Analistas creen que el Gobierno avanza en el control del país. Sin embargo la hegemonía del MAS sobre movimientos sociales se pone en debate. Oposición no pudo con los 2/3 del MAS. Los cuestionamientos al Gobierno llegaron desde su base social en 2010.
En la posesión de los fiscales de distrito de ocho departamentos, la mitad tenía vínculos con el partido en función de gobierno
Freddy Lacio Fernández, El Deber
Oficialismo copa poderes Judicial y Electoral
Ya lo había adelantado el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera: la estrategia del MAS, una vez obtenido el sillón presidencial y los dos tercios del Legislativo, apunta a la construcción y la toma del poder político, económico y cultural en el país.
En los hechos, según los evaluadores del proceso, el primer año del MAS en el flamante Estado Plurinacional de Bolivia estuvo dedicado a la consecución del poder absoluto mediante el ‘acaparamiento’ de los poderes Electoral y Judicial, habida cuenta de que el MAS ya detenta una amplia mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (26 de 36 senadores y 88 de 130 diputados).
Luego de alcanzar los dos tercios del parlamento -que lo faculta a realizar los cambios legislativos que crea pertinentes- y después de colocar ‘sus piezas’ en los lugares estratégicos de otros órganos del Estado para poner en jaque a sus adversarios, en el gran tablero de ajedrez de la política nacional.
El primer ‘golpe’, según los analistas consultados, se dio en febrero de 2010, cuando la Asamblea Legislativa inició el tratamiento del proyecto de ley para cubrir las acefalías en el Poder Judicial y poco después, Morales posesionaba a cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia, diez magistrados del Tribunal Constitucional (cinco titulares y cinco suplentes) y tres miembros del Consejo de la Judicatura; en total 18 juristas en los cargos acéfalos del Poder Judicial.
De los posesionados, al menos dos tenían posibles nexos con el partido de Morales: el ministro de la Suprema Ramiro José Guerrero, ex asambleísta constituyente por el MAS, y el consejero de la Judicatura Lindo Fernández, constituyente disidente de Podemos que se alió al MAS y participó de la aprobación de la Constitución en Oruro.
En marzo de ese año, el fiscal general Mario Uribe designó a ocho fiscales de Distrito, de los cuales cuatro tuvieron relación con el MAS.
Willams Dávila Salcedo, nuevo fiscal de Distrito de La Paz, en 2005 fue precandidato del MAS a diputado uninominal por la circunscripción 11 de ese departamento; Arminda Méndez Terrazas fue diputada plurinominal del MAS; Camilo Medina Rodríguez fue asesor legal de la Prefectura de Cochabamba desde agosto de 2008, cuando por voto se revocó el mandato de Manfred Reyes Villa; Filemón Sandoval Romero, por su lado, fue activista por la defensa de los pueblos amazónicos indígenas en Beni, cercanos al MAS.
En mayo, las ‘reformas’ del Órgano Judicial continuaron. Por decisión del Consejo de la Judicatura, 22 vocales de las cortes superiores de Distrito fueron destituidos y reemplazados por otros juristas. La decisión, cuestionada, observada y recurrida por los afectados, colegios de abogados y asociaciones de jueces del país, fue calificada de ilegal, abusiva y arbitraria por el presidente de la corte cruceña, Adhemar Fernández, que con 21 años de experiencia en materia penal fue retirado de su cargo y reubicado en una sala de materia civil.
En junio pareció tocar el turno al denominado Poder Electoral Plurinacional. El Gobierno aprobó la Ley del Órgano Electoral, que en su artículo 34 dejó en manos del Presidente la designación de un vocal en cada uno de los nueve tribunales departamentales electorales y los cuatro cargos restantes en la Cámara de Diputados, por dos tercios de votos.
Además, en su artículo 206, la ley señala que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, de los cuales al menos dos deben ser de origen indígena originario campesino.
El senador opositor Germán Antelo, de Convergencia Nacional (CN), dijo que, mediante la norma, el MAS logrará perpetuarse en el poder porque el Presidente podrá nombrar directamente a un vocal del Tribunal Supremo Nacional y a un vocal de los tribunales departamentales; además habrá representación indígena obligatoria y éstos son aliados del Gobierno.
