Índice de los Editoriales de Periódicos
El Día: Más vale prevenir
Bajo el Penoco, El Día: Se les fue la mano
Los Tiempos: Difamación, calumnia e injuria en la lucha política
El Deber: El difícil control de precios
La Razón: Productos for export
Cambio: Bolivia y Argentina, independencia común
La Prensa: Nuevos enfrentamientos odiosos
El Diario: El bloqueo, la peor forma de terrorismo
El Mundo: Acusaciones mutuas
Opinión: Una advertencia de los policías de base
Clarín, Argentina: El diálogo, aquí y en la región
El Día: Más vale prevenir
El Ministerio de Salud ha declarado Alerta Sanitaria a raíz de la aparición confirmada de casos de difteria en el departamento de Tarija. La medida resulta atinada puesto que esta peligrosa enfermedad respiratoria aguda, de fácil transmisibilidad, puede desencadenar una epidemia que se propagaría en línea directa hacia Santa Cruz. Si se toma en cuenta que la difteria ha sido, hasta hace dos décadas, una enfermedad capaz de producir elevadas tasas de letalidad entre la población infantil, lo más sensato es prevenir antes que lamentar. Lo llamativo es que las personas en riesgo están en el rango de 15 años arriba.
Esta situación de riesgo no es casual, de ninguna manera. La protección con vacuna antidiftérica suele disminuir a partir de los diez años de colocada la última dosis, por lo que la revacunación en situaciones de exposición al germen bacteriano, y probabilidades de enfermar, como es el caso de la población boliviana en general, resulta recomendable. Conviene recordar además, que las campañas de vacunación con la vacuna DPT (contra la difteria, pertussis y tétanos) realizadas entre los años ochenta y noventa, no siempre han logrado coberturas satisfactorias, tanto por problemas logísticos como técnicos. De esta manera, es lógico suponer que existen personas ahora adolescentes o mayores, sin vacunar.
El estado de alerta sanitaria debe servir para que los medios de comunicación aprovechen de informar e inducir a la ciudadanía, especialmente aquella no inmunizada con la vacuna contra la difteria, para que acuda a los centros de salud para su respectiva protección. En los últimos años la población infantil se ha visto beneficiada con la introducción de la vacuna pentavalente, que además de proteger con la difteria, el tétanos y la coqueluche, brinda inmunización contra la hepatitis viral B y la meningitis y neumonía por hemófilo influenza B. Sin embargo, todavía existen familias cuyos niños no han sido llevados a vacunar, y los exponen a ser víctimas de enfermedades que se pueden prevenir con la simple vacuna.
Santa Cruz, por otra parte, es uno de los departamentos que mejor ha reaccionado frente a las diferentes epidemias que han azotado al país. Desde aquella prueba de fuego que ha significado la llegada del cólera a nuestro departamento a principios de la década del noventa, por la vía troncal que une los puertos del Pacífico con el oriente boliviano, ha logrado frenar epidemias de otras enfermedades merced a un trabajo esmerado de las autoridades sanitarias locales en estrecha colaboración con los medios de comunicación y el conjunto de las instituciones locales. En la actual situación de riesgo, resulta previsible que se ratifique tanto la celeridad de la reacción como la eficacia para contrarrestar la amenaza.
Sin embargo, habrá que esperar que el Gobierno honre los compromisos que ha contraído con el sector salud para actuar con presteza. El incumplimiento a éstos, incluyendo la fecha fatal establecida, ha obligado al sector sanitario a presionar con un paro indefinido de actividades, que de otra manera sería innecesario. Resulta desalentador comprobar que pese a los adelantos tecnológicos y científicos, Bolivia todavía se debate entre la improvisación y las dificultades estructurales para ofrecer a su población no sólo atención médica de calidad, sino servicios de prevención sin fisuras, siendo que es mejor prevenir que lamentar.
Existen niños que no han sido vacunados, y están expuestos a ser víctimas de enfermedades que se pueden prevenir con la vacuna.
