Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Noticias del sur
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Bajo el Penoco, El Día: Gracias Cayetano
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Los Tiempos: Muerte en la Policía
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El Deber: Frente a la provocación
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La Razón: Sudáfrica, el adiós
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Cambio: Compromiso con la justicia
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La Prensa: Contrabando y defraudación
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El Diario: Los avatares del “Estado Plurinacional”
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El Mundo: Réplicas
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Opinión: Las acusaciones no solucionan los problemas
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Clarín, Argentina: La política del secretismo y el ocultamiento
El Día: Noticias del sur
La noticia más esperada para este domingo en América del Sur era el triunfo de alguna de las selecciones del subcontinente que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Sudáfrica 2010, especialmente Argentina y Brasil. No se sabía cuán importante era para la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner obtener un buen resultado en el Mundial hasta que se produjo el multitudinario recibimiento a la selección de Diego Maradona en Buenos Aires, con lo que la mandataria ha pretendido convertir en éxito lo que ha sido un estrepitoso fracaso futbolístico. En realidad se ha tratado de una movida mediática para forzar la permanencia del “Pelusa” como entrenador, con la esperanza de que éste pueda darle una mano en las elecciones del próximo año. Para ello, “el Diego” tendría que ganar la Copa América, cosa improbable tomando en cuenta el fiasco sudafricano.
Entre lo patético que resultaría mantener a Maradona en un cargo para el que no está calificado y el uso político que se le quiere dar a su nombre, los argentinos deberían reflexionar sobre lo triste que debe resultar para un país tan importante, que el futuro de casi 35 millones de personas esté marcado por una pelota, luego de ocho años de un régimen que propuso grandes transformaciones sociales y económicas. La única evolución palpable observada en aquel país se ha producido en la fortuna personal de la pareja de Néstor y Cristina Kirchner, que acaba de registrar un aumento del 20% y hoy alcanza los 15 millones de dólares.
No deja de ser pintoresco también que en Brasil, el oficialismo hubiera estado esperando un buen resultado de la “verde amarela” para catapultar a la candidata Dilma Rousseff, después de dos exitosos periodos de Lula. Algún asunto no está cuajando en la ecuación política brasileña como para que el fútbol pase a ser el gran dirimidor de los comicios de octubre.
Pero hay más noticias para comentar desde el sur, como la compra de un avión presidencial de casi 39 millones de dólares en el país más pobre y atrasado del continente. El consumo de cocaína que se dispara en las escuelas chilenas, hecho que ha obligado al Gobierno de ese país a controlar con más detenimiento lo que pasa por la frontera con Bolivia, donde ya se han instalado aparatos de rayos x para los camiones y donde acaban de decomisar un cargamento de 830 kilos de droga.
En Venezuela, la desesperación del presidente Hugo Chávez lo lleva a calcar un show boliviano de supuesto intento de magnicidio en el que está involucrado un salvadoreño sospechoso de terrorismo que ha sido extraditado a Cuba. Ni bien detuvieron a Francisco Chávez Abarca, el líder bolivariano exclamó: “ese venía a matarme” y enseguida lo ha relacionado con la oposición. En septiembre hay elecciones y con la escasez de éxitos para mostrar, el Socialismo del Siglo XXI quiere encender la agenda con una función demasiado trillada.
Aunque no está en el sur, la única noticia que refleja verdaderas transformaciones políticas en el continente viene de Cuba. Se trata del anuncio del régimen castrista de la liberación de 52 presos políticos, la mayor excarcelación que ha ordenado el gobierno desde 1998. Si bien no se espera cambios significativos en la conducción de la isla, el gesto humanitario refleja que los caminos de la política continental conducen al lado inverso por el que transitan los que hoy hablan de cárcel hasta por los codos.
Es tan poco lo que tienen para mostrar algunos “gobiernos de cambio” en la región, que el fútbol pasó a ser la agenda central.
Bajo el Penoco, El Día: Gracias Cayetano
Los caminos del periodismo y las sendas de quienes defienden la libertad siempre se entrecruzan y en el futuro siempre nos toparemos con Cayetano Llobet, un furioso combatiente por la vigencia de ambos valores que llevaron a El Día a buscar su aporte, que sin duda alguna ha sido de enorme significación. Tano Llobet se aleja de la presidencia de nuestro diario, pero se va como un sembrador, un amigo y un maestro que volcó todas sus energías al servicio de nuestra redacción y nuestros periodistas, para beneficio de los lectores. Su alejamiento es solamente físico, ya que su espíritu luchador y sus ideales se quedan como patrimonio ganado en el corto pero valioso período que nos acompañó. Como él mismo dice, no pasará mucho tiempo hasta que las circunstancias lo pongan otra vez en la primera línea del periodismo boliviano, en un momento en el que se necesitan muchos como Cayetano, dispuestos a arriesgarse para defender la democracia. Estamos seguros que coincidiremos en el mismo frente. “Entre paréntesis” sólo le decimos hasta luego y muchas gracias.