Según el ex candidato a senador por CN Fernando Untoja, el MAS se dedicó a instaurar un poder absolutista, dejando de lado la ‘revolución indígena originaria’ para poner el poder al servicio de una nueva casta que, valga la redundancia, busca perpetuarse en el poder.
El senador Eugenio Rojas, del MAS, retruca señalando que el proceso de cambio que se inició en el país necesitaba gente comprometida en las instituciones del Estado y que pese a ello el Gobierno respetó la inamovilidad funcionaria cuando el caso lo merecía.
“La independencia de órganos es otro asunto, lejano al Gobierno. En el caso del Tribunal Constitucional, la Contraloría o el Ministerio Público, los nombramientos y designaciones se hacían necesarios para cubrir las acefalías, hasta que esas autoridades sean elegidas mediante las normas establecidas en cada caso”, explicó el parlamentario oficialista.
Similar posición expresó el asambleísta departamental Jhonny Zeballos, para quien los cambios se produjeron por la necesidad de ‘ajustar’ el funcionamiento de los órganos del Estado. “Las designaciones y los cambios se apegan a las normas actuales y a la necesidad del país. Además, se han respetado los cargos institucionalizados y los cambios en los cargos jerárquicos se hicieron porque eran necesarios”, señaló el político.
Pese a las explicaciones, la politóloga y ex precandidata presidencial ligada a la oposición Jimena Costa señala que no se puede acusar al MAS de no ser consecuente con sus intenciones. “Como lo dijo García Linera, la Presidencia de Bolivia fue el vehículo para avanzar en el control del poder total”, concluyó.
Suspensión de autoridades
– La norma. El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías señala que “gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal”.
– Primer suspendido. A poco de asumir como alcalde de Quillacollo, Cochabamba, por el frente Unidad Nueva Esperanza (UNE), Héctor Cartagena renunció a su cargo acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de recursos públicos. En su lugar asumió la concejala del MAS Carla Lorena Pinto.
– El segundo. Víctor Balderrama Arias, alcalde de Punata (Cochabamba) por la agrupación ciudadana Insurgente Martín Ucho (IMU) debió renunciar a su cargo para defenderse en la justicia por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. En su lugar fue elegido el concejal masista Edwin Jaimes.
– Salto a la capital. Jaime Barrón, alcalde de Sucre, fue suspendido de su cargo y luego presentó su renuncia al mismo tras ser acusado por racismo y discriminación, en el caso de la supuesta humillación a campesinos, en mayo de 2008, cuando era rector de la universidad San Francisco Xavier. En su lugar asumió la masista Verónica Berríos y posteriormente el también masista José Santos Romero.
– Otro opositor. Pese a tener mayoría en el Concejo y el apoyo del 70% del electorado potosino, René Joaquino fue suspendido por la compra de vehículos usados. Aunque el caso está en apelación, el futuro político del dirigente es incierto.
– Santa Cruz y Tarija. Los últimos casos de autoridades removidas son los de los alcaldes cruceños Bladimir Chávez (Buenavista), Nyls Carmona (Warnes), Wilfredo Áñez (Cotoca) y Carlos Ruiz (Pailón), todos opositores a Morales, además del gobernador Mario Cossío, que obtuvo refugio político en Paraguay.
Autonomía departamental se quedó en la Ley Marco
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 1º, deja claramente establecido que en el país existe un régimen autonómico, pero la Ley Marco de Autonomías, promulgada en julio de 2010 y que debería consolidar el proceso iniciado en el oriente boliviano no comienza a aplicarse, según la oposición.
Desde la Gobernación cruceña, el secretario de Hacienda, José Luis Parada, sostuvo que la norma consolida los recortes presupuestarios a los gobiernos departamentales, municipales y universidades públicas del país.
