Enero negro: A cuatro años del conflicto que dejó tres muertes y 450 heridos en Cochabamba, se impuso la impunidad. La Fiscalía de Distrito reveló que las investigaciones quedaron en el limbo por la pérdida de pruebas clave.
La frontera del conflicto: el puente de Cala Cala, que al ser traspasado provocó el enfrentamiento entre cívicos y campesinos
Cochabamba / Los Tiempos.- Los trágicos sucesos del 11 de enero (11/E) que marcaron a la Llajta y abrieron un ciclo de confrontación entre bolivianos en el país (como la matanza de El Porvenir en Pando) son caso cerrado para la justicia. A cuatro años de la fatídica jornada, la Fiscalía de Distrito reveló que las investigaciones quedaron truncadas por la desaparición de evidencias, que no fueron recopiladas en su momento, dentro del proceso investigativo.
De las 12 investigaciones que la Fiscalía rastreó en 2007 por la movilización de enero, sólo se resolvió la muerte del cocalero Juan Ticacolque. El atentado contra la Prefectura (el 8 de enero), el crimen de Cristian Urresti Ferrel (17) y la muerte a golpes del cocalero Luciano Colque siguen en la impunidad. Sobre la última ni siquiera se abrió una investigación y los familiares se marcharon al Chapare sin impulsar ninguna averiguación.
¿La justicia se aplazó por el caso del 11 de enero? Según el fiscal de distrito Camilo Medina, “lamentablemente, la falta de una intervención oportuna e inmediata en el recojo de evidencias” ha condenado al fracaso el esclarecimiento de dos de las tres muertes del 11/E.
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La justicia está lejos de dar con las claves del caso Urresti. El 6 de enero de 2010 la Fiscalía archivó el expediente. La comisión de fiscales que investigó el crimen concluyó que después de tomar una decena de declaraciones a testigos, revisar videos de los medios, y otros caseros, no se identificó a los asesinos del joven.
Sus familiares, que han peregrinado cuatro años en busca de justicia, no están de acuerdo con el Ministerio Público. Enterados de que la investigación se cerró, objetaron la decisión y están convencidos de que no se ha agotado todas las vías para dar con los responsables. Durante el proceso, declararon los seis primeros policías que llegaron a la escena del crimen, entre ellos el director de Inteligencia, Ronald Zabala Lazarte.
Tres de ellos aseguraron haber visto el 11 de enero al camarógrafo Wagner Orlando Rivero en las calles Mayor Rocha y Baptista. En su primera declaración, éste dijo que las imágenes que tomó las entregó “al Departamento de Comunicación de la Federación del Trópico. Habiéndole pedido el trabajo Julio Salazar, Leonardo N, María Mariscal y otras personas”.
Sin embargo, en un careo con el dirigente cocalero Julio Salazar, el camarógrafo dijo que su trabajo fue voluntario, por lo que no se extrajo datos que ayudaran a dar con el video. Las imágenes de Wagner Rivero y de un segundo testigo serían vitales para reconocer a los asesinos de Urresti. Éstas respaldarían las declaraciones del médico Ronald P.M, quien fue una de las personas que trató de salvar a la víctima de manos de una turba. Los dos sospechosos, un dirigente vecinal y el joven César González, conocido como “el Quesero”, aún no pasaron por el desfile identificativo. Este paso no se realizó por ausencia del principal testigo y porque los procesados dijeron que la prueba vulneraba sus derechos.
¿Qué originó la confrontación?
Cochabamba no es la misma después del 11 de enero de hace cuatro años. Ese día se despertaron los demonios de los qhochalas y se juntaron con las consignas, los enfrentamientos ideológicos y la tensión política, según Los Tiempos. A ello se suman los análisis que conectan los sucesos de enero con el ciclo de enfrentamientos entre bolivianos.
Hasta ahora la mayoría de los estudios sobre el denominado “enero negro” han relacionado el conflicto con el racismo. En cambio, el sociólogo del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de San Simón, Eduardo Córdova Eguívar, comenta que la discusión es más amplia, porque en el conflicto de enero afloró el predominio de una ciudadanía excluyente —en ambos lados— y “reveló la necesidad de construir una ciudadanía tanto individual como colectiva intercultural o de otro tipo”.
Es impensable construir ciudadanía a garrote, señala el experto de la universidad pública cochabambina. Y agrega que “el elemento racial estuvo presente en la confrontación, pero no me animaría a decir que fue su inicio o lo central. Sí hubo racismo, como en muchas otras acciones, aunque para algunos sea incómodo admitirlo, porque en general no somos muy tolerantes con la idea de la existencia del racismo”.