Bajo el Penoco, El Día: Se les fue la mano
La Policía va a tener que afinar la creatividad con la que suele justificar algunos hechos oscuros que suceden dentro de la institución. Es el caso de la muerte de David Olorio Apaza, uno de los presuntos autores del atraco en el que fue acribillado un efectivo en un retén de “Vías Bolivia”. La primera versión indicaba que Olorio fue víctima de muerte súbita que sufrió dentro de las celdas de la Felcc de La Paz. Lo que nadie pudo explicar fue las señales de tortura que presentaba el cadáver del sospechoso. El jueves, la Policía comunicó que la gran cantidad de moretones y heridas se los hizo el mismo Olorio cuando cayó desmayado, aunque también circuló la versión de que el detenido murió por una sobredosis de pentotal sódico, más conocido como “suero de la verdad” que presuntamente fue aplicado por los investigadores para conseguir una confesión. Uno de los funcionarios policiales aclaró que Osorio Apaza confesó el crimen antes de morir. Con toda esa paliza y de yapa semejante inyección, cómo no lograron que aclare una media docena de casos sin resolver.
Los Tiempos: Difamación, calumnia e injuria en la lucha política
Estamos asistiendo a una extraordinaria muestra de habilidad para sacarle máximo provecho a la difamación, la injuria y la calumnia
La decisión del Vicepresidente de iniciar un proceso judicial contra el gobernador de Santa Cruz, a quien acusa de desacato, ha dado un nuevo giro a la pugna que desde hace ya más de cuatro años sostienen el gobierno central y la oposición cívica y regional de Santa Cruz.
El asunto, tras el aspecto de un caso estrictamente jurídico, tiene una enorme carga política. Tanto, que puede dar al Gobierno un triunfo sobre sus principales adversarios de Santa Cruz aun mayor que el que esperaba cuando inició la más reciente ofensiva tras las elecciones de abril.
En lo que corresponde a lo jurídico, la figura es bastante clara. En Bolivia, como en gran parte del mundo, existen las normas necesarias para proteger a las personas de la difamación, la injuria y la calumnia. Y a ellas, cuando se trata de una autoridad en ejercicio de sus funciones, se suma la figura del desacato.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la difamación consiste en: “Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama” Calumnia, una “acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño” y también la “imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad”. La injuria, finalmente, es un “delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”.
Como se puede ver a la luz de tales definiciones, “difamación”, “calumnia” e “injuria” son términos que muy bien se adaptan a la lucha política cotidiana de nuestro país. Basta oír o leer con atención casi todos los discursos presidenciales y de buena parte de los ministros que forman su equipo de colaboradores para hallar abundantes ejemplos de esas tres figuras delictivas.
La sistemática campaña comunicacional dirigida a desacreditar a los indígenas que marchan hacia La Paz es un buen ejemplo. Y ni qué decir de las acusaciones hechas contra sus principales dirigentes, a los que de manera reiterativa acusan de actuar motivados por enormes cantidades de dólares que habrían puesto a su disposición organismos extranjeros a cambio de que traicionen al “proceso de cambio y a la patria”.
Similar es el caso de la andanada de acusaciones contra el Movimiento Sin Miedo y sus principales líderes que se desencadenó en cuanto el MAS decidió romper su alianza. Los acusó de tantos y tan graves delitos, sin nunca mostrar una prueba, que algún portavoz del oficialismo llegó a afirmar que el lugar que al jefe del MSM le esperaba era una celda vecina a la de Luis García Meza.
Paradójicamente, quienes con tanta habilidad han utilizado tan innobles armas verbales hoy encuentran en ellas una formidable oportunidad para dar fin con uno de sus principales adversarios. Es que las desatinadas declaraciones hechas por el gobernador de Santa Cruz sin haber previsto las consecuencias han dado a los estrategas del oficialismo y sus batallones de abogados una excelente oportunidad para asumir el papel de víctimas.
Así, estamos asistiendo a una extraordinaria muestra de habilidad para sacarle máximo provecho a la difamación, la injuria y la calumnia, utilizándolas como armas de ataque, en unos casos, y de defensa, en otros.
El Deber: El difícil control de precios
El Gobierno nacional ha anunciado su intención de aplicar un severo control de precios, por lo menos de unos 20 productos, para lo cual se propone tomar una serie de medidas.
La idea es identificar los productos que se desea controlar, establecer los precios, prohibir la existencia de un sistema de distribuidores privilegiados y aplicar un riguroso seguimiento a las hojas de costos de las empresas.
Se trata de un propósito loable, pues se propone evitar que los precios suban, pero lamentablemente se trata también de una tarea muy difícil, en la que han fracasado muchos gobiernos, nacionales y extranjeros, desde que existe el comercio. Se ha probado de todo contra el incremento normal de los precios, desde encarcelar a los comerciantes hasta distorsionar las cifras de la inflación, que es el último de los recursos a los que echan mano los gobiernos más necesitados de lograr el mencionado propósito.
