe la impresión general que no se podrá hacer cumplir la norma como se pretende. Sin ir más lejos, el contrabando de ropa usada no ha sido encarado como se había previsto. Y esa actividad, tan nociva para la industria textil nacional, sigue boyante y sin perspectiva de ser encarada con soluciones racionales y duraderas. Conviene señalar que las autoridades estatales han puesto énfasis en el hecho que el contrabando ha caído en redes criminales de envergadura, por lo que la lucha tendrá que ser por fuerza, más drástica y amplia. ¿Podrá asumir este enorme desafío el Gobierno?
Hace menuda falta no sólo recursos humanos idóneos para combatir el contrabando, sin olvidar los cuantiosos recursos materiales y logísticos para ejercer una presencia disuasiva y punitiva contra los contrabandistas, que dicho sea de paso, ya han dado muestras de una organización y capacidad de movilización eficaz en contra de las fuerzas del orden. Todavía más, hace falta una clara voluntad política gubernamental que todavía está por verse. De manera adicional, habrá que ver la manera de satisfacer la creciente disconformidad social de aquellas familias que perderían su tradicional fuente de ingresos con el contrabando hormiga. Y no desde hace poco, sino desde hace varias décadas.
Esta situación ya se erige en un auténtico problema social y económico que si no se maneja con el tacto que corresponde, puede degenerar en un foco de descontento social capaz de sacudir las estructuras gubernamentales. Desde ese punto de vista, resulta sensato que se haya llamado a los sectores en conflicto a un diálogo en busca de soluciones. Como el problema de contrabando no se solucionará por arte de prestidigitación, sino a través de normativas claras y justas, que contemplen la realidad económica del país, es de esperarse una flexibilidad que echaría por tierra las buenas intenciones de controlar el contrabando.
Si esta actividad ilegal significa una pérdida cuantificada en más de mil millones de dólares anuales para el erario nacional, resulta fácil imaginarse la magnitud de los intereses económicos en riesgo, que sin duda opondrán toda la resistencia posible. El empresariado nacional ha saludado el lanzamiento del proyecto de ley contra el contrabando, pero al igual que la ciudadanía en general, sostiene una postura escéptica, incrementada ésta por la conducta incoherente del Gobierno en varias áreas problemáticas. Hasta ahora ha sido más el ruido que las nueces y más la retórica que los hechos. Y no parece que eso cambie.
La ciudadanía sostiene una postura escéptica, incrementada por la conducta incoherente del Gobierno en varias áreas problemáticas.
Bajo el Penoco, El Día: Cárceles repletas
El director de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, está asombrado por la cantidad de presos que hay en las cárceles bolivianas, la gran mayoría (78%) en calidad de detenidos preventivos. Dice que en enero había 7.500 reclusos y ahora son 8.700. Si todo marcha como hasta hoy, los detenidos podrían alcanzar los diez mil en diciembre. Alguien más avispado debería pasarle el dato a Soria sobre las andanzas de su Gobierno, cuyas intenciones son encarcelar a todo aquel que se le ponga al frente. Por si Soria no lo sabe, hay decenas de autonomistas detenidos no sólo de manera preventiva, sino ilegalmente y también hay presos políticos. Hace poco el vicepresidente García Linera dijo que meterá a la cárcel a todos los que organizaron las consultas autonómicas y la misma suerte podrían correr alcaldes y gobernadores de la oposición. Y que Soria no se haga ilusiones de que los nuevos jueces y fiscales van a acelerar los procesos a los ladrones, violadores y narcotraficantes. El nuevo rol de la justicia es hacer política; es decir, perseguir opositores. Lo más conveniente es ampliar las cárceles.
Los Tiempos: 17 DE JULIO, 30 AÑOS DESPUÉS
Aprender de lo que pasó hace 30 años y no reincidir en antiguos errores sería la mejor manera de rendir homenaje a quienes ofrendaron su vida
Hace 30 años, el 17 de julio fue jueves. Y en la madrugada de ese día se perpetró uno de los golpes militares más sanguinarios de nuestra historia, por la colusión de los intereses más conservadores del país, el narcotráfico y la dictadura argentina para subirse al poder para dirigir los destinos de Bolivia en los siguientes 20 años y construir una ‘democracia inédita’ como gustaba decir al dictador entronizado: el ex general Luis García Meza Tejada.
