Propuestas para legislar y no simples ideas

- Opinión

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Como el cangrejo
  2. Los Tiempos: Crear confianza entre gobierno y medios

  3. El Deber: El bullicio de la prensa

  4. Cambio: Un paso hacia el mar

  5. La Prensa: Explorar, explotar e industrializar el gas

  6. El Diario: Errores oficiales agravan el alza de precios

  7. El Mundo: Triunfo de la unidad

  8. Opinión: Propuestas para legislar y no simples ideas

  9. Clarín, Argentina: Los riesgos de desatender el alza de la inflación



El Día: Como el cangrejo

Mientras que Brasil no esconde su orgullo por estar transitando por los senderos de las grandes potencias del mundo, delante de Chile y de la prometedora Perú, cuyos índices de crecimiento sostenidos desde hace un lustro, hacen creíble esa posibilidad, otros países de la región siguen dando pésimas noticias que no hacen más que confirmar que se encuentran en un proceso regresivo y cuando menos, de grave estancamiento.

Los diagnósticos y previsiones de los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la CEPAL y otros, coinciden en que América Latina está viviendo un proceso que ha pasado de la rápida recuperación de la crisis financiera que azotó al mundo el 2008, a unos niveles de crecimiento superiores al siete por ciento y en algunos casos bordeando el nueve por ciento como sucede con Brasil. Las excepciones en este cuadro de optimismo son Bolivia, con un crecimiento inferior al promedio regional y Venezuela, donde se prevén tasas negativas.

Brasil se ha convertido en una de las principales potencias en la producción de alimentos y recientemente ha pasado a ocupar los primeros lugares en el mundo en la explotación petrolera; Perú ha rebasado a Bolivia en reservas de gas y desde hace varios años es considerado, junto con Colombia y México como un sitio privilegiado para la inversión. En el otro extremo, otra vez aparecen los mismos países señalados arriba. Recientemente se publicó el informe “Haciendo Negocios” del Banco Mundial, que coloca a Bolivia, Haití y Venezuela, como los peores lugares del continente para abrir una empresa.

Lo mismo se puede decir de la corrupción. En tanto que países donde supuestamente se están llevando adelante profundos procesos de cambio, mediante reformas de tinte populista, los niveles de corrupción se mantienen como en el pasado, en Chile y Costa Rica, donde sí se han producido avances en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la libertad y las leyes, los avances en la transparencia son notables. Obviamente no se puede desconectar el factor político de lo que ocurre con la economía y la calidad de la gestión. Todos los países que tienen éxito en estos aspectos, pertenecen al grupo que respeta la alternancia en el poder, la vigencia del sistema republicano y donde las leyes y las instituciones no son materia de grosero manoseo, tal como ocurre en las estados que han incursionado por los caminos del autoritarismo.

Todos estos problemas necesariamente tienen que desembocar en el nivel de vida de la gente. Venezuela atraviesa hoy un periodo de inflación galopante, mientras que la escasez de alimentos es ya una constante desde hace años. El nivel de desempleo es de los más altos de Latinoamérica, mientras que la pobreza no da tregua con sus acompañantes de siempre, la desnutrición y la mortalidad infantil. Si en Bolivia no se cambia el rumbo con urgencia, muy pronto estaremos en las mismas circunstancias. La inflación ya no aguanta los camuflajes que le ha puesto el INE desde el 2008 y cada vez se hacen necesario volúmenes más grandes de importación de alimentos para cubrir los desfases crecientes en materia de abastecimiento. Sin producción, sin inversión y sin empleo, esto sólo tiende a empeorar.

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Los Tiempos: Crear confianza entre gobierno y medios

NUESTRA PALABRA Una muestra de buena fe sería que el Gobierno elimine los dos artículos

 

Uno de los vaticinios que se hizo durante el debate del proyecto contra el racismo y toda forma de discriminación fue que su aprobación provocaría una andanada se juicios. Una vez que este malhadado proyecto se ha convertido en la Ley 045, se puede comprobar que esa previsión fue correcta y ahora las amenazas de incoar juicios por racismo y discriminación a periodistas y medios superan lo verosímil, al punto que puede afectar los intereses del propio Gobierno.

