El ministro de Gobierno arremetió contra la hija del ex líder socialista Marcelo Quiroga y le reclamó el porqué no hizo esfuerzos para buscar los restos de su padre cuando fue parte del gobierno de Mesa. Defensor Villena dice que el gobierno de Evo rendirá cuentas a la Historia.
Gabinete. María Soledad Quiroga aparece el 2005 junto al entonces presidente Carlos Mesa.
La Razón
Llorenti afirma que hija de Marcelo no buscó los restos
Defensa. Aseguró que el Gobierno avanzó en estos temas
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, arremetió ayer contra la hija del ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, María Soledad, y le reclamó el porqué no hizo esfuerzos para buscar los restos de su padre cuando fue parte del Gabinete de ministros del presidente Carlos Mesa, el 2005.
“La hija de Quiroga Santa Cruz, a quien le tengo mucho respeto, ha sido ministra de Estado durante el gobierno de Carlos Mesa. Me pregunto ¿por qué en su calidad de ministra (de Educación) no ha investigado (el paradero de los restos de su padre)?”, cuestionó, un día después de que el presidente Evo Morales calificara de político el reclamo a las Fuerzas Armadas de revelar los archivos de la dictadura.
Recordó que además María Soledad fue o es esposa de Mauricio Antezana, quien se desempeñó como vocero del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). Desde esa situación, afirmó, tampoco realizó la búsqueda de los restos de los desa- parecidos en dictadura.
La Razón fue a la oficina de la hija del extinto líder socialista para conocer su posición sobre las declaraciones de Llorenti, pero su secretaria pidió esperar una llamada que no llegó hasta el cierre de edición.
El Ministro de Gobierno también atacó al sobrino de Quiroga Santa Cruz, José Antonio, por no haber impulsado la investigación sobre el caso de las dictaduras, cuando trabajó con el ex presidente Mesa.
Los familiares de los desaparecidos, agrupados en la Coordinadora Interinstitucional contra la Impunidad, Afectados y Desaparecidos en Dictadura, cuestionaron el lunes a Morales por defender a las Fuerzas Armadas e insinuaron que lo hace para evitar que los militares pongan en riesgo su gestión de gobierno.
Dos días después, el miércoles, el Presidente calificó de política las críticas a la institución armada y afirmó que en enero ingresará, junto a los interesados, al Gran Cuartel de Miraflores para buscar los archivos clasificados que se reclaman. Llorenti coincidió con el Mandatario en que el tema de los desaparecidos es usado políticamente.
“Lamentamos que se utilice un tema tan sensible que tiene que ver con los derechos humanos para hacer una instrumentalización política o salir a la palestra. El Gobierno avanzó mucho en estos temas de recuperación no sólo de la memoria histórica, sino dio pasos decisivos para que se cumpla una obligación internacional de interponer todos los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos”, afirmó.
El fiscal del caso, Eduardo Morales, respondió ayer que no comparten la posición presidencial. “Debe haber archivos en alguna parte del Estado Mayor, y no en esa oficina vacía que nos enseñaron (en febrero), donde había sólo una gaveta con 4 cajones”, afirmó.
Quiroga Santa Cruz fue una de las víctimas del golpe de Estado perpetrado por Luis García Meza, el 17 de julio de 1980. En la actualidad, el ex presidente de facto cumple una condena de 30 años de cárcel por delitos como de lesa humanidad. La desclasificación de los archivos militares fue ordenada por el juez Róger Valverde. Las autoridades militares presentaron recursos para evitar entregar sus archivos, pero fracasaron.
Convención en vigencia
La ONU dio a conocer ayer que la Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas ha entrado en vigor cuatro años después de su aprobación. Bolivia es uno de los 21 países que ha ratificado el documento.
Defensor rechaza impunidad en caso de desaparecidos
VILLENA DICE QUE EL GOBIERNO RENDIRÁ CUENTAS A LA HISTORIA
Familiares de las víctimas de las dictaduras realizan un acto de protesta exigiendo la apertura de archivos de las Fuerzas Armadas para dar con los desaparecidos. – Afka Periodista Invitado
Por Eliana Ballivian – Los Tiempos – 24/12/201
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó ayer que hay evidencias de la existencia de archivos clasificados de las dictaduras no sólo en las Fuerzas Armadas (FFAA), sino también en otras instancias gubernamentales, y recordó que el Estado tiene que sujetarse a la normativa vigente y la de derechos humanos a nivel internacional para proceder a su desclasificación.
