Deteriorado y sin legitimidad

En Paraguay quedó claro que en Bolivia se ha desencadenado una tenaz persecución contra los opositores y si bien el asilo a Cossío no es una declaración de su inocencia, marca la pauta de la imagen que hoy proyecta Evo Morales a nivel internacional. La versión de Fernando Lugo confirma el deterioro que atraviesa el régimen boliviano.

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Neoliberalismo en el Gobierno

2. El Día: 1561: Nuestros historiadores

3. El Día: Bolítica

4. El Día: Las facturas del video

5. El Día: Deteriorado y sin legitimidad

6. Los Tiempos: ¿CÓMÓ SE DEFENDERÁ LA SOCIEDAD?

7. El Deber: El asilo, institución latinoamericana

8. Cambio: Cossío, ¿y después de Paraguay?

9. La Prensa: Es necesario despejar dudas

10. El Diario: Las pensiones escolares, drama de todos los años

11. El Mundo: Credibilidad.

12. Opinión:

13. Clarín, Argentina: Crece la violencia contra las mujeres

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El Día: Neoliberalismo en el Gobierno

Terra Nostra

Siguiendo las huellas a las repercusiones e implicaciones del llamado “gasolinazo” propinado por unos días con el Decreto 478, está el sorprendente adjetivo de neoliberal aplicado al Gobierno. Suficiente para llamar la atención ya que se  trata de  un gobierno  identificado con el socialismo y propugnador a nivel mundial de la vocación antiimperialista y antinorteamericana, anti EEUU, ícono del capitalismo. Sin embargo, el D 478 ha sido un signo de realismo en lo económico de parte de Evo Morales y su equipo; se ajusta al realismo político y no  a una calificación de puro pragmatismo.

El desarrollo para los pueblos obedece a políticas de largo aliento, si no se convierte en una quimera. Algo tan simple que se constata todos los días: Nada se consigue sin esfuerzo ni de un día para otro. Y es aquí, entre otros,  donde la política del Gobierno ha fallado. No solamente desatendió a la agenda económica del país, si no que se contentó con recibir y hablar de los mayores ingresos generados por la exportación de gas, hidrocarburos, minerales y algún otro producto agroindustrial. Mientras la producción de casi todo decrecía, por ineficiencia de la nueva administración, por las trabas del gobierno al sector privado, los precios externos se disparaban por la demanda de millones de nuevos consumidores que accedían a economías pujantes en países con diversos modelos políticos y económicos.

El rechazo masivo al gasolinazo merece ser analizado desde ésta óptica. Se habló otra vez del capitalismo, del neoliberalismo, de los cocos externos. Impresiona lo mucho que se ha hecho por confundir y satanizar lo privado, especialmente en el ámbito de la economía. Pero el papel del emprendimiento privado es absolutamente imprescindible, aunque sola no vaya a resolver los problemas del país. Es la manera más rápida de incorporar tecnología y conocimiento. En los grandes centros sirve además para la explotación de la natural capacidad inventiva del ser humano, trasuntada en los miles y millones de soluciones a grandes y pequeños problemas que enfrenta el desarrollo económico, social y cultural de la humanidad. Donde hay dinero disponible, las locuras de la ciencia y de la inteligencia apabullan con resultados que no se hacen esperar.  El número de patentes inscritas en cada país y a nivel internacional dan una idea de la cantidad de cerebro dedicada al bienestar de la aldea global  y de cada individuo en ella. No hay duda, en los países del convoy del atraso, prácticamente no se registra invento alguno. Son, para algunos, países sin futuro,  y hasta sin esperanza.