Los Tiempos: Muerte en la Policía
NUESTRA PALABRA
En la Policía Boliviana se debe tomar conciencia de que no es posible tolerar el retorno de prácticas como la tortura y el maltrato para develar la comisión de delitos
La decisión del Órgano Ejecutivo de conformar una comisión que supervise la investigación que se deberá realizar dentro de la Policía Boliviana para determinar cómo murió un detenido -presunto culpable del asalto al retén ubicado en la avenida que une El Alto con la ciudad de La Paz- en las celdas de la entidad del orden, en una confusa sesión de interrogatorio, es por demás pertinente.
Desde la ejecución del presunto terrorista Rózsa y tres de sus acompañantes, no se había presentado en el país una acción de esta naturaleza que, una vez más, muestra que en algunos niveles de Policía hay una silenciosa resistencia a respetar los derechos humanos, entre los cuales el fundamental es el derecho a la vida.
Es de esperar que la comisión garantice que se devele este caso y sea lo suficientemente fuerte para resistir las seguras presiones que presentarán quienes están interesados en que, más bien, se distraiga la atención de la ciudadanía. Este temor nace de la experiencia, pues son varios los casos en los que ante evidente complicidad de efectivos de la Policía en actos ilícitos se organizaron equipos de investigación que pronto tuvieron que desactivarse sin lograr su meta. Es lo que sucedió, a modo de ejemplo, en el caso Prosegur cuando, para obstaculizar la reforma interna prometida por el entonces mandatario por la evidente participación de efectivos de la Policía en ese asalto, incluso se provocó un atentado terrorista en contra de su sede en Santa Cruz, sin que hasta ahora se haya podido determinar quiénes lo organizaron ni se haya introducido ninguna reforma en la Policía Boliviana.
Además, es de esperar que los jefes y oficiales de la institución comprendan que develar estos casos oscuros y sancionar a sus autores no sólo es un imperativo legal y moral inexcusable, sino la única manera para que puedan recuperar la confianza ciudadana y evitar que su funcionamiento salga del control del Estado. Más aún en circunstancias como las actuales en las que hay una sucesión de hechos -como hemos comentados el jueves- en los que la actuación de efectivos de la Policía ha sido por demás dudosa.
En el caso que se comenta, es fundamental que dentro de la Policía Boliviana se tome conciencia de que no es posible tolerar el retorno de prácticas como la tortura y el maltrato para develar la comisión de delitos. En Bolivia hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos y no puede haber estamento que los viole ni razón alguna que los justifique. Más aún si se constata que en amplios sectores de la población hay una tradición autoritaria y punitiva que recurrentemente logra imponer su visión en las políticas públicas, como ha sucedido con la reforma del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En fin, de debe insistir en que para cumplir la misión que le otorga la Constitución Política del Estado de “defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”, la Policía Boliviana tiene que adecuar sus acciones a las normas legales establecidas teniendo como principio ineludible la defensa y respeto de los derechos humanos, actitud que por lo datos que se conocen no se ha mostrado en el tratamiento que se ha dado al presunto culpable del asalto al retén de El Alto.
El Deber: Frente a la provocación
No de ahora, sino desde hace bastante tiempo, el Gobierno nacional mostraba señales indicativas de su propósito de doblegar totalmente a la región cruceña por representar la que en su criterio más obstaculizaba su marcha hacia un centralismo embozado de fórmulas autonomistas. En todo momento delató sus planes de ceñir a Palacio Quemado a todos los poderes del Estado y someter a una suerte de ‘neovasallaje’ a las gobernaciones regionales, así como a las autonomías indígenas. En la propia retórica del Estado, algunas de tipo risueño, es posible percibir señalizaciones en la referida dirección. Aquella alusiva a que la denominada Asamblea Plurinacional era ya un ‘sindicato’ del vicepresidente García Linera, figura entre las más ilustrativas al respecto.
El caso de ‘terrorismo’ asociado a supuestos fines separatistas y a un plan de asesinato del Jefe de Estado, cuyo origen y naturaleza real sigue aún siendo una densa nebulosa, marcó el comienzo del permanente acoso gubernamental contra la región cruceña, sus instituciones y dirigentes. Sobre la base de simples sindicaciones, violando preceptos claros del Código de Procedimiento Penal, muchos ciudadanos fueron y siguen siendo conducidos detenidos a ese ‘campo de concentración’ judicial en el que ahora se ha convertido la ciudad de La Paz para muchos cruceños, campo en el que ciertos fiscales y jueces actúan igual que vulgares represores políticos.