El juego es delicado, porque tampoco se pueden controlar las exportaciones pensando que así se garantizará la oferta al mercado interno. Al final se afecta al productor que queda desalentado y luego no produce ni siquiera para cubrir la demanda interna.
En el caso de este proyecto, el Gobierno se puso a revisar y corregir la idea a las pocas horas de haberla lanzado, comenzando por admitir que quizá no pueda cumplir con toda la cadena del control.
En todas partes se ha comprobado que la mejor manera de evitar el incremento de los precios es facilitar el trabajo de los productores mediante normas que aseguren la provisión de insumos, de combustible y medios de transporte, además de un sistema financiero capaz de respaldar los proyectos que valgan la pena.
Y también se ha comprobado en el mundo que cuando las economías están sanas quiere decir que hay empleo, la producción también aumenta los salarios, la demanda sube y a partir de ese momento sólo hay que garantizar que la producción crezca al mismo tiempo que la demanda.
Hablar de controles resulta, muchas veces, la demostración de que no se sabe de la materia. En ese caso es mejor meditar y observar el panorama completo, antes de hacer anuncios que luego podrían ser modificados.
Algo parecido ha ocurrido en los últimos días con los anuncios del Gobierno nacional sobre su decisión de aplicar leyes muy duras para combatir el contrabando. Ésta sí que es una tarea difícil, como lo había admitido unas horas antes del anuncio oficial el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico.
De todos modos, el Ejecutivo avanza en la elaboración de leyes y decretos para frenar el contrabando. Pero las propias autoridades reconocen que el contrabando de importación desde Chile cuenta con por lo menos 26 puestos de ingreso que están fuera del control de la Aduana. Del otro lado de la frontera, el gobierno chileno analiza la propuesta de levantar un cerco electrónico que impida, por lo menos, la salida de la droga boliviana.
Es otra tarea muy difícil. En suma, hay que meditar muy bien las cosas que se anuncian, porque la imagen del Gobierno y del país se dañan cada día más.
La Razón: Productos for export
El maní, el ají y el palmito, tres luces de esperanza para el sector exportador.
Con las dificultades propias del subdesarrollo regional, los exportadores nacionales realizan permanentes esfuerzos para promover en el mundo los productos que se elaboran en casa. Ciertamente, todavía es limitada la oferta de mercancía con valor agregado.
Desde todo punto de vista, se necesita identificar mercados para la producción boliviana, la misma que está cada vez más ávida de expandirse con el propósito de crecer y, así, rescatar de la pobreza a miles de familias.
Tomando en cuenta las estadísticas oficiales de los cuatro primeros meses del año, las exportaciones nacionales crecieron en 24,3 por ciento. El sector minero dejó atrás los malos tiempos y continúa registrando cifras alentadoras; prácticamente lo mismo ocurre con los hidrocarburos, pero nunca es bueno que un país dependa sólo de la volubilidad de estos rubros. Por eso, la insistencia de que nuestra diversificada riqueza agrícola y su comercialización reciban un impulso más decidido de parte del Gobierno. No muchos emprendimientos, casi siempre impulsados por el vigoroso trabajo de comunidades con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG), han trascendido las fronteras en calidad de exportadores.
Entre estos ejemplos a seguir están los del ají y el maní, en regiones vallunas, especialmente de Chuquisaca, y el palmito del Trópico de Cochabamba. En este último caso, hace poco se conoció la alentadora noticia de un segundo envío de palmito enlatado con certificación de calidad a Venezuela.
Aunque en distinto grado, para estos productos se han abierto importantes mercados del exterior. Y todo esfuerzo tiene su recompensa: el ají y el maní no se han salvado del desastre de la sequía; mientras que el palmito, de las inundaciones de miles de hectáreas en el Chapare.
Según la Cámara de Exportadores de Chuquisaca, hasta el año 2008 se exportaron 3,5 toneladas de maní a Perú, Italia, Chile, Argentina, Estados Unidos y España. Proveniente del chaco chuquisaqueño, así como de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, el maní ha evolucionado en sus parámetros de calidad, llegando a ingresar a mercados como Holanda y otros países de la Unión Europea. Con relación al ají, producto muy apreciado en el exterior, los procesos de industrialización le permitieron ingresar a mercados latinoamericanos y europeos, en especial a España. El maní, el ají y el palmito… tres luces de esperanza para el sector exportador.