Pareciera que la admiración cercana a la adoración de los modelos de economías centralizadas, con planificación y control estatal, ha pegado muy fuerte. Se desconoce que  ya una larga experiencia ha demostrado su tendencia a ser ineficientes, burocráticas, fáciles a la corrupción. En definitiva, no tienden a cumplir con el fin propuesto:  mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Saltan los ejemplos más inmediatos: desde la lejana ex URSS a la muy próxima Cuba. Países declarados en quiebra.  En poco tiempo, el manejo discrecional de la economía a través de la empresa pública ha llevado indefectiblemente a la acumulación de poder,  tentación por otra parte comprensible, en la que cae quien tiene a la mano la posibilidad de manejar la vida económica de un país y, por tanto, hacer también realidad los sueños de controlar la voluntad de los ciudadanos. El centralismo económico parece llevar  anexo de manera inseparable el espíritu de los totalitarismos y las dictaduras. Y no se repara lo suficiente en que este proceso se aplica a personas y Estados de ideología tan dispares y extremas como son los llamados de derecha y de izquierda.  Las dictaduras, del color o del signo que sean, dictaduras son.

Es una conclusión obligada. La inversión pública como  promotora de inversión privada. Los mejores ejemplos a seguir, en la teoría y en la práctica, están en aquellas sociedades  donde se ha conseguido el mejor  equilibrio entre una empresa privada llena de iniciativas para promover la inversión donde sea más rentable, con la acción de un Estado que orienta la inversión pública hacia los objetivos definidos como de mayor bien común. La inversión pública, el ahorro de todos, a disposición de infraestructura que potencia nuevas inversiones privadas,  la inversión poco o nada rentable en servicios básicos, con impacto masivo en la calidad de vida de la  población.  La responsabilidad social, a la que no es ajena la iniciativa privada tiene muchas maneras de expresarse pero, sin duda, el peso principal lo debe asumir el Estado administrando  los recursos de todos.

Hay una caricatura en rechazo a las grandes empresas. Se aplican equivocadamente,  en países pequeños,  criterios sacados del contexto de empresas privadas pequeñas: uno o pocos dueños se quedan con todos los beneficios. En la empresa privada de envergadura el derecho propietario está compartido entre millones de accionistas, de muchos países, incluyendo empresas o fondos estatales, y todos aportan capitales, corren riesgos, reciben beneficios. El capital de las llamadas multinacionales es tan complejo que por sí solas derrumban los mitos del  capitalismo salvaje y otros. Sólo la modalidad de sociedad anónima ha permitido encarar proyectos de magnitudes para erradicar la pobreza, dando  empleo estable y digno para millones de habitantes en este planeta. Las economías emergentes Brasil, Rusia, India, China señalan el camino.

Evo no es neoliberal. Está descubriendo las leyes de la realidad económica que se resisten a la fijación ideológica. Que proyectos políticos sin agenda económica están condenados al fracaso. Que la urgencia por mantener el control del poder termina  contaminando la administración del Estado. Que hay una ética de más competencia como sinónimo de conocimiento. Y pronto, que la democracia va ligada a la libertad económica.
 

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El Día: 1561: Nuestros historiadores

Pensando en Voz Alta

Apartir del Memorándum de 1904 –del que hemos escrito varias veces en esta columna– en el que la dirigencia cruceña establece una visión de país, un grupo significativo de intelectuales plantó que para que hubiera una incorporación efectiva del Oriente Boliviano a la vida nacional era necesario que se subsanara la dicotomía que se daba, desde el punto de vista histórico, pues se dibujaba una Bolivia que excluye a la mayor parte del país. Parece haber habido en la dirigencia cruceña  el convencimiento que un país es prácticamente su ser histórico. En otras palabras, si Bolivia quería seguir siendo debía continuar la línea original que le dio vida; al intuirse que los orígenes de la nacionalidad había que buscarla en la incorporación a Charcas de los llanos orientales a partir de la creación de la gobernación cruceña, es en este hecho que había que centrar la atención.

