Luis Felipe Dorado Middagh*
Las arbitrariedades y los excesos de los fiscales, originados en su incondicionalidad con el oficialismo a partir de la ley corta que otorgó al Ejecutivo facultad para hacer designaciones judiciales, han puesto al Ministerio Público en el limbo entre lo jurídico y lo político, en el ojo de la tormenta de la crisis de la justicia boliviana.
Los fiscales existen en una dimensión intermedia entre lo policiaco y lo judicial; son siempre algo más que investigadores, pero no alcanzan a ser administradores de justicia, siempre fueron la quinta rueda del carro del sistema garantista y hoy son el principal engranaje del aparato de judicialización y violación de garantías constitucionales del Gobierno.
Hoy, para ser Fiscal de Distrito, hay que haber sido militante del MAS, como la ex diputada cruceña Arminda Morales o el ex secretario Prefectural cochabambino Camilo Medina. Y para ser fiscales “anticorrupción” hay que ser parientes del poder político, como el cochabambino Mauricio Julio Quintana, sobrino de Juan Ramón Quintana, puesto casualmente a cargo de los juicios a Manfred.
En esa línea fue al ex juez paceño Williams Dávila, que procesó sin competencia al ex gobernador Leopoldo Fernández, a quien el MAS eligió para ser el primer Fiscal de Distrito de La Paz de la era de la intervención judicial y fue a su colega el fiscal Eduardo Morales, que impuso a Leopoldo reclusión ilegal negándole el derecho a cesación de detención, a quien se eligió para ver el caso de la desclasificación de archivos de las dictaduras, caso que nunca llegó a nada.
Y fue otro fiscal paceño, Marcelo Sosa, quien armado por el Estado de una “jurisdicción especial” se constituyó en interventor de Santa Cruz e instruyó la detención de Hugo Paz, Elod Toasso y una decena más de cruceños acusados de vinculación en el caso terrorismo, sepultados en San Pedro por varios meses sin imputación formal o requerimiento acusatorio.
Otro ex funcionario del Gobierno nombrado fiscal es el hasta hace poco abogado de la Prefectura de Cochabamba, Pedro Ortuño, encargado del juicio del Gobierno contra el analista y ex asesor de Reyes Villa, Erick Fajardo, el primer juicio de la historia por abandono laboral y daño económico que no tiene el sustento de una auditoría técnica.
Fue la fiscal Liliana Ferrufino quien cerró “por falta de pruebas” el caso del asesinato de Cristian Urresti el 11 de enero de 2007 y, como la peste no distingue a oficiales de soldados, fue el mismo Fiscal General del Estado Plurinacional (nunca más acertado el cargo), Mario Uribe, el responsable de la extinción del juicio de responsabilidades contra “vacas sagradas” del Gobierno, como la ex ministra Celima Torrico y el senador cocalero Julio Salazar, filmados, fotografiados e identificados por testigos y periodistas como instigadores de la quema de la Prefectura de Cochabamba.
Fue también Uribe, quien remitió fuera de jurisdicción natural el proceso contra el presidente de la estatal ESM, Sergio Alandia, por daño económico y boicot al Mutún, radicando en La Paz la demanda por corrupción interpuesta en Sucre por mi persona.
Pero fue con el fiscal Gilbert Muñoz con quien el país supo que el Ministerio Público responde en última instancia al partido de gobierno y rinde informes a oficiales políticos del Senado, sin autorización o conocimiento de sus superiores y sin requerimiento formal por parte del Órgano Legislativo.
Estos son hechos tan a flor de piel, que de hacerse la auditoría convencional que le hemos solicitado reiteradamente a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bastaría para establecer que no existe justicia ni debido proceso en Bolivia para los enemigos del Gobierno. ¿Qué esperan los organismos internacionales para darse por enterados?
*Diputado nacional del “Bloque de la Dignidad”, PPB-CN
El Diario – La Paz