MEDIDAS. Las Fuerzas Armadas y el Control Operativo Aduanero aplicarán los planes Santa Bárbara y Embudo para cerrar los puntos por donde pasa el contrabando. Será a fin de mes.
Insistencia. El Gobierno anuncia un nuevo plan para reforzar las fronteras para evitar el contrabando de combustible
Marco Chuquimia, El Deber
Preparan plan para tomar los pueblos fronterizos
El plan ‘Embudo’ y el plan ‘Santa Bárbara” son los operativos que preparan el Control Operativo Aduanero (COA) y las Fuerzas Armadas para fines de mes, que consisten en la toma de los pueblos fronterizos por donde se sospecha entran y salen del país mercaderías de contrabando, informó ayer el subcomandante del COA, coronel Rómulo Delgado.
La presidenta de Aduana, Marlene Ardaya, confirmó la existencia del plan, aunque se negó a brindar detalles y dijo que se trata de un operativo en el que participan de forma mancomunada “no sólo la Aduana Nacional; también están las Fuerzas Armadas y, para el caso específico de contrabando de carburantes, actuarán la Agencia Nacional de Hidrocarburos, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos”.
Ardaya pidió a los sectores sociales que piden su renuncia, poder trabajar hasta el viernes 24 y poner en marcha los proyectos para mejorar la lucha contra el contrabando. "Por lo menos que me den la oportunidad, (…) hasta el 24 de enero (o) 26 de enero (para) presentar los dos grandes proyectos de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)".
Por su lado, Delgado adelantó que este año habrá más operativos en coordinación con las FFAA, que tienen el plan Santa Bárbara, que consiste en el cierre de todas las zonas fronterizas, y se complementará con el plan Embudo, que identifica todos los poblados por donde entra y sale contrabando.
Según Delgado, el plan contempla el cierre de aquellos pueblos que se autoproclamaron como ‘zona roja’ para la actividad del contrabando, como Desaguadero, Taraco, Puerto Acosta y Escoma, cuyo alcalde Pablo Chambi Cocarico firmó un acuerdo con Aduana para ofrecer infraestructura en este poblado.
En Oruro, las zonas rojas son Sabaya y Challapata, pero recientemente surgió Uncía, que fue declarada por sus pobladores como ‘territorio libre’ para el comercio de autos indocumentados.
Los planes que preparan el COA y el Comando Conjunto Andino pretenden cerrar estos pueblos, aunque no explicó cómo se hará y si se impondrá la presencia de uniformados.
El coronel Delgado recordó que el COA no tiene efectivos en Desaguadero, precisamente por decisión de sus pobladores que hace dos años desplegaron un conflicto que ocasionó que los efectivos del Comando Andino abandonen esta región e instalen un control en la localidad de Guaqui y sin efectivos policiales.
En junio de 2008, el entonces presidente de la Aduana César López organizó la inauguración de un puesto del Comando Conjunto en Desaguadero, pero el programa fue abortado después de que los pobladores reaccionaran y apedrearan a la comitiva oficial, incluso llegaron a romper los vidrios del vehículo del Ministerio de Defensa.
Según el subcomandante del COA, los pobladores están inmersos en el delito y por ello impiden la presencia de los uniformados. Dijo que los campesinos no se dan cuenta de que son pocos los que se benefician de esta actividad, en desmedro de la mayoría que debe vivir de su trabajo.
Esas son las razones, dijo el jefe policial, para que no exista ningún tipo de control en la población de Desaguadero, cuyas autoridades aseguran que hacen “todo lo posible” para eliminar esta ilícita actividad; aunque la presidenta de su Concejo Municipal, Luisa Mamani, admitió que la única actividad que tiene Desaguadero es “el comercio”.
Con la aplicación de ambos planes se pretende terminar con la ley local de los pobladores y dijo que ellos no pueden ingresar por la fuerza para evitar mayores problemas porque los dirigentes y la población siempre defienden a los contrabandistas.
En Desaguadero existen inmensos canchones que cobijan a todo tipo de camiones que están a la espera de cruzar la frontera por otros puntos y no tienen control porque no hay efectivos especializados en ese tipo de acción, como los del COA.
PARA SABER
Objetivo. La localidad de Escoma, ubicada a 177 kilómetros de La Paz, y la población vecina de Puerto Acosta son consideradas ‘conflictivas’ por la Aduana Nacional porque son los puntos por donde pasa el contrabando de ingreso y salida de mercadería boliviana a Perú.
Vinculación. Siete puntos son los que permiten la conexión de Escoma con Perú, uno de ellos es Tilali, en el lado peruano, que es el más cercano, pero otras seis vías de ingreso facilitan el tránsito de los contrabandistas.
Pacto. Los representantes de la Aduana Nacional y las autoridades ediles de Escoma lograron un acuerdo en el que los campesinos permitirán la presencia de los efectivos del COA que tendrán hasta diez agentes que se encargarán del patrullaje e incautación de mercadería de dudosa procedencia.
Combustible. Los policías y los funcionarios municipales tienen como tarea elaborar la logística y diseñar la “coordinación” para detener el contrabando de diésel, gasolina y gas licuado que pasa por este poblado con destino a Perú. Según el vicepresidente Álvaro García Linera, el contrabando de carburante subvencionado por Bolivia fue una de las causas para emitir del Decreto Supremo 748, que autorizaba el incremento del precio de los combustibles en hasta el 82%.
Identificación. El trabajo también consiste en identificar los lugares por los que pasan los camiones, cisternas y vehículos utilizados para el contrabando de derivados del petróleo, a fin de eliminar el contrabando hacia países vecinos.
Llorenti acusa a ‘revoltosos’; es desmentido
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció ayer por la mañana que estaban identificadas dos de las personas que habían provocado incidentes durante las protestas por el ‘gasolinazo’, pero una de ellas salió en la tarde para desmentirlo.
Llorenti dijo que inició un proceso penal contra Humberto Medrano, que estuvo vinculado con el Movimiento Sin Miedo, porque fue encontrado in fraganti en los ataques al edificio de YPFB. También lo identificó como funcionario de la Cámara de Diputados, con el aval de la diputada Adriana Gil, de CN.
Por la tarde, Medrano negó su vinculación con el partido de Juan del Granado y con la diputada Gil. “Hay una intencionalidad política desde el Gobierno para utilizar mi caso y perseguir a los opositores”, dijo el acusado en una declaración a la Agencia Fides.
Achacollo, sin lío para volver a su ‘chaco’
La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, afirmó ayer que su permanencia en el gabinete de ministros depende exclusivamente de la decisión del presidente Evo Morales y la evaluación que se realizará mañana. Si es alejada del cargo, anunció que volverá a trabajar en actividades agrícolas.
"El Presidente nos ha invitado para que le acompañemos en este proceso, así que mañana también puede decir que nos retiremos. Soy una pequeña productora campesina y el rato que me retire voy a mi parcela a trabajar y seguir produciendo", manifestó. Achacollo recordó que proviene de organizaciones sociales, es militante del MAS y expresó su satisfacción por el trabajo desempeñado en el Ministerio de Desarrollo Rural. /ANF