Como consecuencia de esta corriente un grupo de intelectuales se dio a la tarea de trabajar sobre la historia de los llanos orientales, que constituyen más del 60% del territorio nacional. Esta importante producción me ha permitido hablar de una escuela historiográfica, que ha  dado en llamar escuela historiográfica del Oriente Boliviano. No se trata de una “escuela” como el sitio donde se imparte una enseñanza, sino en el sentido de grupo que tiene unas características comunes. Esta “escuela” presenta unas características muy singulares:

a) Aunque nació en Santa Cruz de la Sierra bien puede llamarse escuela historiográfica del Oriente Boliviano, pues presenta una preocupación constante por toda la región, a la que considera como una unidad porque ha sido parte de la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra.
b) Surgió ante la urgente necesidad de acabar con la dicotomía oriente/occidente que en la práctica presentaba dos historias paralelas. Esto hace que en términos generales se pueda afirmar que está exenta de compromisos ideológicos y que sólo está comprometida con la región y el país.
c) Es continuadora de una notable tradición historiográfica que se resume en la figura de Gabriel René Moreno, que se erige como su mentor y guía.
d) Presenta una unidad de método y enfoque, siendo ésta una de sus más importantes características y la que determina su inserción en la historiografía nacional.
e) Hace historia para mayorías. Es decir, se trata de una labor historiográfica plena de rigor científico —basada principalmente en fuentes primerias— que llega a las mayorías, pero sin ningún tipo de concesiones para la galería. Así, lo que produce esta escuela es utilizada tanto por eruditos como por aquellos que buscan ensanchar sus horizontes de compresión vital.

Los nombres más significativos de esta escuela  son: Plácido Molina Mostajo, Enrique Finot, José Vázquez Machicado, Humberto Vázquez Machicado, José Chávez Suárez y Hernando Sanabria Fernández; en los últimos años se han incorporado Guillermo Pinckert Justiniano e Isaac Sandoval  Rodríguez.

Entre las obras más importantes de Plácido Molina Mostajo destacan Historia de la Gobernación e Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, Historia del Obispado de Santa Cruz de la Sierra, Observaciones y rectificaciones a la “Historia de Santa Cruz de la Sierra. Una nueva república en Sud América. Enrique Finot además de escribir una historia de Bolivia, publicó Historia de la conquista del Oriente Boliviano en la que se hace un profundo estudio del proceso fundacional y por primera vez se esboza una semblanza de Ñuflo de Chaves. José Vázquez Machicado trabajó intensamente en el Archivo General de Indias de Sevilla y publicó un catálogo de documentos relacionados con nuestra historia, además de varios e importantes artículos. La producción de Humberto Vázquez Machicado es de gran importancia no sólo para la historia nacional sino también nacional; toda su  obra, al igual que la de su hermano José, ha sido publicada por la Fundación Vázquez Machicado. José Chávez Suárez publicó a mediados del siglo pasado Historia de Moxos, obra fundamental para el conocimiento del departamento del Beni. La obra de Hernando Sanabria Fernández es de gran importancia para el conocimiento de nuestra historia. Es uno de los escritores más prolíficos; entre sus obras históricas más importantes: Breve historia de Santa Cruz, Ñuflo de Chaves, el Caballero Andante de la Selva, Cronicario de la ciudad de Jesús y Montesclaros de los Caballeros, Apiaguaiqui-Tumpa, un caudillo chiriguano, En busca de El Dorado. La obra más importante de Guillermo Pinckert es una historia de Santa Cruz en varios volúmenes, mientras que Isaac Sandoval se ha ocupado de la historia social y económica, tanto a nivel regional como nacional.

En los últimos 30 años la labor de estos pioneros se ha visto enriquecida. Gracias a esta labor, llegamos a la conmemoración de los 450 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra y estamos en condiciones de conocer nuestra historia.

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El Día: Bolítica

La situación es grave para el lechero por el alza de precios del sorgo y el maíz, es muy difícil mantener la lechería con alimentos balanceados. De no haber solución Yapacaní va dejar de producir leche, y vamos a tener que plantar coca".

Clemente Omonte
PRODUCTOR DE LECHE DE YAPACANÍ

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Se dice que: Los productores de leche de Santa Cruz decidieron incrementar el costo de su producto en fábrica y esperan que los directivos de la PIL acepten el incremento de un 20% propuesto por este sector".

