Cárceles de La Paz: En San Pedro, los internos crearon su propio mecanismo de seguridad para evitar la consolidación de grupos de poder. En Chonchocoro desde 1992, al menos 18 reclusos fueron asesinados en el recinto carcelario por pugnas por el poder.
En el penal no existe la separación de presos por delito, todos conviven en un mismo lugar. Foto: Archivo
La Razón
En San Pedro, los presos crearon su propia policía
La seguridad tiene como objetivo evitar la formación de grupos de poder
En la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, los internos crearon su propio mecanismo de seguridad para evitar la formación y consolidación de grupos de poder, y frenar cualquier tipo de indisciplina. Son al menos 28 internos que desempeñan el rol de guardias en cuatro de las ocho secciones del recinto carcelario.
“Hay miedo de organizarse en esos grupos de poder, como antes había en San Pedro. Ahora no hay esos grupos, porque los internos nos hemos organizado”, informó a La Razón el secretario general del Consejo de Delegados de San Pedro, Samuel Mamani.
La cárcel de San Pedro alberga a cerca de 1.600 internos que conviven en ocho secciones: La Posta, El Palmar, La Grulla, La Cancha, Prefectura, Los Álamos, Guanay y San Martín.
Según S.V., recluido en San Pedro por tercera vez, las peleas entre internos son frecuentes, sobre todo después de alguna fiesta, donde se consume alcohol e incluso droga. Niega, sin embargo, que existan grupos de poder que peleen por el control carcelario.
“Desde hace dos años que no hay esos grupos de poder. Cuando algún reo quiere formar un grupo, es aislado de la población, va al sector La Grulla”, relató el recluso.
Los líderes de algunos grupos que se formaron fueron expulsados de San Pedro a petición de los propios internos, recordó. Ese sería el caso de Danilo Vargas, El Fantasma, quien durante su permanencia en San Pedro, entre 1996 y 2002, habría acuchillado a al menos cuatro reclusos por ajuste de cuentas, entre ellos al coronel Álex Alípaz durante una visita en el 2002.
Junto a Vargas habrían actuado los internos Franz Freddy Alanoca, alias El Sapo, y Juan Carlos Delgadillo, El Ratón. Vargas fue trasladado a Chonchocoro, donde fue asesinado.
El Consejo de Delegados se encarga de regir la vida de los internos. Distribuye tareas y obligaciones, desde la designación de los que harán la limpieza hasta el nombramiento de internos que colaborarán en la cocina.
Compra y alquiler de espacios
En la cárcel de San Pedro los reos deben comprar o alquilar sus celdas o el espacio de suelo en el que dormirán. Dentro de la cárcel hay quienes lucran con la actividad de bienes raíces. Ese penal cobró relevancia mundial cuando se descubrió que era un excéntrico destino turístico, donde incluso se podía comprar droga.
Consejos, los nuevos grupos de poder
El abogado Pablo Oswaldo Justiniano considera que los consejos de delegados se constituyen en los nuevos grupos de poder. A diferencia del resto, éstos tienen la legitimidad del voto, explicó.
“Esos señores son los representantes de los internos. Prometen el cielo y la tierra para ser elegidos; una vez electos, son los que administran la alimentación y tienen otros privilegios”, afirmó.
Justiniano, quien estuvo ocho años en la cárcel por tráfico de armas y narcotráfico, sostiene que el Gobierno debe dar apoyo para la creación de grupos de trabajo. Sólo así, dijo, se evitará la violencia.
Más efectivos al interior del penal
Los intentos de fuga del penal de San Pedro, registrados entre el 2007 y 2009, provocaron se refuerce el control policial interno en el penal. Ahora, los policías no sólo dedican sus esfuerzos a resguardar la seguridad externa.
Según el dirigente de los internos de San Pedro, Samuel Mamani, los efectivos policiales controlan cada movimiento de los 1.600 reclusos.
