“Es como si a un multimillonario le dijeran de un día para otro que dejó de serlo y que tiene que trabajar para vivir”. Con esa frase ilustró un profesional dedicado al tema hidrocarburos las últimas noticias publicadas sobre el volumen real de reservas de gas que tiene Bolivia.
Las reservas probadas de gas en los megacampos San Alberto, San Antonio, Itaú y Margarita sólo suman 8,86 Trillones de Piés Cúbicos (TCF) de acuerdo al informe preliminar de Ryder Scott Pretroleum Company (RSC) entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en semanas recientes.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, reveló en días pasados que ya el año 2005 las reservas probadas estaban cifradas por De Goyler & Mac Naugthon en sólo 12,5 TCF.
EL NACIONAL tuvo acceso a parte del informe de la consultora estadounidense, contratada por YPFB en diciembre de 2009 para certificar las reservas probadas, probables y posibles de de gas y petróleo en todo el país.
Respecto del que era considerado “megacampo” Margarita, RSC ha cifrado el reservorio probado en tan sólo 2,17 TCF de gas (ver cuadro). La pasada semana el asambleísta Jhonny Torres calculaba el valor del campo asumiendo que éste alojaba 12 TCF, en tanto que autoridades del Gobierno Departamental (Gobernación y Asamblea), cruzaban dardos por defender el patrimonio de los tarijeños en Margarita. Este patrimonio resultó ser mucho menor, según los datos de RSC.
El campo San Alberto llega a 2,071 TCF y el de San Antonio 3,579 TCF. Ambos campos son operados por Petrobras y desde ellos se envía casi la totalidad de los 31 millones de metros cúbicos diarios (MMCD) de gas que se exporta al Brasil, incluyendo componentes licuables como el etano, propano, butano y hexanos.
En una solicitada publicada este domingo en un medio de comunicación escrito, el Ministerio de Hidrocarburos, respondiendo a un pedido de informe de miembros de la bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM), de su ex aliado político Juan del Granado, expresó: “…Recordamos algunos datos de las reservas disponibles cuantificadas y certificadas por la empresa D´Golyer & MacNaughton:
´En su informe de reservas al 31 de Diciembre de 2004 y publicadas el 2005, reportaban una reserva certificada de 48,7 TCF. Ello, en momentos en que nuestro gas estaba aún bajo el dominio de los operadores transnacionales, y era el fundamento para la exportación de nuestro gas hacia Chile y Estados Unidos´.
´Un año después, en su informe de reservas al 31 de Diciembre del 2005 publicadas el 2006, la misma empresa cuantificadora y certificadora, indica extraoficialmente una reducción drástica de reservas hasta 27 TCF, de los cuales apenas 12.7 corresponden a reservas probadas, sin más sustento que un nuevo método de cálculo para la porosidad y el factor de recuperación de campo`.
´Así pues, mientras las reservas de hidrocarburos estaban en manos de las empresas transnacionales, se pretendía sobredimensionar nuestras reservas para elevar el valor de las empresas en la bolsa de valores, al tiempo que se pretendía justificar la exportación de nuestro gas a precios irrisorios; para ese fin “mágicamente” nuestras reservas abundaban. Sin embargo, cuando mediante el proceso nacionalizador éstas pasan a la gestión del Estado y se obtienen significativamente mejores precios en beneficio de los bolivianos, nuestras reservas de gas “mágicamente” disminuyen substancialmente en sus informes`.
¿Por qué el gobierno ocultó cinco años el informe?
Sin embargo, el juego de sobreestimaciones hoy parece afectar también al Gobierno. El actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, ejerció como ministro de Hidrocarburos desde septiembre de 2006 hasta el año 2008. La autoridad conocía desde entonces el informe de De Goyler que cifraba en 12.7 TCF las reservas probadas. Sin embargo, en ese mismo tiempo en su despacho se elaboró la denominada “Estrategia Boliviana de Hidrocarburos”, basando todo tipo de proyecciones (consumo interno, industrialización, termoelectricidad, Mutún, exportaciones, etc) en 26,7 TCF de reservas probadas.