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Existe una categorización en el precio de la leche; a los grandes productores se les paga el precio Bs 2,75 el litro y además tienen la ventaja de pedir los créditos que otorga Fedeple y que se llevan los grandes productores. El presidente de Fedeple debería ser más honesto".

Héctor Egüez Montero
PEQUEÑO PRODUCTOR LECHERO

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El Día: Las facturas del video

Bajo el Penoco

Cada día surgen nuevos detalles acerca del video que muestra lo bien que paga el Estado Plurinacional a los testigos falsos. La filmación fue realizada por un supuesto hombre de confianza del ministro de Gobierno, quien además es su pariente. Cómo será el nivel de confianza que existe entre los “chicos del cambio”, que las imágenes se hicieron para evitar que los dolarachos agarren otro rumbo o que el soborno termine en el concho. Por eso es que el pagador le exige al coimeado que cuente la platita delante de él y de forma reiterativa habla de la cantidad de la coima y de las condiciones de la misma. Hoy se sabe también que aquel “documento”, esa suerte de factura audiovisual, salió a la luz justamente porque entre los desconfiados ha surgido una pelea interna irreconciliable. No se trataría de una peleíta como las acostumbradas, sino que detrás existe un objetivo de aniquilación, una réplica de aquella telenovela con acento alemán que le montaron a un viceministro para sacarlo del camino. El fiscal Marcelo Soza no quiere ponerse en el medio de este choque de locomotoras y prefiere mirar a otro lado. Él apunta a un periodista, al que le ha solicitado el nombre del que proporcionó el video.

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El Día: Deteriorado y sin legitimidad

Editorial

Cuatro perseguidos políticos del Gobierno boliviano acaban de obtener asilo en Paraguay y Brasil, hecho que ratifica la pérdida de legitimidad del régimen que conduce Evo Morales, ante la ausencia de garantías legales para un juicio justo y la evidente manipulación política de las leyes y la administración de justicia.

En Paraguay, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) se pronunció de forma unánime a favor del refugio al gobernador de Tarija, Mario Cossío, a quien el Gobierno nacional acusa de corrupción y cuyo alejamiento del cargo se produjo a través de oscuras maniobras orquestadas por los operadores del MAS, autores de una serie de leyes destinadas a eliminar el pluralismo político en el país. La acusación contra el líder tarijeño ha sido fraguada por autoridades judiciales con evidente sesgo partidario, que conducen sus acciones en coordinación con dirigentes oficialistas. Las instituciones paraguayas pudieron comprobar en carne propia lo que está sucediendo en Bolivia, donde la prepotencia gubernamental –que se trasladó hasta Asunción para ejercer presión-, impide a los acusados hacer uso de su legítima defensa y donde se violan principios elementales como la presunción de inocencia.

En Paraguay ha quedado claro que en Bolivia se ha desencadenado una tenaz persecución contra líderes opositores y si bien el asilo a Cossío no es una declaración de inocencia a su favor, marca la pauta de la imagen que hoy proyecta Evo Morales a nivel internacional. Las declaraciones del presidente Fernando Lugo, quien se refirió a este caso como un asunto de acecho político, confirma el grave deterioro que atraviesa el régimen boliviano.

Casi al mismo tiempo, en Brasil, la misma Conare ha concedido el asilo político al juez boliviano Luis Tapia Pachi y a dos ex dirigentes cívicos relacionados con el proceso Rózsa. Este caso es todavía mucho más delicado que el que atañe al gobernador tarijeño, pues se trata de una acusación vinculada al terrorismo, causa que hoy en día no suele admitir miradas complacientes en el mundo occidental. Sin embargo y tal como lo ha podido reflejar la prensa internacional, las sindicaciones de terrorismo que hace el régimen de Evo Morales contra decenas de empresarios, líderes cívicos y políticos, no sólo adolecen de los mismos defectos señalados arriba, sino que están basados en un complot gubernamental, cuyos detalles han dado la vuelta al mundo y han dejado boquiabierta a la comunidad internacional.

