Operativo: El Defensor del Pueblo presentó ayer el resultado de sus investigaciones sobre el desbloqueo del 7 y el 8 de mayo. Responsabiliza a los uniformados y al Ministro de Gobierno por las dos muertes y los 29 heridos.
Duelo: pobladores de Caranavi velan, el 9 de mayo, a sus muertos en la represión
La Prensa
Otro informe apunta a Llorenti y Policía por violencia en Caranavi
El “caso Caranavi” complica más al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y al comandante de la Policía, Óscar Nina. La Defensoría del Pueblo presentó ayer su informe, el cual implica a ambas autoridades con la violencia y la muerte de dos personas durante el enfrentamiento suscitado en el norte paceño en el mes de mayo.
El reporte coincide con el publicitado la semana pasada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia. Pero ambos difieren con el elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afín al oficialismo, que exculpó a Llorenti y a la Policía en los sucesos de Caranavi.
Pobladores y colonizadores de Caranavi bloquearon la vía que une La Paz con el norte paceño —Beni y Pando— entre el 26 de abril y el 8 de mayo en demanda de la instalación de una planta procesadora de cítricos en su municipio y no en Alto Beni. La protesta concluyó con un operativo policial que derivó en la muerte de dos personas y dejó 29 heridos.
El defensor del pueblo, Rolando Villena, entregó ayer sus conclusiones a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En él afirma que las acciones de la institución del orden “vulneraron la dignidad de las personas (y hubo) aprehensiones indiscriminadas, uso excesivo y desproporcional de la fuerza, intimidaciones y amenazas, trato inhumano y degradante de los detenidos, ingreso arbitrario a domicilios sin autorización del propietario y uso excesivo de gases lacrimógenos”.
En ese reporte, Villena indica que, como consecuencia del desbloqueo, “encontramos dos víctimas fatales. David Calizaya Mamani y Fidel Mario Hernany Jiménez”, en tanto que Ramiro Andrade Mayta, “herido por un proyectil de arma de fuego (…) aún se encuentra en tratamiento (…) con el riesgo de quedar con un alto grado de discapacidad”.
“La responsabilidad de las dos muertes apunta a la Policía y a las decisiones del propio Ministro de Gobierno”, porque los ejecutores del orperativo no se apegaron al plan originalmente diseñado.
La Policía, según el documento, vulneró los límites de la detención de los aproximadamente 80 aprehendidos y hubo allanamientos ilegales de domicilios de personas no movilizadas.
El Defensor acusa al Gobierno de vulnerar el derecho a la circulación de terceros al no haber evitado oportunamente el conflicto, y sindica al mando policial de no haber previsto la logística, lo que puso en riesgo a los efectivos.
Sostuvo que el ministro Llorenti no actuó a tiempo “porque a veces se minimizan las cosas. En su momento se dijo que era un tema estrictamente de dos comunidades que pasó a interés de federaciones, por lo que no resolvería el caso con la presencia de autoridades que coordinan con movimientos sociales”.
Este informe pasará tanto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como al Ministerio Público y la Asamblea Legislativa.
El documento de la Asamblea de Derechos Humanos establece que “el Gobierno sigue siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear, desechando el diálogo, lo que hubiera evitado la muerte de dos jóvenes”.
Los colonizadores de Caranavi expresaron su satisfacción con el documento. El dirigente Gustavo Aliaga dijo ayer que el documento respalda sus denuncias. “Celebramos que el Defensor del Pueblo manifieste que el Gobierno no actuó oportunamente. Además, hay que recordar que Derechos Humanos también coincide con ese informe”.
Lamentó que la Cámara de Diputados haya brindado un “informe en contra de los colonizadores, por lo que no se puede confiar porque tratan de absolver a las autoridades que fueron directas culpables de los hechos, como el senador Fidel Surco y el diputado David Quispe, de quienes nada se dice”.
Los caranaveños acusan a Surco de pretender llevar la mencionada procesadora de cítricos a Alto Beni, donde sus familiares son autoridades locales, y a Quispe, pese a ser ex alcalde de esa localidad, de respaldar la intención del legislador, pero los aludidos negaron tal extremo.
El Ministerio de Gobierno ratificó ayer que Sacha Llorenti no responderá a ese informe, sino que expondrá sus argumentos ante la Fiscalía, hoy.
El comandante Nina deploró el contenido del documento, “no se entiende cómo, si la Policía cumplía una misión humanitaria, no se mencione a los policías heridos y a la gente que iba a morir de inanición, ni el posible enfrentamiento entre pobladores y cooperativistas mineros y colonizadores que pudo tener graves consecuencias. Lo que pedimos es un informe ecuánime y no guiado por intereses políticos”.
El Defensor recomendó a la Fiscalía esclarecer las muertes; al Ministerio de Salud, asistir a los heridos; a los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Justicia, otorgar asistencia humanitaria a los deudos de los fallecidos y establecer un sistema de alerta temprana para evitar conflictos sociales; y al Comandante de la Policía, adecuar sus planes a normas internacionales.
Por suparte, el documento de la Asamblea de Derechos Humanos establece que “el Gobierno sigue siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos”.
Llorenti declara hoy en la Fiscalía
Los fiscales Sergio Céspedes y Luis Mamani, que investigan los hechos de violencia en Caranavi en mayo, convocaron al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; al ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico y al comandante de la Policía Nacional, general Óscar Nina, a prestar declaraciones esta mañana en el Ministerio Público.