Pese a ello, la respuesta del oficialismo a los argumentos que desde los gremios del periodismo se ha presentado sobre esa norma es un furibundo ataque mediático de absoluta mala fe y constituir un grupo de comunicadores (no todos en ejercicio del periodismo y varios desempeñan labores que están directa o indirectamente relacionados con el Gobierno) que intenta tergiversar sistemáticamente el planteamiento de que los artículos 16 y 23 de la Ley 045 afectan la libertad de expresión y opinión.

Pero, pese a la campaña gubernamental, la ciudadanía ha expresado su adhesión a los periodistas, como se comprueba no sólo por la masiva firma de libros para respaldar el pedido de derogar los "artículos mordaza", sino también en un par de encuestas que han aparecido en los últimos días en las que con claridad los medios de comunicación gozan de la mayor credibilidad, después de la Iglesia católica. En cambio, el Gobierno, incluido el Presidente del Estado, ha caído en el afecto de la gente.

El tema de fondo, obviamente, no es ése, sino garantizar la libre, pacífica y democrática convivencia ciudadana, como condición ineludible para avanzar por la senda del desarrollo con justicia social, lo que es posible si se crean espacios de diálogo respetuoso que ayuden a alcanzar acuerdos que luego sean plasmados en disposiciones concretas. En el caso que nos ocupa, el Gobierno debería proceder a derogar los artículos 16 y 23 de la Ley 045 para restablecer mínimos niveles de confianza a partir de los cuales se pueda debatir sobre el tema de la comunicación social que tanto le preocupa e interesa a la sociedad.

No hay que olvidar que los dirigentes de las diversas organizaciones en las que se agrupan los periodistas hicieron conocer sus observaciones a todos los actores principales del proceso de elaboración de leyes, comenzando por el Mandatario (el único que quiso impulsar un debate transparente, el ex presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, fue derrocado por el propio Presidente del Estado Plurinacional).

Habiendo sido ésa la actitud desde la esfera del oficialismo, una vez aprobada la ley sin atender las justificadas observaciones, ¿qué garantiza que la posición de los gremios del periodismo será escuchada a la hora de elaborar el decreto reglamentario de la Ley 045?
Es, pues, necesario, como se ha dicho, crear mutuas confianzas para dialogar y en el caso de la Ley 045, una muestra de querer avanzar sería que el Gobierno elimine los dos artículos mencionados, salvo que mantenga su posición de avanzar en el control total de la sociedad.

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El Deber: El bullicio de la prensa

La presidenta electa de Brasil, Dilma Roussef, ha llegado con importantes anuncios sobre el futuro de su país, pero ha pronunciado unas palabras que tienen relación con lo que ocurre ahora en Bolivia.

Cuando se le preguntó qué haría respecto de la libertad de expresión dijo que ella prefiere “el bullicio de la prensa libre al silencio de las dictaduras”.

La frase muestra la actitud de respeto a la libertad de expresión de la mujer que presidirá el país más grande de América Latina, justamente cuando hay una corriente contraria a esa libertad en algunos países.

Las palabras de la señora Rousseff fueron pronunciadas cuando los periodistas de Bolivia estaban lanzados a defender la libertad de expresión, afectada por una ley diseñada supuestamente contra el racismo.

El propio presidente Evo Morales había comentado por esos días que prefería ver los canales de Tv privados a ver el canal estatal “que no dice nada”, pero la señora Rousseff lo dijo con mayor claridad: es mejor la libertad que las dictaduras.

La acción del periodismo boliviano ha llevado la causa hasta la OEA, donde el gobierno del presidente Morales fue acusado de estar dañando la libertad de expresión. Nunca antes un gobierno boliviano había sido acusado de semejante atropello.

Mientras tanto, la causa del periodismo boliviano ha sido recogida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ha emitido una resolución en que exhorta al gobierno y al parlamento a reparar los daños infligidos a la libertad de expresión en la mencionada ley.

