Proyecto de Ley General del Trabajo excluye preaviso y labor eventual, incluye a trabajadores zafreros, siringueros, de la soja y de otros sectores.
Nueva Ley de Pensiones. Chávez y Bonadona advierten que hay riesgo de perder capital humano y de una riesgosa intervención estatal en los Fondos.
Periódico CAMBIO
Plan excluye preaviso y labor eventual
PROYECTO DE LEY: incluye a zafreros de la caña, siringueros, agricultores de la soja y a las trabajadoras del hogar
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El anteproyecto de la nueva Ley General del Trabajo (LGT) que analizan la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno establece, entre otros aspectos, la exclusión de las figuras del trabajo eventual y el preaviso, e incluye a los zafreros de la caña, siringueros, agricultores de la soja y otros, y vuelve a tomar en cuenta a las trabajadoras del hogar.
El dirigente de la COB Ramiro Leaño y la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Carmen Trujillo, que integran una comisión de análisis, expresaron su confianza en que el proyecto de nueva LGT pueda ser concluido hasta mediados del presente mes.
Por su lado, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García, afirmó que no son parte de esa comisión, por lo que desconocen el proyecto.
El proyecto de LGT es una de las normas laborales que está en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de que esa instancia aprobó las cinco leyes orgánicas en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).
“En el ampliado nacional de la COB en Huanuni, el jueves, hicimos conocer los dos temas fundamentales: el preaviso y el trabajo eventual, dos conquistas sociales que ya no van a estar en ley. La LGT recupera su esencia. Es un acuerdo después de mucha discusión con la ministra de Trabajo, Carmen Trujillo, a quien el presidente Evo Morales le ha dado el poder de decisión”, informó el secretario de Organización de la COB y miembro de la Comisión de la Ley General del Trabajo (LGT), Ramiro Leaño.
Ambas figuras, según el derecho laboral, afectan la estabilidad laboral y se acentuaron con la llamada flexibilización laboral, implementada en el país con el Decreto Supremo 21060, en 1985.
La LGT, en su Título II que se refiere al contrato de trabajo, no trae una definición formal, sólo establece que el contrato de trabajo puede ser “individual o colectivo”.
“La flexibilidad laboral o flexibilización laboral hace referencia a la fijación de un modelo regulador flexible para el manejo de los derechos laborales en el interior de las empresas y organizaciones privadas. La aplicación de la flexibilidad laboral requiere un proceso de desregulación del mercado laboral, que usa de referente la libertad de contratación y el contrato individual de trabajo para flexibilizar los antiguos mecanismos logrados por los sindicatos en el siglo XX, esperando con ello mantener el crecimiento de todo el sector privado”, según el portal www.es.wikipedia.org.
En el artículo 12 de la misma ley, respecto al preaviso, establece la entrega de memorandos de preaviso de despido para los empleados con contratos indefinidos. Inicialmente, la norma fijaba aplicaciones diferentes para obreros y empleados, luego se uniformó a tres meses de preaviso para ambos casos. La ley señala las causales (quiebra, clausura o muerte del empleador, etc.) para el preaviso y el pago de indemnizaciones.
LA OPINIÓN DEL CEDLA
En cuanto a la figura de “trabajo eventual”, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), a través del investigador Bruno Rojas, aseguró que desde 1985 –cuando se inicia en el país la nueva política económica liberal vía Decreto 21060– “el Estado ha permitido que se vulneren los derechos laborales, que se generalice el contrato eventual y formalizó un salario mínimo nacional que está lejos de lo que un trabajador necesita”.
“Ojalá el Presidente pueda entender (esas modificaciones) porque esta ley no es para uno o dos años, sino será de largo aliento y puede ser un modelo para muchos países sobre el respeto a las conquistas sociales”, dijo Leaño, de la COB.
COMPATIBILIZAR CON LA CPE
A su turno, la ministra Trujillo mencionó que su despacho y la COB han avanzado en la socialización del anteproyecto de la LGT.
“Estamos teniendo un buen avance con base en sus propuestas”, dijo.
Coincidió con el dirigente de la COB, Ramiro Leaño, en cuanto a los alcances y avances del anteproyecto. “Sabemos que tenemos que pensar en todos y ver la explotación laboral: que ya no existe trabajo forzoso en la zafra y la (recolección de) castaña”, manifestó.
Explicó que con la futura ley laboral se pretende acabar con la figura del “habilito”, que es el pago con especies (ropa y otros) en lugar de una remuneración.
