Director de importante periódico cruceño ingresa en huelga de hambre. Temen que cierre de medios dañe la democracia. La aprobación de dos artículos mordaza en la Ley contra el Racismo es vista como una acción que pone en riesgo la democracia. Gremios no ven conveniente plantear ley para periodismo porque puede ser manipulada en el Legislativo.
Director ejecutivo de EL DEBER ingresa en huelga de hambre
El ejecutivo y periodista de EL DEBER, Pedro Rivero Jordan, ingresó hoy al piquete de huelga de hambre instalado en la plaza 24 de Septiembre. La medida se debe a los artículos 16 y 26 incluidos en la ley antirracismo.
La mañana de este domingo el director ejecutivo del diario EL DEBER, Pedro Rivero Jordan, ingresó en el piquete de huelga de hambre que realizan varios periodistas en la plaza 24 de Septiembre.
Después de acudir a la misa efectuada en la Basílica Menor San Lorenzo, Rivero Jordan, rodeado de un grupo de familiares y periodistas, se acercó a la carpa con sus pertenencias, saludó y pidió autorización a los presentes para sumarse a la medida. Pedido que fue aceptado de buen agrado por los huelguistas.
Pedro Rivero Jordan aclaró que su decisión se baso en el derecho que tiene el ciudadano a la libertad de expresión, y que se sumaba a la protesta en su calidad de periodista -actividad que ejerce desde hace décadas- y no como ejecutivo del Diario Mayor.
Los periodistas instalados lo hacen en disconformidad con los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo. Los cuales vulneran la libertad de prensa y pueden ser utilizados como “mordaza” en los medios de comunicación.
La protesta bordea las 100.000 firmas
Mordaza. El malestar por la promulgación de dos artículos que avalan el cierre de medios y el encarcelamiento de periodistas moviliza a la ciudadanía. La huelga de la prensa crece
Filas. Como ningún otro día de los anteriores, la jornada de sábado sirvió para que la población se vuelque a la plaza 24 de Septiembre a firmar los libros
Aideé Rojas Carrasco, El Deber
EL DEBER volvió ayer a movilizarse en distintos puntos de la ciudad para explicar los dos artículos mordaza de la Ley contra el Racismo, recolectó firmas para exigir la abrogación de esos puntos cuestionados y hoy realizará una jornada cultural para mostrar los trabajos periodísticos que publicó sobre el racismo y la esclavitud.
Esta nueva actividad se cumplió ayer en la nueva feria de Barrio Lindo y el Parque Urbano, donde los periodistas Juan Pablo Rodríguez, Marcelo Suárez y Carmen Pérez llevaron volantes en los que se explica las razones para rechazar el contenido de los artículos 16 y 23 de la nueva ley.
También la bobina de papel del Diario Mayor recibió las adhesiones de los pobladores. En esos lugares abrieron los libros para recibir las firmas de los pobladores en defensa de la libertad de expresión y también escucharon las palabras de apoyo de la ciudadanía que se manifestó contra el posible cierre de medios y el encarcelamiento de periodistas.
Por la noche, otro grupo de trabajadores del Diario Mayor, liderado por Carla Paz Vargas, visitó la feria de Alasitas, con el mismo fin: recolectar firmas, recibir las adhesiones y entregar volantes en los que es explica las razones que tiene el gremio de la prensa para oponerse a dos puntos específicos de la nueva ley.
En menos de una hora, repartieron más de 1.000 volantes y recibieron cerca de 500 firmas que, en su mayoría, era de gente del interior, según la periodista Carla Paz.
Hoy habrá otra movilización desde tempranas horas. A las 7:00 habrá una misa para recordar la recuperación de la democracia boliviana, una hora después se iniciará la jornada cultural donde, además de mostrar los reportajes que publicó esta casa periodística contra la esclavitud y el racismo, diferentes artistas y personajes comprometieron su asistencia para apoyar la medidas del gremio de la prensa.
La prensa mantiene el cintillo negro
La prensa boliviana se declaró ‘en duelo’ por la promulgación de la Ley contra el Racismo por considerar que dos artículos de esa norma amenazan la libertad de expresión.
En la edición de ayer los principales diarios del país como EL DEBER, El Día, La Prensa, de La Paz; Los Tiempos, de Cochabamba, y Correo del Sur tenían en sus portadas un crespón para simbolizar el luto de la prensa, por considerar que los artículos 16 y 23 violan la Constitución y los convenios internacionales que fueron ratificados por Bolivia.
Similar acción siguieron algunas cadenas de TV como la red Unitel, que junto al logo de esa empresa colocó un cintillo negro. En Rurrenabaque y San Buenaventura los medios de TV suspendieron ayer sus emisiones. Según imágenes mostradas por la red PAT, los canales de TV de esas regiones no emitieron programación alguna, sino que pusieron en sus pantallas “No hay democracia sin libertad de expresión”.