Esto también es algo inaudito en la historia del país. Nunca antes una organización interamericana había hecho un planteamiento tan terminante a un gobierno boliviano acerca de libertades que hubiera dañado.

Por esos mismos días, una delegación de pueblos originarios del altiplano presentó también en la comisión de derechos humanos de la OEA otra denuncia contra el gobierno boliviano, sobre el derecho a la consulta previa, como tampoco nunca antes había ocurrido.

La causa del periodismo boliviano ha recibido hasta ahora importantes respaldos internacionales, pero el mayor respaldo que ha recibido es de la opinión pública nacional, que se ha sumado a la campaña en defensa de la libertad de expresión, ahora que ha sido tan gravemente afectada.

El bullicio de la prensa libre, como dice la presidenta electa de Brasil, es mil veces más preferible que el silencio de las dictaduras. Que lo diga una luchadora como la señora Rousseff es algo que tiene mucho valor.

La opinión pública boliviana está del lado de la libertad de prensa, como ha quedado muy claro desde que se produjo el atropello.

Lo que queda ahora por esperar es que quienes tienen en sus manos la corrección del error cometido hagan lo que deben hacer.

La imagen del país ha sido dañada, pero sobre todo la del Gobierno del presidente Morales con este atropello, agravado por el propósito de crear un sistema de comunicación alternativo al del periodismo libre que se observa en algunas actitudes de ciertos funcionarios.

Salvo que prefiramos el silencio de las dictaduras.

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Cambio: Un paso hacia el mar

Este domingo no será un domingo cualquiera para Bolivia, sino que para un país enclaustrado como el nuestro constituirá un hito en la secular lucha por su reintegración marítima, porque la Armada Boliviana colocará la piedra fundamental del futuro anexo de la Escuela Naval Militar, lo que en los hechos representa el inicio de la construcción de ese centro de formación profesional de nuestros cadetes navales en el puerto peruano de Ilo.

El inicio de la edificación de ese anexo de la Escuela Naval se inscribe en el marco del Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo —suscritos en 1992 por los entonces presidentes de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y de Perú, Alberto Fujimori—, que no sólo fueron actualizados y complementados el 19 de octubre por los actuales mandatarios de ambos países, Evo Morales Ayma y Alan García Pérez, sino que cimentaron un proceso de integración bilateral por el que Perú otorga a Bolivia una serie de facilidades portuarias y de libre tránsito que mejoran su cualidad marítima.

El artículo 6 de ese protocolo complementario señala que "se establecerá en el Perú un anexo de la Escuela Naval de Bolivia y se autoriza que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción". Es en este marco que la Armada Boliviana comienza hoy la construcción del anexo de la Escuela Naval en el puerto de Ilo y apunta a la instalación de una infraestructura completa y la adquisición de lanchas para la preparación de los cadetes.

Y aunque el Estado boliviano aún no ha cuantificado el total de la inversión que representará la infraestructura y la adquisición del equipamiento para la Escuela Naval en Ilo, el inicio de los trabajos constituye más que un mero acto simbólico, porque para una nación enclaustrada por una guerra injusta de hace 131 años, el hecho de recuperar presencia en las costas del océano Pacífico significa algo más que un anexo de la academia de formación de oficiales navales, es un paso inmenso y fundamental en su inclaudicable lucha por recuperar su presencia soberana en el mar que le fuera arrebatado.

Sin embargo, los actuales tiempos son otros y la fuerza de los pueblos ha logrado importantes avances en las relaciones de los tres países que entre 1879 y 1883 se enfrentaron en la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre: Bolivia aliada con el Perú, y Chile; y han tendido los puentes para encarar una solución a la centenaria demanda de reintegración marítima de Bolivia. Ese conflicto bélico representó para nuestro país la pérdida de su litoral marítimo de 400 kilómetros de extensión y 120.000 kilómetros cuadrados. Y mientras después de la derrota aliada en la Batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880 en Tacna, Bolivia se retiró de la guerra, el conflicto continuó entre los ejércitos del Perú y Chile hasta 1883.

