Gustavo Torrico padece de mitomanía y ahora alejado del poder, se jacta de un pasado que solo existe en su febril imaginación. Desde su arresto domiciliario afirma haber sido “preso político” a sus ¿14 años?. Que se sepa, el “satuco” nunca tuvo una militancia de izquierda que hubiera provocado su detención en épocas de dictaduras. Consta su militancia en ADN y su paso por la NFR cuando era dirigente de los arrendatarios del FONVIS de quienes se aprovechó sin remordimiento alguno pero de su condición de “revolucionario” no se tiene ni el más remoto antecedente.
Por tanto, si el ex viceministro y ex diputado del MAS tuvo problemas con la policía eso probablemente se debió a delitos de orden común cuando de jovenzuelo era miembro de una agresiva pandilla en el barrio alteño de Villa Adela conocida como “Q´puts”. En ese barrio todavía hay algunos que comentan que esa pandilla era experta en el robo de vehículos y sugieren que se investigue el caso de “jadoquero” (vendedor de hot dogs) que fue muerto de una puñalada allá por el año 1985. En esa ocasión se mencionó el nombre de Torrico entre los supuestos autores del hecho, según nos informaron.
El general en su laberinto
No somos adivinos y no necesitamos serlo. Hay cuestiones que son absolutamente previsibles y una de esas son las acusaciones por narcotráfico que ha lanzado el comandante de la Policía. Gral. Oscar Nina contra la abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Claudia Lecoña y su esposo. Ya lo dijimos: las represalias por haber emitido un informe que delata la brutalidad con la que actuaron los policías en Caranavi bajo las órdenes del ministro Sacha LLoorenti eran previsibles.
Y la acusación no es más que una represalia. De otro modo si existían antecedentes de estas dos personas ¿por qué recién ahora el general de la “revolución” lanza semejantes acusaciones?. Parece que está acostumbrado a llegar tarde. Ya lo hizo cuando en su condición de comandante de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico no hizo nada para rescatar a tres uniformados capturados y luego bárbaramente linchados en Epizana. Tampoco hizo nada, ya como Comandante General de la Policía, para salvar a los cuatro policías linchados en Uncía. Es claro que al general su “noble” institución como la llama le interesa un pito y solo se esmera cuando se trata de ganarse unos porotos del gobierno, como en este caso en el que esta seriamente comprometido su jefe Sacha, respecto del cual guarda una perruna sumisión.
No es cuestión de “meterle nomás”
Cuando la política exterior se maneja con el hígado los resultados no pueden ser menos que lamentables. Que Evo Morales se rija por el principio de que cuando algo ilegal se le pone en el camino él igual “le mete nomás” no quiere decir que otros gobiernos van a actuar de la misma manera. Que “Chito” Valle tiene que ser devuelto al país para responder por sus presuntos delitos está fuera de toda discusión pero que el gobierno boliviano exija a su similar de Perú que, así por así, se lo ponga en la frontera, es otra torpeza diplomática. Ocurre que hasta los más avezados delincuentes tienen derechos en una sociedad moderna y democrática y para todo existen procedimientos, normas y convenios que deben ser respetados.
Pero la lengua de algunos funcionarios del oficialismo, incluido Álvaro García, está resultando poco provechosa para lograr el retorno de “Chito”. No se trata de “voluntad política” sino de leyes. Esto debiera comprenderlo el atildado vicepresidente y aunque se crea el más inteligente del gobierno haría bien en escuchar al canciller Choquehuanca que en este asunto ha sido el más prudente.