Cambio: Bolivia y Argentina, independencia común
Celebramos junto con Cristina Fernández, Néstor Kirchner y todo el pueblo argentino un aniversario más de su independencia. Recordamos alborozados cómo el grito libertario salido de Chuquisaca, tanto de La Plata como de La Paz, fue continuado por el de mayo en Buenos Aires. Los revolucionarios de las Provincias Unidas y los de la Audiencia de Charcas fueron prácticamente los mismos. No olvidamos que el actual territorio boliviano formaba parte del Virreinato de Buenos Aires, es más, fue el productor de la riqueza que desarrollaron las tierras hoy argentinas, con la plata del fabuloso Potosí.
La Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca fue la cuna ideológica tanto de Charcas como de Buenos Aires, de allí salieron ilustres revolucionarios como Jaime Zudáñez, que estuvo en Tucumán; Bernardo Monteagudo, el jacobino que tuvo destacada actuación en el levantamiento de los mayo de 1809 y 1818, el primero en La Plata y el segundo en la capital virreinal. En La Paz, el cura Medina, tucumano de nacimiento y párroco de Sica Sica, fue el más conspicuo instigador de la revolución de julio de 1809.
Pasadas las revueltas que encendieron la libertad, Argentina logró su independencia más rápido, mientras Charcas tuvo que enfrentar a los ejércitos realistas enviados desde el Perú. Fueron los valerosos guerrilleros de la Audiencia los que aseguraron la libertad argentina en combates heroicos a lo largo de todo nuestro territorio. Abascal trató de amenazar a las provincias norteñas, llegando a ocupar las provincias de Salta y Jujuy; sin embargo, argentinos y charqueños lucharon codo a codo por la libertad.
Los ejércitos auxiliares argentinos también tenían presencia de hombres vinculados a las riquezas potosinas, Mitre y Castelli tenían la concesión del ‘situado’, la plata amonedada destinada al sostenimiento de Buenos Aires. A Güemes, tan héroe libertario del norte argentino como de Charcas, respondían con fidelidad y afecto los guerrilleros altoperuanos. Los esposos Padilla, Camargo, Uriondo, el Moto Méndez, fueron lugartenientes del valeroso Güemes. Warnes, el paladín cruceño, en realidad era argentino y fue nombrado en su cargo por los comandantes rioplatenses, con él nos unimos con la Argentina en nuestros anhelos de libertad.
El Congreso de Tucumán tuvo una representación charqueña de alto nivel, nuestros diputados estuvieron más de una vez en la testera de este momento histórico, sus ideas y plumas están vivas en el documento final que declara la independencia que hoy festejamos junto a Cristina y su pueblo.
¿Qué pasó? ¿Por qué no somos un solo país? Porque Charcas se encontraba entre dos poderes virreinales, Lima primero y Buenos Aires después. El detentar el majestuoso Cerro Rico y la población para explotarlo generó un espacio propio, con una identidad definida desde la temprana Colonia. Esta cualidad que lo llevó a ser el eje del espacio económico colonial, como lo desarrolla el historiador argentino Sempat Assadourian, le creó una vida autónoma de los dos virreinatos.
Al concluir la guerra, los charqueños decidimos que no deseábamos pertenecer ni al Perú ni a las Provincias Unidas, queríamos ser Charqueños, adoptamos el nombre del libertador venezolano para nuestro país, porque libró la batalla definitiva frente a los aún poderosos ejércitos realistas. La continuación de la historia nos sigue uniendo con fuerza inusitada, el comercio del Río de la Plata hacia Potosí, y de allí a los puertos del Pacífico fueron una constante, los vínculos entre Salta y Tupiza son permanentes hasta hoy.
No olvidemos que desde tiempo colonial compartimos mucha cultura. Tanto bolivianos como argentinos compartimos la chacarera y el gato, porque ambos somos del chaco. Ambos cantamos dulces yaravís y alegres wayños, porque somos de las pampas del norte (de Argentina) y del sur (de Bolivia).
La minería de la plata de fines de la segunda mitad del siglo XIX logró que ambos reconozcamos la necesidad de conectarnos mediante ferrocarriles, bastante complicados para Bolivia por su geografía, pero Argentina quería llegar por rieles al Pacífico y nostros queríamos lo mismo con el Atlántico.