Durante los cinco años pasados, Petrobras y Repsol, operadoras y asociadas a los denominados “megacampos” de Margarita, San Alberto y San Antonio, han incluido en sus Estados Financieros el valor contable de los contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina. Estas anotaciones favorecieron sus proyecciones financieras y repercutieron en el valor de las acciones que cotizan en bolsas de valores internacionales de las que captan dinero para financiar otras operaciones exploratorias. En ese marco, la pregunta sobre quiénes fueron los beneficiarios de estos cinco años de silencio parece responderse con el nombre de ambas transnacionales.
El hecho no resultaría novedoso. Ya en el año 2004, el economista Ramiro Víctor Paz reveló lo que denominó la “inflación” artificial de reservas para beneficio de las transnacionales petroleras. Entonces aquella denuncia tuvo claras repercusiones nacionales como internacionales tanto en los medios como en instancias políticas. El año 2006, el entonces ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, denunció a la empresa hispana Repsol por incluir en sus estados financieros valores indebidos por los campos que operaba en Bolivia. Repsol tuvo que hacer un ajuste a los valores de reservas anotados, lo que le significó una pérdida de más de 2 mil millones de euros.
Es más, sorprendentemente, Paz cifró en aquella ocasión el volumen de reservas en no más de 9 TCF, una cifra muy cercana a la que acaba de revelar la Ryder Scott.
A nivel internacional dicho fenómeno bursátil también tuvo destacados casos. El más escandaloso de la historia petrolera se produjo el 14 de enero de 2004. Entonces la holandesa Shell reconoció públicamente que había sobreestimado sus reservas en un 20 por ciento. Fue el detonante para una ola de caídas con sus consecuentes pérdidas millonarias para varias transnacionales. Shell reconoció que en sus Estados Financieros registrados en la Bolsa de Valores de Nueva York, incluyó valores inflados de reservas. La revelación y posterior ajuste provocaron una baja abrupta de sus acciones y pérdidas a los inversionistas que le costaron a la petrolera holandesa demandas y pago de daños.
Realizando una analogía con aquellas experiencias, el ocultamiento de datos sobre las reservas bolivianas bien podría involucrar a Petrobras y Repsol YPF. Curiosamente, pese a la firma del contrato de exportación de gas a Argentina para enviar 27 MMCD, Repsol no movió un sólo tubo para ampliar el actual gasoducto que tiene una capacidad máxima de 7 MMCD. Actualmente se envía un promedio de 5 MMCD.
Sin embargo, Repsol, que opera el campo Margarita, y Petrobras, que opera San Alberto y San Antonio y que conocen exactamente el volúmen real de reservas existentes, han registrado contablemente los posibles frutos de la operación de exportación contratada y han contabilizado beneficios en sus acciones cotizadas en diversas bolsas de valores.
El Gobierno tampoco hizo públicos los resultados de las auditorías petroleras ejecutadas también por mandato del decreto nacionalizador No. 28701. Estas auditorías revelaron fraudes contables entre otras presuntas irregularidades, incluyendo mala práctica de los operadores que habría afectado el volúmen recuperable de gas de cada campo.
¿Cuánto tiempo durará el gas?
Según las estimaciones de consumo anual de gas, sumando la actual exportación contratada al Brasil (31 MMCD), el contrato a la Argentina (actualmente entre 4.5 y 6 MMCD), así como el consumo interno, que ya llega a los 8 MMCD, contenidas en la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, preparada por el mismo Carlos Villegas cuando era ministro del sector, los reservorios probados sólo alcanzarían unos ocho años más y luego declinarían.
Precisamente en ese plazo aproximado concluirá el contrato de exportación de gas a Brasil (2019).
El Nacional – Tarija