El corto período que gobernó este militar y sus sucesores (dos años y tres meses) provocó consecuencias nefastas en los campos humano, económico, político y de las relaciones internacionales. El asesinato de dirigentes, la persecución indiscriminada, la aplicación sistemática de la tortura fueron prácticas rutinarias de un desgobierno generalizado, y que a 30 años aún no puede ser develado en su integridad por la resistencia de los actuales mandos de las Fuerzas Armadas de abrir sus archivos clasificados para conocer los reales alcances de esa gestión.
Conviene recordar que este golpe de Estado fue posible por la resistencia de muchos sectores dirigenciales a que el país se democratice. Entonces, la mayoría de las Fuerzas Armadas, un sector importante del empresariado privado y algunas organizaciones que se desarrollaron al amparo de las dictaduras consideraban que el advenimiento de la democracia podría significar la disgregación del país. Comprender que la región y el país ya no toleraban Gobiernos de facto, que se violen sistemáticamente los derechos humanos y que el arbitrio siga enseñoreado les costó demasiado. Más aún si, en el caso del país, habían vivido 18 años de Gobiernos militares, siete de los cuales fueron de auge económico aprovechado en forma por demás prebendal por los gestores del poder y sus adláteres.
Pero la corriente democrática fue intensa y amplia y así como en 1978 se arrebató a la dictadura una amnistía general irrestricta y se rechazó un fraude electoral intolerable, entre 1980 y 1982 se resistió a la dictadura y, finalmente, el 10 de octubre de ese año se nombró presidente y vicepresidente a quienes fueron ungidos por el voto popular.
Es importante leer correctamente ese episodio de la vida nacional ahora. Desde una perspectiva humanista es necesario comprender que no hay proceso político que merezca violar los derechos humanos. Desde una perspectiva histórica, que oponerse a las corrientes profundas que marcan el devenir de los pueblo sólo retrasa su concreción. Es el caso, actualmente, de la construcción de un país autonómico. Se puede afirmar que no habrá fuerza capaz de impedir que el país siga esa ruta, y serán infructuosos los intentos por impedirlo. Si se comprende esta lógica, la construcción del Estado autonómico será un proceso de concertación creciente. Si no se lo hace, las tentaciones suicidas del autoritarismo sólo provocarán dolor y retraso económico y político.
Los hechos de la historia deben servir, precisamente, para no cometer errores similares. Que un buen aprendizaje de lo que pasó hace 30 años permita ayudar a hacer de Bolivia un país autonómico, democrático, más justo y equitativo, para, de esa manera, rendir homenaje a quienes ofrendaron su vida para sentar las bases de una convivencia ciudadana pacífica y participativa.
El Deber: A devolver el Falcon
En los hangares de la Fuerza Aérea está estacionado desde fines de junio uno de los aviones más lujosos del mundo comprado por el Gobierno Nacional a un precio muy elevado (38,7 millones de dólares), pero que no puede ser usado por falta de personal calificado.
El Falcon 900 Easy provocó críticas desde antes de su adquisición, sobre todo por el hecho de que su compra no fue precedida por una licitación, como ordenan las leyes del país. El Gobierno Nacional no prestó atención a esos detalles legales, seguramente confiado en que después el equipo de abogados o, en último caso, los parlamentarios, defenderían la decisión presidencial.
Para justificar la compra fue puesto a prueba todo el equipo de comunicación que responde al Gobierno, que debió insistir en la importancia de renovar el avión presidencial porque era vergonzoso que el Presidente siguiera usando aviones facilitados por sus colegas amigos, como Hugo Chávez, de Venezuela. El mensaje de estos profesionales de la comunicación decía que Bolivia había dejado de ser un país mendigo y que ahora podía darse el lujo de proporcionar a su Presidencia una nave que sea digna de su cargo del orgullo de Bolivia. El detalle del precio fue relegado por estos mensajes, lo mismo que la irregularidad de que no se había hecho una licitación.