Ahora se pone en marcha lo que parece ser un bien elaborado plan para barrer del mapa del poder político regional a más de 20 personalidades cruceñas. Encabeza la nómina el propio gobernador Rubén Costas, democráticamente elegido a través del voto. Obviamente que se pretenderá llenar el vacío, tanto en el mando ejecutivo como en el de la Asamblea Departamental, con militantes del partido gobiernista. Así los hombres del Ejecutivo lograrían lo que al parecer buscan de forma tozuda y permanente: abatir el más fuerte de los diques regionales en su recorrido hacia la hegemonía política total.
Una de las tácticas gubernamentales es la provocación al adversario regional cruceño. Por cierto que acertó varias veces en este tiroteo retórico, el último de los cuales indujo al gobernador Costas, a quien se quiere enjuiciar y meter preso por la convocatoria al referéndum sobre autonomías, a contraatacar a su acusador (el propio Vicepresidente ) en términos que a éste sin duda solazaron porque le servían para una contraacusación (delito de calumnia o desacato contra la autoridad) que seguramente le permitirá movilizar todo cuanto sea posible contra Costas: voceros presidenciales, algún miembro obsecuente del Poder Judicial en Sucre y parlamentarios masistas que ahora convocan y exigen a la autoridad cruceña a sustentar con ‘pruebas’ la veracidad de sus afirmaciones. Todo, naturalmente, en la perspectiva de acabar totalmente con los adalides de la oposición cruceña.
Planteadas así las cosas, ¿cuál debiera ser el comportamiento regional frente a las constantes provocaciones del Gobierno? Algunos que optaron por fugarse del país, parece que cayeron en la trampa que les tendiera el Gobierno con el bullado caso de terrorismo. Durante un acoso masista a Santa Cruz, otros tampoco se dieron cuenta de que, en realidad, lo que se quería de ellos eran reacciones de violencia.
Todos estos precedentes deben ser tomados en cuenta por la dirigencia cruceña para encarar las renovadas arremetidas gubernamentales con el mayor equilibrio emocional posible. Es decir, sin desbordes conceptuales y retóricos que al régimen actual le sirvan de justificación para la represión político-judicial que es parte táctica en su estrategia hacia el dominio total del país.
Que el Gobierno incurra en los referidos descontroles es una cosa y otra muy diferente que la oposición regional, cívica o política, haga lo mismo. La respuesta debe ser, por el contrario, firme, equilibrada, juiciosa y contundente.
La Razón: Sudáfrica, el adiós
Llegó el momento de los balances. Las selecciones de España y Holanda se enfrentan en la instancia más emotiva de todas, la gran final, y dividen el mundo en dos. Nadie quiere estar al margen y, unos más, otros menos, cada persona, viva donde viva, tomará partido por alguno de los dos países que buscan el trofeo mayor.
Porque, a pesar de la parafernalia mediática que se acrecienta cada cuatro años y recubre los fastuosos estadios con una nube que casi no deja ver los partidos, todavía se disfruta del fútbol. Éste continúa siendo el más popular de los deportes y pocos espectáculos se equiparan, en distracción y en público, a la final de un Mundial.
De lo que se ha permitido observar, en lo futbolístico, más allá de las predicciones del infalible pulpo anglosajón y de los escándalos de las celebridades hollywoodenses como Paris Hilton, el tramo definitorio resultó decepcionante para los sudamericanos.
Si en la fase de cuartos de final se hablaba de la sólida actuación de cuatro selecciones de América, de un total de ocho aspirantes al título, en adelante todo fue una lágrima. Los equipos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay cayeron uno tras otro, para decepción de quienes no llegamos a Sudáfrica y, al menos, encontrábamos en ellos un consuelo. La oportunidad sirvió, entre otras cosas, para reposicionar el viejo debate del “juego bonito”, ese que siempre ha caracterizado a Brasil y que, en cierto modo, se reclama en Sudamérica como una forma de ‘vida’ en la sociedad futbolera. De inicio, el seleccionado de Dunga traicionó al estilo que tuvo en Pelé a su máxima expresión.
Los sudamericanos intentaron jugar al fútbol con las armas que suelen desplegar en los torneos anuales, pero ninguno mostró la firmeza de varios de los europeos. Y esto da pie a otra discusión: Son tiempos de lo práctico, quizá, en detrimento del juego bonito. ¿Son tiempos de la velocidad y la efectividad, a cualquier costa? Nuevamente, la frialdad europea versus la garra y la habilidad sudamericana, volcadas en el campo de juego.
Está terminando un Mundial que, en líneas generales, estuvo rodeado de cuestiones aledañas. En Sudáfrica se habló mucho del balón, de las polémicas arbitrales y, finalmente, de un pulpo adivino. Aun así, el fútbol sigue vivo y hoy, corren las apuestas… ¿Puyol, Iniesta, Xavi y Villa?; ¿o Van Bronckhorst, Sneijder, Robben y Van Persie?
