¿Quién contrató a Eduardo Rósza y sus mercenarios? ¿De dónde salieron los $us 31.500 entregados a Ignacio Villa Vargas? “El viejo”: ¿Terrorista o soplón? La lista de “los malditos”.
El caso del supuesto terrorismo se convirtió en un culebrón y sospechan que que fue montado. Foto: gaviero.net
La Paz, 10 FEB (ANF).- Hoy trataremos de resumir nuestro punto de vista sobre el culebrón terrorista que aún tiene ocupando la atención general desde abril del 2009. Coincidimos con las versiones de legisladores, analistas y la propia pareja del principal protagonista, el húngaro-boliviano Eduardo Rósza Flores. Y nos tomamos la libertad de valernos de un artículo del escritor cruceño, Manfredo Kempff Suárez.
Con estos elementos confiables se llega a la conclusión de que el Gobierno del MAS resulta sospechoso de haber armado todo el tortuoso culebrón de los aventureros internacionales supuestos terroristas. (Los textos de Kempff irán en cursiva.)
TERRORISMO A LA CARTA
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“En la madrugada del 16 de abril del 2009 un grupo de hombres embozados rompió puertas escandalosamente y abatió a balazos a Eduardo Rósza, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, que dormían cada uno en su habitación en el hotel Las Américas, un maléfico plan político ajustado hasta el último detalle” Así empezaba el comentario de Manfredo Kempff Suárez, titulado, “Más allá de la novela negra”
“Los que dispararon a mansalva con sus armas modernas – escribe Kempff – pertenecían a la UTARC (*) de la Policía boliviana y los masacrados eran tres aventureros, crédulos, violentos, e irreflexivos, reclutados con engaño para crear la intriga más canalla que jamás pudimos imaginar en Bolivia”. (*Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis)
Es curioso que la unidad policial de élite que ejecutó a los tres mercenarios fuese disuelta poco después del hecho, aparentemente para dispersar a los ejecutores que podían ser utilizados como incuestionables testigos. También es curioso que el infiltrado en el presunto grupo irregular, el capitán Wálter Andrade, el que luego abatió a los supuestos terroristas como jefe de la UTARC.
Si fue el Gobierno el articulador del cruento “show”, la primera pregunta es la siguiente ¿Quién conocía y pudo contactar con los aventureros de diversas nacionalidades, comandados por Rósza? Hay que estar relacionado con las mafias internacionales para escoger la que ofrece mejores condiciones. Entonces, la sospecha recae sobre los agentes de “inteligencia” del Gobierno, avezados en esos negocios escabrosos.
AVENTUREROS BRAVUCONES
Los mercenarios llegaron a Bolivia en octubre del 2008. El Gobierno “proporcionó de inmediato abundantes informaciones y fotografías, con las que pretendía respaldar la acusación de que fueron los cívicos y autonomistas cruceños quienes montaron la sedición.” De hecho, algunos cruceños se dejaron convencer en el entendido de que un imaginario ataque armado del Gobierno y sus movimientos sociales, tratarían de exterminar toda sombra de autonomismo en el Oriente. Algo parecido a lo que sucedió en la violenta ocupación militar de Pando el 11 de septiembre de 2008, comandada por el entonces hombre fuerte del Gobierno y ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El grupo de bravucones se hizo fotografiar alegremente en variadas actitudes de película de acción: tumbados en la cama y rodeados de grandes armas, en postura de “cow boy” pertrechados de pistolas y cargadores, etc. Más sugestivo todavía fue que el seudo terrorista Rósza dejó a su compañera sentimental, Linda Szászvári, en Hungría. Ahora ella anuncia un juicio internacional contra el presidente Evo Morales. Edit, la hermana de Elöd Tóásó, preso en la cárcel de San Pedro culpa al Gobierno como único responsable del caso Rózsa.
Esta abigarrada escenografía contrasta con una de las reglas de oro de los auténticos terroristas: actuar con el máximo secreto y disimulo. Sin embargo, aquellos aventureros se comportaban como espectaculares bravucones del “far west” seguros de que tenían las espaldas bien protegidas por las propias autoridades bolivianas.
“Lo que no sabían ni los mercenarios ni quienes se les plegaron, era que el grupo estaba infiltrado por agentes de la “inteligencia” del ministerio de Gobierno. Matar a tres personas era lo de menos – prosigue Kempff – Había que joder a los cruceños. Criminalizar a Santa Cruz era el plan central. Paralogizar a sus habitantes, sorprenderlos, atemorizarlos, culpando a sus cooperativas más representativas, citando a declarar, acusando y secuestrando a través de denuncias de esbirros pagados, a dirigentes cívicos, empresariales, militares, y al propio Gobernador, era el fin. Al mismo tiempo que se armaba un tinglado internacional donde se denunciaba que un grupo racista y oligárquico quería dividir a la República. La movida del Gobierno tuvo éxito”.