Las alusiones a que se trataba de una compra de lujo, un exceso de parte del Gobierno de un país pobre, tampoco fueron respondidas por el Órgano Ejecutivo, a pesar de que se dieron en medio del debate sobre el incremento de salarios. Eso sí, algunos medios internacionales hicieron esa referencia.
Pero lo que ha quedado de esta observación es que el avión, de veras, es demasiado moderno para que pueda ser operado en el país, como ha quedado patentado por la incapacidad de los pilotos de la FAB para conducirlo.
Si los pilotos no son capaces de hacer volar este prodigio de la tecnología moderna, las pistas de aterrizaje del país no son aptas para sus características. Las autoridades de Aasana han hecho saber que, en efecto, comenzando por la pista de aterrizaje del aeropuerto de La Paz (en El Alto), tiene graves defectos que es preciso corregir para la operación de aviones comerciales. Las demás pistas de aterrizaje del país no están en mejor estado que la de La Paz.
Los países vecinos están más adelantados, pero algunos de ellos han optado por comprar aviones presidenciales menos sofisticados y más aptos para sus propias realidades, como el BAE de Inglaterra que usa el TAM.
Para contar con un piloto que sea capaz de poner en vuelo el Falcon sería necesario traerlo del exterior. Se trata de profesionales muy caros, como lo demuestra el hecho de que el piloto que trajo el avión al hangar de la FAB desde Estados Unidos cobró 30.000 dólares.
Por todas estas consideraciones, quizá sea conveniente revisar esta compra, devolver el avión, asumiendo los costos de esta decisión y, con la lección aprendida, proceder a comprar un avión que sirva para el presidente de Bolivia, seguramente mucho más barato y menos complicado que el Falcon 900.
La Razón: El ejemplo de Soboce
Soboce le regaló a La Paz una nueva ampliación de su principal fábrica en Viacha
La décimo primera ampliación de la fábrica Viacha, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, fue inaugurada a mitad de semana y permite duplicar la producción del principal componente del cemento, el clinker, de 1.000 a 2.000 toneladas por día. Eso significa, además, cerca de 22.000 bolsas de 50 kilogramos de cemento diarias.
De las inversiones, por lo general, impactan las cifras. En la actualidad, sin embargo, no es común escuchar hablar de inversiones de decenas de millones de dólares por parte del sector privado. Si bien es cierto que la economía nacional atraviesa por un momento de relativa estabilidad, siempre al pendiente del comportamiento de los precios de los hidrocarburos y los minerales a nivel mundial, no se advierte un clima de confianza sin límites.
Por eso impresiona la nueva inversión de Soboce, por un monto de 35 millones de dólares, en la planta de Viacha.
Y a la vez no sorprende tanto, considerando que se trata de una apuesta hacia futuro y que los “sólidos cimientos para Bolivia”, como reza el eslogan de esta firma empresarial, hallan un motivo fidedigno en la necesidad del país de crear las mejores condiciones de habitabilidad y trabajo para todos los bolivianos.
En la última década, Soboce invirtió 200 millones de dólares y para los próximos 10 años destinará, con el mismo fin, otros 260 millones de dólares. Cabe destacar que, de los 35 millones antes mencionados, ocho millones corresponden a equipos y a tecnología para cuidar el medio ambiente.
Varios empresarios no han visto mayor alternativa que sacar sus capitales del país, cuando se hablaba de un riesgoso clima de inseguridad jurídica para las inversiones. Soboce, orgullo de los paceños y ejemplo en Bolivia y el continente por destinar el 10% de sus utilidades anuales al componente de Responsabilidad Social Empresarial, sigue confiando en que el mercado del cemento responderá como hasta ahora. Mantiene el liderazgo en su rubro con el 48% de participación en el mercado nacional.
Coincidiendo con la celebración de los 201 años de la gesta libertaria del 16 de Julio de 1809, Soboce le regaló a La Paz una nueva ampliación de su principal fábrica, potenciando una industria cementera en permanente crecimiento.
Envió de esta forma una señal altamente positiva, que puede ser interpretada como un voto de confianza en el devenir de la economía, al menos, en lo que toca al cemento.