“Antes no había muchos efectivos dentro, ahora el control es más riguroso tanto externo como interno”, informó. En marzo del 2007, 14 reos intentaron fugar del penal tras abrir un forado en el sector La Grulla, lugar adonde llegan los reos indisciplinados.
En agosto, el Gobierno planteó experimentar con guardias civiles en los centros penitenciarios juveniles. Hasta el momento no se concretó la iniciativa.
Debe optarse por clasificar a los presos
Hay que recordar que en todos los centros penitenciarios existen los grupos de poder. En mi gestión, para aplacar a estos grupos de poder, se han hecho algunos traslados de reos desde Chonchocoro a otras regiones como Pando, con el objetivo de que vuelva la tranquilidad al penal. Creo que para bajar la violencia en los centros penitenciarios se debería optar por la clasificación progresiva de los reos con condena. También es importante la prevención; por ejemplo en Chonchocoro existen diferentes bloques donde se deberían hacer talleres, porque de alguna manera se debe trabajar para bajar los hechos de violencia. De todas maneras, creo que ha empezado un proceso de reforma penitenciaria donde existen varios puntos como la infraestructura; por ejemplo en el penal de Palmasola se han construido bloques donde los reos pueden optar a la terapia ocupacional. También se debe optar por la reinserción social, habrá que ver cómo propiciar talleres y capacitación. Todas las instituciones que trabajan en esta temática tienen que aportar y debemos organizarnos para hacer programas de reinserción social que vayan a la búsqueda de la recuperación de aquel ser humano que ha vulnerado la ley. A pesar del número elevado de muertes en Chonchocoro, el país es el menos violento con referencia a otras cárceles. Si hacemos una comparación con Venezuela, por ejemplo, ahí mueren tres personas por día por violencia entre internos o entre grupos. Hay que hacer un trabajo coordinado, reforzar los penales y hacer esa clasificación para erradicar la violencia.
Jorge López Arenas, ex Dir. de Régimen Penitenciario
Pugnas por el poder vulneran la seguridad en Chonchocoro
Casos. Desde 1992, al menos 18 reclusos fueron asesinados en el recinto carcelario
Corre el rumor de que alguien morirá y los reclusos del penal de máxima seguridad de Chonchocoro se refugian en sus celdas, que aseguran con candados, hasta que pase el peligro. Los reclusos deben pagar a grupos de poder para evitar estos riesgos y garantizar su vida.
Una vista del penal de máxima seguridad del país.Foto: Archivo
La Razón – Paulo Cuiza – La Paz
Situada en el altiplano boliviano, a 4.000 metros de altura y a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, Chonchocoro es una cárcel de alta seguridad a la que son remitidos los condenados por delitos como asesinato.
El defensor del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, reveló que se conoce de al menos tres grupos de poder, entre ellos los formados por el ex policía Blas Valencia (encarcelado por el caso Prosegur), los condenados a 30 años de cárcel y los extranjeros, principalmente peruanos.
Desde su apertura en 1992, en el penal de máxima seguridad al menos 20 internos murieron, de los cuales sólo dos habrían fallecido por muerte natural. Uno de los últimos casos, ocurrido el 24 de noviembre, fue el de Carlos Junco, asesinado por impactos de arma de fuego.
“La mayoría de los casos de asesinato se han dado por conflictos de poder”, sostiene Hidalgo, quien añade que el control sobre el comedor es otro factor de pugna. Los que tienen el poder se hacen del comedor, que les permite disponer del menú y del dinero de los pre diarios para la alimentación de los reclusos.
“Tener privilegios les permite extorsionar a otros internos, sacar dinero. Hay amenazas contra reos y eso sólo pueden hacer aquellos que saben que son superiores”, relató.
En marzo, Erbol publicó las declaraciones de un reo que denunciaba los conflictos. “Casi la totalidad de los internos seguimos viviendo con el Jesús en la boca, amedrentados por el grupo armado del ex coronel Blas Valencia, Sergio Frías, Jaime Gutiérrez, Juan de Dios Villalobos (los Cantumarca) que todavía tienen armas de fuego escondidas”, afirmó.