Según Córdova, el conflicto fue “una expresión condensada de la incertidumbre de los cambios políticos del periodo: la indefinición del proceso constituyente, la polarización política, las inconsistencias institucionales, las diferencias socioculturales, la persistencia de ciertos elementos de cultura política en un contexto de cambio”.
Fue un laboratorio de polarización
Los hilos del poder convirtieron a la región en un laboratorio de la polarización. Un mes antes de lo ocurrido en los enfrentamientos del 11 de enero de 2007, había señales del duelo político (con la huelga de hambre para pedir que la Constitución Política fuese aprobada por dos tercios). El 13 de diciembre de 2006, el entonces prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa convocó a un referéndum autonómico. El 15 de diciembre se dio la primera escaramuza: grupos sociales rechazaron con una marcha la propuesta.
El 8 de enero, una protesta derivó en la quema de la Prefectura de Cochabamba. Los días siguientes también trajeron otras señales: el 10 de enero, con una marcha de sectores urbanos que bajó del norte hacia el puente de Cala Cala y se encontró con los grupos sociales que habían extendido su vigilia de la plaza 14 de Septiembre a El Prado. El Comité Cívico declaró paro para el 11 de enero. Ese día la movilización de los denominados cívicos hizo la misma ruta que el 10 de enero, pero esta vez grupos de choque —a los que se vincula con una activista política a quien se identifica como “la negra Tomasa”— se desmarcaron y lanzaron la primera piedra al desbordar a la Policía. Después siguió la avalancha de gente que se encontró con los sectores sociales y se enfrentaron.
Según el sociólogo Eduardo Córdova, que ubicó el conflicto en un escenario polarizado en una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la confrontación “quebró la esfera pública departamental. Se clausuraron las posibilidades de discusión pública sobre temas políticos. La polarización llegó al extremo de modificar las relaciones personales. No era posible hablar de política ni en las familias”.
Opiniones
“En ese caso (enero negro) y en muchos otros podemos decir que no ha habido satisfacción y una investigación oportuna. Pero, efectivamente, no se han esclarecido los hechos. Cuando se hace una investigación, son dos los elementos principales que se debe tomar en cuenta: primero, si se dio el hecho y, segundo, quién lo ocasionó: el autor. En las muertes del 11 de enero, en un caso (Juan Ticacolque) se ha establecido el autor y en el otro (Cristian Urresti) se ha establecido el hecho, pero no se ha podido identificar al autor y, lamentablemente, por falta de una oportuna e inmediata intervención para el recojo de evidencias se llega a este tipo de situaciones. No es el primero que quedaría así por falta de la identificación del autor. Por eso, la preocupación del Ministerio Público es la implementación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”.
Carlos Medina / Fiscal de Distrito
“Estamos muy preocupados porque no hubo avance de ninguna de las partes, supuestamente, porque no hay las pruebas suficientes. El único caso que se investigó fue el de Juan Ticacolque (muerto con un disparo en el pecho), que llegó a la fase de sentencia contra Álex Rosales. Pero las otras muertes se han quedado en el olvido porque en el proceso se ha cambiado hasta de investigadores. Estos casos no pueden quedar en la impunidad, ojalá que este año sea el inicio para ir resolviendo todos los casos. Entre los procesos paralizados están el que abrió la Fiscalía General en octubre de 2007 contra ocho líderes del MAS, además del entonces prefecto Manfred Reyes Villa y el diputado de Unidad Nacional Arturo Murillo, por los hechos de enero de 2007, hubo tres muertos, 450 heridos y la Prefectura incendiada, según el comunicado que entonces difundió el Fiscal General”.
Edwin Claros / Defensor del Pueblo
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) en Cochabamba denunció que los afectados no recibieron atención médica completa y menos un reconocimiento económico. Muchos de ellos viven con secuelas físicas y emocionales. Entre ellos está Raúl Claros (22), herido con cuatro impactos de bala el 12 de enero. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado a los responsables de la agresión vivida en Cochabamba. La entidad explicó que la comisión de Amnistía Internacional no recogió datos de los directos afectados o de instituciones como el ITEI, que podrían haber aportado. Como en el caso de las muertes, las denuncias de los 450 heridos que se estima dejó la confrontación se perdieron porque muchos no pudieron pagar el certificado médico forense de 15 bolivianos. En su propuesta, el ITEI afirma que se requiere que las víctimas reciban información, atención y un adecuado seguimiento a su condición médica, legal y social.
ITEI / Cochabamba