Cambio: Hace 30 años…
La mañana del 17 de julio de 1980, un grupo de militares y paramilitares tomaron por asalto la sede de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTBM), donde funcionaba la Central Obrera Boliviana (COB), y consumaron uno de los episodios más sangrientos de ese golpe de Estado, la última asonada de la irracionalidad y la prepotencia encarnada por Luis García Meza y Luis Arce Gómez en contra de la democracia boliviana y el derecho inalienable del pueblo a elegir, mediante su voto soberano y secreto, no sólo a sus autoridades, sino los destinos de la patria.
A las 11 de la mañana de ese infausto día, mientras se reunían los dirigentes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en oficinas de la COB para organizar la resistencia popular contra el golpe en marcha, estas instalaciones fueron violentamente allanadas por paramilitares que descendieron de las ambulancias, metralleta en mano.
En el asalto intervinieron los Cuchillos Largos, que respondían a las órdenes de Arce Gómez y García Meza, y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y a los dirigentes sociales Gualberto Vega Yapura y Carlos Flores Bedregal, y detuvieron a todas las personas —entre ellas periodistas— que se encontraban a esa hora en la sede de la COB y las trasladaron al Gran Cuartel de Miraflores, donde las vejaron y torturaron.
Ese sangriento golpe de Estado no sólo acalló el juicio de responsabilidades que Quiroga Santa Cruz había instaurado en el Congreso Nacional al hoy fallecido dictador Hugo Banzer Suárez, que gobernó durante siete años al país, sino que estuvo diseñado para acabar con la vida del líder socialista, quien meses antes de la asonada había sido públicamente amenazado de muerte por García Meza.
Es que sectores reaccionarios de las Fuerza Armadas y del empresariado vinculado a posiciones de extrema derecha no perdonaron que Quiroga Santa Cruz cobrara dimensiones insospechadas en la política nacional, liderando a la izquierda por sus ideas y el carisma propio de un líder popular que antes de intentar sentar en el banquillo de los acusados a Banzer había denunciado, junto al diputado independiente José Ortiz Mercado, al también dictador René Barrientos Ortuño en 1968, muerto en un accidente de aviación un año después.
Según la Fundación Solón, Quiroga Santa Cruz y Ortiz Mercado buscaban con ello fortalecer al movimiento nacional-popular y que el gobierno de Barrientos responda por obedecer “a los designios e intereses de una repartición extranjera de espionaje y represión, política y económica, como es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América”, exigiendo con ello a las Fuerzas Armadas “elegir y cumplir una misión”, sea como fuerzas pretorianas al servicio de un “orden oligárquico y reaccionario virreinal de un gobierno gobernado por la CIA” o “como un Ejército del pueblo de Bolivia, consciente y decididamente comprometido con el proceso de liberación nacional”.
Sin embargo, la demanda contra Barrientos fue rechazada por el Parlamento y el entonces presidente del Congreso pidió que Quiroga fuera aprehendido. No fue necesario que las fuerzas pretorianas detengan al líder socialista, sino que éste se presentó voluntariamente en los tribunales ordinarios para enfrentar la acusación.
Marcelo fue detenido por miembros de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), que allanaron el Palacio de Justicia de La Paz para cumplir esa orden, y confinarlo en Alto Madidi. Ya entonces se había denunciado que la intención de los sectores reaccionarios era asesinarlo. El deceso de su padre, José Antonio Quiroga, y la repentina muerte de Barrientos en el accidente en helicóptero en Arque, en 1969, permitieron la libertad del diputado independiente.
Durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia, Quiroga Santa Cruz se desempeñó como ministro de Minas y Petróleo y fue actor central de la nacionalización de la transnacional Bolivian Gulf Oil Company, para cumplir con la consigna de la defensa de los recursos naturales. Tras el golpe de Banzer, que derrocó al gobierno de Juan José Torres, Marcelo se declaró en la clandestinidad y salió al exilio, desde donde denunció los crímenes del septenio. Una vez en el Parlamento y restituida transitoriamente la democracia, Quiroga Santa Cruz inició el 30 de agosto de 1979 el juicio de responsabilidades contra Banzer.
Demandó a Banzer ante la justicia por emplear “el poder invocando la representación de las Fuerzas Armadas y lo monopolizó en beneficio propio y de quienes le seguían”, lesionando la integridad económica de la República, toda vez que dictó una Ley de Hidrocarburos contraria al interés nacional; factibilizó la venta de tierras fiscales en beneficio propio; incentivó y permitió la inmigración rascista al país; detención, exilio y desaparición de opositores; violación a la libertad de prensa y de asociación.