Las declaraciones del Defensor surgieron ante el impasse entre el Gobierno y los familiares de las víctimas respecto a la existencia de los archivos, tema que surgió tras la condecoración con la “medalla al mérito democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz” que el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, impuso a las FFAA en el Estado Mayor hace unas semanas.
El presidente Evo Morales, que considera que los familiares de las víctimas de las dictaduras que vivió Bolivia durante al menos 30 años politizan el tema, insistió en que no hay archivos que desclasificar en las Fuerzas Armadas e incluso se ofreció a encabezar en enero próximo una visita al Estado Mayor para buscar “archivo por archivo”.
El Defensor admitió que existe gran preocupación por todo esto. “El Gobierno va a tener que rendir cuentas a la historia. Hacer un anuncio que se va a hacer esto en enero no está dentro de lo que se tiene que hacer como indagación”, dijo, y agregó que no sólo existen los archivos clasificados en las Fuerzas Armadas, “hay otros lugares”.
El año pasado, en su calidad de presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Villena reveló que una comisión halló documentos en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) sobre generosas ofertas de créditos que pudieron haber financiado el Plan Cóndor en Bolivia.
Esa vez, Villena adelantó que se revisarían también archivos reservados en la Vicepresidencia, la Cancillería y en el Departamento II del Ejército en busca de pistas que permitan ubicar el paradero de al menos 157 personas desaparecidas desde 1964, cuando comenzó el período dictatorial, hasta 1982 cuando retornó la democracia.
“Estamos frente a un reto enorme frente a la historia del continente, para que esos hechos luctuosos de los años de las dictaduras que han humillado a nuestros pueblos y han conculcado sus derechos, sean revertidos, en la medida que se haga justicia, ése es un pendiente desde el Estado”, manifestó.
Agregó que por principio, la Defensoría del Pueblo no puede decir que no existen archivos, porque “nuestra función va a ser siempre recordar cuál es la tarea del Estado y cuál de las fuerzas del orden, en este caso las Fuerzas Armadas”.
Afirmó que la orden judicial emitida para que las Fuerzas Armadas procedan a la desclasificación se ha desoído, “éste es un tema gravísimo, no podemos permitir que se consolide una vez más la impunidad desde otra versión, es inadmisible, nuestra obligación es insistir, reclamar, pedir, exhortar a que proceda la desclasificación de archivos”.
Villena anunció para la próxima semana una evaluación anual del trabajo de la Defensoría del Pueblo, en la que uno de los puntos es el tema de los archivos clasificados.
La frase
• El Defensor Villena afirmó:”…éste es un tema gravísimo, no podemos permitir que se consolide una vez más la impunidad desde otra versión, es inadmisible. Nuestra obligación es insistir, reclamar, pedir, exhortar a que proceda la desclasificación de archivos”.
Llorenti también ataca
En un afán de justificar la postura gubernamental de que los familiares de las víctimas hacen política con su reclamo de desclasificar los archivos militares, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo ayer que la hija del extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, María Soledad Quiroga, que fue ministra de Educación durante el corto gobierno de Carlos Mesa, no hizo ninguna gestión para dar con los restos de su padre.
Llorenti dijo que Quiroga fue también esposa de Mauricio Antezana, quien fuera vocero del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. "Han estado por mucho tiempo en el Gobierno y el propio José Antonio Quiroga ha estado junto a Carlos Mesa", dijo, haciendo referencia a la invitación que le hizo el MAS para que fuera candidato a la Vicepresidencia de la República en 2002, candidatura a la que después renunció.
Según Llorenti, fueron tantas las ocasiones que tuvieron para pedir la apertura de archivos que ahora no se entiende por qué hacen tanta presión en la gestión del MAS.
Una de las víctimas de las dictaduras que prefirió mantener su nombre en reserva, recordó que precisamente el Gobierno de Sánchez de Lozada promovió entre 1995 y 1997, la búsqueda, inhumación, identificación y devolución de la osamenta de Ernesto Che Guevara y otros guerrilleros, enterrados en Vallegrande.