Cambio: Compromiso con la justicia
Los fiscales de Recurso Mirna Arancibia y Milton Mendoza declinaron asumir como vocales de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz y de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca, respectivamente, y ratificaron su compromiso de proseguir a cargo de las investigaciones legales en el proceso judicial en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, acusados de la masacre perpetrada entre septiembre y octubre de 2003.
Esa medida fue asumida por ambos juristas tras reunirse —hace un par de días— con familiares de las víctimas y representantes del comité impulsor del juicio. Seguramente no fue una decisión fácil, sino que tomaron en cuenta muchos aspectos, entre ellos la humanitaria demanda de justicia de quienes perdieron a sus seres queridos o quedaron con secuelas permanentes de una represión militar ordenada por el hoy fugitivo de la justicia boliviana.
Esa decisión no fue nada fácil porque representó postergar sus legítimas aspiraciones profesionales. No todos los días ocurre que un profesional en Derecho renuncie a una designación como vocal de una Corte Superior de Distrito y esto es precisamente lo que determinaron Arancibia y Mendoza, con todo lo que ello implica en sus carreras.
No obstante, además de la demanda de los familiares de las víctimas de la masacre que dejó al menos 67 muertos y cerca de 400 heridos, ambos fiscales también tomaron en cuenta la solicitud del fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien, mediante una comunicación, les había pedido continuar como acusadores en el juicio en contra de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y los miembros de su gabinete que aprobaron un tenebroso plan para reprimir la protesta popular que defendía los recursos naturales y la soberanía de la patria.
Ese documento, suscrito por el Fiscal General, señalaba: “solicito a ustedes reconsiderar su decisión de alejarse del Ministerio Público y permanecer en el equipo que lleva adelante el juicio de responsabilidades. Las víctimas, la sociedad boliviana, así como la historia valorarán y reconocerán este aporte”. Según el Instituto de la Judicatura, Mendoza obtuvo la mayor calificación en el examen de oposición para optar al cargo de vocal de Corte, al igual que Arancibia, quien también aprobó dicha prueba.
La fiscal Arancibia explicó que su determinación surgió tras un prolongado análisis personal, tomando en cuenta los efectos de su posible alejamiento del Ministerio Público y sus aspiraciones profesionales. Admitió que al final de la evaluación pesó más su compromiso para que se haga justicia con las víctimas de la masacre, muchas de ellas que ni siquiera cuentan con un abogado que les represente como parte acusadora.
Por su lado, el fiscal Mendoza dijo que priorizó el interés social al personal y agradeció la confianza depositada en él por los familiares de las víctimas.
“Sólo nos queda responder a este reconocimiento hasta que termine el juicio. Esperamos que nuestro sacrificio y renunciamiento tenga como corolario una sentencia contra quienes masacraron a ciudadanos de La Paz y El Alto en septiembre y octubre de 2003”, manifestó.
Sin duda, se trata de decisiones dignas de ser destacadas, mucho más si detrás de la tarea que encara el Ministerio Público se encuentra el clamor de justicia, no sólo de los familiares de las víctimas de la masacre, sino también de millones de bolivianos comprometidos con la democracia y la vida, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra toda forma de impunidad, tan común en el pasado reciente.
Hasta el momento, el proceso legal en contra de Sánchez de Lozada —refugiado en Estados Unidos desde octubre de 2003— y sus colaboradores se encuentra en su etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo, y tiene un avance del 50%. Se recogió el testimonio de 283 personas, se recopiló un millar de documentos que demostraron que durante el gobierno de Sánchez de Lozada hubo un abuso del poder político y una masacre en la que se involucraron efectivos de varias unidades militares movilizadas a La Paz y El Alto desde comandos ubicados en el interior del país.
La Corte Suprema de Justicia designó por seis meses —el pasado 1 de julio— a 26 nuevos vocales para que asuman funciones en los distritos judiciales de Chuquisaca (3), La Paz (5), Cochabamba (4), Beni (5) y Santa Cruz (9), en el marco de la Ley Transitoria. En tanto que las designaciones de nuevos vocales para los distritos de Oruro, Tarija, Pando y Potosí fueron postergadas, en vista de que no alcanzó el número mínimo de postulantes aprobados: cinco, por lo que se decidió ampliar la convocatoria.
Y si asumimos que la misión del Ministerio Público es defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, concluiremos que tanto Arancibia como Mendoza apuestan por la aplicación de todo el peso de la ley en contra de quienes, munidos del poder circunstancial que les otorgara el pueblo, violaron los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado.
