Los medios, en la mira del MAS.- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, dijo que la norma vigente es ‘obsoleta’ y que el Estado ‘debe intervenir en la autorregulación’ del sector
Micrófonos y grabadoras captan una declaración oficial.
La Razón. Víctor Quintanilla – La Paz
Tras dar a conocer su intención de regular los contenidos de los medios de comunicación con una ley, ahora el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció la derogatoria de la actual Ley de Imprenta y la intervención del Estado en la regulación del sector.
El viernes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), afirmó que la decisión de discutir un proyecto de ley para “regular a los medios” es oficial y que uno de los criterios a introducir en la futura norma será la obligatoriedad de priorizar los contenidos educativos.
“Vamos a ingresar al debate de una ley que pueda regular a los medios”, ratificó ayer la asambleísta. Consultada si la Ley de Imprenta —vigente desde el 19 de enero de 1925— será derogada, Paco respondió: “Claro, porque la imprenta es un componente más dentro de la gama de medios de comunicación que tenemos”.
“Vamos a analizar junto con la población boliviana qué rol han jugado los medios y qué tipo de medios queremos”, manifestó.
Según la diputada, “es una Ley de Imprenta obsoleta. Ahora hablamos de medios de comunicación con nuevas tecnologías, desde el título se tiene que adecuar”.
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El Artículo 107 de la Constitución Política del Estado, señala que los principios de veracidad y responsabilidad en los medios “se ejercerán mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
Ante la pregunta de si la futura ley de regulación de medios incluye la figura de la autorregulación, la diputada aseguró: “Existe, pero esa autorregulación no significa anarquía unilateral (…) El Estado como responsable de su país debe intervenir en la autorregulación”.
El partido oficialista planea debatir el proyecto de ley luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la Ley contra el Racismo y la Discriminación, avalada ya por la Cámara Baja.
Esa norma prevé sanciones económicas y la suspensión de la licencia de funcionamiento a medios, que “autoricen y publiquen ideas racistas”. Dispone sanciones penales para los responsables de conductas de ese tipo.
“Veremos qué dice el pueblo boliviano”, indicó Paco al ser consultada si la posible norma regulatoria incluirá además sanciones penales como la privación de libertad para los periodistas.
La norma sectorial está reconocida por la CPE
LA RAZÓN – La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce tanto la Ley de Imprenta como el principio de autorregulación que rige al sector.
“La Constitución dice que los medios de comunicación y los periodistas deberán regirse por sus órganos de autorregulación y su ley. En este caso, entendemos que se refiere a la actual Ley de Imprenta”, afirmó el director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos.
La norma sectorial, agregó, es reconocida no sólo por la ANP sino por el resto de las organizaciones periodísticas.
Con relación al proyecto de ley para regular a los medios, que el oficialismo prevé discutir, Zeballos indicó que “no podemos dar una opinión hasta no conocer el proyecto”.
El MAS anuncia la muerte de la Ley de Imprenta y preparará otra
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La Prensa. El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció la desaparición de la Ley de Imprenta, que data de 1925. Y anticipó la preparación de otra norma que regule a los medios de comunicación. Organizaciones periodísticas esperan que la propuesta no tenga la intención de coartar la libertad de expresión y de prensa.
El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, dijo que la Ley de Imprenta “no es obsoleta” y que no se permitirá la penalización de los periodistas y que éstos deben preparar la ley de su sector en diálogo abierto.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la masista Marianela Paco, afirmó a La Prensa que la Ley de Imprenta “quedaría sin efecto” y que será un parámetro para poder trabajar la nueva propuesta. “(La Ley de Imprenta) era una regulación para medios impresos, en esa época se conocía eso, en cambio ahora tenemos otras tecnologías de comunicación y sobre ellas es que hay que tener mayor claridad también en su normatividad”.
La propuesta surge en medio de la polémica que se desató por dos artículos contenidos en el proyecto de Ley Contra el Racismo, que disponen multas y el cierre de medios de comunicación, al igual que el enjuiciamiento penal de periodistas, lo que prohíbe la Ley de Imprenta. La Constitución establece que los medios se sometan a autorregulación.
La propuesta de la legisladora oficialista es redactar una norma que permita la concurrencia y el aporte de todos los sectores y el Estado, “porque todos estamos sometidos a su administración”. Señaló que esta semana se definirá cómo allanar el camino de la nueva normativa.
Según Paco, la autorregulación no debe entenderse “como una conducta unilateral, como se ha concebido hasta ahora, sino que la autorregulación implica el concurso de todos quienes son parte de los medios: los propietarios, los trabajadores y, principalmente, la sociedad civil como consumidora, como sostén de los medios”.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Juan Javier Zeballos, dijo que se espera “que no sea una nueva intención de coartar las libertades de prensa y de expresión, sino más bien, como en todo régimen democrático, de ampliarla porque, por ejemplo, se podría aprovechar esta circunstancia para demostrar el carácter democrático del Gobierno al incluir la despenalización de los delitos relacionados con desacato, injuria y calumnia”.
Expertos sugieren claridad en normas
Expertos en libertad de expresión de Venezuela y Perú sugirieron ayer que los artículos referidos a los medios de comunicación en el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación sean más claros y menos ambiguos.
A través de la Cadena Solar, que se emite por radio Panamericana de La Paz, Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, y Ariel Segal, analista internacional de Radio Programas del Perú, se refirieron al asunto.
El venezolano Correa sostuvo que “una ley de ese tipo debe estar claramente establecida y no puede dejarse a un mecanismo arbitrario que pueda ser utilizado para sancionar a medios que tengan líneas editoriales muy críticas. En Venezuela hemos tenido la experiencia que cuando en una ley no está claramente establecida la razón por la que se va a sancionar” a los medios que critiquen al Gobierno, éstos son clausurados.
Por su parte, Segal señaló que una ley que combata al racismo y la discriminación es positiva; sin embargo, dijo, la propuesta elaborada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia está planteada en una forma muy ambigua, por lo que se genera “el eterno problema entre la libertad de expresión y el poder de los gobiernos”.
Sexto fallo del Tribunal de Ética
El Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) emitió el miércoles 22 su sexto fallo en siete meses de funcionamiento. En este caso, atendió una demanda del senador chuquisaqueño oficialista David Sánchez contra el periódico Correo del Sur, de Sucre, cuya nota rectificatoria consideró suficiente.
El segundo acápite de la resolución de este Tribunal recomienda “a los responsables de la redacción y difusión de información del periódico Correo del Sur tomar los recaudos necesarios para evitar que se incurra en errores como los que dieron lugar a la denuncia en cuestión y acudir, en su trabajo periodístico, a fuentes informativas originales y verificables que respalden la información”.
El 21 de julio, Sánchez denunció que ese diario tergiversó declaraciones suyas el 10 de junio, cuando publicó que sugirió la renuncia del alcalde Jaime Barrón, que dijo no haber dicho por la delicada situación de la región.
El fallo del TNEP anota que, “sin embargo, el Director de Correo del Sur asegura que su publicación se basa en una nota emitida por el Meridiano de Radio Fides. Al respecto, al consultar de manera escrita a esa radio, me certifica que en ningún momento se emitió una noticia en ese sentido, mucho menos pidiendo esa renuncia”.
El Director de ese medio de la capital solicitó la inhibitoria del Tribunal debido a que consideraba que el único organismo competente para procesarlo era el Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa.
Ese recurso fue rechazado por el Tribunal de Ética Periodística, que siguió con el conocimiento del caso hasta aprobar la resolución mencionada.