En poco más de ocho meses de gestión le ha tocado lidiar con vulneraciones a derechos humanos a manos de las instituciones del Estado. Habla sobre persecución política, ineficacia del Estado y falta de capacidad para prever conflictos en el ministro Llorenti
Preocupado. Con el gasolinazo queda claro que estamos en la economía global.
Pablo Ortiz | El Deber
Rolando Villena no tuvo luna de miel en el cargo de Defensor del Pueblo. A los pocos días de posesionado, en mayo de 2010, debió afrontar su primera crisis: la toma de rehenes y posterior linchamiento de cuatro policías en Uncía. A partir de ese momento, el Defensor tuvo a la institución verde olivo como principal blanco de las denuncias. Las quejas contra los comandos de la Policía de todos los departamentos y contra el comando nacional escalaron en el ranking de instituciones más observadas.
Criticado desde el Gobierno y la oposición, Villena reconoce que el Defensor del Pueblo ha perdido su rol de mediador, pero también critica al Gobierno por querer ser juez y parte de los conflictos y no dar soluciones duraderas. Considera que el principal problema es que el Poder Ejecutivo se aplaza en la prevención de conflictos, algo que, afirma, hacía el ex ministro de Gobierno Alfredo Rada y que ha descuidado su sucesor, Sacha Llorenti.
– ¿Cómo evalúa sus primeros meses al frente del Defensor?
– Han sido intensos. A los pocos días de asumir nos tocó el linchamiento de Uncía. No estuvimos preparados, hay que decirlo honestamente, desde el punto de vista antropológico. Se debe tomar en cuenta que son poblaciones de una profunda cultura quechua, sus mecanismos de concebir la justicia los hacen distintos. Tampoco ayuda la ausencia del Estado en todos estos lugares. Por eso concluí que el Estado se mueve entre su debilidad y ausencia en Uncía y son temas estructurales que no se han logrado revertir.
– ¿Cómo vio la situación de la Policía?
– Se pudo percibir que los policías fueron enviados a cumplir su labor sin los criterios de probidad que se necesitan. Eran agentes que estaban cumpliendo sanciones disciplinarias en el extremo norte de Potosí, donde el tema del contrabando campea. La justicia ahora se mueve en un proceso de retardación. Creó muchas expectativas que han derivado en frustración de la gente. Hemos recibido una denuncia de desaparición de siete comunitarios de diferentes ayllus en igual cantidad de años. Hicimos la investigación y el fiscal de materia nos dijo que nunca se presentaron las denuncias. Hay indicios para la investigación, pero el acceso a la justicia es muy débil y crea frustración en la gente. El caso se ha ampliado hasta el 11 de septiembre de 2011 y parece que las expectativas no se cubrirán.
– También le tocó investigar Caranavi…
– Es otro caso en el que se ha podido constatar de que estamos en una situación semejante a la de Uncía, pero esto tiene especial dramatismo por las promesas electorales que no se cumplen y que crearon reacciones en la gente.
– En ese caso de Caranavi, hubo declaraciones del comandante de la Policía que planteó un suicidio, cuando es obvio que los dos jóvenes no se autoeliminaron, ¿cómo las tomó?
– Fueron desafortunadas. Hemos hecho un informe sobre la base de las denuncias de los damnificados. El Estado, a través de la Fiscalía, ha ampliado el plazo de la investigación, pero en la actualidad hay 15 personas de Caranavi detenidas por bloquear. También concluimos que la Policía incurrió en la vulneración de la dignidad de las personas. Se cometieron aprehensiones indiscriminadas, se constató el uso excesivo de la fuerza, intimidaciones, amenazas, allanamientos extrajudiciales a domicilios, daños a la propiedad privada, así como trato inhumano y degradante con los detenidos. También tenemos que lamentar la muerte de dos jóvenes, David Calisaya y Fidel Hernani, y está Ramiro Andrés Mayta, que fue herido en el abdomen y está en estado vegetativo. Hemos reclamado que se brinde ayuda humanitaria a los familiares, pero el Ministerio de Justicia nos dice que no se puede pagar indemnización puesto que los procesos no han concluido. (En los casos La Calancha y 11-S de Porvenir sí se lo hizo)
– ¿La Policía fue la institución que más trabajo le dio?
– Es recurrente que funcionarios del Estado representados por la Policía incurran en la vulneración al derecho a la integridad física. Se ha verificado que existen prácticas en los cuarteles y cárceles que derivan en torturas. El ejemplo de David Olorio es lo más elocuente (lo mataron en celdas de El Alto). En ese caso, pedimos un debido proceso y tuvimos que denunciar la dilación del mismo. Lo más grave fue que la forense Verónica Viscarra certificó que la muerte de Olorio fue súbita, lo que luego fue desvirtuado por otra doctora que certificó que el deceso se produjo por asfixia mecánica y compresión de cuello y tórax. La institución no está cumpliendo lo que establece la Constitución. La Policía incumple la obligación de custodia y no da las garantías a las personas, que tienen los mismos derechos que las personas libres. Cuando se trata de supuestos delincuentes la Policía cree que no gozan de ninguna garantía.
– ¿Cómo evalúa la situación actual del respeto a los derechos humanos en el país, respecto a los anteriores años?
– A nivel nacional hay relativo conocimiento de los derechos humanos. Tenemos un 60% de la población que es adolescente o niños y necesitamos trabajar para que sus derechos sean conocidos y defendidos, pero en derechos humanos estamos lejos de que se respeten. Un amigo me decía que no hay techo para los derechos humanos. Siempre van a existir grandes retos y violaciones sistemáticas.