Sin embargo, el siglo XX nos encontró algo alejados. El fallo arbitral argentino por el diferendo que teníamos con el Perú por la Amazonía nos enemistó. Nuestra integración ferroviaria, tan importante para ambos países, terminó reconciliándonos.
Todos los bolivianos tenemos familiares argentinos, no de migrantes recientes, sino de familias vinculadas desde tiempos remotos por el intenso comercio, lícito e ilícito, que se desarrolló desde la temprana Colonia. Comerciantes criollos, arrieros mestizos y trabajadores indígenas iban y venían desde Tucumán a La Paz, por supuesto a Cochabamba, Potosí, Tarija y a cuanta región se podía. También compartimos tiempos tristes, la dictadura argentina de los Videla y compañía tuvo una influencia por de más perniciosa en nuestro ejército, así los bolivianos soportamos el asesoramiento de los represores de la ESMA en los nefastos gobiernos de Banzer y García Meza. En Bolivia raptaron a la familia Rutilo, en Buenos Aires asesinaron al Gral. Juan José Torres.
Hoy en día los bolivianos decimos, en son no tan de broma, que la ciudad boliviana más poblada es Buenos Aires, más de un millón de migrantes bolivianos de los últimos 30 años han llegado a la Gran ciudad para aportar con su trabajo, su comercio y su cultura, a veces reciben maltrato de los racistas que hay en todas partes, seres asustados de no ser los reyes de la creación; pero también reciben el reconocimiento y respeto de millones de argentinos que saben que nuestros antepasados son comunes, que la riqueza que le dio la oportunidad de ser cabeza virreinal vino de las cumbres charqueñas, que fueron los guerrilleros altoperuanos los que defendieron su independencia en el norte para poder combatir en el sur con tranquilidad, que fue la plata de la Casa de Moneda potosina la que sostuvo y armó los ejércitos rioplatenses.
¡Salud y felicidades, hermanos argentinos, su independencia es también nuestra!
La Prensa: Nuevos enfrentamientos odiosos
Llegado el momento, se advierte que sobre el pregonado amor a la patria de los políticos están sus intereses ideológicos y su bienestar personal?
El Gobernador de Santa Cruz acusó al Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia de recibir dinero del narcotráfico, en una actitud irrespetuosa y aparentemente desesperada. El Segundo Mandatario respondió con un juicio por desacato.
El enfrentamiento constituye un nuevo capítulo de las conflictivas relaciones entre el Gobierno central y el gobierno regional cruceño, derivadas de las profundas diferencias ideológicas que los separan.
Rubén Costas se dejó impactar por la indignación de ver rechazada su propuesta económica autonómica por el Órgano Ejecutivo y por las declaraciones de Álvaro García Linera de meter a la cárcel a quienes promovieron los referendos autonomistas, que consideró ilegales. De ahí el exabrupto contra el segundo hombre del país, respaldado en una deducción sobre el crecimiento del narcotráfico y en la supuesta inacción gubernamental para atacarlo.
El Vicepresidente inició un juicio a Costas sobre la base del delito de desacato, ya despenalizado en varios países, como Uruguay, con enorme vocación y tradición democrática. La despenalización del desacato en varias naciones del continente, ha sido recomendada por organismos internacionales en el marco de la defensa de los de derechos humanos, cuando la acusación se refiere a funcionarios públicos.
Al margen de este enfrentamiento, está el evidente propósito oficialista, mostrado a través de una serie de leyes orgánicas que están siendo aprobadas por el Órgano Legislativo en plazos acelerados, de tomar el control total del poder. Por ello, se pretende impedir que tanto los gobernadores como los alcaldes de partidos opositores al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) sean defenestrados y que esos cargos sean asumidos por asambleístas del oficialismo. Una oportunidad para lograr este propósito en Santa Cruz, difícilmente podría ser desaprovechada por el Gobierno central.
Los odios políticos e ideológicos que se apoderaron de los dirigentes de uno y otro lado, no parece que puedan encontrar una fácil solución. Entretanto, la población ?que siempre ha esperado una necesaria conciliación? mira azorada y expectante los continuos enfrentamientos ideológicos, que constituyen, de alguna manera, un elemento más que obstaculiza el ansiado desarrollo económico de nuestra nación.