Esta tarde deben comparecer el coronel Ciro Farfán Mancilla, quien a principios de mayo era comandante departamental de la Policía de La Paz y en tal condición fue la principal autoridad en el operativo. Farfán recibió un tiro por la espalda que, según el ministro Llorenti, no le causó la muerte “por centímetros”; además del coronel Américo Romero Rojas y el teniente coronel Carlos Víctor Saravia, quienes ejercían el mando durante los desórdenes civiles de principios de mayo en Caranavi.
Juan Calizaya Clavel y Mario Hernany Cassas, padres de los jóvenes muertos durante el desbloqueo, se querellaron contra las seis personas mencionadas por el asesinato de sus hijos. Mario Fidel Hernany Jiménez (19) recibió el impacto de un proyectil de nueve milímetros en la cabeza. Esa bala fue disparada por un fusil FAL, de uso exclusivamente militar, en tanto que David Calizaya (16) recibió siete impactos de balín que ocasionaron su deceso.
Textual
“El 8 de mayo de 2010, a las 06.00, policías uniformados ingresaron a su domicilio de manera violenta. En el domicilio se encontraba también la señora Leonor Gutiérrez y ambos fueron desalojados a patadas e incluso recibió culatazos en la oreja, quedando sin sentido. Cuando volvió en sí, se encontraba en el Batallón de Ingeniería, tendido en el piso, con la cara en el suelo, momento en el que se dio cuenta de que le robaron el dinero que llevaba. Añadió que en el cuartel les seguían pateando y les decían en tono de burla: ‘Tu papá Evo nos ha mandado a patearte, ¿para qué has votado por él?’, hasta que llegó un general que ordenó que cesen las agresiones, y desde ese momento dejaron de ser golpeados, les permitieron ir al baño y pudieron sentarse. A las 17.30 del domingo, fueron trasladados en unos camiones a La Paz, donde no les facilitaron ropa abrigada”.
Rolando Villena / Testimonio de Hernán Coronel
Dos informes, dos miradas
DEFENSOR DEL PUEBLO
“Durante los hechos acontecidos en la localidad de Caranavi se han podido evidenciar acciones de la Policía Boliviana que vulneraron la dignidad de las personas, dentro de las que se distinguen aprehensiones indiscriminadas, el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, intimidaciones y amenazas, trato inhumano y degradante de los detenidos, ingreso arbitrario a domicilios sin autorización del propietario en forma violenta y uso excesivo de gases lacrimógenos”.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la creación de condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones arbitrarias del derecho a vida y el deber de impedir que sus agentes atenten contra éste”.
“Aproximadamente 80 ciudadanos de la localidad de Caranavi fueron aprehendidos para su posterior traslado a la ciudad de La Paz, a dependencias de la FELCC, vulnerándose los límites de la detención”.
“De las declaraciones obtenidas se evidenció que funcionarios policiales ingresaron a domicilios donde se encontraban personas que no participaron en los hechos, especialmente en las zonas de Villa Yara, Terminal y El Pantanal, por tanto actuaron violando el derecho a la inviolabilidad del domicilio”.
“Respecto a los daños y perjuicios a terceras personas, producto del bloqueo de la carretera La Paz-Caranavi y que no participaron en el conflicto, existió una vulneración por omisión de parte del Gobierno”.
“Varios funcionarios policiales que actuaron en el operativo de desbloqueo fueron también afectados en el cumplimiento de sus funciones. A pesar de que su misión fundamental es la conservación del orden público con el uso racional de la fuerza, no pueden afectarse sus derechos fundamentales colocándolos en situaciones de riesgo, sin la debida prevención o los medios suficientes”.
COMISIÓN DE DIPUTADOS
“El Estado no vulneró los derechos humanos pero sí aquellos dirigentes que se arrogaron la voz del pueblo. La comisión concluye que el bloqueo fue una determinación apresurada, desproporcionada y premeditada cuya organización y ejecución tenía un fin eminentemente político en busca de la generación del conflicto en beneficio personal para los dirigentes.”
“Se ha comprobado que la Federación de Colonizadores de Caranavi encabezó la demanda de la instalación de la planta procesadora de cítricos, y la incorporación de otras demandas no posee la justificación para desencadenar un conflicto como el que sucedió.”
“No existen elementos de convicción que permitan probar excesos en las acciones de desbloqueo por parte de la Policía Boliviana; asimismo, no existen elementos que hagan suponer que la Policía hubiera utilizado armas de fuego o armas letales”.
“El conflicto ha involucrado a los municipios de Caranavi y de Alto Beni, sin embargo se ha comprobado que no existió la participación de todas las organizaciones sociales de la región de Caranavi, lo que resta legitimidad a las pretensiones sociales”.
“Se ha comprobado que el bloqueo ha generado varias consecuencias de perjuicio material económico y humano para la región en el desabastecimiento de alimentos carburantes y la paralización de los medios de transporte”.
“Se ha comprobado que los protagonistas del bloqueo realizaron sus actividades de manera organizada y respondían a una cadena de mando y actuaban con tácticas militares para llevar adelante de manera sostenida el bloqueo de la carretera. También se ha evidenciado la existencia de otras personas que actuaron de manera particular en los conflictos”.