Con lo sucedido en Paraguay y Brasil, (y que también ocurrió en Perú el 2009 con tres ex ministros) no sólo se resquebraja la imagen de Evo Morales y su gobierno, sino que se deslegitima la supuesta lucha contra la corrupción que encabeza y se desdibuja el proceso de cambio que tantas expectativas ha creado en distintas partes del mundo.  En los hechos, el mensaje que están enviando estos países en relación a Bolivia, está vinculada a la ausencia de justicia, al deterioro del estado de derecho y al peligro en el que se encuentra el sistema democrático. Se trata de denuncias que han venido haciendo con insistencia, justamente las personas que hoy están perseguidas. El asilo que reciben hoy estos ciudadanos es en cierta forma un triunfo y una luz de esperanza para los que luchan por la vigencia del sistema democrático en el país.

En Paraguay quedó claro que en Bolivia se ha desencadenado una tenaz persecución contra los opositores y si bien el asilo a Cossío no es una declaración de su inocencia, marca la pauta de la imagen que hoy proyecta Evo Morales a nivel internacional. La versión de Fernando Lugo confirma el deterioro que atraviesa el régimen boliviano.

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Los Tiempos: ¿CÓMÓ SE DEFENDERÁ LA SOCIEDAD?

Ante tan elocuentes muestras de arbitrariedad, resulta lógico que en el exterior se vayan convenciendo de que en Bolivia no funciona la justicia

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público debe defender "la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública". Además, señala que "ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía" (Art. 225/I y II). Pero, revisando su comportamiento, se comprueba que no es precisamente lo que está haciendo. Además, se ha otorgado a sus funcionarios mucho poder bajo el pretexto de combatir la corrupción, poder que es pagado, salvo honrosas excepciones, con su sumisión al Ejecutivo.

Un mecanismo del poder adquirido es que (contraviniendo la Constitución) cualquier autoridad puede ser suspendida de su cargo cuando se la acusa formalmente. Por esta atribución es que desde abril del pasado año se busca defenestrar a todo alcalde y gobernador opositor, pese a que la Constitución norma que sólo cuando haya sentencia ejecutoriada alguna autoridad puede ser destituida.

A lo anterior se suma -en una sucesión de groseros trastoques de valores- la reposición del caso Rózsa por la difusión de un video en el que un importante exfuncionario del Ministerio de Gobierno y luego de la Defensoría del Pueblo entrega más de 30 mil dólares a un testigo clave e imputado de pertenecer al grupo comandado por Rózsa para que desparezca un tiempo. El hecho ha desatado una tormenta interna dentro del Gobierno y el MAS, comenzando a actuar el Ministerio Público no para averiguar las razones por las que una persona como la que se menciona haya ayudado a fugar a un imputado, sino para determinar quién ha sido el que ha entregado el video a los periodistas. Y la declaración del fiscal que ha dirigido las pesquisas del caso muestra fehacientemente la deslegitimación del Ministerio Público para defender a la sociedad: "Los que han recepcionado (sic) este video, tengo entendido que son algunos periodistas. Tendrán que dar la cara y declarar ante la Fiscalía cómo (lo) obtuvieron", e insistió en que se debe "identificar a las personas y establecer sanciones. Una vez que tengamos a la persona que ha armado este video, se va a llegar a los demás participantes de esto". Y conforme a esta posición, el Ministerio Público, vulnerando la Ley de Imprenta, que norma que "el secreto en materia de imprenta es inviolable" (Art. 8) y "quien lo haga sin requerimiento de juez competente es responsable, como delincuente, contra la fe pública" (Art. 9), ha citado a un periodista para que revele quién le entregó el material.

Por qué el funcionario estaba interesado en hacer fugar al imputado testigo, de dónde se obtuvieron los más de 30 mil dólares (¿habrá nuevamente gastos reservados?) y por qué se filmó este soborno son asuntos que no parecen interesar al Ministerio Público, lo que permite sostener que de lo que se trata es de salvar responsabilidades de autoridades de gobierno en este oscuro caso en el que se ultimó a tres ciudadanos extranjeros.