– La oposición acusa al Gobierno de irrespetar los derechos humanos de forma constante, habla de persecución, falta de debido proceso, copamiento político de la justica, ¿lo ve igual?
– Creo que cuando se habla de persecución política se debe evaluar en profundidad dónde estamos. No sabemos encarar los problemas de carácter político cuando se habla de la oposición. Es fácil decir que es un perseguido político sin especificar de qué caso estamos hablando. Hay que conocer desde el mismo Gobierno quiénes son los supuestos perseguidos y por qué causa. La gente, porque aparece en los medios, ya cree que una persona es perseguida política. Puede que lo sea, pero también hay gente que tiene que rendir cuentas al Estado. También hay que hacer un balance en términos de reconocimiento: no tenemos una cultura de tolerancia política y eso no permite el avance de la democracia. Quienes están en posición de poder muchas veces descalifican a la gente sólo porque piensa diferente. Hay que fortalecer la democracia con el disenso y con el derecho de la manifestación pública de todo aquello que está siendo vejado o desconocido. Cada caso hay que ubicarlo en su contexto y no etiquetar a todos como perseguidos. No es el camino más aconsejable, pero tampoco lo es que toda persona que piensa diferente sea descalificada. Nos hemos aplazado en tolerancia y es un tema pendiente.
– El Defensor nació como una institución con una capacidad de mediación y solución de conflictos, ¿la ha perdido?
– Estamos en otro contexto. Hemos hablado con los ministros -y nosotros no estamos exigiendo protagonismo- pero el Gobierno nos ha dicho con claridad que no necesita de mediación. Les he hecho notar que es difícil, complicado, ejercer la labor de solucionar los conflictos cuando se es parte de ellos. Les decía que se tenga, más allá de quién sea, un interlocutor o mediador que, validado por ambas partes, tenga la posibilidad de conducir los procesos ayudando a que se encuentren las causas de los problemas y las soluciones. No descalifico lo que algunos ministros han hecho, pero percibo que está más allá de su propio rol y éste puede ser un elemento que lo va desgastando. Es bueno que se avance en las perspectivas que el Ejecutivo tenga capacidad de gestión de los grandes problemas, pero gestión con resultados. En dicha capacidad de gestión, con el ministro Rada, se percibía claridad. Con Llorenti, vemos que no está claro, por decir lo menos, porque no se sabe cuál es su estrategia ni cuáles son sus mecanismos para solucionar los problemas. La alerta temprana es fundamental y no se dejan ni colaborar.
– ¿Y por qué cree que lo hace, por que no cree en la institución o porque cree que el Gobierno es lo suficientemente fuerte para no necesitar de nadie?
- El Gobierno no hizo una evaluación de años pasados, cuando los conflictos se los resolvía por vías más o menos sostenibles. Por otra parte, el escenario es nuevo. Gobernar un país como Bolivia con el enorme reto de construir un Estado plurinacional con los movimientos sociales, si bien tiene la ventaja de no tener grandes conflictos, no es una tarea sencilla.
No se ha convocado a la Defensoría para gestionar los conflictos de forma que permita pacificar los escenarios con soluciones. La gente queda decepcionada cuando los acuerdos son transitorios y los resultados son débiles. Se necesita acelerar la inversión pública para generar más trabajo, que es lo que más quiere la población. Se está construyendo un nuevo Estado, pero también es necesario replantear desde el Ejecutivo y con todas las fuerzas vivas qué modelo económico se está construyendo.
– ¿El modelo de economía plural no está claro?
– No y hay que reconocerlo, porque no hay que ponerle el dedo al sol y decir aquí no hay problemas. Las economías de subsistencias, que son comunes al país, deben volverse productivas, para que tengan mayor sostenibilidad.
– ¿La pobreza es la que más vulnera derechos?
– Sin duda, la pobreza estructural es la que más vulnera derechos. Somos parte de una economía global y creo que eso quedó muy claro cuando tuvimos la noticia del gasolinazo. Se tendría que haber hecho una evaluación de la situación y lanzarse a un proceso de regulación, no a un paquete de esa magnitud, porque ponía demasiado peso a los sectores más empobrecidos.
– ¿Cuáles son sus principales retos para 2011?
– Necesitamos más acceso a la justicia, que es el mayor déficit actual. Hay que compaginar la justicia comunitaria con la ordinaria. Hay que hacer que ambas se complementen para que el ciudadano responda a un solo tribunal, a una sola justicia. El elemento regulador de ambas debe ser el derecho a la vida como bien supremo. También debemos clarificar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que se debería haber hecho el año pasado, pero fue aplazado. Además, queremos velar por la construcción de las autonomías, porque durante la transición hay espacios para violar los derechos humanos.
Perfil
Teólogo y hombre de izquierda
El ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena Villegas fue posesionado el 13 de mayo en la Asamblea Legislativa Plurinacional como el tercer Defensor del Pueblo en la historia de Bolivia. Villena nació el 23 de julio de 1947 en Potosí, pero radica en La Paz desde hace más de 35 años. Es teólogo de profesión, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia
Villena obtuvo, en la evaluación meritocrática el tercer lugar con 52 puntos. Se ubicó detrás de Waldo Albarracín que tenía 73,5 y de Roberto Quiroz, 65,5.
Villena se describe a sí mismo como un hombre con convicciones democráticas y principios de izquierda, pero de la izquierda basada en principios y valores. Tras juramentar como Defensor aseguró que su trayectoria no está hipotecada a ningún partido político y que mantendrá la independencia del cargo.
La Defensoría fue creada en 1996 y es la encargada de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías con relación a la actividad administrativa del sector público, así como por la defensa y promoción de los derechos humanos.