Los dirigentes del Trópico de Cochabamba que amenazaron con expulsar de Bolivia al arzobispo Tito Solari no sólo habrían incurrido en un claro acto de intolerancia, sino que también estarían violando la Ley contra el Racismo y la Discriminación recientemente aprobada por el oficialismo. “Parece que es italiano, vamos a pedir que se vaya a su país”, dijeron los dirigentes cocaleros, en una expresión de xenofobia tipificada como delito en la norma mencionada y penalizada con prisión. ¿Se atreverá el gobierno a poner en práctica la ley contra sus propias bases? Otros que al parecer habrían roto las restricciones de la Ley contra el Racismo son los funcionarios o consultores de Naciones Unidas que elaboraron el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, “Los cambios detrás del cambio”, donde se realiza una distinción discriminatoria de la “ética del trabajo” en el occidente “colla” del país y la del oriente “camba”. En el primer caso, según los tecnócratas de la ONU, imperan los valores de la perseverancia y el ahorro, mientras que en el segundo habría una “mentalidad que tiene el presente como horizonte”, lo que se traduce en personas que “trabajan y beben”. ¿Se animará el gobierno a procesar a los mismos funcionarios de Naciones Unidas que avalaron su ley?
El Rangel boliviano
En Venezuela, un general fue ascendido por decir, palabras más palabras menos, que no hay un futuro político para su país más allá de Hugo Chávez, y el propio mandatario de la boina roja advirtió con una “guerra en caso de que la burguesía vuelva al poder”. En Bolivia, un discurso demasiado similar fue sustentado en un observatorio por el ex presidente Carlos Mesa, quien aseveró que “Si mañana desaparece Evo Morales del escenario político este país entra en guerra, así de claro”. El discurso de “Yo o el caos” encuentra sus voceros funcionales. Con estos opositores, ¿quién necesita oficialistas?
Hacia la estatización del comercio minorista
Un comunicado del Ejecutivo difundido hoy por varias radios del país insta a los comerciantes minoristas de azúcar y otros productos básicos de la canasta familiar a inscribirse en un “registro” gubernamental, so pena de perder el derecho a vender esos insumos y ser pasibles de sanciones penales. Es decir, que los pequeños comerciantes no sólo tendrán que seguir sufriendo los cupos de racionamiento y la criminalización como “agiotistas y especuladores”, sino que además tendrán que someterse a mecanismos de aprobación burocrática. Todo indica que se busca un gradual control estatal del comercio minorista, que de manera inevitable acabará traduciéndose en mayor desabastecimiento. Casi dos décadas le llevó a Fidel Castro estatizar el pequeño comercio en Cuba. Aquí estamos por batir récord en pocos años.
Ley de Investigaciones y Publicaciones
La Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) está preocupada por un anteproyecto de Ley de Investigaciones y Publicaciones que se analiza en esferas de gobierno. De concretarse la norma, todas las investigaciones académicas y sus respectivas publicaciones deberán ser inscritas y aprobadas en el Ministerio de Educación. Estaríamos al borde de la inquisición universitaria…