Mientras en el pasado la mayoría de los sucesivos Gobiernos bolivianos asumieron la demanda de reintegración marítima como un asunto de política interna y así menguaron un histórico reclamo de justicia, no sólo ante Chile sino ante la comunidad internacional, desde hace cuatro años Santiago y La Paz alimentan una agenda de 13 puntos —sin exclusiones— que por primera vez asume una solución negociada al enclaustramiento boliviano.

Esa agenda tiene en la confianza mutua a uno de sus pilares fundamentales y ha permitido a Chile y Bolivia lograr trascendentales avances que cimientan una nueva etapa de unas relaciones bilaterales marcadas históricamente por la sospecha y los intereses subalternos internos en ambos lados de la frontera común.

Hoy, bolivianos y chilenos no sólo analizan sus diferencias en temas tan sensibles como la reintegración marítima o el aprovechamiento de las aguas de los manantiales del Silala por parte de Santiago, sino que trabajan en asuntos de integración comercial y facilidades portuarias para las exportaciones bolivianas.

Además, la suscripción del Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo —que fortalece la cualidad marítima de nuestro país—, por parte de los presidentes boliviano y peruano, no sólo ha sido saludado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera sino que aguijoneó en La Moneda la necesidad de acelerar la búsqueda de una solución a la reintegración marítima boliviana.

Es en este marco que el senador oficialista chileno Pablo Longueira planteó un eventual plebiscito para que su pueblo se pronuncie sobre la centenaria demanda boliviana. Y aunque la propuesta fue rechazada por algunos sectores de la alianza política que lidera el presidente Piñera, fue respaldada por influyentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición.

Incluso el ex presidente Ricardo Lagos dijo estar de acuerdo con ese referendo y aseguró que la única opción boliviana para retornar a las costas del océano Pacífico es a través de la línea de la Concordia, es decir, por territorios que antes de la Guerra del Pacífico fueron peruanos. Además, un ex alto jefe militar chileno —que cumple otras funciones oficiales— señaló que las Fuerzas Armadas de su país no serán obstáculo si las autoridades chilenas y bolivianas acuerdan, en el marco de la agenda de 13 puntos, una solución a la reintegración marítima boliviana.

Son señales claras de que algo histórico germina en las relaciones boliviano-chilenas y es posible apuntar que el retorno de la patria a las costas del Pacífico avanza, lo cual es importante. Y en este marco, es trascendente que nuestra Armada edifique el anexo de la Escuela Naval Militar en el puerto de Ilo, sobre el mar que hasta hace 131 años también era boliviano.

Hay señales de que algo histórico germina entre Chile y Bolivia, y que es posible perfilar que el retorno de la patria al Pacífico avanza. Por eso es trascendente que la Armada edifique un anexo de la Escuela Naval en Ilo, sobre el mar que hasta hace 131 años también era boliviano.

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La Prensa: Explorar, explotar e industrializar el gas

El Gobierno debe analizar si el Estado está en condiciones de llevar adelante y por su cuenta esas tareas de riesgo o si busca empresas extranjeras?

Los enormes volúmenes de gas natural que, se dijo, albergaba Bolivia en su suelo despertaron expectativas gigantescas sobre el futuro económico de nuestro país. De hecho, el gas se convirtió en los últimos años, como lo fue la plata, primero, y el estaño, después, en la gran esperanza económica nacional. Es aún la principal fuente de ingresos económicos lícitos.

Su precio se ha incrementado en siquiera el quinientos por ciento, desde que comenzó la exportación a Brasil y Argentina, porque el precio del petróleo lo arrastró hacia arriba. Pero, en contraparte, los volúmenes de las reservas parecen haber disminuido sustancialmente, a tal punto que no podríamos, en el futuro, cumplir compromisos ya contraídos.