El crespón negro quedará en la portada de EL DEBER hasta la anulación de los dos artículos ‘mordaza’
Gremios no ven conveniente plantear ley para periodismo
Riesgos: La Confederación de Trabajadores de la Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas creen que una propuesta puede ser manipulada en el Legislativo.
Oficio: un grupo de periodistas en la concentración, el viernes, en la plaza Camacho
La Prensa
Dirigentes de dos organizaciones que aglutinan a periodistas y trabajadores de la prensa opinan que proponer una ley específica para su sector es riesgoso debido a que el oficialismo, con su mayoría en el Parlamento, podría manipularla y aprobarla con aspectos negativos para este sector.
El ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Marco Dipp, afirmó que sería factible que los comunicadores propusieran una ley que regule el trabajo periodístico, “siempre y cuando tengamos garantías de que en la Asamblea Legislativa se va a respetar lo sugerido por las organizaciones periodísticas. Pero así como está actuando la mayoría política en el Parlamento, no tenemos la menor garantía de que esto vaya a suceder. Con nuestra participación estaríamos avalando sus políticas con una ley de esta naturaleza”.
Similar posición manifestó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, quien afirmó que los actuales parlamentarios podrían “modificar esta propuesta de ley y en ella aparezcan las políticas del Gobierno, como en sus leyes”.
En el caso de la Asociación de Periodistas de Bolivia, su dirigente máximo, Ronald Grebe, contó que en las reuniones recientes su gremio se ha planteado la necesidad de
crear una norma específica para regular las actividades del sector.
“Hay la discusión sobre si hay que plantear la elaboración de una nueva ley de comunicaciones o hay que reiterar la vigencia de la Ley de Imprenta, son las dos alternativas”. Recordó que el jueves reciente la Asociación realizó un seminario en el que se recogieron las experiencias de dos expertos internacionales sobre la regulación del trabajo periodístico. La próxima semana continuarán el debate y las reuniones con otras organizaciones afines del sector.
Los dirigentes no descartan que las normas que pretenden regular el trabajo periodístico y de medios de comunicación sean parte de una estrategia gubernamental, ya que hasta el momento, por parte del Ejecutivo, tampoco surgió la propuesta de generar una norma global.
Dipp dijo que es previsible que otras normas que actualmente son elaboradas por el Gobierno también afecten esta labor. “Esperábamos en un principio una ley estructural de medios de comunicación, pero parece que la estratega es introducir cápsulas legales en distintas leyes, como ya ha sucedido con las leyes de Régimen Electoral y (Contra el) Racismo”.
Grebe recordó que la ley del Padrón Electoral, que también alude al trabajo periodístico, fue aprobada de la misma forma y que “la próxima ley que se tratará es la de acceso a la información, con restricciones también para nosotros. A la comisión que presentó este proyecto le hicimos llegar nuestras observaciones”.
Mientras, las organizaciones comunicaron su apoyo a la colecta de firmas, como iniciativa ciudadana que, de llegar a un millón, permitirá la revisión de la norma en el Parlamento.
Ministros harán reglamentación
El presidente Evo Morales informó ayer que el próximo miércoles designará qué ministros de su gabinete participarán en la reglamentación de la Ley Contra el Racismo. Instó a los periodistas a participar en esta labor, en la que ya estaría incluida la participación de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
“En la reunión del gabinete ministerial del miércoles se definirá cuáles ministros participarán directamente en la elaboración del reglamento, junto a los representantes de diversos sectores de la población”.
La Ley Contra el Racismo, aprobada la madrugada del viernes, establece la elaboración de su reglamento en los próximos 90 días.
Desde Cochabamba, el Presidente reiteró que los dirigentes de los gremios periodísticos deben comprender que la ley promulgada el mismo viernes “es una necesidad para erradicar para siempre las actitudes racistas del país y es una ley aplicable para todos, no solamente para los medios de comunicación”.
Agregó que las movilizaciones realizadas por periodistas y empresarios de medios de comunicación hacen ver a este gremio “como racistas ante la comunidad internacional” porque eso muestra que defienden la libertad de expresión para usarla con fines discriminatorios.
Reiteró su convocatoria a representantes de periodistas para participar en la reglamentación de la ley y a no dejarse influir supuestamente por los empresarios del sector.
Comentó que la Federación paceña fue convocada a ser parte de esta labor y que por ello “estaba muy feliz”.
“Si algún medio de comunicación promueve diariamente (el racismo) y no hay un mecanismo que pueda frenarlo, sí se debe retirar su licencia, pero esa licencia debe quedar con los trabajadores, con el sindicato de ese medio de comunicación”.