Y prosigue “El obediente perraje judicial inició, implacable, su tarea destructiva. Ahora, con lo de El Viejo, Andrade, Clavijo, Núñez del Prado, los miles de dólares de gastos reservados para sobornar, por fin nos damos cuenta de que el Gobierno no sólo estaba dispuesto a asesinar a tres individuos, sino a muchos más si es que el plan les fallaba. El Gobierno llegó a tal irresponsabilidad que pudo provocar una represión sangrienta en Santa Cruz. Pero la farsa ya está a la vista. El montaje es tenebroso". (Hasta aquí el extracto del Terrorismo I)
EL VIDEO-SOBORNO
En el mes de enero del 2011 se publica un video, supuestamente filtrado por el ministerio de Gobierno, en el que aparece Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”. El DVD muestra a un tipo extraño recibiendo un fajo de dólares de manos de un desconocido que es supuestamente Carlos Núñez del Prado, agente del Gobierno y especialista en “seguridad” del Defensor del Pueblo. El ministro de Gobierno sorprende con su anuncio de investigar el hecho. A trece meses y cinco días del ajusticiamiento de los tres aventureros Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés aún quedan interrogantes. ¿Por qué el ministro tardó tanto? La tragicomedia no ha terminado. “El Viejo” se constituye en el centro de atención general y distrae a la población de su ira por el alza de los precios.
Otra vez, gran despliegue de informaciones nuevas y repetidas, comentarios, hipótesis Pocos atinan a diferenciar lo verdadero de lo falso. La política mediática del Gobierno navega en su salsa. Pero, al mismo tiempo, la cosa se enreda cada vez más y va creciendo la opinión de que el Gobierno que armó el pandemonio, no sabe cómo salir de él.
Ignacio Villa Vargas, un extraño personaje, reo convicto y confeso, concede una entrevista al canal 11 y luego al diario cruceño, La Estrella del Oriente. La policía que decía perseguirle, ni se entera. Sólo a los pocos días lo detiene, y como se ha hecho habitual, el politizado mundo de la justicia masista lo aleja de los fiscales y jueces cruceños y lo traslada a La Paz.
EL SHOCK DE “EL VIEJO”
Como decíamos líneas arriba, la reaparición de Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, causó un shock en el Gobierno de Don Evo. Ocurrió en momentos en que Gobierno del MAS salía dificultosamente de la convulsión política, económica y social provocadas por el “gasolinazo” y el “azucarazo”.
El vídeo – soborno difundido el 13 de enero por un cadena televisiva dio pie a la sospecha, cada vez más creciente, de que el Gobierno armó el caso del supuesto terrorismo y fabricó la cruel telenovela de la célula irregular que, el 2008 habría querido dividir el país, junto a la élite cruceña, beniana y tarijeña.
Este vídeo dio a conocer, además a otro personaje, Carlos Núñez del Prado, que estaría involucrado en el triple asesinato de tres miembros del grupo Rósza, el 16 de abril de 2009 en un céntrico hotel de Santa Cruz. Núñez del Prado es hijo político del ex senador masista, Antonio Peredo Leigue; fue director de seguridad ciudadana del Ministerio de Gobierno y ex alto “capo” del Defensor del Pueblo”. Tras la aparición del video renunció a su cargo, desapareció del mapa, reapareció para recusar a un fiscal y luego volvió a esfumarse.
Luego de este nuevo escándalo, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y otras autoridades, aseguraron que la cinta era un montaje y que El Viejo había huido del país. Lo cierto era que, desde siempre, Villa Vargas vivía plácida y contradictoriamente en Santa Cruz: estaba enfermo, dormía en alojamientos baratos pero vestía ropa fina y manejaba autos envidiables para el común de los bolivianos. Cuando El Viejo decidió hablar con el Canal 11 confesó que el Gobierno lo había torturado y aseguró que la supuesta célula terrorista sí existió.
Al no poder esconder las cada vez más claras evidencias, el Gobierno movilizó a sus comisarios políticos (jueces, fiscales y policías) y capturó a El Viejo en menos de lo que canta un gallo. Lo trasladaron a La Paz y lo sometieron a dos audiencias cautelares. Una por el caso terrorismo y la otra por el vídeo – soborno. La falta de coordinación entre los fiscales derivó en dos fallos judiciales: Villa Vargas fue enviado a la cárcel cruceña de Palmasola por un juez, mientras que la otra juez dispuso enviarlo a El Abra, en Cochabamba. El ex testigo clave y ahora imputado tendría que ser clonado para cumplir su detención preventiva en dos penales. Al final el juez decidió enviarlo a Cochabamba. Más enredos ¿Casuales o premeditados?
