Uno de los funcionarios de confianza del Defensor del Pueblo resultó ser un agente de inteligencia del Ministerio de Gobierno, Carlos Nuñez del Prado, uno de los presuntos sobornadores de Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”. Además de poner en dificultades al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre la calidad de los colaboradores que lo circundan, la revelación parece sugerir que desde alguna esfera gubernamental se habría desplegado una red de “espías internos” en ciertos sectores de la administración pública, a manera de controlar las áreas que aún gozan de relativa autonomía. En el caso específico de Nuñez del Prado, se sabe que, además de ser uno de los sujetos que aparecen junto al “Viejo” en la vagoneta donde se realizó la transacción de las treinta monedas, también habría sido parte del operativo del Hotel Las Américas donde fueron asesinados Eduardo Rozsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. ¿Cómo pasó Nuñez del Prado de ser el director de seguridad del Ministerio de Gobierno y supervisar el sangriento operativo, a desempeñarse como uno de los principales funcionarios de la repartición estatal encargada de defender a los ciudadanos de los abusos del poder público? Casi se podría decir que su trayectoria es exactamente inversa a la del ministro de gobierno, Sacha Llorenti, quien pasó de supuesto defensor de los derechos humanos a represor. Todo esto debe llevarnos a plantear varias preguntas fundamentales: ¿con qué criterio ha seleccionado Villena a su equipo, o es que varios de sus funcionarios le han sido impuestos desde el Ejecutivo? Una respuesta afirmativa a la segunda parte de la pregunta implicaría una grave sujeción al gobierno por parte de quien debería manejarse con independencia e imparcialidad. Y al mismo tiempo, ¿en qué otras áreas del Estado estarán presentes estos virtuales agentes encubiertos? ¿En el Poder Judicial, quizás? ¿En algunas gobernaciones y alcaldías opositoras? ¿En la Asamblea Legislativa?