La pugna política entre el Gobierno y la oposición concentró toda la atención de ambos bandos y se ha dejado de lado, especialmente en el Órgano Ejecutivo, la gestión que permita, en esta época de vacas gordas, el desarrollo nacional.
Los buenos dirigentes deberían poner por encima de todo, el bienestar del país y sus habitantes. Los políticos se proclaman patriotas por excelencia, pero llegado el momento, se advierte que sobre ese pregonado amor a la patria están sus intereses ideológicos, sus intereses económicos y su bienestar personal. En verdad, la reacción del gobernador Costas no se justifica de ninguna manera, al contrario, da pávulo para que la esperada conciliación que se suponía había llegado tras sus reuniones con el presidente Morales, una vez más sea postergada en detrimento de la esperada decisión de aunar esfuerzos en busca del desarrollo definitivo de nuestro país.
El Diario: El bloqueo, la peor forma de terrorismo
Para nadie es secreto que el terrorismo se nutre de mil formas para desarrollar sus tenebrosas actividades que afectan a casi todos los pueblos; una de esas tácticas o formas de actuación es el bloqueo de carreteras, caminos, puentes, ferrovías, calles, avenidas y plazas que son patrimonio de los pueblos; obras de infraestructura que contribuyen al logro de mejores condiciones de vida y concluyen en que el desarrollo y el progreso de los países alcancen altos niveles.
El bloqueo, por los daños que causa, por las consecuencias que deja a su paso, por las miserias y dolores que ocasiona a quienes se ven perjudicados en su salud, su trabajo, su economía, sus perspectivas de vida, su tranquilidad personal y familiar; por las bajas que provoca en la producción y la disminución de ingresos para el erario nacional, es, de todos modos, un delito múltiple.
En Bolivia, es el arma esgrimida por organizaciones sindicales u otros grupos sociales que apelan a la medida del bloqueo para “reivindicar sus derechos”, “lograr beneficios del Gobierno o de particulares”, “alcanzar la aprobación de disposiciones legales conforme a sus intereses”, “exigir mejores precios para la mercadería que ofrecen comerciantes o productores”; en fin, alegar esas o muchas razones es parte de las tácticas de quienes recurren a este extremo delictivo.
Lo grave de esta situación es que sabiendo las autoridades los infinitos daños que causa la medida extremista y demagoga, criminal e irresponsable, no ponen coto a su presencia y desarrollo permanente “como medida para conseguirlo todo” (como alegan sus propiciadores y autores). Las leyes son claras al respecto porque prohíben su realización; sin embargo, la inmunidad e impunidad con que se actúa en este campo no deja lugar para abrigar esperanza alguna de que sea frenada y mucho menos, para su juzgamiento y condena enérgica. Corresponde afirmar que tanto la permisividad de las autoridades del Poder Ejecutivo como la casi indiferencia del Legislativo y, mucho más, del Poder Judicial que deja para las “calendas griegas” los pocos casos que han sido puestos en su conocimiento para la instauración de los juicios pertinentes, implica lenidad e indiferencia.
Como todo mal o delito que no es sancionado, el bloqueo se convierte en algo contagioso, porque hasta instituciones que se entiende deben velar por el bien común y el cumplimiento de las leyes -caso de las Fuerzas Armadas- “aplican este delito” para imponer criterios o puntos de vista en relación con bienes públicos y que, se dice, son propiedades militares.
La impunidad e inmunidad que tiene el bloqueo determina que su aplicación sea casi permanente por una u otra razón o sinrazón, cuyas consecuencias las sufre todo el país, creando desconfianza especialmente por parte de la comunidad internacional. El bloqueo se convierte en Bolivia en el principal cómplice del narcotráfico, las acciones irregulares y, por supuesto, de la corrupción.
Dados los inmensos daños que causan los bloqueos, es absolutamente necesario que las autoridades los sancionen drásticamente, puesto que, repetimos, son atentatorios contra los derechos humanos, contra el Estado en su conjunto, contra el propio Gobierno y tienden a convertirse en “formas de vida y lucha” de grupos extremistas que no vacilan en aplicarlo hasta para el logro de apetitos personales o de grupo que no benefician al país.
