El presidente ha alcanzado el punto más bajo de popularidad desde que asumió su cargo en enero del 2006. Un desplome de 9 puntos en el último mes reduce su respaldo al 46%, por lo que ya existe una sólida mayoría de bolivianos que reprueba la conducción de Evo Morales. Varios factores inciden para que, por primera vez, la responsabilidad de los problemas sea atribuida al primer mandatario. Entre otros, la desconexión de Evo con las bases sociales y regionales, patente en su negativa a dialogar personalmente con los representantes potosinos; o la inoperancia demostrada en la crisis ecológica de los incendios forestales. Tanto desde sectores del partido de gobierno como de la supuesta oposición habrá quienes busquen “blindar” al presidente contra la caída, señalando que el problema son “los malos ministros”. Creemos que un cambio real de políticas sólo será posible cuando haya una profunda rectificación del accionar presidencial y no sólo una simple sustitución de los secretarios.
A confesión de partes, relevo de pruebas
Evo Morales dijo en conferencia que él y no Sacha Llorenti dio la orden de actuar en Caranavi. Jurídicamente, esta aceptación de responsabilidad obliga al fiscal general Mario Uribe a abrir una etapa preparatoria para un juicio de responsabilidades contra el presidente del Estado Plurinacional. Si las investigaciones determinan que hay delitos (como lo señalan los informes de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, donde se da cuenta de abusos de la fuerza de Estado como torturas y asesinatos), el fiscal general deberá pedir que el Tribunal Supremo de Justicia gestione ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la apertura del juicio contra el primer mandatario.
Premio consuelo para una misión fallida
Evo vuelve sin inversores para el litio. Esa es la cruda realidad, tras un oneroso viaje a Corea del Sur anunciado con bombos y platillos, realizado con un gran séquito de funcionarios y parlamentarios. A manera de consuelo que evite aparecer con las manos vacías, el mandatario vuelve con la promesa de ese país de cooperar en la investigación científica del litio y con un crédito blando para otros rubros. Mucho ruido y pocas nueces.
Intimidando a la prensa
Un ciudadano argentino vinculado a Juan Ramón Quintana, marido de la senadora del MAS Gabriela Montaño, acaba de enviar una carta de claro tono intimidatorio al jefe de redacción de El Deber, Tuffí Aré. En la misiva, el Sr. Restivo defiende la maniobra de Cristina Fernández de Kirchner para hacerse del control de Papel Prensa y la ley de censura de Hugo Chávez, al tiempo que critica la línea editorial del diario mencionado y sugiere la necesidad de una norma que separe la libertad de prensa de la libertad de empresa. ¿Amenaza velada de impulsar medidas similares a las de Argentina y Venezuela en nuestro país? La carta cobra mayor relevancia en el contexto del proceso anunciado por el gobierno contra el diario Opinión, lo que podría estar anticipando una ofensiva estratégica contra la prensa.
Gobiernos de “derecha” ayudan a combatir incendios
Mientras el presidente defiende la práctica incendiaria de los chaqueos, confirmando la naturaleza demagógica de su discurso ecológico “pachamamista”, varios gobiernos considerados “derechistas” por su administración le ponen el hombro a Bolivia para combatir el flagelo de los incendios. Es el caso de Chile, donde el conservador Sebastián Piñera ha decidido enviar a expertos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para cooperar en la tarea de reducir los focos ígneos. Es también el caso de los Estados Unidos, que a pesar de tener un gobierno de centroizquierda según los parámetros de su política interna, sigue siendo la encarnación del “imperialismo reaccionario” para el oficialismo, poco dado a sutilezas y matices ideológicos. Venezuela y Cuba, por su parte, han hecho mutis por el foro. Reaparecerán cuando haya que crear otro tipo de incendios, políticos se entiende.
Ley para el secreto de Estado
Bajo La cobertura de un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, analizado actualmente en la Asamblea Plurinacional, se pretende exactamente lo contrario: crear un procedimiento mediante el cual diversas reparticiones del Estado puedan clasificar durante 20 años la información que consideren confidencial. “La información secreta se clasificará mediante leyes que serán promovidas por las entidades que así lo requieran. Estas leyes contendrán un listado específico de la información que consideren que debe ser secreta”, estipula el proyecto.