Al ser consultada si la actual LGT sufrirá modificaciones de fondo, Trujillo aseguró que sobre todo “reivindicará y hará prevalecer los derechos laborales, a partir de su compatibilización con la CPE, promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente Evo Morales”.
Hasta el anterior lunes, la comisión mencionada revisó 50 de los 122 artículos. “La ley acabará con la explotación del hombre por el hombre y los pulpos del imperio, y sobre todo dará fin con el cruel neoliberalismo en el país”, afirmó Leaño.
El Gobierno y la COB, además, elaboran otros tres proyectos laborales y sociales. El trabajo conjunto de las normas se hace a partir de un acuerdo surgido tras el paro de la COB en mayo de este año.
ART. 12 DE LA LEY ACTUAL
Preaviso. El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo, o por obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1) tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación a partir de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de seis meses y después de un año.
2) Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado, y con 90 por el patrono, después de tres meses de trabajo interrumpido. La parte que omitiese el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos.
Proyectos de normas sociales tienen distintos avances
La ministra de Trabajo, Carmen Trujillo, informó que la elaboración de los proyectos de leyes General del Trabajo, Seguridad Social, Pensiones y Reactivación están rezagados.
“No puedo precisar hasta cuándo se va a concluir con la elaboración del proyecto de Ley General del Trabajo, pero ya estamos atrasados, la COB me ha informado que han pedido una ampliación hasta el 15 (de agosto), pero todavía no me han confirmado”, sostuvo la autoridad gubernamental.
El presidente Evo Morales, el 12 de julio, dijo que luego de la aprobación de las cinco leyes orgánicas –consideradas como pilares del nuevo Estado Plurinacional– ahora se priorizará la aprobación de las normas laborales, sociales y productivas.
“Yo ya les recomendé a los ministros para comenzar a sacar en limpio, por ejemplo, la nueva Ley de Pensiones, la Ley General del Trabajo, adecuándolas a la Constitución Política del Estado”, aseveró Morales en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
Trujillo confirmó que el anteproyecto de Ley del Trabajo tiene el mayor avance, al igual que el proyecto de Ley de Pensiones.
En cuanto al proyecto de Seguridad Social informó: “Ya le he pedido a la COB que se apure, porque la Ministra de Salud ya tiene el proyecto y les está esperando para comenzar a trabajar”.
Una de las asesoras de la Comisión de Planificación del Senado informó que hasta el momento no ha llegado ningún proyecto de ley a esa instancia para su tratamiento.
El dirigente Ramiro Leaño, de la Central Obrera Boliviana, y la ministra Trujillo aseguraron –en declaraciones separadas– que la comisión de análisis del proyecto de Ley General del Trabajo (LGT) redobla esfuerzos para terminar esa actividad a la brevedad para, posteriormente, remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que realizará un análisis y debate antes de su aprobación.
Empresarios esperan una convocatoria
Los empresarios privados se quejaron porque el Gobierno no los toma en cuenta en las modificaciones y adecuación de la Ley General del Trabajo a la Constitución Política del Estado (CPE)
“Como parte importante del proceso de trabajo, no nos han convocado para este tema. Ese es el primer elemento que hacemos notar como sector patronal y contratante de trabajadores”, dijo el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García.
En ese marco, García juzgó que sería importante que en estas reformas que se hace a la LGT “participen los tres sectores involucrados en el proceso laboral”, es decir, Gobierno, trabajadores y la parte patronal.
En cuanto al preaviso (figura laboral de despido que se pretende excluir de la LGT), el empresario considera que es una decisión política del Gobierno y sobre la cual los empresarios casi no pueden hacer nada.
Con relación al trabajo eventual, dijo que no debe ser motivo de objeción porque en toda relación laboral siempre hay la figura de la eventualidad.
“Alguien contrata a alguien por un determinado momento y objeto. Si uno tiene necesidad contrata alguien, por eso no nos parece adecuado prescindir (de la figura del trabajador eventual)”, sostuvo.
García expresó su confianza en que el Gobierno convoque a su sector para analizar esos puntos.
La ministra de Trabajo, Carmen Trujillo, confirmó que la comisión de la LGT aún no convocó a los empresarios.
Chávez: hay riesgo de perder capital humano con nueva Ley de Pensiones
La reforma del sistema de pensiones está a la vuelta de la esquina y una intervención estatal puede ocasionar problemas.
EL DIARIO
El analista económico Gonzalo Chávez, informó que el camino que se está siguiendo no es el mejor en el tema de pensiones. Agregó que al reducir la edad de jubilación (a 58 años) se está perdiendo capital humano y la decisión ha sido tomada al calor de una discusión.