Temen que cierre de medios dañe la democracia
Prensa. Hoy se conmemoran los 28 años de recuperación de la democracia en el país. La aprobación de dos artículos mordaza en la Ley contra el Racismo es vista como una acción que la pone en riesgo
Historia. Esta gráfica fue tomada en el momento que dio el golpe el gobierno de facto de Luis García Mesa, que actualmente está preso en el penal de Chonchocoro. El Deber (10-10-010)
Carmen Pérez Carrillo, El Deber
Sin libertad de expresión no hay democracia. Así reza el lema que los medios de comunicación utilizan en diversas manifestaciones para protestar contra dos artículos de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que el viernes fue promulgada por Evo Morales y que para muchos comunicadores y analistas consultados amenaza con dañar los logros adquiridos y ejercidos en 28 años de vida en democracia.
Y es que para un país que mantiene fresco el recuerdo de los regímenes de facto de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1982), la palabra democracia adquiere un valor muy preciado, sobre todo porque recuperarla costó la vida de muchos bolivianos.
Al cumplirse hoy 28 años de vida democrática interrumpida en el país (desde que en 1982 Hernán Siles Zuazo fue elegido como primer mandatario), politólogos, profesionales, dirigentes sindicales, políticos, obreros y ciudadanos comunes consultados reflexionaron acerca del momento que atraviesa el país y la calidad de democracia que se ofrece al ciudadano.
Para Nuri Rengiffe, presidente de la Unión Nacional de Víctimas de la Violencia Política en Bolivia (Unavib), que en carne propia sintió sus derechos vulnerados en la década de los 70, estamos viviendo una seudodemocracia, porque no se están respetando los derechos humanos en su totalidad.
“Creíamos que dándole la mayoría total al Presidente el panorama sería diferente, pero nos encontramos con otra realidad”, señaló Rengiffe, que tomó como ejemplo la Ley contra el Racismo.
“Dos artículos de esa ley (16 y 23) no solamente afectarán a la prensa sino también a todo el pueblo. Esta situación se está convirtiendo en una dictadura, porque no podríamos discutir o expresar de forma diferente, ya que nos meterían presos”, apuntó.
Rengiffe criticó el hecho de que el Gobierno solamente trabaja con ‘sus bases’ y no así con el resto del país conformado por profesionales, obreros, estudiantes y demás ciudadanos, que en su criterio, también tienen derecho de emitir su posición sin necesidad de ver amenazada su libertad.
Feliciano Carrillo, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Construcción de Santa Cruz, gremio que aglutina a cerca de 5.000 obreros, cree que la democracia está tambaleando. “Desde hace seis años estamos viviendo en dictadura, porque no podemos pensar diferente al Gobierno que nos ve como enemigos. Ahora nos quieren sepultar, callarnos, eso no es vivir en democracia”, sostuvo.
Para Carrillo, un país que vive bajo un sistema constitucional debe demostrar que respeta los derechos humanos.
La politóloga Marina Rodríguez asegura que pese a la confrontación entre el oficialismo y la oposición, Bolivia vive en democracia, porque así lo demostraron las últimas elecciones presidenciales. No descartó, sin embargo, la posibilidad de que ante una débil oposición el Gobierno gane más espacios de poder y se perpetúe imponiendo leyes. “Todavía podemos elegir a nuestros representantes, eso nos demuestra que vivimos en democracia, pero nuestra institucionalidad está incierta, no se escucha a toda la gente y eso es alarmante. Un claro ejemplo es la amenaza de coartar la libertad de expresión”, señaló Rodríguez.
En las calles, el ciudadano también siente que la libertad está en peligro. Cecilia Montes lamentó que el Gobierno se ensañe con las personas que no están de acuerdo con su posición. “Apenas estudié hasta cuarto de primaria, pero me doy cuenta de que con atropellos y abusos no se hace democracia. Este Gobierno es abusivo hasta con su propia gente, la manipula a su antojo y hace lo que quiere con ellos”, protestó la mujer.
Para Aideé Zardán, del Colegio de Profesionales de Santa Cruz, el pueblo boliviano merece que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas y que mientras no exista la unidad, será muy difícil que se mantenga una estabilidad social en el país.
“Es una pena todo lo que ocurre, creo que nadie quiere la confrontación, pero mientras no se realicen los mecanismos adecuados para llegar a mediar, dialogar y buscar consenso, será muy difícil mantener la estabilidad”, apuntó Zardán.