El ex candidato a gobernador y propulsor de la propuesta autonómica cruceña, Juan Carlos Urenda, criticó que la Ley Marco quite a Santa Cruz el 70% de las competencias aprobadas en el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
Pero más punzante aún fue el presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, que calificó la normativa como ‘la ley maldita’ porque, a su juicio, sólo sirvió para perseguir a opositores y defenestrar autoridades electas por el voto popular, sólo por ser de diferentes corrientes ideológicas al partido de Gobierno.
“Se debería considerar que con el artículo que autoriza la suspensión de una autoridad electa a sola acusación fiscal se está desconociendo la voluntad popular, pero en general la ley ‘marca la cancha’ sobre cómo van a funcionar las autonomías en el país”, opinó Daniel Moreno, doctor en Ciencias Políticas.
Sin embargo, el jefe de la bancada masista en la Asamblea Legistativa Departamental, Jhonny Zeballos, sostiene que la consolidación del proceso avanza pese a los escollos que representa la posición asumida por los gobiernos departamentales opositores al actual Gobierno.
Sobre la sustitución de autoridades por afines al MAS, el asambleísta indicó que las normativas son claras y apuntan a eliminar los privilegios de que gozaban las autoridades de otras gestiones. “Ahora la ley cae a todos por igual, para acabar con la corrupción”, indicó Zeballos.
Opinión
“Hay muchas expectativas no cumplidas”
Jorge Lazarte / Ex vocal electoral
El MAS detenta el poder político total, pero su anunciada ‘revolución’ no está revolucionando la vida de los bolivianos.
Eso crea frustraciones porque hay expectativas no cumplidas y a eso se suma que mucho de lo que hace el MAS recuerda lo que hicieron en su tiempo los gobiernos anteriores.
Tras lo que ellos llaman nuevo modelo de Estado hay un proyecto de poder que se ha organizado en el país. Y este proyecto ahora resulta más importante que lo que ellos mismos pusieron en marcha con la Constitución. Así, de la clase muy ideológica del pasado, el MAS pasó a una fase distinta, donde sólo cuentan los intereses del poder de los que ahora están en el poder en Bolivia.
Eso implica su distanciamiento de una parte de la gente a la que ya no necesita en este momento, porque lo que más le interesa es preservar lo que tienen. El poder, en este caso, se convirtió en el fin en sí mismo.
“Es un juego legítimo en las esferas políticas”
Sergio Miranda / Sociólogo y politólogo
La representación de un poder político busca afianzar su identidad y posición mediante lo que se denomina el ‘copamiento’ de los poderes del Estado; en este caso, se trata de un juego legítimo en las esferas políticas y no es ajeno a ningún gobierno en el mundo. La legitimidad que obtuvo el MAS en las urnas lo faculta a buscar el poder en niveles o instancias aparentemente lejanas al poder político, sin que esto implique ‘una masacre blanca’ sino un paso adelante en la estrategia para la consecución del poder.
En Bolivia, sin embargo, el apresuramiento del MAS en colocar a funcionarios afines a su ideología en puestos clave de dichos poderes lo llevó a cometer errores, especialmente cuando cayó en cuenta que no tenía cuadros preparados para esta tarea, por lo que se debió recurrir a la improvisación. Ahora, el Gobierno avanza en esa búsqueda de poder.
La hegemonía del MAS se pone en debate
Los cuestionamientos al Gobierno llegaron desde su base social en 2010.
El apoyo incondicional del movimiento campesino e indígena fue lo que llevó a Evo Morales al Gobierno. Son su base social
Pablo Ortiz | El Deber
No es el mejor momento para dar un discurso. Cuando el presidente del Estado plurinacional, Evo Morales, se presente hoy ante la Asamblea Plurinacional para presentar su informe anual, no tendrá el apoyo a su gestión de siete de cada diez bolivianos a sus espaldas como hace un año, sino que sólo del 35% de la población. En el primer año del segundo mandato del Gobierno del MAS, Morales comenzó a experimentar problemas con su base social, que se tradujeron en marchas, bloqueos y paros que tuvieron su momento de mayor tensión luego del ‘gasolinazo’ del 26 de diciembre, que provocó incluso cortes de ruta en Chapare, cuna política del Presidente. Con ello, la hegemonía del proyecto político fue puesta en debate.