Volviendo a las sospechas del “terrorismo – montaje”, la red social Wikileaks de Julian Assange, reveló a fines de 2010 que Estados Unidos sospechaba que el Gobierno de Evo Morales simuló una trama terrorista para matar al presidente y culpar de ello a la oposición política y regional.
Ante el revuelo nacional e internacional causado por el vídeo – soborno, las autoridades tuvieron que admitir que acudieron a un soborno para comprar información de El Viejo. No contentos con ello ahora legalizarán la compra de información con una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades oficialistas admitieron hace poco que compraron información del soplón Villa Vargas, quien habría sido chofer de Rósza. Les habría alertado de la existencia del grupo irregular. Eso fue siete meses antes de la desarticulación del supuesto grupo terrorista. ¿Esto es una confesión o un intento de ocultar lo enredado del culebrón seudo terrorista?
Pasó un año y diez meses del asesinato de los tres extranjeros asesinados por la policía boliviana. El Gobierno enfrenta ahora cuatro demandas internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de Estados Americanos (OEA). A esto se suman los reclamos de la pareja de Rósza y de Edit, la hermana del húngaro Elod Tóásó, que permanece con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, junto al boliviano – croata, Mario Tadic. El caso del supuesto terrorismo aún tiene mucha tela que cortar.
LA LISTA DE LOS MALDITOS
Don Álvaro García Linera anunció que la próxima semana, el Legislativo dará curso a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para iniciar 19 juicios de responsabilidades que implican a ex mandatarios y autoridades judiciales. Con ello comenzará a aplicar la nueva Ley 044 promulgada el 8 de octubre de 2010. De manera paralela, el Gobierno continúa utilizando a los fiscales para que acusen a más alcaldes opositores con el fin de suspenderlos y copar sus cargos con autoridades masistas.
De momento, la Fiscalía General del Estado ya pidió dinero al Tesoro General para garantizar el trámite de los juicios de responsabilidades. En el caso de los mandatarios, el ex presidente Carlos Mesa y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, comenzaron a tomar recaudos para defenderse de esta nueva acometida gubernamental denominada persecución política. Aseguran que faltan garantías constitucionales para enfrentar las acusaciones de sectores del gobierno. Veamos quiénes son los ex gobernantes que el oficialismo considera “malditos”:
– Gonzalo Sánchez de Lozada por firmar contratos lesivos al Estado con empresas petroleras.
– Jorge Quiroga Ramírez por suscripción de contratos de exploración, explotación y comercialización petrolera en la gestión 2001-2002.
– Eduardo Rodríguez Veltzé por supuesta traición a la patria, sometimiento a dominio extranjero y espionaje, al haber autorizado a EE.UU. la destrucción de 41 misiles de corto alcance donados por China.
– Carlos Mesa acusado por firmar contratos petroleros, supuestamente lesivos para el Estado.
– Víctor Hugo Cárdenas, por la firma de contratos petroleros en el caso ENRON
También figuran en la lista ex y actuales magistrados del Poder Judicial:
– Eddy Fernández, ex presidente de la Corte Suprema, acusado por retardación de justicia en el caso octubre negro.
– Rosario Canedo, ex ministra de la Suprema, sindicada de presunto delito de prevaricato en el proceso de liquidación del ex Banco Sur.
– Seis ministros antiguos y en funciones como José Luis Baptista, Beatriz Sandoval, Ángel Irusta, Teófilo Tarquino, Hugo Suárez y Julio Ortiz son investigados en el Legislativo por denuncias de particulares y de otros sectores.
Un solo masista figura en “la lista de los malditos”. Se trata del ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusado por la muerte de tres personas durante la llamada masacre de la Calancha en Sucre, cuando aprobaron en grande el proyecto de la actual Carta Magna.
Los alcaldes opositores acusados por la Fiscalía suman y siguen. A continuación una lista actualizada de los “alcaldes malditos”:
– Oscar Montes Barzón acusado por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la supuesta transacción de bienes inmuebles públicos. (con ello podría ser el noveno alcalde en ser suspendido con la Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”).
– Le antecedieron: Héctor Cartagena, de Quillacollo; Jaime Barrón, de Sucre; Víctor Balderrama, de Punata; Delfor Burgos, de Bermejo; René Joaquino, de Potosí; Róger Terceros, de Mairana; Nyls Carmona, de Warnes; y Bladimir Chávez de Buena Vista.
– Pese a que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, fue beneficiado con la extinción de un juicio por adulteración de documentos, el Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, asegura que este proceso continúa en la fiscalía “con imputación formal”.