Por lo señalado, corresponde preguntar: ¿por qué se asombran las autoridades de que en el extranjero se vayan convenciendo de que en Bolivia no funciona la justicia y que ésta se ha convertido en un mecanismo de control político?

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El Deber: El asilo, institución latinoamericana

La siempre convulsionada historia política latinoamericana del pasado siglo XX brindó como contrapartida dos fenómenos notables: en primer lugar, la continua persecución de opositores por parte de las administraciones autoritarias de turno y su consiguiente  búsqueda de refugios en el exterior.  Por  otro lado  –como inevitable consecuencia- la jurisprudencia continental generó normas de Derecho Internacional Público que institucionalizaron el asilo político, normado éste  taxativamente en varios tratados y convenciones. Numerosas son las historias de refugiados latinoamericanos, desde el demócrata peruano Haya de la Torre hasta el sanguinario dictador paraguayo Alfredo Stroessner, el que una vez derrocado pidió y consiguió asilo en el Brasil, donde permaneció hasta su muerte. Diversos casos abundan y de toda laya, llegando también a estas épocas de la segunda década del tercer milenio.

Bolivia, quizá uno de los países más convulsionados políticamente de la región en términos históricos, tampoco escapó a esta triste tradición. Fueron muchos los exiliados políticos bolivianos  fruto de  crueles dictaduras civiles y militares. Inclusive ahora, en lo que aún formalmente se tiene como institucionalidad democrática en este “Estado Plurinacional”, el camino del exilio  parece seguir siendo el paso obligado de varios ciudadanos acosados por el Gobierno de Evo Morales. Entre ellos, últimamente ha surgido  como notorio el caso del hasta hace poco gobernador de Tarija, Mario Cossío, a quien en días pasados el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) del vecino Paraguay terminó otorgándole asilo político permanente. De nada sirvieron las presiones ejercidas desde La Paz. El Paraguay honró la tradición del asilo político, comprendiendo -tal vez mejor que muchos- lo que significa vivir bajo presiones dictatoriales por el triste pasado guaraní de déspotas en el poder, hoy felizmente superado.

Como expresó el Conare paraguayo, no hay sentencia ejecutoriada en contra  de Cossío y eso le valió para obtener refugio. Además, el conceder asilo es un atributo soberano de cada Estado.

En conclusión, debemos recordar una vez más que el asilo político es una institución latinoamericana fruto del borrascoso historial de persecuciones de la región. La concesión de dicho asilo siempre ha provocado y provocará fricciones entre los gobiernos, pero se la ha respetado en todos los tiempos. Sin ir muy lejos, Argentina tiene problemas con Chile por un ex guerrillero y Bolivia tiene inconvenientes con el Perú por retener aquí como refugiado a un acusado de terrorismo en Lima. La historia y el presente suman y siguen, la concesión de asilo permanecerá hasta que América Latina sea verazmente democrática y no solamente se vista con los ropajes formales de ésta. Lo importante, en todo caso, es deslindar al asilado políticamente perseguido del refugiado por conveniencias o por ideologías afines. Asimismo,  cabe aclarar  en todos los casos lo más pronto posible  cualquier denuncia pendiente, a fin de dejar en claro que solamente se ha tratado de una acción política  que obligó al refugio externo.

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Cambio: Cossío, ¿y después de Paraguay?

Una vez que la Comisión Nacional de Refugiados del Paraguay (Conare) decidió en tiempo récord —tenía aún 80 días para estudiar todos los antecedentes del caso— otorgar refugio político al suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, salieron a la luz los pormenores que rodearon a una medida que sólo tomó en cuenta las afinidades políticas entre el imputado y la derecha paraguaya, porque los siete miembros de la Conare no analizaron la documentación boliviana que fundamenta las acusaciones de corrupción que pesan sobre el ‘ilustre’ prófugo de la justicia boliviana.