Por eso es trascendente que dos autoridades judiciales hayan asumido que el compromiso con la justicia es mayor que sus legítimas aspiraciones personales, ya que la violenta muerte de 67 bolivianos y la salvaje represión que ordenó Sánchez de Lozada no pueden ni deben quedar impunes. Y aunque esto no significa que Arancibia y Mendoza sean los únicos fiscales comprometidos con el esclarecimiento de un hecho delictivo tan grave como la masacre de decenas de inocentes personas, su renunciamiento se inscribe en un cambio cualitativo de la administración de justicia que exigen millones de bolivianos: que los jueces y fiscales asuman plenamente que su único compromiso debe ser con la justicia.
La Prensa: Contrabando y defraudación
La Aduana debe considerar la necesidad de aplicar nuevas medidas que permitan combatir al contrabando y la defraudación impositiva desde todos los frentes.
Un nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno a la Asamblea Plurinacional Legislativa tiene el objetivo de mejorar la lucha contra el contrabando mediante un control más riguroso en la frontera y sanciones duras a los contrabandistas.
Por lo que se sabe hasta ahora, el proyecto de ley establece la confiscación de bienes usados en la actividad, como los medios de transporte; incrementa los años de reclusión para los empleados públicos y uniformados involucrados en el delito, abrevia los procesos judiciales y define que la nacionalización de los productos de importación se hará en la frontera. En suma, como lo ha dicho el vicepresidente Álvaro García Linera, esta ley será ?una especie de 1008? contra el contrabando, hacía alusión a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, y que fue calificada de draconiana.
Ciertamente, el contrabando es un delito que merece ser abordado por las autoridades del Gobierno con la mayor prioridad, porque atenta contra el aparato productivo nacional, perjudica las importaciones legales y evita mayores recaudaciones a favor del Estado boliviano. Por ello, se debe destacar la iniciativa de la presidenta interina de la Aduana, Marlene Ardaya, quien impulsa la modificación de la legislación vigente para lograr una que sea mucho más rigurosa y taxativa. Así también vale apuntar que líderes del sector empresarial han destacado el proyecto gubernamental que llegará a modificar el Código Tributario y la Ley de Aduanas.
Ahora bien, se debe considerar que no es suficiente una ley para reducir esta actividad ilegal que en Bolivia moviliza, al menos, mil millones de dólares cada año, según la Cámara Nacional de Industrias. No se puede olvidar que la presente ley, en su momento, fue destacada por sus medidas para tipificar al contrabando como un delito penal; sin embargo, hasta ahora no se conocen casos de reclusión de importantes contrabandistas.
En suma, el proyecto de ley debería ser parte de un paquete de medidas que le permitan al Estado boliviano conocer al detalle y los recovecos de este delito. Por ejemplo, cómo se hará para que los evasores de impuestos dejen de actuar en las ciudades o en las zonas francas, como ha venido ocurriendo.
El anterior miércoles, La Prensa publicó una investigación que demuestra que en las zonas francas se cometen irregularidades que favorecen a los ?importadores?. En la Zona Franca Winner de Santa Cruz se ha logrado montar una estructura para evadir el pago de impuestos, convirtiendo en apariencia un vehículo a gasolina en uno que funciona con gas natural. ¿Cómo lo hacían?, pues por unas horas pegaban el sticker de certificado de conversión en el vehículo nuevo o colocaban por unas horas el dispositivo y el tanque de gas natural en la parte inferior del carro. Así también se ha evidenciado que los vehículos nuevos, traídos a Bolivia por importadoras que no tienen la representación legal, son ubicados en las playas correspondientes a los motorizados usados. Ambos métodos persiguen el objetivo de reducir el pago de impuestos, haciendo uso de las zonas francas y de incentivos gubernamentales.
Aquello muestra que la Aduana debe considerar la necesidad de aplicar nuevas medidas que permitan combatir al contrabando y la defraudación impositiva desde todos los frentes y en la diversidad de escenarios.
El Diario: Los avatares del “Estado Plurinacional”
Un frío viento de tormenta avanza como un visible malestar político, afectando a las altas cumbres del “Estado Plurinacional”, entidad con que la actual Constitución sustituyó a la Nación republicana, creando en esa forma las condiciones para que se desate una cadena de desventuras nunca antes conocidas en el país y que afectan directamente al gobierno del presidente Evo Morales. En efecto, en últimos meses, la situación general ha ido pasando de castaño a oscuro, sin que se vislumbre algún rayo de luz que permita alguna esperanza.
El largo rosario de dificultades empezó hace tiempo, pero se agravó súbitamente a raíz de la quiebra de la situación política, originada por la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones del 4 de abril pasado, oportunidad en la que la oposición urbana venció por un porcentaje de dos tercios los optimistas pronósticos de los medios gobernantes. Desde ese momento una sucesión incontenible de dificultades en los últimos días ha llegado a su culminación y que podría desembocar en un fenómeno total, ya que, como se sabe, la acumulación de una serie de hechos concretos determina grandes cambios cualitativos.