A principios del presente siglo se afirmó que las reservas probables y probadas de Bolivia eran de más de 53 trillones de pies cúbicos (TCF). En 2003, las empresas capitalizadoras afirmaron que reservas probadas estaban cerca de los 29 TCF y en círculos petroleros se señala que la empresa Ryder Scott las ubicó, en 2009, en 8,86 TCF. De ser correcta esta información, los compromisos internacionales de Bolivia con los países vecinos podrían ser incumplidos.

Tampoco podría materializarse ese anhelo que fue uno de los objetivos de la rebelión de 2003, de industrializar este producto y sacar muchísimo más provecho que el que genera el gas natural en bruto para los compradores que se benefician con sus ricos componentes que estamos lejos de obtener.

La primerísima tarea que corresponde a las autoridades nacionales es certificar las reales reservas probadas de gas y postergar cualquier nuevo compromiso de venta al exterior para evitar incumplimientos y sanciones de contratos desventajosos para nuestro país como los que representan aquellos que contienen el famoso delivery or pay.

El Gobierno debería también llevar adelante, en el plazo más breve posible, su compromiso de industrializar el gas. Para ello, se necesita el producto natural en grandes cantidades, por lo que tendrá que ir aparejado de tareas de exploración y explotación de nuevos yacimientos.

Para incrementar la exploración de nuevos campos se necesita dinero, mucho dinero, conocido como capital de riesgo. La exploración puede resultar excesivamente costosa y no siempre con resultados satisfactorios, lo que significaría grandes pérdidas de dinero. El Gobierno deberá analizar si el Estado está en condiciones de llevar adelante y por su cuenta esas tareas de riesgo o si busca empresas extranjeras, especializadas en estas tareas y que disponen del dinero para arriesgarlo en las labores exploratorias. Si se decide por lo último, tendrá que ofrecer las suficientes garantías jurídicas para que los inversionistas vengan al país. De lo contrario, cualquier intento estará destinado al fracaso, porque nadie invierte donde sus inversiones corren el riesgo de ser estatizadas o incautadas.

Bolivia es un país que tiene muchas riquezas. La mayor parte está inexplorada e inexplotada, como son el caso del hierro, el litio, el cobre y el uranio. Pero todavía, y hasta que esos recursos naturales sean bien aprovechados, el gas continuará siendo el sostén económico del país.

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El Diario: Errores oficiales agravan el alza de precios

Un agudo proceso de escasez, alza de precios y desaparición de algunos productos básicos de la “canasta familiar” se presenta en estos momentos en todo el país, en forma totalmente contraria a lo que estuvieron afirmando diversos organismos del “Estado Plurinacional”, los mismos que aseguraban que la “seguridad alimentaria” era de absoluta confianza, que los alimentos no faltarían en los mercados y que los precios se mantendrían estables.

Esa crítica situación había sido prevista oportunamente por los medios de comunicación del país y en especial por columnistas de este órgano de prensa, los cuales denunciaron que el optimismo de las autoridades había llegado a un punto exagerado y que todas las medidas que se estaba adoptando eran burdas paliativas que no resolvían el problema y sólo servían para tender una cortina de humo ante la población. Es más, sólo estaban destinadas a mantener un sistema de propaganda con fines políticos, sin enfrentar, por lo menos con un mínimo de seriedad, las verdaderas causas que estaban originando la crisis, escasez y alza de precios de los alimentos, así como de otras mercaderías.

En particular los columnistas de la prensa manifestaron específicamente que era inminente una caída en el abastecimiento a los mercados de consumo por la abrupta baja de la producción agrícola y ganadera, no tanto debido a factores climáticos, sino como efecto de absurdas y obsoletas políticas agrarias que están en aplicación desde hace pocos años. Al mismo tiempo la prensa remarcó, con oportunidad puntual, que algunas medidas que se estaban adoptando serían un fracaso completo. Se subrayó que la medicina resultaba peor que la enfermedad.

En particular remarcamos que la escasez y alza de precios era de origen interno y que las importaciones del Gobierno iban a ser, más a la corta que a la larga, medidas que no solucionarían la crisis alimentaria que estaba estallando. Asimismo, se subrayó que no se estaban combatiendo las causas que originaban ese alarmante estado de cosas y que, a lo más, se estaba combatiendo algunos efectos secundarios, por lo cual el resultado final sería un fracaso de grandes proporciones, como los hechos han venido a confirmar.