Analistas y políticos de oposición concuerdan en que 2010 fue un punto de inflexión del Gobierno y que hubo más oscuros que claros en el balance final. En el lado de lo positivo, el senador oficialista Adolfo Mendoza destaca las nuevas instituciones nacidas este año, como las autonomías, el Tribunal Electoral Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que considera que fue brillante en términos de mandato constitucional, pero débil en democracia participativa. Esa debilidad también es mencionada por el senador opositor Germán Antelo, que considera que la prisa mató toda independencia de poderes. Asegura que las leyes venían listas desde el Ejecutivo y poco se podía cambiar en el Legislativo.
Otro aspecto positivo señalado por el diputado del Movimiento Sin Miedo, Fabián Yaksic, es la estabilidad macroeconómica y a ésta le añade la emergencia de una nueva élite y visibilidad de los sectores indígenas en espacios en los que antes estaban vetados, como la administración pública.
En cambio, Yaksic observa que el Gobierno no ha logrado romper el carácter de exportador de materias primas extractivas y no se ha podido dar el salto industrial en materia de hidrocarburos.
El ex candidato presidencial por UN Samuel Doria Medina ve una contradicción que ya se dio en Venezuela: hay mucho dinero pero con escasez de productos. Considera que la base social del Gobierno se ha reducido a su núcleo duro, expresado en el 35% que aparece en las encuestas realizadas en enero por Captura Consulting.
Por su parte, el analista político Carlos Toranzo considera que en el último año le apareció al Gobierno el desafío del manejo de la economía, por lo que se ha visto en dificultades en la administración de los hidrocarburos y sobre todo por la cuestión de la seguridad alimentaria. Considera que esto ha llevado al Gobierno a cierta deslegitimación frente a su electorado, pero todo sucedió por errores propios y no por méritos de la oposición.
“Hasta hace pocos meses parecía que Evo Morales era dueño de los movimientos sociales, ahora parece que éstos son los dueños del Presidente y éste un prisionero de ellos. Hay muchas oportunidades para la oposición, pero no hay, especialmente en el oriente”, dijo.
Para Mendoza, una de las conclusiones de las movilizaciones del ‘gasolinazo’ es que en el país impera un nuevo pluralismo político en el cual los partidos políticos, incluido el MAS, son sólo otra voz en el escenario y ya no las únicas. Ve como la mayor amenaza del proceso de cambio al particularismo, que la gente privilegie su interés particular sobre el colectivo. “Pero tampoco tú puedes privilegiar el colectivo sin reconocer la legitimidad de las necesidades particulares”, admitió.
Y Yaksic tal vez tenga la razón de esa mirada. Pese a que en los últimos 12 años se ha logrado reducir 10 puntos la extrema pobreza, aún hay 3,3 millones de habitantes que sufren esa condición. Por ello, el diputado considera importante la sostenibilidad de los bonos, que junto al aumento de precios de los productos que exporta el país, ha logrado reducir la pobreza a un ritmo del 1% anual desde 2006, pero lamenta que todo esto haya cobrado un cariz de irreal con el ‘gasolinazo’, que puso en duda la bonanza económica nacional.
Ante este panorama, el Gobierno planea volver a sus orígenes. La frase “gobernar obedeciendo al pueblo”, pronunciada por Morales para derogar el ‘gasolinazo’, tiene su aplicación práctica en un diálogo más cercano con los movimientos sociales y en procesos de democracia participativa que aplicará la Asamblea Legislativa desde este año, con un reglamento que les permitirá deliberar junto con el pueblo.
Las autonomías están estancadas
La aprobación de la Ley Marco de Autonomías dio paso a la creación de las asambleas departamentales y la transferencia de competencias del Gobierno central a las gobernaciones y municipios; sin embargo, el proceso autonómico, muy dinámico entre 2004 y 2008, parece haberse estancado. Así lo entienden el diputado Fabián Yaksic y el senador Germán Antelo.