En últimos días se agudizó la presión del movimiento obrero pidiendo solución a sus demandas salariales, enseguida el movimiento del Oriente empezó una marcha agresiva que al no encontrar solución a sus peticiones puede irrumpir en la Sede de Gobierno. A esos dolores de cabeza se sumaron numerosas noticias en sentido de que ya no se descubre el tráfico de kilos, sino toneladas de cocaína y el aumento de los cultivos de coca y, por si fuera poco, los graves incidentes que estremecieron a la población, en los cuales los comunarios de Uncía, aplicando la “justicia comunitaria”, dieron muerte a cuatro policías, sin que hasta el momento se vislumbre su aclaración.
A esos incidentes se agregaron las observaciones por la “compra” de un avión francés para uso exclusivo del Presidente del “Estado Plurinacional”, información que se complicó cuando la flamante nave estuvo a punto de ser destruida por un cohete disparado por una mano desconocida. Enseguida surgieron informaciones económicas, como la de que Bolivia estaría sentada en el banquillo de los acusados en un Tribunal internacional por demandas de arbitraje por la nacionalización de algunas empresas a las que se debería alrededor de tres mil millones de dólares.
Los avatares del Gobierno empeorarían por el alza del costo de vida, el pedido del aumento del precio del transporte urbano y rural y para agravar el panorama, están desencadenando una estampida general de los costos de la canasta familiar y ni qué decir del lógico pedido de aumento de sueldos y salarios, todo lo cual impulsaría una espiral inflacionaria no menos angustiosa, vale decir sobre lo mojado llovido.
Esa serie de desventuras no dejó de influir para el enfriamiento, a casi cero grados, de las relaciones con las “gobernaciones” de la llamada Media Luna, las mismas que llegaron al rojo vivo por las declaraciones del Gobernador de Santa Cruz con referencia al segundo Mandatario del Estado y, enseguida, la reanudación de la marcha de los campesinos de la Cidob. Además, el Gobierno chileno aseguró que definitivamente no atenderá la demanda marítima boliviana.
Cerrando ese escenario con ribetes de drama, la reacción de los personeros del Gobierno no fue menos alarmante. En efecto, primero, el presidente Evo Morales amenazó con realizar una huelga de hambre si los asambleístas no hacían caso a sus pedidos, decisión que todavía está pendiente. Casi al mismo tiempo, el vicepresidente Álvaro García también manifestó, en medio del crecimiento de su poder político, que dejaría su cargo si el Gobernador de Santa Cruz probaba sus denuncias. Pero una gota que casi hizo rebasar la copa, fue que, de un momento a otro, la salud del presidente Morales -como habíamos advertido oportunamente- sufrió un grave quebranto, con un disturbio intestinal seguido de diarreas, dolores de cabeza, reposo, abandono de sus funciones, atenciones medidas de urgencia y otros.
Los avatares del equipo gobernante son, pues, numerosos y podrían agravarse de no mediar grandes soluciones o, como se dice, a grandes males grandes remedios. Entre tanto, sólo queda recordar que “al mal tiempo buena cara”.
El Mundo: Réplicas
No contentos con enfrentarse con los adversarios políticos, las autoridades del Gobierno han decidido abrir nuevos frentes, con el propósito de mantener ese deseo de confrontación que se ha convertido en una característica particular de su gestión.
Una situación especial fue la creada frente a la empresa AeroSur que luego de la caída del Lloyd Aéreo Boliviano, por un proceso de capitalización mal concebido y de algunos esfuerzos oficiales por recuperarlo que dejaron a la empresa AeroSur en condiciones de avanzar satisfaciendo las necesidades de transporte de la ciudadanía y prolongando además sus vuelos hacia el exterior, en especial a España, adonde se trasladaba en algún momento, una gran cantidad de ciudadanos, dispuestos a busca nuevos horizontes, precisamente ante ese panorama de incertidumbre que se manifestaba en el horizonte.
La creación de una nueva aerolínea de corte oficial, con todas las limitaciones que se presentaron en su momento contra el capitalizado LAB, que siguió con Sudamericana y otros emprendimientos que al parecer, no sirvieron de modelo, dio lugar al nacimiento de la BoA una empresa con perspectivas limitadas.
Ante la dificultad de superar al adversario y con la posibilidad de utilizar el poder acumulado que se tiene entre manos, los gobernantes arremetieron con todo, reclamando por el estado de las naves primero, luego por otros argumentos, hasta llegar al tema de los impuestos.