Particularmente, se destacó que una de las causas para el descenso del abastecimiento a los mercados urbanos era el agravamiento del problema de la tierra. También, se dijo con insistencia que cientos de miles de hectáreas destinadas a producir alimentos de toda clase (papa, café, maíz, arroz, fruta etc.) habían sido destruidas para cultivar en cambio la planta de coca. Se destacó que la quema de bosques y pastizales estaba destinada a producir más coca. Se agregó que importar más alimentos (arroz, maíz, azúcar, etc.) era una forma de matar la producción interna y fomentar el contrabando. En efecto, los hechos han demostrado que el Gobierno daba “golpes de ciego” y que, en cambio, la prensa estaba en lo correcto, algo que fue respondido con los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo.

La realidad ha confirmado que la crisis es producto de erróneas políticas en todo sentido. No se sabe y menos se entiende las causas que originan la crisis de alimentos. Pero aún más, las medidas que son tomadas son contrarias en absoluto a lo que se debe hacer. En esa forma, no se ha resuelto el problema y más bien se lo agrava, por lo que es posible prever con cierta seguridad que los precios seguirán subiendo, habrá más escasez y el hambre del pueblo continuará aumentando, a no ser, naturalmente, que se ataque a fondo los problemas y no solamente sus formas aparentes, receta oficial contemporánea que también se extiende a todos los otros aspectos de la economía del país y que, por supuesto, está destinada a fracasar más a corto que a largo plazo.

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El Mundo: Triunfo de la unidad

A partir del 25 de mayo de 2009, en diferentes lugares del continente, se ha venido recordando con grandes celebraciones, el bicentenario de los gritos de independencia que dieron lugar a la lucha por la emancipación del yugo español. Si bien los actos de rebeldía tuvieron su origen en Chuquisaca y luego en La Paz, los gobiernos provisionales tuvieron finamente que abandonar su empeño, ante la presencia del ejército español que a pesar de ir conjurando cada uno de estos movimientos, no podía impedir la aparición de nuevos brotes.

Recordemos que el 25 de mayo de 1810, la República Argentina concreta su independencia, para afirmar esa decisión, era necesario establecer soberanía más allá de sus fronteras, fue en ese entendido que se enviaron los ejércitos auxiliares, con el propósito de apoyar a quienes se sumaban en la lucha por la independencia.

En el caso de nuestro país, los movimientos de Cochabamba, el 14 de septiembre y de Santa Cruz, el 24 del mismo mes, fueron sofocados por la intervención realista.

El 7 de noviembre constituye un hito irrefutable, ya que la victoria rebelde en la batalla de Suipacha, puso en evidencia la necesidad de actuar unidos, para lograr la victoria.

Para consolidar su soberanía, el flamante gobierno argentino envió hacia el norte el Primer Ejército Auxiliar, encabezado por Juan José Castelli y Antonio Balcarce, las fuerzas realistas los pusieron en retirada y quedaron acampadas en Suipacha. Fue en esas circunstancias que la fuerza rebelde que estaba constituida por el ejército de Salta, en el que destacaban los gauchos de Martín Güemes que lideró el operativo, junto a los patriotas jujeños, tarijeños, chicheños y tupiceños decidieron contraatacar, sorprendieron a los realistas y lograron la primera victoria sobre el ejército español.

Este hecho dio lugar a que tres días después, fueran los patriotas potosinos quienes se pronunciaran con una nueva revolución, con presencia de los vencedores de Suipacha.

Negociaciones poco acertadas que se realizaron con posterioridad, dieron lugar a la recomposición del ejército realista y a momentos críticos en varios lugares del Alto Perú, a donde llegaron otros ejércitos auxiliares del norte argentino que no tuvieron la misma suerte.