“Hemos elegido gobernadores y alcaldes con nuevas reglas, pero no se nota que estuviéramos construyendo un Estado autonómico”, dice Yaksic, que ve además que las regiones, básicamente Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, han perdido la brújula de la autonomía.
El senador Antelo nota que la Ley Marco fue elaborada para mantener el control en el Gobierno central, destituir adversarios políticos y centralizar aún más el Estado. Como ejemplo pone la ley educativa recientemente aprobada, que vuelve a centralizar la educación pese a que la misma Constitución indica que ésta es una tarea concurrente entre el Gobierno y las gobernaciones.
Un tema pendiente para 2011 es el llamado pacto fiscal. Antelo asegura que el Gobierno no quiso debatir el tema el año pasado, pero Yaksic considera que es ineludible en la presente gestión. Para ello considera vital ‘sincerar’ la población boliviana a través de un nuevo censo de población, para luego tratar de consensuar una correcta redistribución de los recursos estatales.
“Otra cosa es con chuis, otra cosa es con competencias claras y con recursos”, dijo el ex aliado del Movimiento Al Socialismo.
Las cifras
70%
Éste fue el porcentaje de aprobación de la gestión de Evo Morales antes de asumir su segundo mandato
35%
Es el respaldo de la gestión de Morales medida a principios del mes en curso. En un año descendió 35 puntos
Sector por sector
Político
Resultados dispares sin Evo Morales en la papeleta
El Movimiento Al Socialismo es el único partido con presencia nacional. El MAS logró casi dos tercios de las alcaldías del país y seis de nueve gobernaciones, pero las elecciones de abril de 2010 significaron un retroceso del volumen de votos del partido en función de Gobierno, que no parece tan indiscutible sin Evo en la papeleta.
El MAS se llevó sorpresas poco agradables al perder alcaldías como las de La Paz y Oruro a manos del MSM y no poder conquistar las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija.
Sin embargo, algunos de estos espacios han sido conquistados luego de que alcaldes y gobernadores fueron suspendidos por procesos judiciales.
Económico
La industrialización sigue siendo sólo un sueño lejano
El salto industrial es la principal meta del Gobierno del MAS en su segunda gestión, pero aún no parece como un proyecto cercano a concretarse. Según datos del Gobierno, Bolivia necesita entre $us 18.000 millones y $us 34.000 millones en cinco años de gestión y hasta el momento no los tiene asegurados. En el primer año logró una inversión total de $us 1.600 millones y para 2011 están presupuestados 3.000 millones. Con ambas cifras ni siquiera se llega a la meta menor de inversión. El Gobierno admite que necesita reclutar expertos en economía global que le permitan apalancar recursos internos con la base del ‘colchón’ del Estado plurinacional, por lo que se abrirá a la inversión extranjera.
Social
Los bonos son la estrella de la gestión humana
La distribución condicionada de recursos sigue siendo la perla del barco estatal. La reducción de un 5% de extrema pobreza en los últimos años habla bien de las medidas destinadas a los que menos tienen, así como la disminución de la deserción escolar.
También se llevó adelante la reforma de pensiones, que apunta a mejorar la jubilación de los que tienen menos recursos, pero que grava mayores descuentos a toda la población. La corrupción que reinó antes en este sector hace que se desconfíe de la capacidad del Estado para sostener un sistema previsional. Luego de cuatro años de discusión, el Gobierno también logró aprobar la Ley de Educación Avelino Siñani.
Opinión
“Lo plurinacional aún es débil”
Fernando Mayorga / Sociólogo
La gestión de Gobierno en 2010 ha tenido dos partes. La primera tuvo que ver con la implementación de la Constitución, que es la parte heroica del proceso de cambio del MAS y que se resume en plasmar un proyecto político en el Estado. Allí surgieron las primeras contradicciones entre el diseño institucional y la realidad social. La retórica refundacional que acompañó el proceso constituyente contrasta con la levedad de las reformas.
El Estado plurinacional es en sí un Estado aparente. Lo único plurinacional que tenemos hoy en día es la definición de Estado.
