Editorial de ABC – Paraguay
En un intento por ocultar la triste realidad que vive su país, caracterizada por un régimen que persigue “con la ley en la mano” (como acostumbraba decir el tenebroso ministro Montanaro en la época de la dictadura stronista) a sus oponentes políticos, que los fuerza a exiliarse; que cercena cada día más la libertad de expresión mediante la aprobación de leyes injustas, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, tuvo la osadía de despacharse contra la Comisión Nacional de Refugiados de nuestro país por haber acogido favorablemente la petición de refugio del ex gobernador de Tarija, Mario Cossío. En su crítica tendenciosa y camorrera, Choquehuanca omitió muy cuidadosamente mencionar que con Cossío ya son 59 los exiliados bolivianos que han merecido el estatus de refugiados en Brasil, Perú y Estados Unidos. Bien se cuida Choquehuanca de hacer alusión a este y otros casos, pues sabe perfectamente que no es oportuno provocar a los poderosos; entonces dirige sus dardos mendaces a un país con el que estima estar en condiciones de confrontar. Las declaraciones de Choquehuanca deben ser rechazadas de plano por el Paraguay. No es admisible que aprendices de dictadores pretendan darnos ejemplo de respeto al derecho internacional.
En un intento por ocultar la triste realidad que vive su país, caracterizada por un régimen que persigue “con la ley en la mano” (como acostumbraba decir el tenebroso ministro Montanaro en la época de la dictadura stronista) a sus oponentes políticos, que los fuerza a exiliarse; que cercena cada día más la libertad de expresión mediante la aprobación de leyes arbitrarias e injustas, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, tuvo la osadía de despacharse contra la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de nuestro país por haber acogido favorablemente la petición de refugio del ex gobernador de Tarija, Mario Cossío.
Según el funcionario, con su determinación la Conare “está poniendo en riesgo la credibilidad de esta instancia, que funciona bajo normas internacionales”. En su crítica tendenciosa y camorrera, Choquehuanca omitió muy cuidadosamente mencionar que con Cossío ya son 59 los exiliados bolivianos que han merecido el estatus de refugiados en Brasil, Perú y Estados Unidos.
Pero como el ministro boliviano sabe bien que con los grandes no conviene meterse, obvió hacer alusión al refugio que el Conare del Brasil otorgó este mismo mes, muy poco antes de que en Paraguay se aceptara la petición de Cossío, la condición de refugiado al juez boliviano Luis Tapia Pachi, basándose en “un fundado temor de persecución”.
Sucede que el magistrado de la región de Santa Cruz analizaba el caso de un supuesto grupo terrorista que hipotéticamente planeaba atentar contra Evo Morales y que fue desarticulado en el año 2009. Como el juez se opuso al traslado de la causa a La Paz, dispuesto arbitrariamente por las autoridades de turno, entonces fue acusado por “prevaricato y desobediencia a procedimientos penales”. Es decir, debía ser castigado porque se negó a cumplir la orden de Evo.
Bien se cuida Choquehuanca de hacer alusión a este y otros casos, pues sabe perfectamente que no es oportuno provocar a los poderosos; entonces dirige sus dardos mendaces a un país con el que estima estar en condiciones de confrontar.
Huelga decir que la Conare paraguaya actuó con estricto apego a la normativa legal que establece la figura del refugio, es decir, tanto la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, adoptado por las Naciones Unidas en 1951, como por la ley “General sobre Refugiados”, número 1938, sancionada por el Congreso Nacional en el año 2002, precisamente con la finalidad de internalizar debidamente el instrumento internacional mencionado anteriormente.
El primer artículo de dicha ley, recogiendo la terminología de la propia Convención, establece que el “término refugiado se aplicará a toda persona que se encuentre fuera del país de su nacionalidad debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que, a causa de dichos temores, no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de su nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
El caso de Cossío se enmarca precisamente en esta disposición, y la Conare, dando cumplimiento a la misma y ajustándose a la dilatada tradición paraguaya de conceder cobijo a quienes argumentan ser objeto de persecución en su país, decidió acertadamente aceptar la solicitud del ex gobernador de Tarija. Por lo tanto, nuestro país honró su larga trayectoria de respeto por el derecho internacional. En verdad, quienes no se muestran tan celosos en la promoción de los derechos humanos, en general, y de la vigencia de la institucionalidad democrática, en particular, son precisamente los representantes del régimen encabezado por Evo Morales, y a ellos debería preocuparles grandemente la constante pérdida de prestigio que su gobierno sufre ante la comunidad internacional, precisamente por dirigir acciones persecutorias contra quienes expresan disidencia con el mismo.
Por todos estos motivos, las declaraciones del canciller Choquehuanca deben ser rechazadas de plano por el Paraguay. En primer término, por estar fuera de lugar y por implicar una actitud insidiosamente injerencista en los asuntos internos de nuestro país y, en segundo lugar, porque están a contramano del desolador panorama que vive hoy por hoy la democracia boliviana debido a las políticas vengativas de su presidente.
Es de esperar que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, haga saber a las autoridades bolivianas que no aceptará de ninguna manera hechos o expresiones que atenten contra determinaciones soberanas de las instituciones republicanas del Paraguay. No es admisible que aprendices de dictadores pretendan darnos ejemplo de respeto al derecho internacional.