Aunque en muchas oportunidades la historia ha sido mezquina en mencionar a los artífices de esta victoria y el perfil de su líder, debemos convenir en que constituyó un momento importante en la lucha por la independencia y dio lugar a que el ejemplo de los patriotas que intervinieron en ella, hubiera dado una demostración de unidad incuestionable.

Recordemos por otro lado que en el caso de Tarija, fue todavía un tiempo después de la declaración de la independencia de la República de Bolivia que sus ciudadanos decidieron incorporarse a la nueva nación y sumar sus esfuerzos a la consolidación de la república.

Doscientos años después de esta hazaña, los pueblos de esa parte del Chaco no dejan de recordar el valor de los patriotas chicheños, tupiceños y los otros valientes guerrilleros que intervinieron en esa página de gloria de la historia.

Mientras, en reiteradas oportunidades, surgen voces disidentes que buscan acentuar las diferencias entre las regiones, vale la pena mencionar que hoy como ayer, las victorias más importantes se consiguen en base a la unidad. Una unidad que debería ser producto de la evocación de estos hechos heroicos y de otros pasajes de la historia que nos muestran con claridad que sólo en la unidad puede encontrarse la fuerza para alcanzar nuevos éxitos.

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Opinión: Propuestas para legislar y no simples ideas

Durante los últimos días se han escuchado, de boca de algunos asambleístas del oficialismo, propuestas sobre diferentes temas con miras a ser legislados. La variedad de las mismas, al parecer, son más que planteamientos, fruto de ideas coyunturales y sin fundamentos debidamente estudiados.

Los planteamientos que pueden obedecer a iniciativas personales de diputados o senadores no deben perder el espíritu de la seriedad y, desde luego, de la necesidad de un asunto que sea de verdadera trascendencia para el conglomerado social.

Algunos asambleístas han hecho referencia sobre la necesidad de regular las telenovelas que se transmiten por los canales de televisión, de establecer contenidos a los medios de comunicación, a la publicidad, suprimiendo la que sea considerada erótica, un toque de queda juvenil, de fijar una hora tope para las fiestas de 15 años, y sobre otros tópicos, algunos más que otros, han logrado repercusiones en los medios de comunicación y en determinados sectores de la ciudadanía.

Las ideas, porque no son anteproyectos de los asambleístas, muchas veces han encontrado explicaciones y aclaraciones de altas autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como aquella respecto a la posibilidad de que las fiestas de 15 años sean permitidas sólo en los horarios de 18:00 a 24:00. Un asunto que, a decir de esas autoridades, con plena razón, tiene que ver más con lo que concierne a la familia y a la educación de los hijos.

No se trata de descalificar las ideas, porque seguramente algunas de ellas podrían ingresar en el debate, una vez que sean propuestas de manera seria y orgánica, como aquella de los horarios para festejos de las fiestas juveniles que, en realidad, se trataría de retomar un horario acostumbrado hace más de cuarenta años.

También se habla de un toque de queda para menores de 16 años con el fin de evitar que consuman bebidas alcohólicas, cuando el problema parecería que no está en no permitir la locomoción de esta población juvenil, sino en aspectos que tienen también que ver con la estructura familiar, el funcionamiento de bares y de licorerías.

Las opiniones de dirigentes opositores sobre dichos planteamientos es que hay asuntos de mayor interés e importancia económica y social con el presente y futuro del país.

No cabe duda, aunque la reflexión sobre estas propuestas es que más allá de la importancia o no de los temas es que quienes tienen la misión de legislar lo hagan dentro de un absoluto conocimiento y como se ha dicho con la absoluta seriedad. No se puede opinar cada día sobre cualquier tema por el mero hecho de expresar una idea o una iniciativa suelta o sin ninguna base que la respalde, es decir, por el afán de protagonismo y que al final puede convertirse en una simplicidad extrema.