El Estado es plurinacional, pero la sociedad boliviana no. La Asamblea sólo ha hecho leves reformas legales y ha mantenido, por ejemplo, la cuota de circunscripciones indígenas en siete. No hay mucho cambio respecto a la ley de 2009. Tampoco se reconoce su sistema político, como el cabildo y la asamblea.
Por ello, con relación a la idea de refundación en base a la centralidad étnica, lo plurinacional es aún débil. Tampoco se ha reconocido el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas. Eso deja claro que los derechos colectivos son débiles cuando entran en conflicto los planes de desarrollo del Gobierno.
Esto crea una especie de ficción jurídica plasmada en la categoría pueblos y naciones indígena originario campesinas. Éso no existe. Nadie es “naciones y pueblos indígenas originario campesina”. Por ello, el que representa esos derechos es el Estado y cuando las demandas entran en contradicción con los intereses del Gobierno, prevalece ‘el interés general’ .
El segundo eje viene dado por el nacionalismo estatista, por la explotación de recursos. El Gobierno no ha encontrado el punto de equilibrio entre retorno al estatismo y la inversión extranjera.
El ‘gasolinazo’ es una medida destinada a tratar de seguir recibiendo excedentes para la redistribución, que es la forma del Gobierno para reproducir su base de apoyo electoral. Con todo esto, se puede decir que el MAS ha llegado al límite de su discurso indigenista desarrollista y cuando las premisas no implican ideas marco como nacionalización o nueva Constitución, el Gobierno tiene problemas para persuadir a sus bases.
Los principales problemas
– Caranavi. La promesa incumplida de instalar una procesadora de cítricos en la población del norte de La Paz provocó que los campesinos bloqueen la ruta por dos semanas. Cuando el Ministerio de Gobierno ordenó desbloquear, los choques entre policías y campesinos provocaron la muerte de dos jóvenes y las heridas de más de 100 personas.
– Potosí. La falta de celeridad gubernamental para atender la agenda regional potosina derivó en un paro general indefinido de la Villa Imperial que se prolongó durante 18 días. Al final, tres días de negociaciones en Sucre y pliegos de entendimiento con muchas promesas de largo plazo fueron suficientes para suspender la extrema medida.
– ‘Gasolinazo’. El Gobierno dictó la nivelación de precios de los hidrocarburos del mercado interno con el internacional. En algunos carburantes el costo subió hasta un 80%. Esto provocó el descontento popular y bloqueos de caminos y marchas de protesta focalizada en la base electoral del MAS: Chapare, El Alto y La Paz. Tras cinco días de tensiones, que amenazaban con agravarse luego de Año Nuevo, Morales decidió derogar la medida la noche del 31 de diciembre.
Oposición no pudo con los 2/3 del MAS
En la gestión 2011 buscarán articular un bloque en las regiones
La ley marco de autonomías fue una de las batallas perdidas por los opositores, que no lograron modificar la propuesta oficialista
Aideé Rojas C. | El Deber
Las fuerzas políticas opositoras al MAS hacen un mea culpa y admiten en el primer aniversario del Estado Plurinacional que no pudieron contrarrestar el ‘rodillo’ masista, que finalmente impuso la agenda política y aprobó sin mayor problema los proyectos de ley que presentó al plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El ex jefe de bancada de Plan Progreso Para Bolivia (PPB-CN) en Diputados, Mauricio Muñoz, culpó a los 2/3 de votos que tiene el MAS en el Legislativo de no dar curso a las propuestas que presentó su bancada en la gestión 2010, como la ley financial y de pensiones.
Afirmó que en la gestión pasada ese bloque presentó cerca de 500 proyectos, entre leyes nacionales y regionales, pero no fueron tomados en cuenta ni en un 5% por la bancada oficialista que controla las comisiones y los comités en el Legislativo.
Con esa experiencia, la bancada de PPB-CN decidió cambiar de estrategia para hacer viables sus proyectos y para ello harán una oposición propositiva y buscarán mecanismos para involucrar a autoridades regionales, instituciones civiles y de control social.