Según un reporte del diario paraguayo ABC, Felipe Robertti, presidente de la Conare —luego de deliberar unas dos horas— anunció que habían aprobado otorgarle a Cossío el refugio solicitado, y sobre las consideraciones que tuvieron en cuenta, Robertti se limitó a decir que el político en cuestión "reúne las condiciones establecidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Ley 1938, general sobre refugiados de nuestro país, sin entrar a considerar la nacionalidad del solicitante ni el tipo de gobierno que existe en su país de origen".

El artículo 1 de la Ley 1938 señala: "A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que: a) se encuentre fuera del país de su nacionalidad debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (…) b) se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público".

Sin embargo, a Cossío no lo persigue el Gobierno, sino que es la justicia boliviana la que está tras sus huellas, no por motivos de raza, religión o por sus opiniones políticas, sino porque el Ministerio Público documentó una serie de ilícitos —el caso imbolsur, por el que fue suspendido como gobernador por la Asamblea Departamental de Tarija, es sólo uno de la veintena de denuncias que suman al menos 49 millones de dólares en daños económicos al Estado—. Por ello lo acusó de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, tipificados y sancionados por los artículos 224 y 154 del Código Penal boliviano.

Cuando los periodistas paraguayos preguntaron específicamente si la concesión de refugio implicaba la presunción de inocencia en torno a los cargos de corrupción con los que la justicia boliviana formalizó a Cossío, el Presidente de la Conare eludió la pregunta.

Es decir, tiró la piedra y escondió la mano porque sabe que él y los seis integrantes de esa comisión de refugio político carecen de argumentos legales para justificar el favoritismo por cuestiones políticas que los llevó a proteger a un imputado por delitos comunes.

Y fue el propio Robertti quien aseguró que los miembros de la Conare se pronunciaron unánimemente por la concesión de refugio a Cossío ya que, al momento de la consideración, la justicia boliviana "no había presentado" resolución judicial formal alguna que acuse o vincule a Cossío con hechos de corrupción. Sin embargo, esas aseveraciones son falaces, ya que la Conare tiene en sus manos toda la documentación que respalda las acusaciones en contra de Cossío, así como copias legalizadas de los procesos penales que cursan sobre el gobernador en la Corte Superior de Distrito de Tarija.

Por ello, Suxo aseguró ayer que el proceso penal en contra de Cossío, de sus cómplices y encubridores, proseguirá hasta que las autoridades jurisdiccionales dicten una sentencia en el marco de las leyes bolivianas. Además, el artículo 12 de la Ley 1938 señala que "la condición de refugiado sólo podrá ser revocada en los siguientes casos: a) cuando se hubiera comprobado dolo en la fundamentación de los hechos que motivaron la concesión del refugio, y fuese manifiesta su mala fe". Es decir, cuando la Conare asuma su responsabilidad, actúe sin injerencia política y analice todos los documentos que tiene en su poder y que acusan a su protegido de hechos de corrupción.

Pero la novela que elucubró la Conare tiene otros capítulos dignos del melodrama Perseguido político. El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, denunció ayer que el legislador Alfredo Jaeggli y el director de ABC, Aldo Zuccolillo, y otros miembros del Partido Liberal de Paraguay no "sólo presionaron a favor de Cossío, sino que lo ayudaron a escapar de Bolivia.

Canelas se refirió a una entrevista publicada por el periódico La Nación al senador liberal Alfredo Jaeggli, en la que éste revela cómo se presionó para que Cossío —a quien define como su ‘amigo’— tenga "la calidad de refugiado". Jaeggli reveló que junto al director del diario ABC "presionaron" para favorecer al prófugo de la justicia, y relató cómo escapó Cossío de Bolivia: "en la valijera del auto" de otro de sus ‘amigos’. "Entonces Cossío se puso en contacto conmigo, yo me puse en contacto con Aldo y le explique todo y con él estamos haciendo esa campaña a favor de ese señor", remarcó.