Acusó al dictador de marras de la matanza del valle; del asesinato a sus ex colaboradores Andrés Selich Chop y Joaquín Zenteno Anaya; delitos contra la seguridad, soberanía e integridad nacionales; permitir la intervención extranjera en asuntos internos del país; delitos contra la economía nacional y popular; venta de gas al Brasil; negociaciones con Chile, y muchos otros delitos en contra de la patria.
El periodista Augusto Montesinos —quien trabajaba en El Nacional de Caracas— el 18 de junio de 1981 aseguró que Víctor Paz Estenssoro le reveló: “García Meza confesó que silenciaron al político Marcelo Quiroga Santa Cruz para defender a Banzer del juicio de responsabilidades y que la ingratitud del ex presidente (Banzer) se muestra en los complots que le preparó al general García Meza”. A 30 años de la sangrienta muerte de Marcelo, si bien sus asesinos —García Meza y Arce Gómez— purgan sus crímenes en Chonchocoro, el cuerpo del líder socialista permanece desaparecido. Ésta es la página pendiente para hacer justicia.
A 30 años de la sangrienta muerte de Marcelo, si bien sus asesinos García Meza y Arce Gómez purgan sus crímenes en Chonchocoro, el cuerpo del líder socialista permanece desaparecido. Ésta es la página pendiente para hacer justicia.
La Prensa: Las armas no son prioridad
Se entendería y aplaudiría si el Gobierno se endeudara si fuera para construir plantas industriales que generen riqueza y empleos fijos…
Bolivia, aunque alguna gente del Gobierno no lo crea, es pobre. Muy pobre. Sus índices de miseria son los más altos en América del Sur y su desarrollo social y económico es el más bajo. Estamos apenas por encima de Haití, que se ha visto sumida aún mucho más en la pobreza a raíz del terrible terremoto del pasado 12 de enero.
No se entiende cómo un país con aproximadamente sólo diez millones de habitantes —dotado por casi incalculables riquezas naturales, como gas, petróleo; minerales, como el oro, plata o estaño, cuyas cotizaciones en los mercados internacionales están batiendo récords históricos, o como el litio, cuya demanda mundial crece día a día— puede tener una población tan pobre. La explicación está en su historia: éste es un país que ha sido explotado y saqueado por gobiernos arbitrarios y abusivos que sólo han pensado en su bienestar y no en el del país ni su población.
Hay muchos indicadores de la situación de miseria que nos azota y que señalan las prioridades que debe tener el Gobierno.
Es cierto que en los últimos diez años ha mejorado algo la situación de los bolivianos, pero sólo como consecuencia de la creación de bonos o el aumento del monto y la frecuencia de aquellos que ya se pagaban. No podemos negar que el apoyo de médicos cubanos ha permitido solucionar el problema de miles de personas que perdían la vista. Pero seguimos siendo pobres, muy pobres.
Por eso no es posible entender que el Gobierno gaste casi 40 millones de dólares en la compra de un solo avión superlujoso y que ahora quiera embarcarse en la adquisición de armas rusas por 300 millones de dólares estadounidenses para potenciar a las Fuerzas Armadas.
Es cierto que nuestras Fuerzas Armadas carecen de armamento moderno y sofisticado. Es cierto que nuestros vecinos y muchos países del mundo están librando una carrera armamentista irrefrenable. Pero, ¿los bolivianos vamos a competir con ellos? ¿Vamos a enfrascarnos en un conflicto bélico? Eso es imposible. Entonces, ¿para qué queremos potenciar nuestras fuerzas militares gastando tanto dinero?
Si el nuestro fuera un país económicamente boyante, que no hubiera hambre ni mendicidad, que los sectores más pobres como son los originarios de los distintos territorios tuvieran todos los servicios y que no hubiera la urgente necesidad de solucionar los problemas de pobreza, podríamos darnos el lujo de endeudarnos para comprar material bélico.
