En un comunicado de prensa divulgado el día de hoy, el Comité Pro Santa Cruz señala que el gobierno boliviano “no ocultó su desesperación y nerviosismo luego de las declaraciones que hiciera el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, en un foro internacional en Washington, Estados Unidos, sobre las persecuciones políticas en Bolivia, la pérdida del Estado de Derecho y el debilitamiento de la democracia y las libertades ciudadanas”.
“Al típico estilo de las vocerías de los gobiernos totalitarios, algunos personajes desde anonimato y camuflados como agencias de noticias, lanzaron duros cuestionamientos al evento internacional, develando su preocupación porque a través de éstos cónclaves democráticos y abiertos a la prensa, el mundo conocerá la implacable persecución política que hay en Bolivia y en los países miembros de la Alianza Bolivariana, contra los que piensan diferente”.
“Para el Comité pro Santa Cruz, máxima institución moral y cívica de los cruceños, los exabruptos de gobierno boliviano refleja la escasa visión democrática de los administradores del Estado y la crítica realidad social que vive el país en cuanto a la falta de garantías constitucionales, extremo que conlleva a la utilización de la justicia como arma para derrocar gobernadores, alcaldes y concejales electos por el voto popular y perseguir a los opositores políticos”.
“El vicepresidente de la institución cívica, Nicolás Ribera, recordó que el Comité pro Santa Cruz siempre fue baluarte de la democracia, pues, desde su creación le correspondió el rol de impulsar las libertades democráticas frente a los gobierno militares dictatoriales, años más tarde le correspondió luchar por las autonomías municipales, hecho político que hoy beneficia a todos bolivianos y desde hace diez años se viene luchando por la autonomía departamental, ambas aspiraciones con un alto contenido democrático y pluralista”.
“Una muestra real de que en Bolivia hay presos políticos y perseguidos políticos, son los más de 150 bolivianos, que viven en Brasil en condición de refugiados, luego del golpe de estado en la Gobernación de Pando y el sangriento enfrentamiento que armaron militantes del partido de gobierno, que dejó más de una docena de ciudadanos muertos, hace más de dos años, y que por ese hecho el gobierno boliviano desató un implacable hostigamiento militar y policial pueblo pandino. Actualmente lo está haciendo con los pueblos tarijeño, chuquisaqueño, potosino, beniano y cruceño”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
De acuerdo con el discurso del presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez Ribera, en el foro internacional sobre el peligroso debilitamiento de las libertades democráticas en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, “es un deber democrático alertar a la comunidad internacional, sobre claros signos antidemocráticos, que no sólo alcanzan a la disidencia política, sino también al movimiento cívico nacional, cuya acción se ciñe a la interpretación de las esperanzas populares de progreso y bienestar”.
“En Bolivia, se está desarrollando un proyecto abiertamente autoritario del gobierno del Movimiento al Socialismo que preside Evo Morales. Sé, que todavía hay círculos que, por falta información veraz, equivocadamente consideran al actual gobierno de Bolivia como una expresión de la voluntad ciudadana. Así es que se acogen versiones deformadas que pretenden mostrar que el régimen de Evo Morales defiende los derechos humanos, protege el Estado de Derecho, respeta la vigencia de los derechos civiles, acepta la libertad de expresión y de prensa y acata las decisiones de los tribunales de justicia. Eso no es verdad”, puntualizó Luís Núñez.
“Mi presencia en este foro internacional, responde a la necesidad de hacerles conocer la preocupación de las instituciones de la sociedad civil de Santa Cruz, pues el pueblo boliviano está sufriendo los embates de un gobierno con tintes de tiranía, que niega las libertades democráticas y viola los derechos humanos. Este gobierno persigue políticamente a ciudadanos que defienden la democracia y las causas populares, a través del acoso de jueces que han preferido seguir los mandatos de los miembros del régimen oficialista, abandonando el sagrado mandato de las leyes”, manifestó.
“La persecución en Bolivia ha tomado dos modalidades: la primera se trata de la conspiración de organismos del estado, contra líderes políticos y cívicos de oposición al régimen que no comulgan con el Gobierno para lo cual “arman casos” montan pruebas y crean testigos falsos. La otra modalidad es el acoso judicial; usando a jueces y fiscales impuestos por el régimen, con el propósito de controlar las instituciones representativas de la sociedad civil”, afirmó.
Explicó que el régimen ha perseguido a varios dirigentes, entre ellos a Branko Marinkovic, ex presidente cívico y Guido Nayar, actual vicepresidente del Comité pro Santa Cruz. A la presidenta del Comité Cívico de Pando, señora Ana Melena quien se encuentra refugiada actualmente en Brasil y al juez cruceño Luis Tapia Pachi, todos ellos se han visto obligado a abandonar el país.
“El régimen de Evo Morales ha apresado al ex presidente cívico de Beni, Alberto Melgar. La presidenta cívica de Tarija Patricia Galarza, el ex presidente cívico de Chuquisaca John Caba se encuentran con muchos procesos penales de dudoso proceder judicial. Estos son simplemente alguno de los muchos dirigentes cívicos que están siendo perseguidos y amedrentados actualmente por el régimen de Evo Morales”, remarcó.
“Otro hecho impune que preocupa al pueblo boliviano fue la matanza del Hotel Las Américas. Dos ciudadanos extranjeros y un boliviano, fueron asesinados por los organismos policiales de represión política, a quienes acusaron de ser terroristas y separatistas. Esta acusación ha servido para acosar y perseguir a gente inocente, a cívicos, empresarios, empresas y políticos del Departamento de Santa Cruz y Beni”, enfatizó.
“Las investigaciones independientes y periodísticas apuntan a que el caso Rosza es un montaje del gobierno para “cazar” a los cívicos. Los datos reveladores señalan que el Gobierno del Evo Morales trajo a Bolivia a través de un ciudadano denominado “Cámarada Linera” al supuesto terrorista Eduardo Rosza. Todo esto apunta a que un familiar de un alto dignatario de Estado fue el que armo y organizó esta tramoya. Y como prueba han sido publicados los correos electrónicos en diversos medios de prensa”.
“La otra prueba es que el gobierno introdujo al Comandante de un unidad de elite de la policía, la UTARC , el Capitán Walter Andrade en el “supuesto” grupo terrorista, felizmente meses después esta relación fue mostrada en la primera pagina de un periódico de la ciudad de La Paz. Existes estas dos fotos que demuestran esta vinculación”.
“También se conocieron videos que la misma policía boliviana entrego a la prensa en los que se ve nítidamente a los policías de la UTARC colocando pruebas, como ser armas de fuego y explosivos en las habitaciones de los supuestos terroristas que posteriormente asesinaron”.
“Otros videos muestran como el mismo capitán Wálter Andrade conversa y arma estrategias con uno de los testigos claves de este caso, personaje que no ha negado haber trabajado para la policía”.
“El montaje llegó a extremos cuando el entonces ministro de gobierno Alfredo Rada exhibió en los periódicos una fotografía obtenida de la red social mundial Facebook, en la que a un grupo de conocidos deportistas se los vinculó con la supuesta organización terrorista”.
En el evento, organizado por el Foro América, el Instituto Interamericano para la Democracia y el Centro para la Seguridad Política, participaron entre otros, el ex presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, el presidente de la televisora Globovisión y perseguido político en Venezuela, Guillermo Zuloaga, también estuvieron representantes de la Sociedad Interamericana de la Prensa y legisladores republicanos electos recientemente, que se comprometieron a coadyuvar con el restablecimiento de las libertades democráticas en países miembros del ALBA.