Es decir, el refugio político del suspendido gobernador fue coordinado y planificado, intervinieron representantes de corrientes ultraconservadoras de ambos países y no estuvo ausente la mano ‘generosa’ de la extrema derecha continental para protegerlo. Sin embargo, ¿qué pasará cuando la justicia se imponga y Cossío sea sentenciado por los delitos por los que es investigado? ¿En ese escenario, le alcanzará el refugio político que hoy le protege para eludir el brazo de la ley? ¿No será que Cossío utiliza Paraguay sólo como un país de tránsito?

Es que el camino trazado por los Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Reyes Villa, Marinkovic y otros prófugos de nuestra justicia señalan como refugio seguro a un sólo país: Estados Unidos. Ojalá estemos equivocados.

El refugio político paraguayo al suspendido gobernador fue coordinado y planificado, intervinieron representantes de corrientes ultraconservadoras de ambos países y no estuvo ausente la mano ‘generosa’ de la extrema derecha continental para protegerlo.

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La Prensa: Es necesario despejar dudas

Las autoridades deben evitar echar la culpa a los periodistas del resurgimiento del caso o exigir que se les informe de dónde sacaron el video.

El caso del supuesto terrorismo, que ha resurgido en los últimos días con una fuerte carga explosiva, está generando mucha más incertidumbre que la que existía por una serie de contradicciones sobre este sangriento episodio.

La aparición de un video en el que se ve a ?El Viejo?, Ignacio Villa Vargas, testigo clave y después acusado, recibiendo un supuesto soborno de por lo menos dos presuntos funcionarios gubernamentales de esa época, echa más sombras que luces a las investigaciones realizadas en La Paz. La desaparición de los dos nombrados siembra sospechas sobre su participación, especialmente cuando uno de ellos renuncia intempestivamente a altas funciones en la Defensoría del Pueblo, obligando a su titular a quitarle su confianza. Esto hace suponer que el Defensor del Pueblo no conocía bien a ese empleado de su confianza o que le fue impuesto por el Gobierno.

Muchas preguntas, por ahora sin respuesta, han surgido como consecuencia del supuesto soborno gubernamental que recibe ?El Viejo?, quien involucró a una serie de personajes cruceños en el presunto terrorismo. Ello también echa más sombras que luces a las investigaciones que nacen de los contradictorios informes forenses de los cadáveres de los tres muertos en un hotel de Santa Cruz a manos de una fuerza de élite policial.

También saca al debate el asunto de los ?gastos reservados? derogados por el Gobierno y que generó la detención de ex autoridades de regímenes anteriores por haber usado esos fondos. Sin embargo, ahora no se sabe de dónde salió el dinero para entregarle a ?El Viejo? la suma de 31.500 dólares estadounidenses.

A esto se suma el hecho de que Brasil, en un gesto que seguramente irritó a los investigadores, otorgó refugio político al juez boliviano Luis Tapia, quien pretendía que el caso sea juzgado en Santa Cruz, que fue donde se desarrolló, y que por ello se sentía perseguido. La actitud del Consejo Nacional de Refugiados de ese país dio razón al juez boliviano y a otras dos personas que fueron vinculadas al mismo tema, a las que también concedió el estatus de refugiados.

Estos acontecimientos sacuden a la opinión pública y afectan a la credibilidad del Gobierno dentro y fuera del país. Se ha instruido investigar el caso del presunto soborno, pero también aquí surgen dudas. ¿Quién puede investigar imparcialmente este tema si todo lo controla el Gobierno? Por muy imparciales que resulten las investigaciones, es difícil que generen total confianza.

Toca a las autoridades despejar dudas y sospechas y actuar con la mayor transparencia y sinceridad, solicitando el apoyo de organizaciones investigadoras de países vecinos o de organismos internacionales que se encarguen de investigar imparcialmente este caso y que lleguen a conclusiones confiables.

Las autoridades también deben evitar echar la culpa a medios de comunicación o periodistas del resurgimiento de este caso o exigir que se les informe de dónde sacaron el video. El periodismo informa de los hechos y no delata a sus fuentes de información. Además, se ampara en la Ley de Imprenta que señala: ?El secreto en materia de imprenta es inviolable?, y en normas internacionales que garantizan a los periodistas mantener en secreto la fuente de información.