Se entendería y aplaudiría si el Gobierno se endeudara no sólo por 300 millones de dólares, sino por mucho más, si fuera para construir plantas industriales que generen riqueza y empleos fijos; para comprar tractores, maquinaria agrícola para aumentar la producción y el bienestar de la gente del campo y las ciudades. Pero no para comprar armas sofisticadas que, al final, quedan siempre obsoletas porque no se usan para otra cosa que para lucirlas en los desfiles.
Solucionar el hambre debería recibir la más alta prioridad.
El Diario: Temores infundados atenidos al rumor
Desde hace mucho tiempo, las autoridades de gobierno muestran nerviosismo en sus declaraciones porque creen -por rumores o informaciones interesadas- que “hay intenciones de atentar contra el Presidente” y otras afirmaciones peregrinas que, con seguridad, no tienen ninguna veracidad porque, de haber esas versiones, con seguridad que son creadas y propaladas tan sólo por fastidiar a las autoridades o lograr ambientes propicios al rumor que siembra intranquilidad en la población.
Hay una verdad que es indiscutible: el rumor, siempre tenebroso, muestra, desde hace tiempo, que “sería preciso el cambio de gobierno”, “ojalá que el Presidente deje el poder”, “el Presidente no gobierna sino el Vicepresidente”, “los ministros sólo hacen lo que el MAS dice”; en fin, la cantidad y calidad de los rumores son muchos y la verdad es que nadie, en su sano juicio, da credibilidad a todo lo que se dice.
La realidad es una: el presidente Evo Morales es constitucional, legal y legítimo; es el único Presidente que no ha requerido de componendas en el Congreso ni convenios de ninguna clase; su función la cumple con la legitimidad del voto eleccionario y hasta la ratificación de confianza en un referéndum.
¿Quién querría su reemplazo sabiendo que quien asuma el control del país cometerá los mismos yerros de hoy? El entorno seguiría el mismo, los funcionarios actuarían conforme a directivas partidistas y el país seguiría en la misma situación. Quienes propalan los rumores – interesados y mal intencionados- ¿podrían aportar las soluciones a ese posible cambio? ¿Estarían en condiciones de decir cuál sería el próximo Gobierno y por quiénes estaría conformado? ¿Cuáles deberían ser los programas y planes para solucionar la crisis y gobernar el país?
Lo que todo el pueblo requiere -y de esto seguramente son conscientes el Presidente y su entorno- es rectificar lo mal hecho, dar pasos positivos en pos de salir de la crisis acentuada por la falta de inversiones, anulación de muchas fuentes de producción, uso y abuso de la soberbia y la petulancia; trabajo en pos de hacer gestión, de administrar el país; imperiosa necesidad de entender que el país es permanente y eterno, y el Gobierno es circunstancial y sólo por cinco años.
El rumor, siempre tendencioso y mal intencionado, obedece a consignas que no buscan el bien del país y menos del Gobierno; busca intranquilizar a las autoridades y al pueblo. El rumor fue siempre propiciador de extremos para incitar a los actos más contrarios al sistema establecido porque, más a la corta que a la larga, busca reacciones del pueblo y, además, que las autoridades se vean obligadas a adoptar medidas contrarias a los derechos humanos “en aras de la tranquilidad nacional”. El rumor debe ser descartado no sólo de las esferas gubernamentales sino del pueblo mismo porque nunca acarrea algo positivo.
El Gobierno y su partido deben convenir en que nadie quiere otro gobierno; pero, sí se busca que sus componentes cambien de comportamientos, que adquieran virtudes y valores en planos de humildad, sinceridad y asuman sus labores con alto sentido de responsabilidad; que entiendan que el país debe ser servido y no servirse de él. El gobierno y su partido deberán partir del principio: fueron cometidos serios errores desde que se asumió el mando de la nación y no se puede seguir por el camino errado; por el contrario, debe tomar conciencia cabal de sus deberes y obligaciones, pero sin soberbia ni petulancia para evitarse más traspiés que lastiman y perjudican.
El Mundo: Nunca más
Hay hechos en la vida de las naciones y de las personas que a pesar de ser fatales, quedan en el recuerdo de una manera indeleble, no obstante la capacidad que tiene el ser humano, de olvidar los momentos negativos, para poder continuar su vida sin traumas.