Su colega de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, también admite escasa participación para generar propuestas, porque, según él, la agenda política y las leyes estructurales que planteó el MAS se aprobaron sin hacer grandes cambios ni tomaron en cuenta las observaciones de la oposición. Sólo por citar, Navarro explicó que UN presentó un proyecto de ley sobre el régimen electoral, otro para hacer viables el proceso de institucionalización del nuevo Estado y se planteó que la Cámara de Diputados haga una convocatoria, por ejemplo, para elegir ternas a la presidencia de YPFB, pero de inmediato fue rechazada por el MAS.
Pese a esa negativa, Navarro afirmó que en esta gestión se planteará otra vez la institucionalización del Estado, a fin de terminar con los interinatos de autoridades en las instituciones estatales del país.
Wilmar Cardozo, diputado de Alianza Social (AS), que también coincide con la oposición de PPB-CN y UN, dijo que también perjudicó la división interna que enfrentan las bancadas políticas por la ausencia de un liderazgo y eso imposibilitó que se aglutine un solo bloque para contrarrestar la arremetida del MAS en la aprobación de normas como la Ley de autonomías, del Poder Judicial, la del Régimen Electoral y contra la discriminación. Cardozo planteó que para esta gestión se requiere coordinar con la oposición en cada una de las regiones para hacer viable las propuestas que se presenten en las regiones y adelantó que gestionará proyectos en pro de su departamento.
Opinión
“No tienen argumento”
Junior Pantoja / Politólogo
El periodo 2010 estuvo marcado por un trabajo crítico pero pasivo frente al Gobierno, porque no hay que olvidarse que la misma repartición de curules en la Asamblea no permite que la oposición tenga mayor cabida, porque el Parlamento está dominado por el MAS.
Desde ese punto, debería ser una oposición fusionada para defender intereses del pueblo al que representan; sin embargo, no lo han hecho porque fueron muy pasivos en temas fundamentales en la estructuración del nuevo Estado Plurinacional. Uno de los elementos que impide que avance es que no tiene cohesión y eso hace que no tenga argumentos para defender al pueblo que lo eligió, ya que en estos últimos meses no fue una oposición verdadera y constructiva para resolver problemas esenciales. Se conoce que las izquierdas no son buenas y de eso debe valerse la oposición para contrarrestar el escenario político que hoy está dominado por el MAS.
“Trabajó de manera aislada”
Carlos Cordero / Politólogo
Lo mejor que puede hacer la oposición en este 2011 es acompañar el debate, pero fundamentalmente debe desarrollar contacto con la ciudadanía, porque en la gestión 2010 trabajó de manera aislada y sólo en relación con los medios de comunicación haciendo denuncias y manifestando su oposición a todas las normas que se han discutido en la Asamblea. Se limitaron a dar testimonios y hacer denuncias para mostrar su malestar, pero sin mantener contacto con la ciudadanía.
No deben perder la perspectiva de que son representantes de regiones y lo que deben hacer es canalizar o tener un encuentro con sus representados, eso debe servir para informar cómo está el proceso legislativo, a pesar de que la agenda será definida por el MAS. Lo que tiene que ver la oposición son las normas que les interesa a su región, por ello es que debe producir o gestionar esos encuentros con sus electores.
Bancadas opositoras
– PPB-CN. Esta bancada tiene 11 senadores y 50 diputados, de los cuales dos son representantes por la circunscripción especial. Según el ex jefe de bancada en Diputados, Mauricio Muñoz, durante la gestión 2010 presentó 500 proyectos de ley, entre los parlamentarios de Tarija, Oruro, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
– UN. No logró ni un escaño en la Cámara Alta, pero obtuvo tres curules en Diputados, de los cuales dos son legisladores paceños y el otro es de Santa Cruz. Después del ‘gasolinazo’, esa bancada plantea que se inicie el proceso de institucionalización para lograr la elección de los presidentes de cada entidad.
– AS. Es el partido del ahora ex alcalde potosino, René Joaquino. Ese frente ganó tres diputados nacionales, uno de Tarija y dos de Potosí. El jefe de bancada de ese frente político, Wilmar Cardozo, propone que en el Legislativo se declare como política de Estado la sequía en el Chaco boliviano.