Sin embargo, como ha venido sucediendo en otros frentes, las réplicas no demoran en manifestarse y tienen diferentes orígenes y características, aunque no por ello dejan de tener el peso suficiente.
El reclamo por el pago de impuestos, acumulados por AeroSur, ha sido replicado con una deuda superior del Gobierno, por uso de las naves de esa empresa y la dificultad de que el avión presidencial termine ofreciendo otros servicios, ajenos a los que justificaron su adquisición y que podría ser utilizado para salir del paso.
La reacción de la empresa aérea nos trae a la memoria una cantidad de situaciones que podrían manifestarse, por la apertura de nuevos frentes de confrontación, sin medir las consecuencias; posiblemente el peso del poder sea en algún momento más efectivo, no obstante la posibilidad de nuevas confrontaciones podría en algún momento debilitar al todopoderoso.
Recordemos que luego de expulsar al Embajador de los Estados Unidos, el Gobierno estuvo peregrinando sin suerte, para conseguir los beneficios del Atpdea que los perdieron como consecuencia de ese capricho que en algún momento, se lo presentó como un movimiento político, en favor de la oposición.
Hoy la artillería está también apuntando contra la agencia de ayuda a los países en desarrollo Usaid, esa institución del Estado norteamericano ha encarado varias obras de desarrollo para el país, en este y en otros gobiernos, ofreciendo unos créditos no cobrables; sin embargo, los documentos están y en cualquier momento el cobro podría convertirse en un problema, si no para el hostigamiento a esa agencia y a numerosas ONG�s que apoyan a la ejecución de obras y con las que también el grupo político en el Gobierno tuvo oportunidad de beneficiarse en el pasado.
El afán de tener con quién pelear, puede traer consecuencias no deseadas y que por lo que se ha visto hasta el presente, sucede porque los gobernantes no sopesan las consecuencias, antes de iniciar las confrontaciones.
Tener a dirigentes presos en San Pedro o en Chonchocoro, como lo ha ofrecido el vicepresidente, no parece la mejor manera de hacer Gobierno, el país lo ha experimentado en el pasado y sabemos que al final, esa forma de actuar no da los resultados esperados, ya que si se tienen casos aislados, puede suceder que los presos impidan manifestaciones de oposición, el hecho de que los presos sean más, daría lugar a que las reacciones sean también mayores.
Dentro de esa política de persecuciones que está en pleno desarrollo, todo sirve, hasta la Coca Cola, vale la pena recordar que cada arremetida viene acompañada de una réplica.
Opinión: Las acusaciones no solucionan los problemas
La mentalidad de la mayoría de los políticos y de la forma como entienden hacer política discurre desde hace muchos años entre la acusación y la diatriba. La política de este modo ha quedado estancada en la mediocridad que le hace daño no sólo al ejercicio de esta actividad sino también a la moral pública.
Los políticos de antes que se encontraban en el llano acostumbraban a lanzar acusaciones muy graves contra los oponentes neoliberales. Ahora los que están en el Gobierno siguen la misma senda de la acusación, pero también en esta misma práctica incurren los opositores contra el Gobierno nacional y contra altas autoridades.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ha lanzado hace poco una gravísima sindicación nada menos que al vicepresidente Álvaro García Linera al indicar que este mandatario debía construir cárceles ?con el dinero que le da el narcotráfico? para encerrar a quienes defienden la autonomía y se oponen a las imposiciones del oficialismo. No corto de palabras Costas continuó indicando que a García Linera ?le digo que quien tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, narcotráfico y terrorismo de verdad, es su célebre y funesta persona?.
La repuesta del Vicepresidente ha girado en un pedido para que el gobernador Costas le inicie un juicio en el que pruebe sus ?temerarias? acusaciones y un anuncio para renunciar a su inmunidad y enfrentar un proceso judicial, al mismo tiempo, un juicio a Costas por desacato.
Entre las acusaciones y adjetivaciones del gobernador Costas contra el Vicepresidente, subyace una muy delicada que tiene que ver con uno de los problemas más sensibles para el país, para su vida institucional y para su imagen en el exterior: el narcotráfico. Un asunto que va más allá de una coyuntura política o de un enfrentamiento verbal entre rivales políticos.
El vicepresidente García Linera tiene que demandar pruebas del gobernador Costas, pero sin embargo, debe explicar a todo el país cuál es el trabajo que está realizando el Gobierno en la represión y control de los grupos de narcotraficantes que operan en el país, y que hasta donde se conoce por informes de la misma Policía antidogra, están operando mediante conexiones internacionales.