El abogado Pablo Oswaldo Justiniano, quien cumplió tres años de reclusión en Chonchocoro (1995-1998), recordó que en ese entonces uno de los grupos de poder era liderado por el peruano Martín Cerna Ponce y otros de nacionalidad brasileña y colombiana.
El dominio de sitios como la cocina es vital, porque por allí se filtrarían armas, drogas y otros. “Estos grupos deciden a quién se ajusticia, a quién se cobra y a quién se apalea. Y como hay la ley del silencio, nadie sabe absolutamente nada”, afirmó Justiniano, según el cual esa situación no cambió.
Entre los hechos más violentos en Chonchocoro figuran la muerte a tiros de Danilo Vargas Portugal, El Fantasma, el 2007 y de Alberto Avaroa Rubín de Celis, El Petas, victimado el 2009. Ambas muertes habrían sido ordenadas por el ex coronel Valencia, quien, según Hidalgo, en algún momento también temió por su vida debido a la violencia que generó en la cárcel.
“En el penal, muchas veces se hace correr el rumor de que alguien va a morir y, en esos casos, las personas que se enteran se aíslan. Aseguran la puerta de sus celdas con los candados que ellos manejan. Hay amenazas, ¡me pagas tanto!, o te va a pasar algo”, relató el Defensor de El Alto.
Para el juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rafael Alcón, encargado del caso Junco, es necesario mejorar la seguridad para evitar la formación de los grupos de poder en la cárcel. “Se debe especializar a los policías, necesitamos peritos en criminalística”.
Otro de los casos llamativos en Chonchocoro es el de la explosión de una granada. En marzo, tres grupos se disputaban el control de la cárcel y en esas pugnas llegaron al extremo de la explosión.
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Freddy Hinojosa, afirmó que no conoce de la existencia de grupos de poder, pero dijo que mejorarán la seguridad en este recinto carcelario.
Chonchocoro es “un mundo de mucho cuidado”, resumió el Defensor del Pueblo de El Alto.
Violencia provoca destitución
Dos gobernadores del penal de Chonchocoro fueron destituidos en lo que va de este año. El coronel Gilmar Oblitas fue separado del cargo en marzo, como consecuencia de la explosión de una granada de guerra en el centro carcelario. En ese entonces, también se cambió de destino a los policías asignados al penal. En noviembre fue destituido el gobernador Hernán Ramírez, tras el crimen de Carlos Junco.
Gestionan más apoyo
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Freddy Hinojosa, informó que la falta de equipos no permite ejercer un mejor control en los centros penitenciarios del país. El 24 de noviembre, el reo Carlos Junco, de nacionalidad peruana, fue asesinado en Chonchocoro por otro reo con un arma de fuego 9 milímetros.
“El personal de seguridad tiene limitaciones, se ha hecho los requerimientos y el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Régimen Penitenciario, está haciendo que se pueda implementar en los centros penitenciarios equipos de control y requisa, como detectores de metales, tal como existen en aeropuertos, y paletas de seguridad electrónica para requisa de las visitas”, informó.
Según Hinojosa, en la actualidad, la requisa y el control de los visitantes a los centros penitenciarios se lo hace de forma manual.
Al menos 1.500 policías son destinados al control de las cárceles en el país, que albergan a cerca de 8.000 presos. Las cárceles más pobladas son San Pedro en La Paz (1.600), El Abra en Cochabamba (1.500) y Palmasola en Santa Cruz (1.600).
El Director de Seguridad Penitenciaria afirmó que los efectivos policiales que custodian las cárceles del país son especializados en seguridad penitenciaría y física.
Hinojosa informó que se perfila contar con nueva infraestructura carcelaria, entre ellas en Viacha, donde serán recluidos aquellos presos de entre 17 y 25 años.