Uno de esos hechos que se mantiene indeleble en la memoria de los bolivianos, es el golpe de estado que se ejecutó el 17 de julio de 1980. Han pasado 31 años de ese hecho; sin embargo, sus consecuencias se mantienen hasta el presente y tal vez, como un escarmiento, la presencia de sus principales protagonistas, en la cárcel de Chonchocoro, muestra el deseo de que hechos de esa naturaleza no puedan quedar sin castigo ni repetirse.
Una de las huellas más dolorosas de ese momento es la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, una persona que se caracterizó por mantener una lucha permanente por sus ideales, los mismos que no cambiaron, a pesar de su participación en el Gobierno en algunos momentos, como fue el caso en el que le correspondió ocupar el Ministerio de Minería.
Durante la década de los 70, cuando un Gobierno dictatorial tenía a su cago el control del país, Marcelo Quiroga se encargó de catalizar las fuerzas opositoras de izquierda, para iniciar en el Parlamento un Juicio de Responsabilidades y constituir un frente que pudo alentar más adelante la lucha por la democracia.
El actual Gobierno ha puesto el nombre de este líder a una de las normas, aprobadas con el sistema del rodillo y que distaba mucho del pensamiento de ese personaje, por lo que la familia pidió prescindir de esa nominación, deseo que no fue cumplido, como tampoco se hizo nada para conseguir información sobre los restos del líder desaparecido a pesar de que se tienen esperanzas de que ella pudiera conseguirse en los archivos secretos de las Fuerzas Armadas y que no se sabe por qué razones, el Gobierno no pudo hasta el presente poner en evidencia, a pesar de su permanente discurso de transparencia.
Todavía se trata de una deuda de la sociedad boliviana para con este líder y todas las personas desaparecidas durante los regimenes autoritarios.
Otra de las características que tuvo el Gobierno dictatorial mencionado fue su vinculación con el narcotráfico, que en esa época tuvo carta blanca para trabajar abiertamente en el país, ello dio lugar a que uno de sus gestores que hoy se reencuentra en Chonchocoro, hubiera tenido previamente que purgar una condena, en una cárcel de los Estados Unidos, por ese delito.
Los gobiernos posteriores hicieron esfuerzos especiales por eliminar ese vínculo del país con el narcotráfico y se destruyeron cultivos y fábricas con el apoyo de organismos internacionales como la DEA; sin embargo, hoy resulta difícil mencionarlo, esa actividad se ha reactivado en los últimos años, no tanto por la expulsión de la agencia norteamericana, sobre cuyo accionar se mantienen serias dudas, sino del incentivo que se ha dado a la producción de las hojas de coca a sabiendas de que el único destino que pueden tener, por el volumen con que se producen, es el narcotráfico. De esa manera pueden explicarse las grandes cantidades de droga que se incautan en los operativos, hoy ya no se habla de gramos, como se denunciaba en la década de los sesenta o de los kilos incautados de los setenta adelante; los operativos del siglo XXI nos hablan de toneladas y se menciona la presencia de carteles extranjeros; sin embargo, no se advierte una actitud seria para combatir este mal de la humanidad.
Urgen medidas más severa, sin que ello signifique pensar en el retorno de agentes extranjeros, urge el compromiso, de las autoridades de Gobierno y de los organismos policiales, para que de ese modo, puedan expresar un homenaje real a las personas que en su lucha por una patria mejor, resultaron siendo víctimas del narcotráfico y de sus representantes, mimetizados en los centros de poder y que merecen ser identificados y sancionados para que de esa manera los hechos que mencionamos no puedan producirse nunca más.
Opinión: Insustancial polémica sobre sueldos ediles
Existe un principio generalizado respecto a la percepción del salario para un trabajador o funcionario público y tiene que ver con la responsabilidad que se le otorga, con la capacidad y las destrezas en sus funciones y con los méritos personales que ha obtenido durante una carrera sea técnica o académica y por supuesto con la posibilidad que tenga el que contrata de otorgarle la remuneración.
Fuera de estos principios una discusión sobre lo justo o injusto de un determinado salario puede resultar un ejercicio ocioso. Otra cosa es que existan políticas nacionales, departamentales y ediles sobre los montos que deben recibir los funcionarios públicos y que necesariamente deben obedecer a políticas globales, es decir que partan de planes expresamente establecidos y que desde luego no caigan en contradicciones en relación a objetivos y finalidades.