Puede resultar una buena oportunidad, más allá de la acusación personal, que el Gobierno informe al país sobre el incremento de los cultivos de coca y la expansión de las fábricas de cocaína que se han instalado en diferentes sectores rurales de los valles cochabambinos, en el altiplano y en El Alto de La Paz, además de otras poblaciones en el oriente del país. El ciudadano debe conocer qué es lo que está pasando con esta actividad que ha desarrollado nuevos métodos para la producción de la droga y que incluso ha establecido pequeños territorios donde los policías son reprimidos a pedradas o linchados, esto sin descontar que algunos grupos policiales están vinculados a la actividad en forma directa o indirecta al extorsionar para dar vía libre a los delincuentes.
En lo interno la población boliviana merece un informe con datos claros y fiables, y en lo internacional, el Gobierno no puede rehuir a su obligación para demostrar lo contrario a lo señalado por organismos que sostienen que en Bolivia la producción de droga llega a volúmenes considerables.
El asunto del narcotráfico en el país, ligado a la producción de coca y de la droga, en sí ya no puede ser analizado a través de acusaciones y contraacusaciones, importa la reflexión que el problema demanda, y por lo mismo, el Gobierno tiene la primera obligación para demostrar lo que ahora mucha gente afirma en sentido de que esta actividad ha crecido, por complacencia o por falta de políticas claras del Gobierno.
Clarín, Argentina: La política del secretismo y el ocultamiento
La política de informalidad institucional y secretismo que lleva adelante el Gobierno en numerosos aspectos de su gestión tiene el propósito de ocultar la naturaleza y el desenvolvimiento de negociaciones y contratos en los que intervienen gobiernos y empresas privadas, y evitar el develamiento de eventuales irregularidades o delitos cometidos en ese curso.Esta política tiene como componente fundamental el rechazo al ejercicio de la prensa independiente y también a cualquier funcionario que, por honestidad o cansancio, revela hechos que el Gobierno pretende mantener a distancia de la vista de la ciudadanía, del Congreso o la Justicia.
Uno de los primeros eslabones de esta política la protagonizó el secretario de Comercio Interior con sus presiones sobre sectores empresarios, instaurando un control de precios informal y tan lesivo para las firmas como inefectivo para los consumidores. Un grave paso adelante en este sentido fue la intervención en el INDEC y la manipulación de las estadísticas de precios, destinadas a ocultar la inflación y de la pobreza que produce.
En el ámbito de las relaciones externas, la política de la informalidad y el ocultamiento se aplicó en gran escala en el vínculo con Venezuela. El Gobierno argentino firmó con el venezolano acuerdos que no fueron manejados directamente por la Cancillería, como correspondería, sino por el Ministerio de Planificación. Las relaciones paralelas con Venezuela funcionaron durante años sin otras intercepciones de Cancillería que algunas observaciones elevadas privadamente al Ejecutivo. El cuadro de secreto cambió a partir de una comunicación interna, en la que el entonces embajador en Venezuela Eduardo Sadous, dio cuenta de quejas empresarias por el pago de elevadas y sospechosas comisiones a intermediarios designados por el Gobierno así como de maniobras irregulares en el fideicomiso armado para financiar compras venezolanas a empresas locales. La existencia de las comisiones fue oficialmente negada pero, como informó este diario el viernes pasado, un comunicado de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) advirtió a sus asociados sobre la necesidad de pagar esas comisiones.
En relación a la existencia de una diplomacia paralela los funcionarios oficiales tuvieron posturas opuestas y cambiantes, denotando al mismo tiempo la voluntad de ocultamiento y el clima de confusión creado por las revelaciones. El Gobierno negó incluso el fideicomiso, creado por él mismo. Cuando el embajador Sadous fue citado por el Comité de Relaciones Exteriores de Diputados para testimoniar sobre las relaciones con Venezuela, el Gobierno evaluó la posibilidad de prohibirle la asistencia, lo cual hubiera sido tan inusual como sospechoso. Luego pretendió que su testimonio, brindado bajo condiciones de reserva, fuera hecho público, lo cual hubiera desalentado a futuros eventuales testigos del caso.
Más recientemente, el subsecretario de Integración Económica de Cancillería, Eduardo Sigal, realizó una comunicación interna donde consignaba las quejas de dos empresas que habrían sido discriminadas en los contratos por Planificación.
El informe llegó a la prensa, ante lo cual el canciller Héctor Timerman reprochó públicamente a Sigal haber realizado su presentación por escrito, argumentando que hay cuestiones sobre las cuales no hay que dejar testimonio. La defensa oral y pública del secreto y el ocultamiento por parte del canciller es una prueba explícita de la política seguida.
La política de informalidad institucional y secretismo del Gobierno tiene el propósito de ocultar a la vista de la ciudadanía, el Congreso o la Justicia, decisiones o procedimientos que pueden resultar cuestionados. Esto explica el rechazo a la prensa independiente. La política del ocultamiento tiene su expresión en la diplomacia paralela que se desarrolla en los tratados económicos con Venezuela.