El Mundo: Acusaciones mutuas
En reiteradas oportunidades, nos hemos referido a la vocación de pugna que caracteriza a la actual situación sociopolítica boliviana y que nada bueno puede traer para el futuro de la ciudadanía, todo lo contrario, las situaciones tienden a agravarse y si no paran, pueden concluir en un enfrentamiento nada favorable. Las declaraciones del Gobernador de Santa Cruz, siguiendo la conducta a que hacemos referencia al iniciar la nota, han dado lugar una serie de reacciones que no buscan, de ninguna manera, encontrar soluciones, o corregir situaciones que lleven las cosas por un camino que pueda ofrecer un panorama alentador; ahora es todo lo contario, la declaración ha dado lugar a que todas aquellas personas que de una u otra manera, tratan de ganarse la simpatía del Gobierno y en particular del vicepresidente, han decidido realizar acusaciones, presentar demandas y otras acciones que buscan anular al Gobernador cruceño.
La oposición por su parte, ha encontrado también otro tema para continuar la pugna y se presentan los manifiestos de solidaridad, las denuncias ante organismos internacionales y otros hechos que con seguridad, permitirán que el problema se prolongue por algunos días.
Mientras eso sucede en el campo político, la situación económica tiende a endurecerse, debido a las acciones realizadas por los países industrializados que tratan de superar la crisis económica por la que atravesaban y con seguridad, las medidas que puedan adoptar para lograrlo, irán en perjuicio de quienes están económicamente en condición de desventaja, ni preguntar qué medidas se han adoptado para evitar que ello suceda, no es el tema principal de la agenda.
Después del fracaso de los intentos neoliberales, patrocinados por los países económicamente fuertes que antes que transmitir ideas prácticas para superar la crisis, prefirieron tocar los bolsillos de los otros países, no tuvieron inconveniente en fomentar la corrupción, para llevar adelante un plan que conducía a ninguna parte.
Pero las correcciones no fueron por mejor camino, antes que aplicar las medidas que en algún momento pensaron, cuando se encontraban preparando la campaña política, los gobernantes socialistas optaron primero en emprender la lucha de clases y perseguir a los apellidos de origen extranjero, luego a los ciudadanos que merced a su trabajo, lograron acumular alguna riqueza y luego atacar a los que mantenía un color de piel diferente al que los dirigentes consideraban propio, aunque también en ese sector hay mucha gente de piel blanca que trata de mimetizarse, en algún momento, vistiendo un poncho y chulo, pero que no logran cubrir otros rasgos.
Sería prudente que en algún momento, quienes ejercen posiciones de poder, al margen de las tendencias políticas que pueden ser diferentes, se dedique a pensar en el bien de las mayorías, a las que anuncian defender, y adopten medidas que puedan modificar las condiciones socioeconómicas que se presentan cada vez más complicadas.
Ojala que todas aquellas demostraciones de solidaridad que alientan el enfrentamiento, entre los dirigentes de uno y otro sector, puedan volver a manifestarse, con la misma intensidad, para apoyar las iniciativas que puedan mejorar las condiciones generales y encaminar al país por un sendero que pueda ser más expectable. Al margen de las que hoy se han convertido en un estigma que bien vale la pena revertir.
Si bien sería importante identificar a quienes nos han conseguido el estigma de narcotráfico con el que se conoce hoy la país en el ámbito internacional. Lo importante no es hoy buscar a los culpables sino dar los pasos para evitar que ello siga sucediendo y eso pasa por limitarla producción de al hoja de coca, ejercer mayor control sobre las fábricas que han proliferado, según los informes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, pero que salvo algunas incautaciones que a pesar de ser voluminosas, no guardan todavía relación con la cantidad que se produce.
Es un compromiso que se debe cumplir y que ayudaría a mejorar la imagen de quienes pueden ser acusados, por lo menos de tolerar esas irregularidades.
Opinión: Una advertencia de los policías de base
Sobre el trabajo que realizan los policías y en torno a la misma institución se pueden formular muchas preguntas, como de hecho, se lo ha estado haciendo durante los últimos tiempos, reflejando la preocupación de las personas frente a uno de los problemas que golpean con fuerza a la sociedad y que es la falta de seguridad ciudadana.
En un marco general, se puede decir que la Policía, hasta ahora, no encuentra soluciones institucionales referentes a su reorganización, a desterrar los índices de corrupción, a mejorar las condiciones de trabajo y en suma a ubicarse en un lugar que merece una institución que constitucionalmente está llamada a resguardar el orden público y a preservar la vida y los bienes de la gente.