Desde hace varios días el Concejo Municipal está envuelto en una polémica sobre la rebaja de salarios que deben percibir los concejales y sobre los gastos de representación en una discusión que de manera absurda no se dilucida en los ámbitos ediles, sino por el contrario, se ha trasladado a escenarios mediáticos con declaraciones y contradeclaraciones, con afirmaciones y negaciones que no tienen ningún sustento racional y responden más a protagonismos y antagonismos entre determinados grupos oficialistas y opositores.
El asunto tiene su trascendencia en el común de la gente, porque a muchos interesa lo que ganan unos señores que han sido elegidos para trabajar por la comuna, y por ello se han presentado una serie de argumentaciones y opiniones, que como se ha dicho, son expresadas más al calor de los sentimientos que de las razones.
La promesa que hizo algún candidato a concejal de rebajar su sueldo, si llegaba al curul de concejal, pudo hacerla por demagogia o sin conocer las normas legales que establecen que cualquier modificación sobre sueldos se debe realizar de manera generalizada para todos los integrantes del Concejo y no de forma individual, pero no deja de ser cierto también que la presión de una persona resulta del mismo modo un acto estéril en el conjunto del Legislativo municipal.
Los gastos de representación, que más o menos duplican el sueldo del concejal, también obedecen a normas legales y en la pretendida rebaja o no cobro de los mismos se tienen que seguir también procedimientos internos y conformar un conjunto de resoluciones.
Lo que está ocurriendo en este asunto, resulta la degradación de la ciencia administrativa que debe considerar antes una solicitud concreta y formal para luego ser analizada en el Concejo Municipal, es decir en los recintos adecuados para la discusión en términos administrativos y técnicos, y desde luego legales por las repercusiones que una decisión de tal naturaleza puede implicar en la escala salarial del resto de los funcionarios.
Mientras organizaciones laborales como la Central Obrera Departamental y Juntas Vecinales presionan para la disminución de sueldos de los concejales, la población está perdiendo gran parte de esos emolumentos que paga a estos funcionarios inmersos en la discusión, cuando bien esos salarios deberían justificarse con asuntos que verdaderamente interesan al colectivo de la comunidad, o sea proyectos en beneficio de la ciudad y fiscalización para que los recursos que genera ese mismo ciudadano estén bien administrados.
Si hay necesidad de rebajar sueldos y que los concejales no cobren los gastos de representación pues que se sigan los caminos administrativos y legales correspondientes, y que se deje la discusión pública atizada por sindicalistas y algunos comunicadores sociales.
Clarín, Argentina: Acceso igualitario al matrimonio
Argentina se ha convertido en el primer país latinoamericano en reconocer el derecho al matrimonio de todas las personas por igual, lo cual incluye a las parejas homosexuales.
Este paso, en términos simbólicos, da cuenta de un cambio notable en el trato del Estado hacia las diferencias en materia de sexo y género, tendiendo a respetar a las minorías y eliminar las restricciones que pesaban sobre ellas.
Este resultado se obtuvo en un contexto cargado de polarizaciones, en el cual el oficialismo recurrió a la manipulación política de un tema sensible, y donde, también, se adoptaron posturas intolerantes.
Es de esperar, como fue sucediendo rápidamente en esta etapa de democracia con el establecimiento del divorcio vincular, que estas conductas agresivas cesen, junto a las demás formas de restricción del ejercicio de la autonomía personal, amparada por nuestra Constitución.
Para esto, se requerirá también que funcionarios y jueces cumplan adecuadamente lo dispuesto por la nueva ley y corregir la historia de discriminación y violencia en contra de las minorías sexuales.
Este paso dado por los legisladores contribuye, entonces, a reconocerlos plenamente como sujetos, con derechos iguales. Y este logro refuerza el valor de la igualdad y de la justicia en nuestra sociedad, ya que tiende a garantizar un trato equitativo a todos los ciudadanos con independencia de su identidad sexual.
Argentina es el primer país latinoamericano en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En la discusión el oficialismo recurrió a la manipulación política.