Los legisladores tienen la misión de formular leyes o sea de legislar y legislar bien, tomando en cuenta que en el concepto amplio, legislar es dictar preceptos que estén en consonancia con la justicia para que tengan efectos en el bien común, legislar sobre asuntos de importancia y de necesidad en tanto que los legisladores deliberen en representación del ciudadano satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. Para legislar, las reglas están claras en el texto constitucional, en los reglamentos legislativos y en la hermenéutica que establece cada uno de los pasos, pero además, cuando las ideas y propuestas se reflejan en anteproyectos, es el producto de una técnica legislativa, de datos con información oportuna, veraz y precisa y asesoramiento adecuado sobre un determinado asunto.

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Clarín, Argentina: Los riesgos de desatender el alza de la inflación

Mientras los análisis macroeconómicos coinciden en estimar que las condiciones externas siguen siendo positivas para la economía argentina, el contexto político interno tras del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, con la persistente ausencia de un clima que aliente y atraiga inversiones, dificultan un aprovechamiento no coyuntural de esta oportunidad histórica.

El aumento de los precios internacionales de los alimentos, en especial de la soja y el trigo, contribuirá al ingreso de divisas y probablemente seguirá siendo el sostén de una balanza externa y de cuentas públicas equilibradas. Sin embargo, ese mismo aumento de precios externos ya ha comenzado a incidir en la elevación del costo interno de los alimentos, y esta causa inflacionaria se suma a otros factores que han venido afectando a la sociedad, en especial a los sectores de menores recursos que ven devaluado su poder adquisitivo.

La actitud gubernamental ha sido de negación de la cuestión inflacionaria, mediante una distorsión de las estadísticas y su justificación instrumental de este esquema, que ahorra pagos comprometidos a bonistas y genera mayores ingresos fiscales, toda vez que aplica sobre la población un impuesto inflacionario. Esta política no resulta consistente y genera costos que superan cualquier beneficio tentativo e inmediato.

El segmento poblacional con menores recursos, incluyendo jubilados y beneficiarios de planes y asignaciones sociales, es claramente el más afectado por la suba de la canasta alimentaria, demostrando una vez más el efecto de inequidad que trae la inflación. La inacción del Gobierno en este punto, entonces, afecta a los sectores más carenciados y aumenta el número de pobres. Por otra parte, la ausencia de estadísticas confiables es parte de un cuadro de debilidad institucional que contrasta con el fortalecimiento que en este terreno están presentando países vecinos como Uruguay, Chile y Brasil. Esta manipulación se integra a una serie de cambios de reglas de juego que, sostenidas en un ejercicio arbitrario del poder, han desalentado a las inversiones, y le siguen costando a la Argentina un posicionamiento marginal en el mercado financiero internacional.

Por otro lado, sobre la base de manipulaciones, engaños, abusos y actos arbitrarios no se configura un país serio, con reglas claras y persistentes, con instituciones robustas que, en lo fundamental, presten con eficacia las funciones básicas e intervengan activamente en favor de la población desfavorecida.

De alcanzarse algunos consensos políticos básicos se lograría capitalizar el viento favorable para nuestra economía, atraer inversiones y reducir el nivel de pobreza. Para esto, el Gobierno, la dirigencia opositora así como la empresarial y la gremial tienen en sus manos la responsabilidad de trabajar mancomunadamente en el desarrollo de la producción, en el aliento de las inversiones y en la expansión del mercado laboral, en la eliminación del trabajo en negro y en el combate contra el desamparo y la exclusión social.

Las pujas y la confrontación, en cambio, pueden provocar que se agudice un clima de incertidumbre y que éste entorno político agrave la situación social, genere mayor inequidad y termine afectando la marcha de la economía. Se está, entonces, ante la oportunidad y el desafío de capitalizar el clima externo favorable para la esfera económica nacional, pero esto exige madurez de la dirigencia, en especial del Gobierno, y atención a los problemas reales con políticas productivas sustentables y de más largo aliento.

La economía enfrenta grandes oportunidades provenientes del mercado mundial, pero también enormes desafíos por desequilibrios macroeconómicos e incertidumbres sobre el rumbo de la gestión oficial. Las pujas y la confrontación pueden provocar que se agudice un clima de incertidumbre y que éste entorno político agrave la situación social, genere mayor inequidad y termine afectando la marcha de la economía.

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