Chávez advirtió que la discusión política por el salario, va a ser una carga social hacia adelante, que la pagarán nuevas las generaciones. “La expectativa de vida está aumentando en todas partes del mundo, incluso en Bolivia, por los avances en salud. El otro tema complejo es quién va a administrar ésto”, dijo.
El Gobierno está proponiendo una AFP pública y eso es una confiscación de nuestros salarios, de nuestros aportes, acotó.
Indicó que por el contrario se debería hacer algo más democrático y transparente: “que el Gobierno abra su AFP y que haya una o dos AFP privadas y que sean los aportantes quienes decidan dónde llevar su dinero. Si el Gobierno hace muy buen trabajo, atraerá más dinero para la AFP pública”, dijo.
Chávez afirmó que los temas de solidaridad son importantes porque el tema de las AFP solamente es para el 20% de la población que tiene alguna relación laboral, el 80% está en la economía informal. “El tema de la Ley de Pensiones tiene que ser parte del debate nacional, porque tiene que ver con el impacto de corto y largo plazo para el país y su economía”, sostuvo.
CEDLA
Entretanto, el analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arce, advirtió que de aprobarse la nueva Ley de Pensiones, existe el peligro de que la rentabilidad de los aportes descienda causando bajas en las rentas y el aumento de años de trabajo para un empleado. “Se corre el riesgo de que baje la rentabilidad de los ahorros de los futuros rentistas, el cual se debe a que el Gobierno no quiere hacer mucho compromiso para garantizar un tipo de rendimiento que beneficie al trabajador”, precisó Arce.
CAÍDA
Según el analista, la caída de la rentabilidad de los fondos individuales de los futuros rentistas se debe a que el Gobierno, anunció que el rendimiento de dichos aportes laborales será del 3% en el peor de los casos. “El Ejecutivo ha hablado de un escenario pesimista de 3% (de rentabilidad) cuando en anteriores gestiones se pagó 8 y 10%, ese es el problema de la capacidad del Estado”, argumentó.
Arce no encuentra problemas en el hecho de que el Estado dirija los fondos de pensiones de los trabajadores o que administre la deuda que al momento contrajo con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para financiar el antiguo sistema de pensiones de reparto, a través de la compra y venta de bonos de valor que emitió el Tesoro General de la Nación.
“De hecho en el proyecto de Ley hay unos candados de que en la nueva administración de pensiones se penalizaría el mal uso de estos recursos cuando se haga un mal negocio si se pierde el fondo”, manifestó.
Otro de los problemas que observa el analista es el que está referido a que si el Estado va a seguir prestándose del futuro sistema de pensiones y va a poder redimir un porcentaje importante de utilidades por esos fondos. “Puede haber problemas con los nuevos préstamos que haga la nueva administradora (de fondos de pensiones) al Ejecutivo”.
BONADONA
El analista Económico, Alberto Bonadona, manifestó que la reforma del sistema de pensiones está a la vuelta de la esquina y una riesgosa intervención estatal en el mismo es una certeza.
Como administrador, el Estado no es, por su propia esencia mal administrador. Sin embargo, cuando se unen roles puede enredarse, a pesar de las buenas intenciones que suponemos que conducen a reeditar su intervención en el sistema de pensiones: El proyecto de ley no sólo convierte al Estado en deudor y acreedor de los mismos fondos que administrará, también lo convertirá en el principal inversionista en títulos de entidades públicas, dijo.
“Se ha dicho que el Estado logrará más rentabilidad que la alcanzada por las AFP. ¿Será que se piensa en invertir en las empresas estatales? ¿Será que se considera exigir calificación de riesgos a YPFB o a Boa?”.
No veo que la superintendencia de Pensiones, rebautizada en el proyecto como Organismo de Fiscalización Previsional, llegue a ejercer efectivamente autoridad en ese esquema de cosas. “Menos aún cuando tendrá en la gestora estatal ejecutivos nombrados por el mismo Presidente”,precisó.
La adopción de la información semestral del manejo de la cuenta individual por el sistema estatal propuesto no es suficiente garantía de buen manejo. En los hechos se ingresará a un manejo nominal de éstas, en las que no es necesaria la inversión de los aportes; tan sólo se necesitará mostrar un crecimiento “teórico” dictado por las autoridades del Poder Ejecutivo, que no evitarán la tentación de invertir en el sistema que crearán en breve, dijo.