Es cierto que durante los últimos tiempos la Policía por diferentes factores ha perdido autoridad, situación que debería ser una de las preocupaciones mayores de sus autoridades, sin embargo, esa pérdida de autoridad no tiene que ver sólo con el surgimiento o el descontrol ante la delincuencia y el crimen organizado, toca a una serie de motivos sociales que si bien pueden estar vinculados con delitos como el narcotráfico y el contrabando, se han convertido en extremos intolerables en relación al trabajo y la presencia policial en determinados lugares del país.
Los policías temen por sus vidas ante los ataques de grupos de personas, principalmente del área rural, es decir, concretamente, ante los linchamientos. Los casos de policías linchados durante los últimos años -y que son de baja graduación- están creando una ola de temor y desconcierto en estos guardianes de la sociedad a punto tal que estos hombres generalmente con uniforme raso han advertido que si sus autoridades superiores no hacen respetar el uniforme buscarán sanciones efectivas, y quizá similares, contra los linchadores.
Los casos a los que se refieren están frescos en la memoria de los ciudadanos: Epizana, Uncía y hace pocos días Pantipata, Llave Grande en Vinto, donde el sector estaría ocupado por fábricas de cocaína.
Estos policías, según dijeron a este diario, ya no aguantan más bajar la cabeza ante tanto abuso de los comunarios, porque no pueden gasificarlos, ni levantarles la voz y si los linchan tienen que aguantar callados.
Estos policías, que sí se han atrevido a decir su verdad, aunque guardando en reserva sus nombres, parece que expresan una situación que se arrastra desde hace tiempo, y ello debe interpelar a los altos mandos policiales para que expliquen qué es lo que está sucediendo en la institución, si es que evidentemente existen órdenes para actuar con guante de seda ante algunos comunarios de áreas rurales comprometidos con delitos comunes o con el narcotráfico, aún a costa de la propia vida.
Resultaría un contrasentido, un absurdo y una contravención tan extrema cualquier instrucción de permisividad ante el delito, porque cuando hay delito no se califica a las personas, ni a su origen ni a su situación social, se reprime al delincuente. Por ello mismo la sociedad, para liberarse de la carga destructiva del mal, ha creado un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio y de aplicación universal que se tipifican bajo el nombre de delitos, es decir, aquellos actos que lesionan al conjunto de la sociedad.
Es probable que en esta extraña situación de grupos de pobladores enardecidos y de policías flagelados y hasta asesinados, concurran además factores de extorsión de algunos policías que caen en el delito, pero esto debe ser aclarado en la justicia ordinaria.
Los altos mandos policiales y el Ministerio de Gobierno tienen la obligación de analizar y obrar en esta situación que se extiende peligrosamente, y que al final, puede socavar no sólo las bases institucionales de la Policía, sino destruir el concepto que para el policía es sagrado y que tiene que ver con el cumplimiento del deber.
Clarín, Argentina: El diálogo, aquí y en la región
El ex presidente Néstor Kirchner viene realizando, en su condición de titular de la UNASUR, una actividad orientada al diálogo y la generación de consensos que contrasta con sus modos y agendas en la política nacional.
Resulta llamativo ese contraste entre sus recientes viajes a Paraguay, Ecuador y Chile, en los que destacó la importancia de las coincidencias regionales por sobre las diferencias nacionales o ideológicas, y sus pronunciamientos y estilos dentro del país.
En el ámbito nacional, el ex presidente reitera en cada intervención pública sus diatribas hacia la oposición, descalifica las críticas y desconoce el valor del diálogo entre los partidos y dirigentes del oficialismo y de la oposición.
La explicación de este doble estándar puede parecer sencilla: las funciones del ex mandatario en Unasur lo obligan a recabar opiniones y buscar acuerdos, en primer lugar, para la propia ratificación del tratado de integración regional que aún debe ser aprobado por los Congresos de seis de los doce países sudamericanos.
En su tarea de persuasión, Néstor Kirchner se reunió en Paraguay con líderes del gobierno y parlamentarios de la oposición. En Chile, mantuvo conversaciones con el presidente Sebastián Piñera y con los ex mandatarios Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Algo que no debería sorprender en un líder político, como el cultivo del diálogo y el respeto hacia interlocutores que no comparten sus ideas y definiciones políticas, resalta en este caso como una novedad.
El ex presidente Néstor Kirchner practica con los vecinos lo que le niega a sus compatriotas: el diálogo y el respeto por las diferencias.