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, señaló que si bien en octubre de 1982 Bolivia comenzó una nueva vida democrática, considera que es un sistema que se ha reconfirmado. “Ahora la mujer tiene participación activa e importante en la política, los pueblos indígenas también, los migrantes bolivianos en el extranjero han ejercido su derecho ciudadano al acudir a las urnas en las últimas elecciones. Éstos son los elementos cualitativos que hacen de la democracia boliviana un sistema político muy importante y significativo”, apuntó el ministro.
En cuanto a la inquietud de dos artículos sobre la Ley contra el Racismo que ha generado polémica en diferentes sectores y al que algunas organizaciones asocian con una pérdida de libertades, el ministro señaló que ningún derecho es absoluto, ya que su límite es el respeto hacia el semejante.
“Es todavía un tema sensible y complejo, pero lo que busca es evitar expresiones de racismo y de ofensas. Los bolivianos debemos sentirnos orgullosos porque hemos construido un sistema democrático que ha ido consolidándose en el país y que todavía tiene muchísimos desafíos, sobre todo en el marco de la autonomía”, finalizó Romero.
Bolivia se acogió a un sistema democrático el 10 de octubre de 1982, con la elección de Hernán Siles Suazo. Así dio fin a 13 años de dictadura que cobraron la vida de decenas de personas, y que dejó heridas que aún siguen sangrando.
Las heridas que dejó la dictadura siguen abiertas
Para los familiares y víctimas de la dictadura, los 28 años de democracia no les ha cambiado sus vidas, pues aseguran que siguen sintiéndose víctimas, pues no ha habido un gobierno que logre resarcir los daños y esclarecer los crímenes y vejámenes que fueron cometidos durante la dictadura.
“Nuestros derechos siguen siendo vulnerados. El Gobierno habla en las Naciones Unidas que respeta los derechos humanos, pero eso no se refleja con sus actos. En julio se presentaron 6.221 solicitudes de víctimas y familiares de la dictadura que piden justicia, pero de todos ellos solamente fueron calificados 618 personas, el resto no figuramos”, apuntó Nuri Rengiffe, presidente de la Unión Nacional de Víctimas de la Violencia Política en Bolivia, Unavib.
Rengiffe hacía referencia a que el pasado 14 de julio de este año el Ministerio de Justicia cerró con 6.221 personas la inscripción de personas interesadas en beneficiarse con el resarcimiento, que consiste entre 60 y 300 salarios mínimos nacionales según cada caso.
En ese mes, se informó de que el número de postulantes sobrepasó en más del 100% las expectativas del Gobierno, que preveía que la cifra no pasaría de 3.000 solicitudes. Datos de la Unavib dan cuenta de que en Bolivia se registraron 680 personas y que hasta la fecha ni una ha sido beneficiado.
En el Gobierno señalan que aún siguen en análisis las carpetas de los solicitantes, ya que la selección es rigurosa y deben cumplir requisitos específicos.
Esta situación es absurda para Sueli Andreaussi, hija de la periodista Lesly Andreaussi desaparecida en 1971. “Nos piden que presentemos exámenes forenses, acta de defunción, pero cómo me piden tremenda barbaridad si no sé donde está mi madre. Yo tenía dos años y mi hermano 40 días de nacido cuando en el Gobierno de Banzer la hicieron desaparecer. Ella era periodista y murió cumpliendo su oficio”, dijo con la voz quebrantada.
El pasado 5 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado boliviano por la detención ilegal y desaparición forzada de José Luis y Raine Ibsen (padre e hijo) en el gobierno de Banzer. Los jueces ordenaron el pago de $us 565.000 a los familiares de las víctimas.
Testimonios
Rodolfo Choque
Perseguido en Santa Cruz
Yo era dirigente sindical de Cuatro Ojitos, en 1971 fui perseguido porque no estaba de acuerdo con el Gobierno de Banzer, tuve que esconderme en el monte para que no me encuentren, a veces no tomaba ni agua. Hubo compañeros que desaparecieron como José María Rivera, Luis Saucedo, Damián León, Horacio Edgar y muchos otros que nunca se supo de ellos. Ahora seguimos pidiendo que se haga justicia, no es que queramos dinero, es que nos devuelvan nuestra dignidad como seres humanos.
Yolanda Calderón Castro
Torturada en La Paz
En 1973 me sacaron de la Distrital, donde trabajaba a empujones. Me llevaron al Ministerio del Interior, ahí unos desgraciados me interrogaron y como no decía lo que ellos querían oír, me pasaron a un cuarto oscuro. En ese lugar me sentaron sobre un cubo de hielo durante 24 horas. Me amarraron, solamente tenía una bombacha puesta, el fin era delatar a la gente. Me desmayé varias veces. Empecé a botar mucha sangre por el recto, no sé cuánto tiempo estuve ahí.